El Horno

¿Qué es? Se trata de un conjunto de decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes entre 2018 y 2019, que modifican varias reglas del sistema europeo de patentes. Concretamente, actualizan las condiciones para que los representantes de patentes puedan ser retirados del registro oficial, las sanciones que pueden imponérseles si incumplen sus obligaciones profesionales, la forma en que la Oficina Europea de Patentes envía notificaciones por correo, y el importe de las tasas que deben pagarse para solicitar y mantener una patente europea.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los agentes autorizados ante la Oficina Europea de Patentes, es decir, los profesionales que representan a inventores y empresas en los trámites de solicitud de patentes europeas. También afecta a cualquier persona física o jurídica que solicite, tramite o mantenga una patente europea, ya que las tasas que deben abonar a la Oficina quedan modificadas. De forma indirecta, tiene relevancia para inventores, empresas innovadoras y cualquier interesado en proteger sus invenciones a nivel europeo.

¿Qué cambia o establece? Las decisiones introducen tres cambios concretos con fechas de entrada en vigor distintas. Desde el 1 de enero de 2019, un agente autorizado puede ser excluido del registro si no paga su cuota anual en un plazo de cinco meses desde el momento en que esta se devenga, y las sanciones disciplinarias por incumplimiento ético se amplían para incluir advertencia, amonestación, multa de hasta 10 000 euros, exclusión temporal de hasta seis meses o exclusión indefinida. Desde el 1 de noviembre de 2019, todas las notificaciones que la Oficina envíe por correo postal deben realizarse mediante correo certificado. Además, se actualizan los importes de las tasas oficiales aplicables a la solicitud, búsqueda, designación y mantenimiento anual de patentes europeas, incluyendo sobretasas por solicitudes extensas o por solicitudes divisionales de generaciones sucesivas.

¿Qué es? El Real Decreto 812/2023, de 8 de noviembre, modifica la norma que regula las ayudas del sector del vino en España dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC). Su principal novedad es autorizar al Director General de Producciones y Mercados Agrarios para que pueda poner en marcha, de forma rápida, medidas excepcionales de emergencia en el sector vitivinícola cuando la Unión Europea lo permita en situaciones de crisis.

¿A quién afecta? Afecta a los productores y bodegas del sector vitivinícola español, especialmente a quienes elaboran vinos tintos y rosados en regiones con excedentes acumulados y dificultades de venta. También implica a las administraciones públicas encargadas de gestionar las ayudas agrarias, incluyendo las comunidades autónomas y el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).

¿Qué cambia o establece? La norma habilita a un cargo de la Administración General del Estado para aplicar con agilidad medidas extraordinarias —como la destilación de crisis, que consiste en retirar del mercado vino sin salida comercial para convertirlo en alcohol— cuando la normativa europea lo autorice en situaciones de urgencia, sin necesidad de tramitar una nueva ley. Además, introduce dos correcciones técnicas menores: una para que el FEGA pueda prestar apoyo informático y financiero a las comunidades autónomas en la gestión de ayudas europeas, y otra para corregir un error de omisión en una norma anterior sobre organizaciones de frutas, hortalizas y vino, garantizando un trato igualitario independientemente del régimen jurídico al que estén acogidas.

¿Qué es? Es la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 4/2023 de Galicia, que regula la ordenación y gestión del litoral gallego. El recurso fue interpuesto el 11 de octubre de 2023 y admitido el 6 de noviembre de 2023.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Comunidad Autónoma de Galicia y a todas las personas, empresas e instituciones cuyas actividades estén reguladas por los preceptos impugnados de esa ley: sectores de pesca marítima en aguas exteriores, marina mercante, gestión del dominio público marítimo-terrestre, lucha contra la contaminación marina y ordenación del litoral en general.

¿Qué cambia o establece? Desde la interposición del recurso (11 de octubre de 2023), quedan suspendidos la vigencia y aplicación de todos los artículos y apartados concretos impugnados: para las partes del proceso, desde esa fecha; para los ciudadanos en general, desde la publicación de este anuncio en el BOE. Esto significa que, mientras el Tribunal Constitucional resuelve el fondo del asunto, esos preceptos de la ley gallega no pueden aplicarse, ya que el presidente del Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución, que permite suspender automáticamente las normas autonómicas recurridas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 17 de octubre de 2023 que establece las reglas para identificar, registrar y hacer seguimiento (trazabilidad) de determinados animales terrestres que viven en cautividad en España. Su objetivo es adaptar la normativa española a las nuevas exigencias de la Unión Europea en materia de sanidad animal, y unificar en un solo texto las normas que antes estaban dispersas en varias disposiciones distintas.

