El Horno

¿Qué es? El Real Decreto 661/2023, de 18 de julio, regula la concesión directa de ayudas económicas por parte del Estado español durante el año 2023 para financiar proyectos de innovación en el sector de la automoción. En concreto, las ayudas están destinadas al desarrollo de modelos, sistemas y componentes de vehículos híbridos, vehículos eléctricos de baterías y vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a empresas, entidades e instituciones del sector de la automoción y su cadena de valor que desarrollen o quieran desarrollar proyectos de innovación relacionados con estas tecnologías de vehículos más limpios. De forma indirecta, también concierne al conjunto del sector industrial del automóvil en España, que emplea a más de 650.000 personas de forma directa y a cerca de 2 millones de manera indirecta.

¿Qué cambia o establece? La norma establece un mecanismo de concesión directa de ayudas —es decir, sin concurso competitivo— para proyectos innovadores en tecnologías de vehículos híbridos y eléctricos, con vigencia limitada al año 2023. Su objetivo es apoyar la transición progresiva del sector hacia la descarbonización, en línea con el compromiso europeo de eliminar el 100 % de emisiones de CO₂ en vehículos nuevos para 2035, y mantener la competitividad de la industria automovilística española frente a los retos tecnológicos y económicos que afronta desde 2020.

¿Qué es? Esta orden ministerial modifica el anexo I del Real Decreto 265/2021, que regula los vehículos al final de su vida útil. Su objetivo es trasladar al derecho español una directiva europea (Directiva Delegada 2023/544) que actualiza las excepciones a la prohibición general de usar plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en los materiales y componentes de los automóviles.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los fabricantes y a la industria del automóvil, es decir, a quienes diseñan, producen o utilizan materiales y componentes para vehículos en los que se emplean estas sustancias peligrosas. Los ciudadanos como consumidores no tienen obligaciones directas derivadas de esta norma.

¿Qué cambia o establece? La norma actualiza las excepciones concretas que permiten seguir usando plomo en ciertos componentes del coche, con nuevas condiciones y plazos. En concreto: fija una fecha límite para el uso de plomo en aleaciones de aluminio destinadas al mecanizado; establece nuevas fechas de revisión para otras aleaciones de aluminio, para aleaciones de cobre y para determinadas soldaduras; y divide en dos categorías la excepción relativa al plomo en baterías, fijando una fecha de caducidad para las baterías que no sean de 12 V ni de vehículos especiales de 24 V, con el fin de eliminar progresivamente el plomo en esos casos.

¿Qué es? Es una modificación del Real Decreto 277/2016, la norma española que regula cómo se crean y funcionan las organizaciones profesionales del sector pesquero y acuícola (cooperativas de productores, asociaciones interprofesionales, etc.). El cambio se aprueba en julio de 2023 para adaptar esa regulación a la experiencia acumulada desde 2016 y a las necesidades actuales del sector.

¿A quién afecta? Afecta a los pescadores, acuicultores y demás productores del sector pesquero y acuícola en España, especialmente a quienes pertenecen o quieren constituir una Organización de Productores Pesqueros (OPP), una Asociación de Organizaciones de Productores (AOP) o una Organización Interprofesional Pesquera (OIP). También afecta a las administraciones públicas que gestionan y supervisan estas entidades.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce varios cambios concretos: elimina la obligación de clasificar a los miembros de las organizaciones por segmentos (una categorización que estaba frenando el crecimiento de las entidades existentes y la creación de nuevas), reduce las cuotas mínimas exigibles a las AOP y las OIP, añade nuevas definiciones legales —como la de "unidad de producción"— para dar más claridad jurídica, y simplifica procedimientos como los planes de producción y comercialización. Además, refuerza el uso de la aplicación informática OPPES como herramienta de gestión e información para productores y administraciones.

¿Qué es? El Real Decreto 650/2023 aprueba el nuevo Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida, es decir, el procedimiento oficial que deben seguir los médicos forenses cuando examinan a alguien que ha sido privado de libertad. Sustituye al protocolo anterior, que databa de 1997, para adaptarlo a los estándares internacionales actuales, entre ellos el Protocolo de Estambul (revisado en 2022), y a las recomendaciones de organismos europeos de derechos humanos.

¿A quién afecta? Afecta directamente a cualquier persona detenida en España, que tiene derecho a ser reconocida por un médico forense. También afecta a los propios médicos forenses y a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que deben aplicar este protocolo en su trabajo diario. De forma indirecta, incumbe a juzgados, tribunales y fiscalías que se apoyan en estos informes dentro de los procesos judiciales.

