El Horno

¿Qué es? Es un Real Decreto firmado por el Rey el 2 de octubre de 2023 que convoca elecciones locales parciales para el 26 de noviembre de 2023. Se trata de una convocatoria extraordinaria, distinta a las elecciones municipales ordinarias, que se celebra en un número reducido de municipios concretos por razones específicas previstas en la ley.

¿A quién afecta? Afecta únicamente a los vecinos con derecho a voto de los municipios incluidos en los anexos del decreto: 4 municipios de Burgos, 38 de Navarra, 1 de Segovia y 1 de Teruel (donde no se presentó ninguna candidatura el 28 de mayo de 2023), así como municipios de Almería, Guadalajara, Murcia, Ourense y Salamanca (donde ciertas mesas electorales fueron anuladas por sentencia o acuerdo electoral). En total se eligen concejales y, en su caso, alcaldes en municipios de régimen de concejo abierto.

¿Qué cambia o establece? El decreto fija el 26 de noviembre de 2023 como fecha para estas elecciones parciales y establece que la campaña electoral durará 15 días, del 10 al 24 de noviembre de 2023. Se convocan por dos motivos distintos: en unos municipios porque ningún partido o candidato se presentó a las elecciones del 28 de mayo de 2023, y en otros porque la votación en determinadas mesas fue declarada nula, por lo que solo se repite la elección en esas mesas o localidades concretas, conforme a lo que ordenó la sentencia o acuerdo correspondiente.

¿Qué es? Es un decreto de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria, firmado el 2 de octubre de 2023, que convoca elecciones parciales para elegir presidente en diez entidades locales menores de Cantabria. Estas elecciones se celebrarán el domingo 26 de noviembre de 2023, con una campaña electoral de quince días, del 10 al 24 de noviembre de 2023.

¿A quién afecta? Afecta a los vecinos con derecho a voto de diez entidades locales menores de Cantabria donde nadie se presentó como candidato en las elecciones locales del 28 de mayo de 2023. Estas entidades son: Padierniga (Voto), Coroneles (Valderredible), Revelillas (Valderredible), Agüero (Marina de Cudeyo), Perrozo (Cabezón de Liébana), Obargo (Pesaguero), Muñorrodero (Val de San Vicente), Barrio (Vega de Liébana), Bores (Vega de Liébana) y Tudes (Vega de Liébana).

¿Qué cambia o establece? Establece una nueva convocatoria electoral para cubrir la presidencia de esas diez entidades locales menores que quedaron sin representación por falta de candidatos. La ley obliga a repetir las elecciones en un plazo máximo de seis meses cuando esto ocurre, por lo que este decreto cumple ese mandato fijando una fecha concreta de votación. El decreto entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y debe difundirse en los medios de comunicación de la región en un plazo máximo de cinco días.

¿Qué es? Es un conjunto de decisiones técnicas adoptadas en abril de 2022 por la Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Portátiles (C.I.P.), organismo creado por el Convenio de Bruselas de 1969. Esas decisiones actualizan las tablas oficiales de especificaciones técnicas de munición (tablas TDCC), añadiendo nuevos calibres y revisando otros ya existentes.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a fabricantes, bancos de prueba, importadores y comerciantes de armas de fuego portátiles y munición en los países firmantes del Convenio de 1969, entre ellos España. También puede afectar indirectamente a cualquier persona o empresa que fabrique, importe o comercialice los calibres concretos incluidos en las decisiones.

¿Qué cambia o establece? Se incorporan tres nuevos calibres a las tablas oficiales (375XLR y 666T en la Tabla I; 9 mm MT-X en la Tabla X) y se revisan las especificaciones técnicas de otros nueve calibres ya existentes distribuidos entre las Tablas I, II, III y IV. Estas actualizaciones son de obligado cumplimiento para las pruebas de banco de las armas que usen dichos calibres. Las decisiones entraron en vigor el 24 de noviembre de 2022, tanto con carácter general como específicamente para España.

¿Qué es? Es una Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que autoriza la emisión, acuñación y puesta en circulación, durante el año 2023, de una colección de monedas conmemorativas titulada "Castillos del Mundo". La colección está compuesta por 16 piezas, cada una con un valor facial de 1,5 euros, fabricadas en cuproníquel, con un diámetro de 33 mm y un peso de 15 gramos. Estas monedas no están destinadas al uso cotidiano, sino a la colección.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que es el organismo encargado de acuñar y comercializar estas piezas. También concierne a cualquier ciudadano interesado en adquirirlas, ya que son monedas de colección de curso legal pero no de circulación ordinaria.