¿A quién afecta? Afecta a los titulares de explotaciones o establecimientos que tengan animales terrestres en cautividad de las especies reguladas: bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, équidos, aves de corral, lepóridos (conejos) y abejas, y también, por primera vez, a quienes tengan camélidos, cérvidos, especies peleteras y psitácidas (loros y similares). Las asociaciones de criadores de équidos registrados también se ven afectadas, ya que pasan a ser responsables de emitir los pasaportes de esos animales.

¿Qué cambia o establece? Se introducen varias novedades: la identificación electrónica para el ganado bovino, con un nuevo código que evita duplicidades; el documento de identificación de los bovinos dejará de ser obligatorio en desplazamientos nacionales tras un periodo transitorio de cinco años, y solo será necesario si el animal viaja a otro país de la UE. Se fijan plazos concretos para comunicar nacimientos, muertes o cambios en los datos: siete días para bovinos y tres meses para ovinos, caprinos, camélidos y cérvidos. Además, se establece que los animales sin identificación correcta podrán ser considerados un riesgo grave para la salud pública y animal, lo que puede dar lugar a medidas cautelares por parte de las autoridades competentes.

¿Qué es? Es un acuerdo internacional firmado entre España y las Naciones Unidas el 22 de junio de 2022 en Nueva York, mediante el cual se establece en Madrid una oficina de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT). La resolución publicada confirma que dicho acuerdo entró en vigor el 2 de noviembre de 2023.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al Estado español y a las Naciones Unidas como partes firmantes, así como al personal y las actividades de la oficina que operará en territorio español. Indirectamente, concierne a los ciudadanos y autoridades españolas en la medida en que una sede internacional de estas características se instala en Madrid.

¿Qué cambia o establece? Establece formalmente la presencia en Madrid de una oficina de programas de la OLCT, dotándola de base jurídica internacional. La resolución no introduce nuevas obligaciones, sino que comunica la fecha oficial de entrada en vigor del acuerdo —15 días después de que ambas partes completaron los trámites formales exigidos— y completa la publicación iniciada en el Boletín Oficial del Estado del 7 de julio de 2022.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 30 de octubre de 2023 que regula la entrega directa de subvenciones públicas a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos con representación en el Congreso o el Senado. Estas ayudas cubren los gastos de funcionamiento que dichas entidades tienen al desarrollar actividades de estudio y reflexión sobre política, sociedad y cultura.

¿A quién afecta? Afecta a las fundaciones y asociaciones ligadas a los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales que obtuvieron escaños en las Elecciones Generales del 23 de julio de 2023. El dinero que recibe cada entidad depende directamente de los resultados electorales de su partido en esos comicios: a más representación parlamentaria, mayor subvención.

¿Qué cambia o establece? Establece que estas subvenciones se conceden de forma directa —sin concurso público abierto— porque la propia ley lo permite cuando existen razones de interés público que hacen impracticable la convocatoria ordinaria. En este caso, el criterio de reparto es la representación parlamentaria, lo que hace incompatible el procedimiento competitivo habitual. Las entidades beneficiarias quedan sometidas al control del Tribunal de Cuentas, que fiscalizará tanto las aportaciones recibidas como los gastos derivados de las actividades financiadas con fondos públicos.

¿Qué es? Es una modificación (Adenda n.º 1) al acuerdo firmado en diciembre de 2022 entre España, Francia y la empresa Línea Figueras Perpignan S.A. para gestionar y mantener el tramo ferroviario de alta velocidad que une Figueres (España) con Perpiñán (Francia), incluyendo el túnel del Pertús. Esta adenda ajusta la distribución anual de los pagos previstos en ese acuerdo, sin alterar el resto de sus condiciones.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los Gobiernos de España y Francia, como partes financiadoras, y a la sociedad Línea Figueras Perpignan S.A., empresa participada por los administradores ferroviarios ADIF (España) y SNCF Réseau (Francia), que es la encargada de operar y mantener ese tramo internacional. De forma indirecta, también afecta a los operadores ferroviarios y pasajeros que utilizan esta línea de alta velocidad entre ambos países.

¿Qué cambia o establece? La adenda redistribuye el calendario de pagos anuales que España y Francia deben realizar a la sociedad gestora para cubrir sus necesidades de financiación a corto plazo. El importe máximo total del acuerdo se mantiene en 9.200.000 euros (4.600.000 euros por cada país), pero se reasignan las cantidades año a año: se aumentan los pagos de 2023 y 2024, y se reducen los de 2025 y 2026. Este ajuste responde a las pérdidas de ingresos sufridas por la empresa debido a la suspensión de servicios de Renfe entre España y Francia, las huelgas en Francia y las cancelaciones de trenes alemanes, todos ellos hechos ocurridos en 2023 y ajenos al control de la sociedad.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado en octubre de 2023, que regulaba las ayudas a las organizaciones profesionales del sector pesquero y acuícola. Se detectó un error tipográfico en el texto publicado y esta norma lo subsana oficialmente.