¿Qué cambia o establece? El decreto deroga el protocolo de 1997 y lo reemplaza por uno actualizado que incorpora nuevas tecnologías, atiende de forma específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad (incluidas las detenidas en régimen de incomunicación) y exige que los informes se elaboren con criterios científicos e independientes. Además, obliga a los institutos forenses a registrar un conjunto mínimo de datos de actividad para trasladarlos a la estadística judicial, y refuerza las garantías del detenido frente a posibles malos tratos, en línea con el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027).

¿Qué es? Este Real Decreto modifica el Reglamento de Armas de 1993 para actualizar el artículo que regula el Registro Nacional de Armas. La reforma era necesaria porque el Tribunal Supremo, en una sentencia de abril de 2022, anuló la redacción anterior de ese artículo por no especificar con suficiente claridad qué tipos de armas deben inscribirse en dicho registro. Con esta norma se da cumplimiento a esa sentencia y se adapta la regulación a la normativa europea vigente en materia de control de armas.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas que posean, adquieran o utilicen armas sujetas a control administrativo en España: no solo armas de fuego, sino también armas inutilizadas, de aire comprimido, de alarma y señales, y defensas eléctricas. También afecta a las autoridades con competencias en la materia, especialmente a la Guardia Civil, que gestiona el Registro Nacional de Armas, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad que accedan a los datos de dicho registro para fines de investigación o enjuiciamiento de delitos.

¿Qué cambia o establece? La norma concreta qué tipos de armas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Armas, incluyendo expresamente las armas inutilizadas, de aire comprimido, de alarma y señales, y las defensas eléctricas, debido al riesgo de que sean transformadas en armas de fuego o desviadas para usos delictivos. Además, precisa qué datos deben constar en el registro para vincular cada arma con su propietario, y regula el acceso a esa información por parte de las autoridades competentes en materia penal, todo ello en línea con la normativa europea de protección de datos y control de armas.

¿Qué es? El Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública. Se trata de un órgano del Gobierno de España cuyo fin es impulsar que, cuando las Administraciones Públicas compran bienes o contratan servicios y obras, se tengan en cuenta criterios sociales además de los económicos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las Administraciones Públicas españolas que celebran contratos públicos, así como a las empresas y entidades que concurren a esas licitaciones. De forma indirecta, beneficia a colectivos en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, trabajadores en riesgo de exclusión social y entidades de economía social, ya que son precisamente ellos los destinatarios de las cláusulas sociales que se quieren promover.

¿Qué cambia o establece? El decreto crea formalmente esta Comisión Interministerial como respuesta a un mandato acumulado de normas europeas —especialmente la Directiva 2014/24/UE— y de políticas nacionales como la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027. Su objetivo es coordinar la acción de distintos ministerios para que los contratos públicos incorporen de manera efectiva condiciones que promuevan el empleo de calidad, la inclusión social y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

¿Qué es? Es una modificación del reglamento que regula las ayudas económicas del Estado a asociaciones de mujeres del mundo rural que organizan actividades para mejorar su participación en el desarrollo de los pueblos y zonas rurales. Se actualiza la normativa de 2019 para facilitar y mejorar la gestión de estas subvenciones.

¿A quién afecta? Afecta a las entidades y asociaciones de mujeres rurales de ámbito nacional que solicitan o reciben estas subvenciones para organizar jornadas y actividades. También afecta, de forma secundaria, a otras líneas de ayudas agrarias y rurales que se ajustan mediante disposiciones adicionales incluidas en el mismo decreto.

¿Qué cambia o establece? Se introducen tres cambios principales. Primero, se adopta un sistema de justificación por "módulos" (costes fijos por actividad realizada) como forma habitual de rendir cuentas del dinero recibido, en lugar de presentar facturas y gastos detallados, aunque se permite seguir usando este último método si la convocatoria lo prevé. Segundo, se establece que el pago de la subvención se hará por adelantado y sin necesidad de depositar una garantía previa, lo que da a las entidades más tiempo y flexibilidad para ejecutar sus proyectos. Tercero, se actualizan los requisitos de las actividades subvencionables y los criterios con los que se puntúan y comparan las solicitudes, para que su cumplimiento y evaluación sean más claros y justos.

¿Qué es? Es una resolución internacional adoptada el 30 de septiembre de 2022 en Budapest, durante la Octava Reunión de las Partes del Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas (conocido como AEWA). Su objetivo es actualizar formalmente los listados y tablas técnicas que forman parte de ese acuerdo, que fue firmado originalmente en La Haya en 1996.

¿A quién afecta? Afecta a los Estados que son parte del acuerdo AEWA, así como a sus autoridades competentes en materia de medio ambiente, caza y conservación de la naturaleza. Indirectamente, también incumbe a investigadores, organizaciones conservacionistas, cazadores y cualquier persona cuyas actividades puedan repercutir sobre las aves acuáticas migratorias en la región que abarca el acuerdo, que cubre África, Europa y Asia central y occidental.