¿Qué cambia o establece? La orden aprueba oficialmente la emisión de 16 monedas de 1,5 euros que recogen en colores imágenes de castillos y monumentos históricos españoles, entre ellos Butrón, San Marcos, Manzanares el Real, La Mota, la Alhambra de Granada, el Alcázar de Segovia, Coca, Bellver, Peralada, el Palacio Real de Olite y Guadamur, entre otros. Cada pieza incluye en el anverso la imagen del monumento, su nombre y la leyenda "España 2023", rodeada de una alegoría con almenas. La norma fija las características técnicas exactas de las monedas y habilita su puesta en circulación conforme a la normativa europea sobre emisión de monedas en euros.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por la que se aprueba la emisión de una moneda de colección de 40 euros, acuñada en plata de ley, con motivo del decimoctavo cumpleaños de la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, que se celebra el 31 de octubre de 2023.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier ciudadano o entidad interesada en adquirir esta moneda como pieza de colección. También incumbe a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, al Banco de España y a las entidades de crédito y otras entidades públicas o privadas que participen en su distribución y venta.

¿Qué cambia o establece? Ordena la acuñación y puesta en circulación de hasta un millón de monedas de plata de 33 mm de diámetro y 18 gramos de peso, con valor facial de 40 euros, durante el cuarto trimestre de 2023. Las monedas llevan en el anverso la efigie de la Princesa Leonor y la mención a Felipe VI como rey, y en el reverso el Escudo de Armas de Su Alteza. Podrán adquirirse a través del Banco de España, entidades de crédito, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y otras entidades designadas, y su distribución correrá a cargo de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

¿Qué es? Es un conjunto de decisiones adoptadas en noviembre de 2021 por la Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Portátiles (C.I.P.), organismo creado al amparo del Convenio de Bruselas de 1969. En concreto, la Decisión XXXV-47 fija el procedimiento oficial que debe seguirse cuando se quiere incorporar un nuevo calibre de munición al catálogo homologado de la C.I.P.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a fabricantes, importadores y distribuidores de munición que deseen obtener el reconocimiento oficial de un calibre nuevo ante la C.I.P. También concierne a los bancos de pruebas de los países miembros, que son los organismos técnicos encargados de tramitar y verificar las solicitudes, y a los Estados miembros del Convenio, que reciben información sobre cada nuevo calibre propuesto.

¿Qué cambia o establece? La decisión establece un procedimiento detallado de diez pasos: el solicitante entrega documentación técnica y material de prueba al banco de pruebas competente, este coordina con el Presidente de la Subcomisión Técnica y con un equipo especializado, se analizan los datos y se confirman las dimensiones y presiones máximas del cartucho, y finalmente la propuesta se traslada a los delegados de todos los Estados miembros antes de su aprobación en sesión plenaria. Se fijan también requisitos específicos: planos métricos del cartucho, ensayos de presión y velocidad, declaración sobre propiedad intelectual del calibre y, como regla general, prohibición de homologar munición nueva que pueda dispararse con peligro en armas ya existentes diseñadas para calibres de menor presión.

¿Qué es? Es una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, aprobada en septiembre de 2023, que modifica las normas internas que rigen el funcionamiento de esta cámara parlamentaria para permitir el uso oficial de todas las lenguas cooficiales del Estado español —como el catalán, el euskera o el gallego— en la actividad ordinaria del Congreso.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los diputados y diputadas del Congreso, quienes a partir de esta reforma pueden utilizar cualquier lengua oficial de una comunidad autónoma en sus intervenciones orales, en los escritos que presenten en el registro y en cualquier otro ámbito de su actividad parlamentaria. También afecta a los servicios del Congreso, que quedan obligados a contar con medios de traducción e interpretación para todas esas lenguas.

¿Qué cambia o establece? La reforma reconoce expresamente el derecho de los parlamentarios a intervenir en lenguas cooficiales tanto en el Pleno como en Comisiones, y obliga al Congreso a disponer de servicios de traducción e interpretación para ello. El Diario de Sesiones recogerá las intervenciones tanto en la lengua en que se pronuncien como en castellano, y el Boletín Oficial de las Cortes publicará las iniciativas también en la lengua oficial correspondiente. Para la presentación de escritos en el registro se establece un periodo de transición de hasta seis meses, durante el cual quien use una lengua distinta del castellano deberá acompañar una traducción. Además, se prevé adaptar en el menor plazo posible el texto del Reglamento al lenguaje inclusivo de género y publicar las leyes aprobadas en las lenguas cooficiales con carácter de versión auténtica.

¿Qué es? Es una Orden del Ministerio de Justicia que publica el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece la cantidad de dinero que el Estado destina en 2023 a sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, y la forma en que ese dinero se reparte entre los ayuntamientos.

¿A quién afecta? Afecta a los ayuntamientos que tienen un Juzgado de Paz en su municipio y que pertenecen a las comunidades autónomas de Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Región de Murcia. Quedan excluidos los ayuntamientos de las comunidades que ya tienen transferidas las competencias en materia de medios para la Administración de Justicia, como Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunitat Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.

¿Qué cambia o establece? Fija las cuantías anuales que recibe cada ayuntamiento según el número de habitantes del municipio, desde 310 euros para los de menos de 500 habitantes hasta 2.345 euros para los de 7.000 o más. Además, establece una regla especial para los municipios agrupados en Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz: cada municipio miembro recibe solo el 50 % de lo que le correspondería por su población, y el otro 50 % se suma a la cantidad que percibe el ayuntamiento sede de la agrupación.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 28 de julio de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueban l ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 28 de julio de 2023 aprueba modelos normalizados de solicitud de nacionalidad española por carta de naturaleza en el ámbito del Ministerio de Justicia y establece instrucciones sobre su utilización.