¿A quién afecta? Afecta a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y la acuicultura, así como a quienes aplican o interpretan la normativa sobre ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

¿Qué cambia o establece? Corrige un único dato en la disposición final cuarta del Real Decreto 786/2023: donde el texto publicado decía "de 2024", debe leerse "de 2023". Se trata exclusivamente de rectificar ese año mal impreso, sin ningún otro cambio de contenido.

¿Qué es? El Real Decreto 779/2023, de 10 de octubre, es una norma del Gobierno de España que establece qué enfermedades de los animales son de declaración obligatoria y cómo deben comunicarse cuando se detectan. Sustituye a la normativa anterior (Real Decreto 526/2014) para adaptarse a la nueva legislación de la Unión Europea y a los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las administraciones públicas: las comunidades autónomas son responsables de detectar y comunicar los brotes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que a su vez los notifica a la UE y a organismos internacionales. De forma indirecta, afecta a los sectores ganaderos y de producción animal, ya que la norma regula cómo se gestionan oficialmente los brotes de enfermedades en sus animales.

¿Qué cambia o establece? La norma fija la lista de enfermedades animales de declaración obligatoria y los plazos estrictos para comunicarlas: en 24 horas para enfermedades emergentes o primeros brotes de enfermedades prioritarias, y a más tardar el primer día laborable de cada semana para los brotes secundarios confirmados la semana anterior. Todo ello siguiendo los procedimientos y formatos exigidos por los reglamentos europeos vigentes, garantizando que la información llegue de forma homogénea a la UE y a la OMSA.

¿Qué es? Es el documento con el que España ratifica formalmente el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, firmado originalmente en Tromsø (Noruega) en 2009. Mediante este instrumento, firmado por el Rey Felipe VI el 9 de junio de 2023, España acepta obligarse por las normas de ese convenio internacional, que reconoce el derecho de cualquier persona a consultar documentos en poder de las administraciones públicas.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona que quiera solicitar documentos a organismos públicos: gobiernos, administraciones nacionales, regionales y locales, así como órganos legislativos y judiciales cuando ejercen funciones administrativas. También obliga a las propias administraciones españolas a respetar ese derecho de acceso conforme a los principios del convenio.

¿Qué cambia o establece? El convenio establece como principio general que todos los documentos públicos son accesibles, salvo excepciones justificadas. Al ratificarlo, España introduce tres reservas: los documentos con secreto estadístico, los que contienen información tributaria gestionada por las administraciones fiscales, y los que incluyen datos obtenidos por la Seguridad Social permanecen reservados y no pueden cederse a terceros salvo en los casos previstos por la ley. Además, España declara que las comunicaciones con la Familia Real también pueden quedar limitadas, y que la protección de datos personales forma parte de las salvaguardas reconocidas por el convenio.

¿Qué es? Es una ley de Castilla-La Mancha que modifica las reglas sobre cómo se gestiona el mandato de los senadores que esta comunidad autónoma designa para representarla en el Senado nacional.

¿A quién afecta? Afecta a los senadores designados por las Cortes de Castilla-La Mancha para representar a esta comunidad en el Senado, y de forma indirecta a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que quedan garantizados de tener representación continua en la Cámara Alta.

¿Qué cambia o establece? Antes, el mandato de estos senadores terminaba al acabar la legislatura de las Cortes de Castilla-La Mancha, lo que podía dejar a la comunidad sin representación en el Senado durante un tiempo. La ley corrige esto estableciendo tres situaciones: si la legislatura autonómica termina antes que la del Senado, los senadores designados continúan en su cargo hasta que los nuevos tomen posesión; si es el Senado el que termina su legislatura antes, los mismos senadores ya elegidos siguen ejerciendo el cargo con unas nuevas credenciales, sin necesidad de repetir la votación. Así se garantiza que Castilla-La Mancha esté representada en el Senado en todo momento, sin interrupciones.

¿Qué es? Es una resolución administrativa que crea el procedimiento oficial para pagar por internet la tasa que se cobra a quienes tienen reservada una parte del espacio radioeléctrico (las frecuencias de radio, televisión, telefonía móvil u otros usos inalámbricos). El pago se realiza a través del formulario modelo 990 accesible desde la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, conectada con la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria.