¿Qué cambia o establece? La resolución modifica el Anexo 2, que es la lista oficial de especies de aves acuáticas protegidas por el acuerdo, actualizando su contenido con la nomenclatura científica y los nombres comunes vigentes. También enmienda el Anexo 3 y la Tabla 1, que recogen el estado de conservación de las especies y las medidas de gestión aplicables a cada una de ellas. En la práctica, esto significa que la relación de especies sometidas a protección y las obligaciones concretas de los países firmantes quedan actualizadas conforme a los criterios acordados en Budapest en 2022.

¿Qué es? Es un decreto-ley aprobado el 17 de mayo de 2023 por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura para hacer frente a los graves daños causados por la sequía en el campo extremeño. Se trata de una norma de carácter urgente y temporal que establece ayudas económicas directas y otras medidas de apoyo para los agricultores y ganaderos de la región afectados por la falta de lluvias y las temperaturas anormalmente altas registradas durante el año agrícola, agravadas además por el encarecimiento de combustibles, piensos y otros insumos derivado de la guerra de Ucrania.

¿A quién afecta? La norma está dirigida a los titulares de explotaciones agrarias de Extremadura, en concreto a quienes cultivan cereales de invierno en secano, a los ganaderos extensivos de los sectores porcino y equino —que no quedaron cubiertos por las ayudas nacionales aprobadas ese mismo mes—, y a los apicultores. También afecta a quienes tengan explotaciones extensivas de ganado bovino, ya que la sequía ha reducido los pastos y ha obligado a los ganaderos a comprar alimentación externa a precios muy elevados.

¿Qué cambia o establece? La norma aprueba subvenciones directas y excepcionales para los sectores mencionados, con una dotación de 10 millones de euros para los cultivadores de cereales de invierno. Además, crea ayudas a tanto alzado para las explotaciones ganaderas extensivas de porcino y equino, ayudas directas al sector apícola, una bonificación en la tasa por los servicios veterinarios relacionados con las guías ganaderas y la declaración de censos, y medidas de apoyo al seguro agrario y a la financiación mediante préstamos. Todas estas ayudas tienen carácter extraordinario y están sujetas al régimen europeo de mínimis, que limita el importe total de ayudas públicas que puede recibir una explotación en un periodo de tres años.

¿Qué es? Es un acuerdo entre España y el Reino Unido por el que ambos países se reconocen mutuamente los permisos de conducir nacionales, permitiendo su canje, y se comprometen a intercambiar información sobre infracciones de tráfico. El acuerdo se firmó en Madrid el 15 de marzo de 2023 y esta resolución confirma que se aplica de forma provisional en su totalidad desde el 21 de junio de 2023.

¿A quién afecta? Afecta a los conductores españoles residentes en el Reino Unido y a los conductores británicos residentes en España que deseen canjear su permiso de conducir nacional por el del otro país, así como a las autoridades de tráfico de ambos Estados en lo relativo al intercambio de datos sobre infracciones viales.

¿Qué cambia o establece? Desde el 16 de marzo de 2023 el acuerdo ya se aplicaba provisionalmente, pero con la excepción de los artículos 13 a 17. Mediante este canje de notas entre la Embajada Británica y el Ministerio de Asuntos Exteriores español, ambos gobiernos acuerdan que esos artículos excluidos también entran en vigor de forma provisional a partir del 21 de junio de 2023, quedando así el acuerdo aplicándose en su integridad.

¿Qué es? Es una resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que comunica la entrada en vigor del Acuerdo firmado entre España y la OTAN para regular la celebración de la Cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid los días 28, 29 y 30 de junio de 2022. El acuerdo fue firmado en Bruselas el 20 de junio de 2022.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al Reino de España y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como partes firmantes del acuerdo. En términos prácticos, se trata de un trámite entre Estados y organismos internacionales, sin impacto directo sobre los ciudadanos en su vida cotidiana.

¿Qué cambia o establece? La resolución comunica oficialmente que el acuerdo entró en vigor el 28 de junio de 2023, un año después de la cumbre, una vez que ambas partes se notificaron mutuamente por vía diplomática haber cumplido con sus respectivos requisitos legales internos, tal como exigía la cláusula 16 del propio acuerdo. Con esta publicación se completa el proceso formal iniciado con la inserción del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado del 27 de junio de 2022.