2. CONTEXTO La norma se inscribe en el marco de la regulación de los procedimientos administrativos y la imagen institucional de la Administración Pública. Se basa en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1465/1999 y el Manual de Imagen Institucional. La Resolución busca actualizar los modelos de solicitud vigentes y garantizar su disponibilidad electrónica y en soporte papel.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 28 de julio de 2023, emitida por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, aprueba nuevos modelos normalizados de solicitud de nacionalidad española por carta de naturaleza. Estos modelos se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y estarán disponibles en la página web del Ministerio de Justicia en formato electrónico. Además, se establece que los nuevos impresos deberán incorporarse al Catálogo de Modelos Normalizados de Solicitud, que se mantendrá actualizado mediante la Inspección General de Servicios.

La norma se fundamenta en varios textos legales. El artículo 66.4 de la Ley 39/2015 establece que las Administraciones Públicas deben establecer modelos y sistemas de presentación masiva de solicitudes, disponibles en sedes electrónicas y oficinas de asistencia. El artículo 63 de la Ley 40/2015 atribuye a los Subsecretarios la competencia para proponer medidas de organización del Ministerio.

El Real Decreto 1465/1999, en su artículo 7.2, establece que los modelos normalizados en soporte papel deben cumplir con los criterios de imagen institucional definidos en su artículo 8. Además, el apartado Segundo de la Orden de 27 de septiembre de 1999 crea el Catálogo de Modelos Normalizados de Solicitud y establece las normas de su funcionamiento.

La Resolución también establece que los nuevos modelos sustituirán al modelo aprobado en 2007, y que la presente norma entrará en vigor el día siguiente a su publicación. La norma se aplica en el ámbito del Ministerio de Justicia y se complementa con instrucciones sobre su utilización, que se detallan en el anexo.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución aprueba nuevos modelos de solicitud de nacionalidad española por carta de naturaleza, sustituyendo al modelo anterior. Los modelos estarán disponibles en formato electrónico y papel, y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. La norma se fundamenta en la legislación vigente sobre procedimientos administrativos y imagen institucional.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Aprobación de nuevos modelos normalizados de solicitud de nacionalidad por carta de naturaleza. ⚠️ Sustitución del modelo aprobado en 2007. 📋 Disponibilidad en formato electrónico y papel. ℹ️ Publicación en el Boletín Oficial del Estado y actualización del Catálogo de Modelos.

6. FICHA

Palabras: 698

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un acuerdo bilateral firmado el 19 de junio de 2023 entre España (a través de la Dirección General de la Marina Mercante) y Jordania (a través de la Comisión Marítima de Jordania) para el reconocimiento mutuo de los títulos profesionales de la gente de mar. El acuerdo se enmarca en el Convenio internacional STCW de 1978, que fija las normas mundiales de formación y titulación para quienes trabajan a bordo de buques.

¿A quién afecta? Afecta a los marinos profesionales —capitanes, oficiales y operadores de radio— que posean títulos expedidos por España o por Jordania y deseen trabajar en buques bajo la autoridad del otro país. También afecta a las administraciones marítimas de ambos Estados, que quedan obligadas a cumplir los procedimientos de reconocimiento, verificación e intercambio de información establecidos en el acuerdo.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo establece que cada país reconocerá oficialmente los títulos del otro mediante un documento llamado refrendo, siempre que la Organización Marítima Internacional haya confirmado que ambas administraciones cumplen plenamente el Convenio STCW. Obliga a ambas partes a compartir información sobre la validez y autenticidad de los títulos cuando la otra lo solicite, a permitir inspecciones de sus instalaciones de formación y a comunicar cualquier cambio relevante en sus sistemas de enseñanza en un plazo de noventa días. Si un refrendo se suspende o revoca, la otra parte debe ser informada. El acuerdo tiene una vigencia inicial indefinida con renovación automática cada cinco años, y puede darse por terminado con seis meses de preaviso.

¿Qué es? Es una decisión internacional adoptada el 30 de junio de 2023 por el Comité de Embajadores ACP-UE que prorroga la vigencia del Acuerdo de Asociación firmado en Cotonú en el año 2000 entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y los países de África, el Caribe y el Pacífico, por otro. España la publica en el Boletín Oficial del Estado para cumplir con su obligación legal de dar publicidad a los actos que afectan a los tratados internacionales en vigor.

¿A quién afecta? Afecta a las relaciones entre la Unión Europea y los 79 países que forman el grupo ACP, lo que incluye a España como Estado miembro de la UE. No genera obligaciones directas para el ciudadano de a pie, pero mantiene en vigor el marco legal que regula la cooperación, el comercio y la ayuda al desarrollo entre la UE y esos países.