¿A quién afecta? Afecta a las personas físicas o jurídicas que tengan concedida una reserva de frecuencias del dominio público radioeléctrico y estén obligadas a pagar la tasa correspondiente. En la práctica, esto incluye principalmente a empresas operadoras de telecomunicaciones, emisoras de radio o televisión y otros titulares de licencias de uso del espectro radioeléctrico.

¿Qué cambia o establece? Hasta esta resolución no existía un cauce telemático oficial para abonar esta tasa. A partir de su entrada en vigor (veinte días después de su publicación en el BOE), los obligados al pago pueden elegir entre hacerlo por internet, identificándose con su NIF y un certificado electrónico válido y cargando el importe en cuenta bancaria o tarjeta, o bien seguir pagando de forma presencial en las entidades bancarias colaboradoras. Si el pago online se completa con éxito, la Agencia Tributaria genera un Número de Referencia Completo (NRC) que sirve como justificante oficial del ingreso.

¿Qué es? Es una resolución adoptada por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional el 13 de mayo de 2021 que introduce una enmienda al Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS). Este código regula los requisitos técnicos de los equipos y dispositivos que deben llevar los buques para garantizar la seguridad de las personas a bordo en caso de emergencia. La enmienda entró en vigor el 1 de enero de 2024, tanto a nivel internacional como para España.

¿A quién afecta? Afecta a los Estados que han firmado el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), y en particular a los organismos y empresas responsables del diseño, construcción, inspección y operación de buques mercantes que deben cumplir con los requisitos técnicos del Código IDS. En la práctica, esto incluye a armadores, constructores navales y autoridades marítimas competentes.

¿Qué cambia o establece? La enmienda modifica el requisito técnico contenido en el apartado 4.4.1.3.2 del Código IDS, referido a los botes salvavidas. El nuevo texto establece que los botes salvavidas deben poder ser puestos a flote y remolcados cuando el buque esté navegando a una velocidad de hasta 5 nudos en aguas tranquilas, con la excepción de los botes salvavidas de caída libre, que quedan excluidos de esta exigencia concreta.

¿Qué es? Es una resolución adoptada por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional el 13 de mayo de 2021, que introduce una modificación técnica en el Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI). Este código establece los requisitos obligatorios que deben cumplir los buques en materia de protección contra incendios, y su cumplimiento es exigible en virtud del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS).

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los propietarios, armadores y constructores de buques de carga y de buques de pasaje, así como a las administraciones marítimas de los países firmantes del Convenio SOLAS, entre ellos España. En la práctica, son los responsables técnicos y de seguridad de estos buques quienes deben asegurarse de que los sistemas de detección de incendios a bordo cumplen con los nuevos requisitos. Entró en vigor el 1 de enero de 2024.

¿Qué cambia o establece? La enmienda introduce una excepción técnica en los requisitos de los sistemas de detección de incendios con identificación individual de detectores. Concretamente, permite que en buques de carga y en los balcones de camarotes de buques de pasaje no sea obligatorio instalar un módulo aislador en cada detector, siempre que el sistema esté diseñado de forma que una posible avería no inutilice más detectores de los que quedarían afectados en un sistema tradicional de detección por secciones. En resumen, se flexibiliza un requisito de instalación sin reducir el nivel de seguridad exigido.

¿Qué es? Es una resolución de la Organización Marítima Internacional (OMI) que introduce cambios técnicos en el Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (Código SSCI), que es el conjunto de normas obligatorias que regulan cómo deben funcionar los sistemas de protección contra incendios en los buques. Fue adoptada el 13 de junio de 2019 y entró en vigor el 1 de enero de 2024, también para España.

¿A quién afecta? Afecta a los Estados firmantes del Convenio SOLAS (Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar), entre ellos España, y en la práctica a los constructores, armadores y operadores de buques que deben cumplir las especificaciones técnicas del Código SSCI en materia de sistemas de gas inerte a bordo.

¿Qué cambia o establece? Las enmiendas modifican tres aspectos concretos del capítulo dedicado a los sistemas de gas inerte. Primero, aclaran que el colector principal de gas inerte puede dividirse en dos o más ramales aguas abajo de los dispositivos de retención. Segundo, establecen los requisitos exactos de la conexión exterior de abastecimiento de gas inerte, especificando que debe ser una brida empernada de 250 mm de diámetro, aislada por una válvula y compatible con las conexiones externas del sistema de tuberías de carga del buque. Tercero, precisan que los instrumentos de medición deben indicar y registrar de forma continua tanto la presión en los colectores como el contenido de oxígeno del gas inerte mientras este se esté suministrando.