¿Qué es? Es una modificación del Reglamento de Circulación Ferroviaria aprobado en 2015, que actualiza varios plazos y reglas técnicas relacionadas con la seguridad de los trenes que circulan por la Red Ferroviaria de Interés General en España.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas ferroviarias que operan trenes y a los administradores de infraestructuras ferroviarias (como los gestores de vías y líneas). De forma indirecta, afecta a los usuarios del ferrocarril, ya que las medidas buscan mejorar la seguridad de la circulación.

¿Qué cambia o establece? El decreto introduce tres cambios principales. Primero, amplía los plazos para que los trenes adapten sus luces frontales y traseras a los nuevos requisitos técnicos, armonizándolos con los plazos europeos (hasta 2025 para mercancías en corredores específicos y hasta 2026 para el resto), dado que los fabricantes no pueden suministrar todos los focos necesarios en poco tiempo sin paralizar el servicio. Segundo, amplía los supuestos en que un vehículo puede quedar exento de esa adaptación de luces, añadiendo los casos en que el coste de la modificación sea inviable económicamente teniendo en cuenta el tiempo que le queda al tren en servicio. Tercero, permite que los administradores de infraestructuras soliciten una excepción al plazo de enero de 2024 para instalar sistemas mínimos de protección del tren en líneas que estén siendo objeto de obras integrales de mejora o que vayan a sufrir cambios sustanciales en su explotación. Además, modifica la regulación sobre cómo debe actuar el maquinista ante determinadas señales de parada (identificadas con la letra «P»), para reducir el riesgo de encontrarse con otro tren en la vía siguiente.

¿Qué es? El Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, crea el Registro Central de Titularidades Reales y aprueba su reglamento de funcionamiento. Este registro, adscrito al Ministerio de Justicia, es único para todo el territorio nacional y tiene como finalidad centralizar la información sobre quiénes son los verdaderos dueños o beneficiarios finales —de forma directa o indirecta— de empresas, sociedades y otras entidades jurídicas. Su creación responde a obligaciones derivadas de directivas europeas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas jurídicas españolas (empresas, asociaciones, fundaciones, etc.) y a entidades sin personalidad jurídica que tengan su sede, dirección efectiva o actividad principal en España, o que estén gestionadas desde aquí. También afecta a entidades extranjeras no europeas que quieran operar, realizar transacciones u adquirir bienes inmuebles en España. Además, obliga a toda persona física a relacionarse con el Registro exclusivamente por medios electrónicos, tanto para declarar datos como para solicitar información.

¿Qué cambia o establece? Se crea un registro centralizado que reúne en un solo punto la información sobre titularidad real que antes estaba dispersa en distintas fuentes. Las autoridades competentes y los sujetos obligados (como bancos o notarios) podrán acceder a esta información. Los ciudadanos particulares también podrán consultarla, pero únicamente si acreditan un interés legítimo, en línea con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2022 que anuló el acceso público irrestricto. La prensa y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la lucha contra el blanqueo de capitales se reconocen expresamente como titulares de ese interés legítimo.

¿Qué es? La Ley 5/2023, de 7 de junio, es la norma autonómica que regula la función pública de Andalucía. Aprobada por el Parlamento andaluz, establece el marco completo que rige el empleo público en la Junta de Andalucía: desde cómo se organiza la Administración en materia de personal hasta los derechos, deberes, salarios, carrera profesional y representación de quienes trabajan para ella.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al personal que presta servicios en la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos dependientes: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. También regula una figura específica, el personal directivo público profesional. Quedan al margen o con reglas propias ciertos colectivos con legislación específica, como el personal de Educación, Salud y Justicia, que tienen competencias diferenciadas dentro de la misma ley.

¿Qué cambia o establece? La ley fija en un único texto las reglas esenciales del empleo público andaluz: los principios de actuación, transparencia e integridad; la planificación y ordenación de los recursos humanos; el acceso al empleo público; los derechos individuales y colectivos del personal, incluida la conciliación y la protección frente a la violencia de género; la jornada, permisos y vacaciones; el régimen de incompatibilidades; la formación continua; la carrera profesional horizontal y vertical; la evaluación del desempeño; el sistema retributivo y de Seguridad Social; y la negociación colectiva y representación sindical. Además, introduce y regula de forma específica la figura del personal directivo público profesional, seleccionado por mérito y sujeto a evaluación periódica de sus resultados.

¿Qué es? Es un acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional que fija qué días se consideran inhábiles (es decir, días en los que no corren los plazos) dentro de los procesos que se tramitan ante ese tribunal. Sustituye y deroga una norma anterior de 1982 que regulaba esta misma cuestión.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona o entidad que tenga un proceso abierto ante el Tribunal Constitucional, así como a los abogados, procuradores y demás profesionales que actúen ante él y necesiten calcular los plazos para presentar escritos o recursos.