¿Qué cambia o establece? Dado que las negociaciones para un nuevo acuerdo que sustituyera al de Cotonú comenzaron en 2018 pero no han concluido a tiempo, esta decisión amplía la fecha límite de aplicación del acuerdo actual: en lugar de expirar el 30 de junio de 2023, seguirá en vigor hasta el 31 de octubre de 2023, o hasta que el nuevo acuerdo entre en vigor o se aplique provisionalmente, lo que ocurra primero. Es una prórroga técnica para evitar un vacío legal mientras continúan las negociaciones.

¿Qué es? Es una ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobada el 27 de julio de 2023, que modifica la Ley 1/2014, la cual regula las normas que rigen a los cargos públicos del Gobierno y la Administración autonómica extremeña.

¿A quién afecta? Afecta a los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es decir, a las personas que ocupan puestos de responsabilidad política y directiva en la Junta de Extremadura.

¿Qué cambia o establece? La ley elimina el artículo 13 bis de la Ley 1/2014, suprimiendo así la regulación concreta que ese artículo contenía para los cargos públicos extremeños. Entró en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el 28 de julio de 2023.

¿Qué es? Es una ley aprobada por el Parlamento de Galicia que reconoce oficialmente el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres —ubicado en la iglesia de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela— como un símbolo singular de la identidad de Galicia. La ley institucionaliza ese lugar, que desde 1891 acoge los restos de figuras destacadas de la cultura y la historia gallegas, y establece las bases para su gestión, uso y conservación.

¿A quién afecta? Afecta a las instituciones públicas y privadas vinculadas al Panteón: la Xunta de Galicia, el Parlamento de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, la Iglesia, y entidades culturales como el Consello da Cultura Galega, la Real Academia Galega, el Museo do Pobo Galego y las fundaciones que custodian la memoria de las personas allí enterradas. También concierne, de forma simbólica, al conjunto de la ciudadanía gallega, dentro y fuera de Galicia.

¿Qué cambia o establece? La ley crea una fundación pública autonómica para gestionar el Panteón, con un Patronato presidido por la persona que encabeza el Parlamento de Galicia e integrado por ocho miembros que representan a los poderes legislativo y ejecutivo y a los titulares de los espacios físicos que lo conforman. Para proteger el consenso que inspiró la ley, las decisiones más importantes sobre el uso del Panteón requerirán mayorías cualificadas dentro de ese Patronato, garantizando así su continuidad y su carácter de símbolo compartido por encima de cualquier condición distinta a la pertenencia al pueblo gallego.

¿Qué es? La Ley 3/2023, de 4 de julio, es la nueva ley de Galicia que regula los juegos de azar y las apuestas en esa comunidad autónoma. Sustituye a la anterior ley de 1985, que había quedado obsoleta ante los cambios tecnológicos y sociales del sector. Galicia tiene competencia exclusiva en esta materia según su Estatuto de autonomía, con la única excepción de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona que quiera acceder o explotar establecimientos de juego en Galicia —casinos, salas de bingo, salones de juego y tiendas de apuestas—, así como a los ciudadanos que los frecuentan, especialmente los menores de edad y las personas con problemas de adicción al juego, que reciben una protección reforzada.

¿Qué cambia o establece? La ley fija un número máximo de establecimientos autorizables en todo el territorio gallego: 4 casinos, 4 salas adicionales de casino, 12 bingos, 118 salones de juego y 41 tiendas de apuestas. Todas las autorizaciones, tanto las ya existentes como las futuras, tendrán una duración de quince años y se concederán mediante concurso público. Se exige autorización administrativa previa para ejercer cualquier actividad de juego, y el silencio administrativo tiene efecto desestimatorio (es decir, si la Administración no responde, se entiende denegada la solicitud). Estas medidas se justifican en la protección de la salud, el orden público y la lucha contra el fraude.

¿Qué es? Es una ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que establece un marco propio para ordenar y gestionar de forma integrada su litoral. Galicia cuenta con más de 2.500 kilómetros de costa —incluyendo perímetro costero, islas y marismas— y esta ley recoge esa realidad geográfica excepcional, con sus rías, acantilados y ecosistemas marino-costeros, como punto de partida para una regulación específica y adaptada al territorio gallego.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas que viven, trabajan o desarrollan actividades en el litoral gallego: pescadores, mariscadores, empresas del sector marítimo-pesquero, personas dedicadas a la acuicultura, quienes operan en puertos autonómicos y, en general, cualquier ciudadano con intereses o actividades vinculados a la costa. También incumbe a los municipios costeros y a las administraciones que actúan en ese espacio.

¿Qué cambia o establece? La ley ejerce las competencias que el Estatuto de Autonomía de Galicia reconoce a la comunidad en materia de ordenación del territorio y del litoral, pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, puertos autonómicos y protección del medio ambiente. Frente a la dispersión normativa anterior, la ley articula en un único texto la regulación de los espacios costeros que pertenecen al territorio autonómico, al tiempo que fija las bases para proteger la sostenibilidad ambiental, social y económica del litoral y preservar su patrimonio natural y cultural.