¿Qué es? Es una enmienda al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), adoptada el 30 de enero de 2009 y en vigor para España desde el 27 de junio de 2012. Modifica la forma en que se calculan los votos de cada país miembro dentro del Banco.

¿A quién afecta? Afecta a todos los países miembros del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, incluida España. Son los Estados los que participan en este organismo internacional y los que ven modificado su peso en la toma de decisiones del Banco.

¿Qué cambia o establece? Cambia la fórmula de cálculo del poder de voto de cada país miembro. Antes, los votos dependían casi exclusivamente del capital aportado. Con la enmienda, el total de votos de cada miembro se compone de dos partes: los "votos básicos", que se reparten en partes iguales entre todos los países miembros y representan el 5,55% del total global de votos, y los "votos accionarios", que siguen asignándose según las acciones de capital que posee cada miembro. El objetivo es que los países con menos capital tengan una voz mínima garantizada, reduciendo la desproporción entre países grandes y pequeños.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 17 de octubre de 2023 que pone en marcha en España las medidas de emergencia aprobadas por la Unión Europea para hacer frente a los daños causados por la sequía y otros fenómenos meteorológicos adversos ocurridos en la primavera de 2023, así como a la crisis del mercado del vino. Sirve como instrumento legal que traslada al ordenamiento nacional una serie de reglamentos europeos que flexibilizan temporalmente las normas del sector agrícola para ese año.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los agricultores y productores de los sectores de frutas y hortalizas y del vino. Más concretamente, tiene impacto directo sobre las organizaciones de productores y sus asociaciones que gestionan programas operativos de ayuda, y sobre los viticultores que disponían de autorizaciones de plantación de viñedo que vencían en 2023 y no pudieron utilizarlas debido a las condiciones meteorológicas.

¿Qué cambia o establece? La norma permite a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas modificar o no ejecutar completamente sus programas operativos anuales sin perder por ello la financiación europea, y redirigir los fondos disponibles hacia medidas de gestión de la crisis. En el sector vitivinícola, prorroga la validez de las autorizaciones de plantación de viñedo que expiraban en 2023 para que los viticultores no pierdan sus derechos por no haber podido plantar en el momento adecuado. Además, habilita medidas excepcionales de mercado para el sector del vino, como la posibilidad de financiar destilaciones de crisis ante la acumulación de existencias y la caída del consumo.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un texto legal ya publicado: el Código Internacional de Seguridad para naves de gran velocidad (Código NGV 2000), que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en diciembre de 2002. Esta resolución no cambia la norma de fondo, sino que rectifica tres erratas concretas que aparecieron en aquella publicación.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los sectores técnicos y profesionales vinculados a la construcción, inspección y operación de naves de gran velocidad: ingenieros navales, armadores, autoridades marítimas e inspectores de seguridad que aplican este Código en su trabajo. Para el ciudadano común, su impacto es indirecto, aunque estas embarcaciones se usan en líneas de pasajeros como ferrys rápidos.

¿Qué cambia o establece? Se corrigen tres erratas puntuales: primero, en el apartado sobre protección contra incendios se precisa que los accesos son "a los puestos de lucha contra incendios" y no solo "para la lucha contra incendios". Segundo, se corrige el intervalo máximo de una revisión técnica, que es de cuatro años y no de cinco como indicaba el texto erróneo. Tercero, se rectifica una fórmula matemática para el cálculo de presión dinámica, eliminando unas comillas incorrectas en la variable. Ninguna de estas correcciones introduce nuevas obligaciones; simplemente fijan el texto correcto que debe aplicarse.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 17 de octubre de 2023 que modifica varias normas anteriores sobre las organizaciones profesionales del sector pesquero y acuicultor en España. Actualiza el marco de ayudas económicas que reciben estas organizaciones, adaptándolo a los nuevos reglamentos europeos sobre fondos marítimos y de pesca vigentes desde 2021.

¿A quién afecta? Afecta a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y la acuicultura: las organizaciones de productores pesqueros (OPP), las asociaciones de organizaciones de productores (AOP) y las organizaciones interprofesionales del sector pesquero (OIP). También afecta a las administraciones públicas que gestionan estas ayudas, ya que la norma busca armonizar criterios entre todas ellas.

¿Qué cambia o establece? Introduce varias modificaciones concretas: mantiene de forma permanente el límite máximo del 12 % de ayuda para los planes de producción y comercialización, un porcentaje que se había elevado provisionalmente durante la crisis del COVID-19. Además, hace obligatoria la concesión de anticipos a los beneficiarios —antes era opcional— para que las organizaciones tengan liquidez suficiente para ejecutar sus actividades. También fija nuevos criterios específicos para incentivar determinadas actividades, con el objetivo de unificar las reglas entre las distintas administraciones y facilitar su comprensión por parte de los beneficiarios. Todo ello se enmarca en una cofinanciación europea del 70 % a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.