¿Qué cambia o establece? La norma alinea el calendario de días inhábiles del Tribunal Constitucional con el que rige para los tribunales ordinarios, incluyendo como inhábiles todos los días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Hay dos excepciones importantes: en los recursos de amparo electorales, todos los días cuentan como hábiles (días naturales); y el Tribunal puede actuar en días inhábiles si hay urgencia, especialmente en medidas cautelares. Durante las vacaciones, quedará siempre una sección de tres magistrados en funciones.

¿Qué es? Es una resolución de corrección de errores dictada por la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del País Vasco. Su único propósito es subsanar un error material que contenía una resolución anterior, de 12 de junio de 2023, publicada en el BOE.

¿A quién afecta? Afecta a quienes transportan mercancías peligrosas por carretera en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que determina qué rutas e itinerarios pueden utilizar para ese tipo de transporte durante el año 2023.

¿Qué cambia o establece? Corrige el mapa incluido en el anexo V de la resolución de 12 de junio de 2023, que representaba la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas. El mapa anterior no se correspondía con la descripción escrita de los itinerarios recogida en ese mismo anexo, por lo que se sustituye por uno correcto que sí refleja fielmente dichos itinerarios. No modifica ninguna norma de fondo ni añade nuevas restricciones.

¿Qué es? Es un acuerdo bilateral firmado entre España (a través de la Dirección General de la Marina Mercante) y Cabo Verde (a través del Instituto Marítimo Portuário) para el reconocimiento mutuo de los títulos y certificados profesionales de los trabajadores del mar. El acuerdo se enmarca en el Convenio internacional STCW, que regula la formación y titulación de la gente de mar a nivel mundial, y fue firmado en Madrid y San Vicente en abril y mayo de 2023.

¿A quién afecta? Afecta a los profesionales del sector marítimo —capitanes, oficiales y radiooperadores— que posean títulos expedidos por España o por Cabo Verde. En concreto, a quienes deseen trabajar a bordo de buques que enarbolen el pabellón del otro país, ya que el acuerdo permite que sus titulaciones sean reconocidas sin necesidad de obtener una nueva certificación desde cero.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo establece que ambos países se reconocerán mutuamente los títulos de competencia y los certificados de suficiencia expedidos conforme al Convenio STCW. Para ello, fija obligaciones concretas: verificar la autenticidad de los títulos antes de reconocerlos (con un plazo de respuesta de cinco días hábiles), comunicarse mutuamente cualquier suspensión o anulación de títulos, permitir inspecciones periódicas de las instalaciones de formación, y garantizar que los formadores cuentan con las cualificaciones exigidas. También establece los datos de contacto oficiales de cada autoridad y la obligación de notificar cualquier cambio en un plazo máximo de treinta días.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Justicia que eleva la categoría de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar (Almería) y Sagunto (Valencia), de modo que en adelante estos juzgados serán ocupados por Magistrados o Magistradas en lugar de por Jueces o Juezas, que es la figura de menor rango dentro de la carrera judicial.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los jueces, letrados de la Administración de Justicia y demás personal que trabaja en los juzgados de esos dos partidos judiciales, ya que cambia la categoría de las plazas que ocupan y, con ello, su retribución. De forma indirecta, también afecta a los ciudadanos de Roquetas de Mar y Sagunto, cuya justicia ordinaria pasará a ser impartida por magistrados.

¿Qué cambia o establece? Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar y Sagunto pasan a ser servidos por magistrados, lo que conlleva una subida del complemento de destino para los jueces y letrados de la Administración de Justicia con plaza en esos juzgados, al pasar del grupo 5 al grupo 4 de población en la escala retributiva. Además, se modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para reflejar este cambio. La medida se justifica por el crecimiento de población, la actividad industrial, turística y comercial de ambas zonas —especialmente la zona portuaria de Sagunto— y el aumento del volumen de asuntos judiciales.

¿Qué es? El Real Decreto 529/2023 modifica el Real Decreto 506/2013, que regula los productos fertilizantes en España. Su objetivo es corregir errores y cubrir vacíos legales que habían quedado tras una modificación anterior (Orden APA/104/2022), para garantizar que determinados fertilizantes puedan seguir comercializándose en el mercado nacional.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas fabricantes y comercializadoras de productos fertilizantes, así como a los agricultores que los utilizan, especialmente a quienes emplean abonos con micronutrientes o fertilizantes a base de nitrato amónico de alto contenido en nitrógeno, muy usados en fertirrigación.