¿Qué es? Es un acuerdo firmado el 7 de diciembre de 2022 entre el Gobierno de España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), concretamente con la oficina que gestiona el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de la tercera modificación de un acuerdo original de 2018 mediante el cual España aporta dinero a ese fondo internacional destinado a financiar proyectos de desarrollo sostenible en el mundo.

¿A quién afecta? Afecta directamente al Gobierno de España en su papel de donante y al PNUD como gestor de los fondos. De forma indirecta, afecta a los países y proyectos beneficiarios del Fondo Conjunto para los ODS, un fondo creado en 2017 que estará activo hasta el 30 de junio de 2030 y que financia iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

¿Qué cambia o establece? Esta adenda incorpora una nueva aportación de España al fondo por valor de 10.300.000 euros, distribuidos de la siguiente manera: 5.000.000 euros para la ventanilla de emergencias relacionadas con el desarrollo, 4.000.000 euros para la ventanilla de localización y 1.300.000 euros adicionales, pagaderos en el momento de la firma. Con esta aportación, la contribución total acumulada de España al fondo asciende a 10.000.000 dólares estadounidenses y 35.300.000 euros. El resto de las condiciones del acuerdo original permanece sin cambios.

¿Qué es? Es un acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adapta su propia normativa interna para ampliar el derecho a la reducción de jornada de los jueces y magistrados que cuidan a hijos o menores acogidos con enfermedad grave o discapacidad, ajustándose a los nuevos límites de edad fijados por una ley estatal aprobada en marzo de 2023.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a los jueces y magistrados en activo que tengan a su cargo un hijo o un menor sujeto a acogimiento permanente o guarda con fines de adopción, diagnosticado de cáncer u otra enfermedad grave, o que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, la reducción de jornada podía extinguirse al cumplir el menor 18 años. Con este acuerdo, el derecho se puede mantener más allá de la mayoría de edad en tres supuestos: en general, hasta los 23 años si persiste la necesidad de cuidado directo y continuo; también hasta los 23 años cuando la enfermedad grave fue diagnosticada antes de los 18, aunque la solicitud se presente después; y hasta los 26 años si, antes de cumplir los 23, la persona a cargo acredita además una discapacidad igual o superior al 65 %.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 18 de julio de 2023 por el que el Estado concede directamente subvenciones a los ayuntamientos de Bilbao, San Fernando y Miranda de Ebro para ayudarles a mantener económicamente sus servicios de transporte público urbano. Estas ayudas se otorgan de forma excepcional, sin convocatoria pública, por razones de interés público reconocidas en la Ley General de Subvenciones.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los tres ayuntamientos mencionados, que son los beneficiarios de las subvenciones. De forma indirecta, beneficia a los ciudadanos de Bilbao, San Fernando y Miranda de Ebro que utilizan el transporte público urbano, ya que estas ciudades venían aplicando desde el 1 de enero de 2023 un descuento del 50 % en el precio de abonos y títulos multiviaje (excluido el billete de ida y vuelta) sin haber recibido hasta ese momento ninguna ayuda estatal.

¿Qué cambia o establece? El decreto regula las condiciones bajo las cuales el Estado compensa a esos tres ayuntamientos por los descuentos que ya estaban aplicando en el transporte urbano, con el objetivo de que dichos descuentos sean sostenibles. Las cuantías máximas se calculan tomando como referencia el coste de una reducción del 30 % en las tarifas, siguiendo los mismos criterios usados en ayudas similares a otras entidades locales. Además, para recibir la subvención los ayuntamientos deben contar con planes de movilidad sostenible, de modo que la ayuda también sirve como incentivo para ordenar el transporte urbano de manera más eficiente y sostenible a medio plazo.

¿Qué es? La Ley 10/2023, de 7 de agosto, modifica la Ley catalana 5/2008 sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Su objetivo principal es mejorar el acceso efectivo de las víctimas a las indemnizaciones y ayudas económicas a las que tienen derecho, y aumentar la cuantía de esas indemnizaciones, que hasta ahora no se consideraban proporcionales a la gravedad de los hechos.

¿A quién afecta? Afecta a las mujeres víctimas de violencia machista en Cataluña que hayan sufrido secuelas, lesiones corporales o daños graves en su salud física o psíquica, así como a los hijos e hijas huérfanos de mujeres asesinadas por violencia machista. También afecta a los servicios sociales y demás servicios de atención a víctimas, que adquieren nuevas obligaciones de información.

¿Qué cambia o establece? La ley aumenta la indemnización para hijos e hijas de mujeres asesinadas, que pasa de seis a doce veces el valor mensual del indicador de renta de suficiencia de Cataluña. Obliga a los servicios de atención a informar a las víctimas de la existencia de estas ayudas. Permite suspender cautelarmente el pago de indemnizaciones a menores hasta su mayoría de edad, o cuando quien ejerce su tutela esté investigado o condenado por la muerte de la madre, y prohíbe que el agresor administre dichas indemnizaciones. Además, determina qué organismos tienen potestad para emitir acreditaciones administrativas que reconocen la situación de violencia machista.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 22 de agosto de 2023 que modifica la normativa sobre pesca en caladeros nacionales. Introduce dos novedades principales: un mecanismo general para gestionar de forma más flexible las posibilidades de pesca asignadas a los barcos, y nuevas reglas específicas para la pesca del patudo (un tipo de atún) en el Océano Atlántico.