¿Qué es? Es una orden ministerial de Defensa que modifica una norma anterior de 2020 sobre cómo se organiza internamente el Estado Mayor de la Defensa, el órgano que dirige militarmente a las Fuerzas Armadas españolas. La modificación actualiza la estructura de mandos militares para adaptarla a los nuevos retos de seguridad.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a la organización interna de las Fuerzas Armadas españolas, en particular al Estado Mayor de la Defensa y a sus unidades dependientes. No genera obligaciones ni cambios directos para la ciudadanía en general.

¿Qué cambia o establece? La norma realiza cuatro cambios principales. Primero, divide el antiguo Mando Componente Aeroespacial y el Mando Operativo Aeroespacial en dos mandos separados cada uno: uno dedicado al ámbito aéreo y otro específico para el espacio exterior, reflejando la creciente importancia estratégica del espacio ultraterrestre. Segundo, eleva el rango del Mando Componente del Ciberespacio, equiparándolo a los mandos de mayor nivel, en reconocimiento del peso creciente del ciberespacio en las operaciones militares. Tercero, incorpora formalmente a la estructura del Mando Conjunto del Ciberespacio dos unidades ya existentes: la recién creada Escuela Militar de Ciberoperaciones y la Jefatura de Apoyo CIS al Estado Mayor de la Defensa. Cuarto, actualiza denominaciones internas, como sustituir "Órganos de Gestión Económica y Financiera" por "Jefatura de Asuntos Económicos".

¿Qué es? Es una resolución del Tribunal Constitucional (en concreto, un auto de su Pleno) que decide mantener suspendida una parte de una ley de la Comunidad de Madrid mientras se resuelve un recurso de inconstitucionalidad presentado contra ella.

¿A quién afecta? Afecta a la Comunidad de Madrid y, en particular, a la puesta en marcha de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, cuya creación está regulada en la ley impugnada. También afecta a las personas adultas con discapacidad que dependerían de dicha agencia.

¿Qué cambia o establece? Confirma que la disposición adicional segunda de la Ley madrileña 1/2023 sigue suspendida, es decir, no puede aplicarse ni producir efectos. Esa suspensión había comenzado automáticamente cuando el Gobierno central admitió el recurso de inconstitucionalidad en junio de 2023; con este auto, el Tribunal decide expresamente que dicha suspensión continúa vigente mientras el recurso sigue su curso.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 10 de octubre de 2023 que modifica dos normas anteriores de 2015 sobre ayudas económicas del Estado relacionadas con la sanidad animal en el sector ganadero. Su objetivo es actualizar esas normas para adaptarlas a cambios en la legislación europea sobre ayudas públicas y a cambios en la ley española de subvenciones.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG), que son asociaciones de ganaderos que trabajan juntos para prevenir y controlar enfermedades en sus animales. También afecta a las comunidades autónomas, que gestionan y convocan estas ayudas, y de forma indirecta a ganaderos que hayan sufrido el vaciado de su explotación por enfermedades graves como la tuberculosis bovina, la brucelosis o la lengua azul.

¿Qué cambia o establece? Introduce tres cambios principales. Primero, permite que las ADSG soliciten las subvenciones después de haber realizado las actuaciones sanitarias (antes debían pedirlas antes de empezar), lo que evitaba pérdidas de presupuesto por errores de cálculo previo. Segundo, permite que las comunidades autónomas que financien estas ayudas íntegramente con sus propios presupuestos puedan usar un sistema de concesión distinto al de concurrencia competitiva, según su propia normativa. Tercero, introduce ajustes técnicos en ambas normas de 2015 para cumplir con nuevos requisitos sobre el origen de los fondos y la publicidad de la financiación estatal.

¿Qué es? Es un acuerdo firmado en septiembre de 2023 entre el Ministerio del Interior de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España. Su base legal es el Acuerdo Marco de Cooperación entre España y ACNUR firmado en 2002, y su objeto es formalizar y financiar la participación del ACNUR en el procedimiento español de reconocimiento de protección internacional, tal como prevé la Ley de Asilo de 2009.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las personas que solicitan protección internacional en España, ya que el acuerdo refuerza la presencia del ACNUR como garantía independiente dentro del procedimiento de asilo. También afecta a ambas instituciones firmantes: el Ministerio del Interior, que gestiona y financia el acuerdo, y la Oficina del ACNUR en España, que asume los compromisos de participación y rendición de cuentas.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo establece que el Ministerio del Interior financiará con 290.850 euros la presencia de cinco especialistas del ACNUR en protección internacional y una consultoría especializada de seis meses, destinada a mejorar el acceso al procedimiento de asilo y su calidad. El ACNUR deberá justificar documentalmente los gastos en el primer trimestre de 2024 y devolver cualquier remanente no utilizado. Se crea además una Comisión de Seguimiento conjunta para supervisar el cumplimiento del acuerdo.