¿Qué cambia o establece? La norma incorpora al anexo I del Real Decreto 506/2013 dos tipos de productos que habían quedado excluidos por error o por decisión previa: los abonos inorgánicos que contienen mezclas de micronutrientes, y los fertilizantes sólidos a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno. Para estos últimos, se permite que los ensayos de seguridad (resistencia a la detonación y retención de aceite) los realicen organismos acreditados, aunque no sean organismos notificados a nivel europeo, dado que hay pocos de estos últimos disponibles. Además, se incluyen criterios técnicos para que ciertos subproductos puedan utilizarse como materiales en la elaboración de fertilizantes, en línea con la normativa europea y la Ley de residuos de 2022.

¿Qué es? Es una resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, publicada el 28 de junio de 2023, que actualiza los precios de venta al público de determinadas monedas de colección que contienen oro. La revisión se hace en aplicación de una norma de 2011 que permite ajustar los precios cuando las cotizaciones de los metales preciosos suben o bajan por encima de cierto umbral.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona interesada en comprar monedas de colección que incluyan oro en su composición, ya que son estas las que ven modificado su precio. La venta de estas monedas la realiza la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que es el organismo que aplica los nuevos precios a partir de la entrada en vigor de la resolución.

¿Qué cambia o establece? Establece los nuevos precios de venta al público (sin IVA) de varias series de monedas de colección de oro, que suben respecto a los precios anteriores. Por ejemplo, la moneda de 1 Escudo de la serie «150 años de la desaparición de los escudos» pasa de 275 a 300 euros, la de 2 Escudos de 480 a 575 euros, la de 4 Escudos de 880 a 1.050 euros, y la de 8 Escudos de 1.640 a 2.000 euros. La resolución entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? El Real Decreto 574/2023 es una norma del Gobierno que regula cómo solicitar y obtener una ayuda económica pública destinada a las personas que sufrieron malformaciones físicas antes de nacer porque su madre tomó talidomida durante el embarazo. Actualiza y amplía una normativa anterior de 2010 que ya reconocía estas ayudas para un período más reducido.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante la gestación en España entre 1950 y 1985, siempre que dichas malformaciones sean compatibles con los efectos de la talidomida y no puedan explicarse por otras causas como enfermedades cromosómicas o embriopatías distintas. El período cubierto es más amplio que el reconocido anteriormente (1960-1965), lo que permite que más personas puedan acceder a estas ayudas.

¿Qué cambia o establece? La norma amplía el período reconocido de exposición a la talidomida, que pasa de 1960-1965 a 1950-1985, e incrementa las cuantías económicas respecto a las fijadas en 2010, adaptándolas al tiempo transcurrido. Establece el procedimiento concreto para solicitar la ayuda, que se concede por una sola vez, es compatible con cualquier pensión pública que el beneficiario ya perciba, y es complementaria a otras ayudas similares. La evaluación médica de cada caso corresponde al Instituto de Salud Carlos III, siguiendo un protocolo científico validado.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 4 de julio de 2023 que regula las inversiones exteriores: tanto las que personas o empresas extranjeras realizan en España como las que empresas o ciudadanos españoles realizan en otros países. Sustituye al anterior Real Decreto 664/1999, que llevaba más de veinte años en vigor, actualizando las normas sobre cómo deben declararse estas operaciones y cuándo el Estado puede suspender la libertad de inversión por razones de seguridad o de orden público.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona física o jurídica extranjera que quiera invertir en España, así como a empresas y particulares españoles que inviertan en el exterior. Tiene especial relevancia para inversores procedentes de fuera de la Unión Europea que operen en sectores considerados estratégicos o sensibles, como infraestructuras críticas, tecnologías clave o suministro de energía, ya que estas inversiones pueden quedar sujetas a un control previo por parte del Estado.

¿Qué cambia o establece? Actualiza las obligaciones de declaración al Registro de Inversiones adaptándolas a los estándares internacionales de la OCDE: incorpora nuevas operaciones antes no contempladas, elimina la obligación de declarar inversiones puramente financieras sin intención de controlar una empresa, y ajusta los umbrales económicos a partir de los cuales hay que declarar. Además, desarrolla en el ordenamiento español el Reglamento europeo 2019/452, que crea mecanismos de cooperación entre los Estados miembros para controlar inversiones extranjeras directas que puedan afectar a la seguridad o el orden público, y consolida las medidas de suspensión del régimen de liberalización introducidas durante la pandemia a través de los Reales Decretos-ley de 2020.