¿A quién afecta? Afecta a los armadores y tripulantes de barcos pesqueros españoles que operan en caladeros nacionales e internacionales, especialmente a las flotas autorizadas a pescar patudo en el Atlántico: atuneros cerqueros congeladores, atuneros cañeros (tanto en aguas africanas como canarios), la flota artesanal canaria, los barcos de palangre de superficie y otras flotas incluidas en el Censo Específico de Buques Autorizados a la Pesca de Patudo (CEPA).

¿Qué cambia o establece? Por un lado, crea un marco legal general para que órdenes ministeriales puedan aplicar mecanismos de flexibilidad en el reparto de cuotas de pesca, adaptándolos a cada pesquería. Por otro, regula dos situaciones concretas para el patudo atlántico: permite que barcos que fueron exportados y luego reimportados vuelvan a incorporarse al censo de autorizados, y permite que determinados barcos del censo del Océano Índico y Pacífico intercambien su plaza con barcos del censo atlántico, con excepciones para aquellos que en su día renunciaron expresamente a sus derechos de pesca en el Atlántico. Además, obliga a los solicitantes de autorizaciones en esta pesquería a relacionarse con la Administración exclusivamente por medios electrónicos.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio del Interior, aprobada el 16 de agosto de 2023, que modifica un artículo concreto de una norma anterior (Orden INT/859/2023) que regula cómo está organizada internamente la Dirección General de la Policía Nacional y qué funciones tiene cada uno de sus órganos.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a la organización interna de la Policía Nacional, en particular al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que es una unidad de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. No impone obligaciones ni cambios directos a la ciudadanía en general.

¿Qué cambia o establece? Reescribe la descripción oficial de las funciones del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras para aclarar su papel en relación con dos estructuras europeas de control de fronteras: el Punto Nacional de Contacto (NFPOC) y el Centro Nacional de Coordinación (NCC), ambos previstos en un reglamento europeo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (FRONTEX). Con este ajuste se deja constancia expresa de que dicha unidad policial contribuye a esos dos puntos de contacto dentro de su ámbito de competencia, y que de ella depende la Brigada de Coordinación para asuntos relacionados con FRONTEX, encargada de gestionar las actividades operativas vinculadas a esa agencia europea.

¿Qué es? Es una ley de La Rioja, aprobada el 7 de agosto de 2023, que deroga por completo la Ley 6/2018 de protección de los animales en esa comunidad autónoma. Entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, el 8 de agosto de 2023.

¿A quién afecta? Afecta a todos los ciudadanos de La Rioja, y en particular a ganaderos, cazadores, criadores de perros de caza y rehalas, cetreros, veterinarios y cualquier persona que tuviera obligaciones o derechos reconocidos bajo la ley derogada, como propietarios de animales de compañía sujetos a la obligación de esterilización.

¿Qué cambia o establece? Elimina del ordenamiento jurídico riojano la Ley 6/2018, que regulaba la protección animal en la región. Los motivos alegados son sus deficiencias técnicas, sus contradicciones internas, los artículos anulados por el Tribunal Constitucional y, sobre todo, su incompatibilidad con la nueva ley estatal de bienestar animal (Ley 7/2023). Entre los conflictos concretos que justifican la derogación destacan que la ley riojana no excluía a los perros de caza ni a los animales de trabajo como sí hace la norma estatal, imponía la esterilización obligatoria en lugar de promoverla, y fijaba una fecha distinta para alcanzar el sacrificio cero. A partir de su derogación, la protección de los animales en La Rioja queda regulada exclusivamente por la legislación europea, estatal y autonómica que resulte aplicable en cada caso.

¿Qué es? Es una ley aprobada por el Parlamento de Andalucía el 24 de julio de 2023 que crea dos nuevos cuerpos de funcionarios especializados en la Administración de la Junta de Andalucía: el Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría y el Cuerpo Técnico de Intervención y Auditoría. Ambos quedan adscritos a la Intervención General de la Junta de Andalucía, que es el órgano encargado del control interno de la actividad financiera pública andaluza.

¿A quién afecta? Afecta al personal funcionario que desempeña o vaya a desempeñar funciones de control interno, auditoría, contabilidad y supervisión en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público regional. También afecta a quienes en el futuro quieran acceder a estos puestos, ya que deberán superar procesos selectivos con programas de materias específicos propios de estos nuevos cuerpos, distintos a los de los cuerpos generales de la Administración.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, las funciones de control previo, control financiero, contabilidad y auditoría las venían ejerciendo funcionarios de los cuerpos generales de la Administración andaluza. La ley considera que la creciente complejidad de esas tareas —incluyendo las nuevas obligaciones de información ante instancias nacionales y europeas, los requerimientos de órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, y la nueva función de supervisión continua de organismos públicos— exige una cualificación técnica específica que los cuerpos generales no recogen en toda su extensión. Por ello, la ley crea dos cuerpos especializados con competencias, capacidades y conocimientos propios definidos para dar respuesta a ese modelo de control interno más exigente y especializado.