¿Qué es? Es una instrucción dictada por la Junta Electoral Central el 5 de octubre de 2023 para aclarar cómo deben organizarse las elecciones locales parciales convocadas para el 26 de noviembre de 2023. Su objetivo es resolver dudas sobre qué órganos electorales son competentes y cómo aplicar la normativa electoral general a este proceso concreto.

¿A quién afecta? Afecta a los municipios en los que no se presentaron candidaturas en las elecciones del 28 de mayo de 2023, a aquellos donde esas elecciones fueron anuladas total o parcialmente por sentencia firme o acuerdo electoral, y a los municipios con régimen de concejo abierto en esas mismas circunstancias. También incluye entidades locales menores de Cantabria, Castilla y León y Navarra en situación similar, así como el concejo navarro de Iratxeta, donde únicamente se repite el acto de votación.

¿Qué cambia o establece? La instrucción fija que las Juntas Electorales Provinciales y de Zona competentes serán las ya constituidas para las elecciones generales del 23 de julio de 2023, y que se usará el mismo censo, las mismas secciones, locales y miembros de mesa que en mayo de 2023, sin abrir un nuevo período de rectificación del censo. En los casos en que solo se repite la votación por anulación, concurrirán las mismas candidaturas ya proclamadas, sin reparto de espacios en medios públicos ni necesidad de nuevas papeletas si hay suficientes de las anteriores. Además, establece que estas elecciones parciales no generan derecho a percibir el anticipo de subvenciones electorales previsto en la ley.

¿Qué es? Es la ley que aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía para el período 2023-2029. Este plan es el instrumento oficial que organiza y dirige toda la actividad estadística y cartográfica de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante ese período. Su aprobación mediante ley es un requisito establecido por la propia normativa andaluza de estadística.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de organismos y entidades que forman parte del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, así como a las Administraciones públicas andaluzas que generan, usan o comparten datos estadísticos y geoespaciales. Sus efectos alcanzan también a la ciudadanía, las empresas y cualquier persona o entidad que utilice información estadística o cartográfica producida por la Junta de Andalucía.

¿Qué cambia o establece? Fija el marco de actuación estadística y cartográfica de Andalucía hasta 2029, dando continuidad y actualización al plan anterior (2013-2020). Establece las estrategias para integrar información estadística y geoespacial en el entorno digital, mejorar la calidad y accesibilidad de los datos, fomentar su reutilización por parte de ciudadanos, empresas y administraciones, y responder a nuevos retos como la medición de la despoblación, el cambio climático, la economía digital o el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

¿Qué es? Es la comunicación oficial de que la Enmienda del Protocolo de Montreal, acordada en Kigali el 15 de octubre de 2016, ha entrado en vigor definitivamente para España el 7 de septiembre de 2023. Esta enmienda es un acuerdo internacional que amplía el Protocolo de Montreal, tratado global dedicado a proteger la capa de ozono.

¿A quién afecta? Afecta a España como Estado parte del acuerdo internacional, así como al conjunto de países firmantes que se listan en el texto. Con carácter general, involucra a todos los sectores económicos y actividades reguladas por el Protocolo de Montreal, es decir, aquellos que producen, importan, exportan o utilizan las sustancias contempladas en el tratado.

¿Qué cambia o establece? La principal consecuencia es que España deja de aplicar la enmienda de forma provisional —como venía haciendo desde el 8 de noviembre de 2021— para pasar a estar plenamente vinculada por ella con carácter definitivo. La enmienda entró en vigor de manera general el 1 de enero de 2019, pero los cambios relativos al control del comercio con países que no sean parte del acuerdo no serán exigibles hasta el 1 de enero de 2033, tal como prevé el propio texto.

¿Qué es? Es una corrección oficial de errores de un Real Decreto aprobado en julio de 2023 que regula cómo el Estado concede subvenciones directamente a fundaciones públicas de Aragón dedicadas a la investigación. Al detectarse dos fechas incorrectas en el texto publicado, se publica esta rectificación para dejar constancia de cuáles son los datos correctos.

¿A quién afecta? Afecta a las fundaciones del sector público aragonés que trabajan en el ámbito de la investigación y que son beneficiarias o posibles beneficiarias de estas subvenciones directas del Estado. También afecta a los gestores y organismos responsables de tramitar y supervisar dichas ayudas.