¿Qué es? La Ley 6/2023, de 30 de marzo, es la norma que regula los archivos y los documentos en la Comunidad de Madrid. Establece cómo deben organizarse, gestionarse, conservarse y ponerse a disposición del público los documentos producidos o recibidos por las administraciones y entidades públicas madrileñas, así como los privados de especial relevancia. También crea el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid, que agrupa y coordina todos los archivos del territorio.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a todas las administraciones y organismos públicos de la Comunidad de Madrid (Gobierno regional, Asamblea, Cámara de Cuentas, ayuntamientos, universidades públicas y administración de justicia), que quedan obligados a gestionar y conservar correctamente sus documentos. También afecta a los titulares de archivos privados, especialmente si reciben ayudas públicas, y a cualquier ciudadano que quiera consultar documentos públicos o privados integrados en el Sistema.

¿Qué cambia o establece? La ley organiza los archivos en distintos niveles (de gestión, centrales, intermedios e históricos) y crea órganos de coordinación como el Consejo de Archivos y la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos. Fija reglas claras sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos públicos, establece procedimientos para la transferencia, valoración y eliminación de documentos, y obliga a las administraciones a gestionar también los documentos electrónicos con las mismas garantías que los físicos. Los archivos privados que reciban financiación pública deberán permitir el acceso libre a sus fondos.

¿Qué es? La Ley 7/2023, de 30 de marzo, es una norma de la Comunidad de Madrid que regula todo lo relacionado con el libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico, audiovisual y digital en su territorio. Su objetivo es ordenar el fomento de la lectura, organizar el sistema de bibliotecas públicas, proteger los fondos documentales históricos y regular el depósito legal, que obliga a entregar ejemplares de las obras publicadas para conservarlas.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid como usuarios de bibliotecas públicas y beneficiarios de las políticas de lectura. También afecta a los profesionales y empresas del sector del libro: autores, editores, distribuidores y libreros. Además, vincula a las administraciones públicas madrileñas, a las bibliotecas universitarias y escolares, y a quienes conserven bienes considerados patrimonio bibliográfico de la región.

¿Qué cambia o establece? La ley crea un sistema unificado de lectura pública con una Red de Servicios Públicos de Lectura que organiza las bibliotecas de la región, fija los derechos y deberes de sus usuarios, y establece estándares mínimos de instalaciones, colecciones y personal. Crea también el Consejo Madrileño de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas como órgano consultivo, regula la protección del patrimonio bibliográfico y audiovisual madrileño mediante figuras de conservación y un catálogo colectivo, y prevé un régimen sancionador para los incumplimientos en materia de libro y depósito legal. Deroga la normativa anterior sobre estas materias en la Comunidad de Madrid.

¿Qué es? La Ley 6/2023, de 8 de junio, del País Vasco, regula la obligación de las empresas comercializadoras de referencia de energía de enviar datos personales de sus clientes al Gobierno Vasco para que este pueda gestionar y pagar el bono social térmico. Esta ley fue necesaria porque el Tribunal Constitucional anuló en 2020 el artículo del decreto estatal que permitía esa transmisión de datos, dejando sin base legal el proceso en las comunidades autónomas.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las empresas comercializadoras de referencia de energía que operan en Euskadi, que quedan obligadas a remitir la información. De forma indirecta, afecta a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que sean beneficiarios del bono social eléctrico, ya que sus datos personales serán transferidos al departamento autonómico de servicios sociales con el único fin de calcular y abonar la ayuda del bono social térmico.

¿Qué cambia o establece? Establece que cada año, antes del 30 de enero, las comercializadoras deben enviar al Gobierno Vasco una lista en formato digital con los clientes vascos que fueran beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior. Esa lista debe incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio completo, grado de vulnerabilidad, cuenta bancaria, teléfono y correo electrónico. Como excepción, los datos correspondientes a 31 de diciembre de 2021 debían enviarse en un plazo de 15 días desde la entrada en vigor de la ley.

¿Qué es? La Orden TMA/698/2023, de 27 de junio, aprueba la instrucción técnica denominada REVINFE-23, que crea y regula los registros de la actividad de vigilancia de las infraestructuras ferroviarias integradas en la Red Ferroviaria de Interés General. Estos registros documentan de forma sistematizada las inspecciones y seguimientos que se realizan sobre determinados elementos físicos de la red ferroviaria.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los administradores de infraestructuras ferroviarias de la Red Ferroviaria de Interés General, así como a las autoridades portuarias que gestionen infraestructuras ferroviarias conectadas a dicha red. También concierne a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones de registro.

¿Qué cambia o establece? La norma extiende a todos los activos relevantes de la infraestructura ferroviaria —obras de paso, pasos superiores, túneles, obras de tierra, pasos a nivel, otras intersecciones y cruces entre andenes— un sistema de registros de vigilancia similar al que ya existía para los puentes de ferrocarril desde 2005. Establece qué elementos deben registrarse, con qué contenido mínimo, con qué periodicidad deben realizarse las actuaciones de vigilancia y cómo deben comunicarse las variaciones en los datos a los organismos competentes, con el fin de garantizar la seguridad del transporte ferroviario a lo largo de la vida útil de dichas instalaciones.