¿Qué es? Es una ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobada en julio de 2023, que modifica la Ley 4/2017 sobre los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía. No crea una norma nueva desde cero, sino que corrige y actualiza dos aspectos concretos de esa ley anterior para adaptarlos a la normativa europea y a la realidad detectada tras años de aplicación.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a dos grupos: las personas con discapacidad o movilidad reducida que usan servicios de suministro de combustible (gasolineras) y las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. También afecta a los titulares de estaciones de servicio automáticas y a cualquier tercero que use de forma indebida una tarjeta de estacionamiento ajena.

¿Qué cambia o establece? La ley introduce dos cambios. Primero, modifica la obligación de tener personal en las gasolineras automáticas: ya no se exige empleado en todo caso, sino únicamente cuando la máquina expendedora no cumpla los requisitos de accesibilidad, adaptando así la norma andaluza a las exigencias del derecho europeo sobre libre establecimiento de empresas. Segundo, reforma el régimen sancionador por uso indebido de la tarjeta de estacionamiento: hasta ahora solo se sancionaba al titular de la tarjeta retirándosela, dejando sin castigo a quien la usaba sin ser su dueño; con esta modificación, los terceros que usen indebidamente la tarjeta —con o sin el original, incluso con una fotocopia— también pueden ser sancionados directamente.

¿Qué es? La Ley 2/2023, de 14 de marzo, es una norma del Parlamento de Galicia que modifica la Ley 3/2014, reguladora del Consejo Consultivo de Galicia, que es el órgano que asesora jurídicamente a la Xunta y a las administraciones públicas gallegas. La reforma actualiza varios aspectos del funcionamiento interno de esta institución para adaptarla a la realidad actual.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al propio Consejo Consultivo de Galicia, a su personal (especialmente el personal letrado y el resto de empleados del órgano), y a sus miembros, incluidos los llamados consejeros natos —entre ellos quienes hayan ejercido la presidencia de la Xunta de Galicia—. También afecta a las personas o entidades que se relacionan con el Consejo para formular alegaciones en los procedimientos de consulta.

¿Qué cambia o establece? La ley introduce cuatro cambios principales: primero, regula cómo se compone la Sección de Estudios e Informes cuando no hay consejeros natos, previendo una composición alternativa con consejeros electivos. Segundo, obliga a publicar los informes de esa Sección al mes de su aprobación, salvo que la Administración solicitante pida expresamente que no se publiquen. Tercero, moderniza el funcionamiento del Consejo dando preferencia a los medios electrónicos tanto para las alegaciones como para la comunicación de informes y dictámenes. Cuarto, prevé un sistema transitorio de carrera profesional para el personal del Consejo hasta que se implante un sistema definitivo, y adapta el texto al hecho de que el cuerpo propio de letrados fue suprimido e integrado en la escala de letrados de la Xunta.

¿Qué es? Es una ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que actualiza las normas que regulan al personal que trabaja en dos instituciones autonómicas: el Valedor do Pobo (equivalente al Defensor del Pueblo gallego) y el Consello de Contas (órgano de control del gasto público). Su objetivo es mejorar el funcionamiento de estas instituciones adaptando su regulación a la evolución normativa de las administraciones públicas.

¿A quién afecta? Afecta directamente al personal que presta servicios en el Valedor do Pobo y en el Consello de Contas, tanto al que ya trabaja en ellos como al que pueda incorporarse en el futuro. También tiene implicaciones para los funcionarios procedentes de otras administraciones públicas gallegas que sean adscritos a la oficina del Valedor do Pobo.

¿Qué cambia o establece? En el Consello de Contas, amplía las actividades remuneradas permitidas al personal —antes solo se admitía la docencia, ahora también se permiten actividades de creación literaria, artística, científica o técnica— y regula expresamente cómo se puede ofertar empleo público y seleccionar personal mediante oposición, concurso-oposición o concurso, garantizando los principios de igualdad, mérito y publicidad. En el Valedor do Pobo, reorganiza las reglas sobre su plantilla: la Mesa del Parlamento deberá aprobarla, el Valedor podrá designar hasta cinco personas asesoras de confianza, el resto del personal deberá ser funcionario de alguna administración pública, y quienes se incorporen por libre designación tendrán derecho a quedar en situación de servicios especiales en su administración de origen.