¿Qué cambia o establece? Se corrigen dos fechas erróneas en el artículo 11, apartado 2: donde el texto decía que cierto trámite debía realizarse antes del 31 de marzo de 2024, ahora debe leerse antes del 31 de marzo de 2025; y donde se hacía referencia al 30 de junio de 2023 como fecha límite en otro apartado, la fecha correcta es el 30 de junio de 2024. No se modifica ningún otro contenido del Real Decreto original.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por la que se aprueba la creación y puesta en circulación de una serie de monedas de colección conmemorativas del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso, ocurrido en 1973. La serie ha sido elaborada con la colaboración de la Comisión Nacional para conmemorar ese aniversario y de Acción Cultural Española.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que es el organismo encargado de acuñar y comercializar estas piezas. También interesa a coleccionistas y al público en general que desee adquirirlas, así como a los museos que custodian las obras de Picasso reproducidas en las monedas.

¿Qué cambia o establece? La orden autoriza para el año 2023 la emisión de ocho monedas cuadradas de plata de 999 milésimas y calidad Proof: dos piezas de 50 euros (60×60 mm, máximo 5.000 unidades cada una) y seis piezas de 10 euros (36×36 mm, máximo 10.000 unidades cada una). Cada moneda reproduce en su reverso una obra diferente de Picasso conservada en museos españoles, y en el anverso un retrato fotográfico del artista. Además, se permite a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre reservar hasta cinco ejemplares de cada pieza para sus fondos museológicos.

¿Qué es? El Real Decreto 773/2023 es una norma española que regula los coadyuvantes tecnológicos utilizados en la fabricación de alimentos. Los coadyuvantes tecnológicos son sustancias que se emplean durante el proceso de elaboración de un alimento para facilitar su obtención, pero que no forman parte del producto final o quedan en él en cantidades mínimas sin función alguna. Hasta ahora, estas sustancias estaban reguladas de forma dispersa en múltiples normas nacionales, muchas de ellas con más de 35 años de antigüedad, y esta norma las reúne en un único texto actualizado.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los operadores económicos del sector alimentario, es decir, a las empresas y profesionales que fabrican o transforman alimentos y que utilizan estas sustancias en sus procesos productivos. También afecta a las autoridades de control alimentario encargadas de supervisar que los productos cumplen la normativa. De forma indirecta, protege a los consumidores, ya que la norma busca garantizar que los alimentos producidos con estos coadyuvantes sean seguros.

¿Qué cambia o establece? La norma agrupa en un único listado oficial, recogido en su anexo I, todos los coadyuvantes tecnológicos autorizados en España, eliminando los que han caído en desuso e incorporando algunos que ya contaban con evaluaciones de seguridad pero carecían de base legal expresa. Establece también requisitos sobre las especificaciones técnicas y el etiquetado de estas sustancias. Para añadir nuevos coadyuvantes en el futuro, exige un informe favorable de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En los casos en que los alimentos o grupos de alimentos no estén recogidos en el anexo, los fabricantes deberán demostrar por su cuenta que el uso del coadyuvante es seguro.

¿Qué es? Es un Real Decreto firmado por el Rey el 2 de octubre de 2023 que convoca elecciones locales parciales para el 26 de noviembre de 2023. Se trata de una convocatoria extraordinaria, distinta a las elecciones municipales ordinarias, que se celebra en un número reducido de municipios concretos por razones específicas previstas en la ley.

¿A quién afecta? Afecta únicamente a los vecinos con derecho a voto de los municipios incluidos en los anexos del decreto: 4 municipios de Burgos, 38 de Navarra, 1 de Segovia y 1 de Teruel (donde no se presentó ninguna candidatura el 28 de mayo de 2023), así como municipios de Almería, Guadalajara, Murcia, Ourense y Salamanca (donde ciertas mesas electorales fueron anuladas por sentencia o acuerdo electoral). En total se eligen concejales y, en su caso, alcaldes en municipios de régimen de concejo abierto.

¿Qué cambia o establece? El decreto fija el 26 de noviembre de 2023 como fecha para estas elecciones parciales y establece que la campaña electoral durará 15 días, del 10 al 24 de noviembre de 2023. Se convocan por dos motivos distintos: en unos municipios porque ningún partido o candidato se presentó a las elecciones del 28 de mayo de 2023, y en otros porque la votación en determinadas mesas fue declarada nula, por lo que solo se repite la elección en esas mesas o localidades concretas, conforme a lo que ordenó la sentencia o acuerdo correspondiente.