¿Qué es? Es la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra tres artículos de una norma autonómica extremeña sobre la explotación de litio.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a quienes tuvieran derechos, licencias o intereses vinculados a la extracción y aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura al amparo de los artículos 2, 3 y 4 del Decreto-ley 5/2022 de esa comunidad autónoma.

¿Qué cambia o establece? Los tres artículos impugnados quedan suspendidos y no pueden aplicarse: desde el 1 de junio de 2023 para las partes del proceso, y desde la publicación de este anuncio en el BOE para cualquier otra persona. Esto significa que, mientras el Tribunal Constitucional resuelve el fondo del asunto, esas disposiciones autonómicas sobre el litio no producen efectos jurídicos.

¿Qué es? Es una resolución del Servicio Catalán de Tráfico que corrige y actualiza las restricciones de circulación establecidas para el año 2023 en Cataluña. Se dicta porque se detectaron omisiones en la norma original (Resolución INT/183/2023, de 24 de enero) y su objetivo es completar esos vacíos con las tablas y datos que faltaban.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los conductores de vehículos pesados y especiales que circulan por carreteras catalanas: transportes especiales, vehículos que superen las 26 toneladas, y vehículos que transporten mercancías peligrosas con panel naranja. También puede afectar al tráfico general en las vías y tramos concretos señalados, como el Túnel del Cadí (C-16/E-9), el Túnel de Vielha (N-230), la A-2, la N-II, la N-240, la N-340 y otras carreteras de la red interurbana catalana.

¿Qué cambia o establece? La resolución modifica tres apartados de la norma original. Primero, actualiza los horarios de restricción para transportes especiales en todas las carreteras de Cataluña y en tramos específicos, fijando franjas concretas según el tipo de día (vísperas de festivo, domingos, festivos consecutivos o fines de semana). Segundo, completa la lista de tramos en las carreteras N-II, N-240 y N-340 donde no pueden circular vehículos que superen las 26 toneladas. Tercero, añade al apartado de "carreteras con dificultades de gestión" nuevos tramos donde queda prohibida la circulación de tránsito o de paso para vehículos pesados, incluyendo por primera vez una restricción permanente en la B-20 para vehículos con mercancías peligrosas.

¿Qué es? La Orden ETD/647/2023, de 14 de junio, es una norma del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que regula qué debe hacerse con las monedas de euro que son retiradas de la circulación por estar deterioradas o ser falsas. Sustituye a una norma anterior de 1983 que quedaba obsoleta y que, además, no contemplaba ningún procedimiento específico para las monedas falsas.

¿A quién afecta? La norma es de ámbito interno y se dirige exclusivamente al Banco de España y a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. No impone obligaciones ni restringe derechos a ciudadanos particulares ni a otras empresas o entidades.

¿Qué cambia o establece? La orden fija el proceso completo que debe seguirse con las monedas retiradas: el Banco de España las entrega a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que se encarga de destruirlas físicamente —desmonetizando las deterioradas y destruyendo por completo las falsas— y de gestionar el material resultante, ya sea reutilizándolo o vendiéndolo públicamente. Además, regula cómo se documenta ese proceso, cómo se abona el valor facial de las monedas no aptas y cómo se compensan a la Fábrica los gastos derivados de estas operaciones, siendo la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la encargada de ese reembolso. Entró en vigor el 1 de julio de 2023.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 20 de junio de 2023 por el Consejo de Ministros que regula la concesión directa de subvenciones públicas a determinados ayuntamientos. Esas subvenciones están destinadas a pagar, total o parcialmente, el coste de contratar o mantener a personas especializadas en innovación —llamadas "agentes locales de innovación"— dentro de los equipos municipales.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a los ayuntamientos que forman parte de la Red Innpulso (oficialmente "Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación"), una asociación de municipios reconocidos por su apuesta especial por la ciencia y la innovación. En 2023 el decreto amplía su alcance porque en marzo de ese año se incorporaron diez nuevos ayuntamientos a dicha red, que también podrán acceder a estas ayudas.

¿Qué cambia o establece? Reitera y amplía para 2023 un programa de ayudas ya concedido en 2021 y 2022. Los ayuntamientos beneficiarios reciben financiación para incorporar o mantener a agentes locales de innovación cuya función es ayudar a gestionar proyectos de innovación municipal, en especial los financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación (PRTR). Las subvenciones se conceden de forma directa —sin concurso público— porque el Estado considera que concurren razones de interés público, social y económico que lo justifican conforme a la Ley General de Subvenciones.