¿Qué es? La Ley 8/2023, de 30 de marzo, es la norma de la Comunidad de Madrid que regula la protección, conservación y gestión de todo el patrimonio cultural de la región. Aprobada por la Asamblea de Madrid, establece las reglas que deben seguirse para identificar, declarar, proteger y transmitir a las generaciones futuras los bienes culturales madrileños, tanto materiales como inmateriales.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona o entidad que sea propietaria, poseedora o titular de bienes con valor cultural en la Comunidad de Madrid, así como a los ayuntamientos y a la propia administración autonómica. También afecta a ciudadanos en general, investigadores, profesionales que intervienen en bienes culturales, entidades religiosas como la Iglesia Católica, y a quienes realicen actividades arqueológicas, obras o actuaciones urbanísticas que puedan tener impacto sobre el patrimonio.

¿Qué cambia o establece? La ley crea un sistema de clasificación de bienes culturales en tres niveles: Bienes de Interés Cultural, Bienes de Interés Patrimonial y Bienes Catalogados, cada uno con su propio régimen de protección y procedimiento de declaración. Establece el deber de conservación para los titulares de estos bienes, regula las autorizaciones necesarias para realizar obras o intervenciones sobre ellos, y reconoce derechos de tanteo y retracto para la administración en caso de venta. Además, ordena la protección específica de patrimonios especiales como el arqueológico, el etnográfico, el industrial, el científico-tecnológico y el inmaterial, e incluye normas sobre hallazgos casuales, uso de detectores de metales y accesibilidad universal en bienes inmuebles protegidos.

¿Qué es? Es una ley de la Comunidad de Madrid que crea el Colegio Oficial de Profesionales del Turismo de la Comunidad de Madrid. Se trata de una corporación de derecho público, es decir, un organismo con reconocimiento legal que agrupa a profesionales de un mismo sector. Su aprobación responde a que, según la legislación autonómica, la única forma de constituir un colegio profesional en Madrid es mediante una ley de la Asamblea.

¿A quién afecta? Afecta a los profesionales del turismo que cuenten con una titulación oficial reconocida en el ámbito de esta actividad y ejerzan su profesión en la Comunidad de Madrid. La adscripción al colegio es voluntaria, por lo que nadie está obligado a colegiarse para ejercer, pero quienes deseen integrarse deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos.

¿Qué cambia o establece? Crea una organización formal que representa y defiende los intereses de los profesionales del turismo, establece normas deontológicas para el ejercicio de la profesión y actúa como interlocutor ante las administraciones públicas. El legislador justifica su creación en el peso estratégico del turismo en la economía madrileña, el crecimiento en volumen y complejidad del sector, y la necesidad de garantizar calidad y rigor en los servicios que estos profesionales prestan a ciudadanos y consumidores.

¿Qué es? Es una ley de la Comunidad de Madrid que modifica la normativa que regula el transporte urbano en su territorio, concretamente para completar las reglas aplicables a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), es decir, los coches contratados a través de aplicaciones como Uber o Cabify. Su entrada en vigor se produjo al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

¿A quién afecta? Afecta a las empresas y conductores que operan vehículos de alquiler con conductor (VTC) realizando trayectos urbanos dentro de la Comunidad de Madrid, tanto si tienen autorización autonómica como si tienen autorización estatal pero están domiciliados en Madrid. También afecta a los usuarios de estos servicios y a los titulares de licencias de taxi, en la medida en que la ley regula la convivencia entre ambos tipos de transporte.

¿Qué cambia o establece? La principal novedad es que incorpora un régimen sancionador específico para los VTC, ya que la ley anterior los regulaba pero no contemplaba multas para quienes incumplieran las obligaciones, lo que impedía sancionar infracciones. Además, aclara que la competencia sobre los VTC corresponde en todo caso a la Comunidad de Madrid y no a los municipios; permite que, en situaciones excepcionales de alta demanda, se fije un límite máximo al incremento de precios; y mantiene la regla de que no podrán concederse nuevas autorizaciones VTC si su número supera la proporción de una por cada treinta licencias de taxi domiciliadas en Madrid.

¿Qué es? Es una resolución de la Dirección General de Tráfico que modifica las restricciones de circulación en la carretera CO-04, el tramo que va de Covadonga a los Lagos de Covadonga (Asturias), actualizando el calendario y las condiciones de acceso ya establecidos para el año 2023.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier conductor que quiera circular por la carretera CO-04 (kilómetros 0 al 12,5) en los días y horarios restringidos. Quedan excluidos de la restricción los ciclistas, los vehículos autorizados, los participantes en pruebas deportivas y otras actividades con autorización, así como los autobuses con clasificación ambiental Euro IV o superior, que sí pueden acceder.

¿Qué cambia o establece? Amplía y concreta los periodos en que está restringido el acceso a los Lagos de Covadonga para los vehículos privados en general. Las restricciones se aplican en fechas concretas de abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre, y de forma continua entre el 1 de junio y el 15 de octubre (salvo el 25 de julio y el 8 de septiembre), todo ello en horario de 00:00 a 24:00 horas. El motivo es proteger el entorno natural del Parque Nacional de Picos de Europa en los momentos de mayor afluencia de vehículos, garantizando además la seguridad vial. La resolución estuvo vigente durante 2023.