El Horno

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═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden APA/1398/2023, de 26 de diciembre, por la que se fija para el año 2024 la ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fija la renta de referencia para el año 2024 en 34.049,72 euros, según la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

2. CONTEXTO La Ley 19/1995 establece que el Ministerio debe determinar periódicamente la renta de referencia, siguiendo la normativa europea y considerando los datos de salarios del Instituto Nacional de Estadística. Esta orden se publica con efectos desde el 1 de enero de 2024.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden APA/1398/2023, de 26 de diciembre, fija la renta de referencia para el año 2024 en 34.049,72 euros. Esta determinación se realiza en cumplimiento de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, en su disposición final sexta. Según dicha norma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe realizar periódicamente la determinación de la renta de referencia, conforme al apartado 12 del artículo 2 de la mencionada Ley. Este apartado establece que la determinación se realizará de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta los datos de salarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La presente orden tiene efectos desde el 1 de enero de 2024, lo que significa que esta cifra será aplicable en todos los casos en los que se requiera la renta de referencia durante el año 2024. La renta de referencia es un parámetro clave en el cálculo de ayudas y subvenciones agrarias, así como en la evaluación de la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. Por tanto, su fijación tiene un impacto directo en el sector agrario y en la distribución de recursos públicos. La norma no establece un procedimiento detallado de cálculo, sino que se limita a fijar la cifra en base a los criterios previstos en la Ley y en la normativa europea. La fijación de la renta de referencia se realiza anualmente, lo que permite adaptarla a las condiciones económicas y salariales del país. La Orden APA/1398/2023 no introduce nuevos derechos ni obligaciones, sino que simplemente actualiza un parámetro previamente establecido. La norma se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor el día siguiente a su publicación, es decir, el 1 de enero de 2024. La fijación de la renta de referencia se realiza en el marco de la política agraria común de la Unión Europea, lo que refleja la integración del sistema agrario español en el marco europeo. La norma no establece sanciones ni responsabilidades por no cumplir con la renta de referencia, ya que esta cifra es un parámetro orientativo y no un límite legal. La fijación de la renta de referencia se basa en datos estadísticos y en criterios económicos, lo que implica una cierta flexibilidad en su aplicación. La norma no establece un plazo para la aplicación de la renta de referencia, sino que se aplica automáticamente a partir de la fecha indicada. La Orden APA/1398/2023 no modifica la normativa vigente, sino que la actualiza con base en los datos disponibles al momento de su publicación.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden APA/1398/2023 fija la renta de referencia para 2024 en 34.049,72 euros, en cumplimiento de la Ley 19/1995. Esta cifra entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y será aplicable en el sector agrario. La norma no introduce nuevos derechos, sino que actualiza un parámetro previamente establecido.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Fijación de la renta de referencia: Se establece en 34.049,72 euros para el año 2024. ⚠️ Aplicación desde el 1 de enero de 2024: La cifra entrará en vigor al inicio del año. 📋 Bases legales: Se basa en la Ley 19/1995 y en la normativa europea. ℹ️ Impacto sectorial: Afecta directamente al cálculo de ayudas y subvenciones agrarias.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 29 de diciembre de 2023 que modifica una norma anterior —el Real Decreto 830/2023, de 20 de noviembre— que regulaba la estructura y funciones de las Vicepresidencias del Gobierno de España.

¿A quién afecta? Afecta a la organización interna del Gobierno, concretamente a las Vicepresidencias. Su impacto directo es institucional y administrativo, aunque de forma indirecta concierne a cualquier ciudadano en la medida en que define quién ejerce qué funciones dentro del Ejecutivo.

¿Qué cambia o establece? El decreto hace dos cambios concretos sobre la norma de noviembre de 2023: primero, reescribe el artículo dedicado a la Vicepresidencia Primera para indicar, de forma genérica, que sus funciones serán las que le encomiende el Presidente del Gobierno; segundo, elimina el artículo 4 de aquella norma y renumera el artículo 5 como nuevo artículo 4. La norma entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? Es un decreto del Gobierno de las Illes Balears que establece oficialmente qué días son inhábiles a efectos administrativos durante el año 2024, es decir, los días que no cuentan para calcular los plazos en los trámites con la administración pública.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona o entidad que tenga un trámite administrativo en curso ante la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o ante las administraciones locales de su territorio, ya que determina qué días se cuentan —y cuáles no— cuando la administración mide los plazos para resolver, notificar o responder.

¿Qué cambia o establece? Fija como días inhábiles en toda la comunidad autónoma los sábados, domingos y doce festivos concretos: Año Nuevo (1 de enero), Epifanía (6 de enero), Día de las Illes Balears (1 de marzo), Jueves Santo (28 de marzo), Viernes Santo (29 de marzo), Lunes de Pascua (1 de abril), Día del Trabajo (1 de mayo), Asunción de la Virgen (15 de agosto), Fiesta Nacional (12 de octubre), Todos los Santos (1 de noviembre), Día de la Constitución (6 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre). Además, cada municipio tiene sus propias fiestas locales inhábiles según un anexo publicado previamente. En cuanto a la sede electrónica autonómica, solo son inhábiles esos doce festivos generales, pero no los festivos locales de cada municipio.

¿Qué es? El Real Decreto 1176/2023, de 27 de diciembre, es una norma del Gobierno de España que modifica una subvención concedida directamente a la Comunidad Autónoma de Canarias para ayudar a la isla de La Palma a recuperarse de la erupción volcánica de septiembre de 2021, que destruyó viviendas, tierras y negocios en la isla.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos, turistas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y trabajadores autónomos de la isla de La Palma, así como a la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la administración encargada de gestionar y distribuir estas ayudas.

¿Qué cambia o establece? La norma amplía los plazos para ejecutar varias medidas de apoyo que estaban a punto de vencer: extiende hasta el 30 de abril de 2024 el plazo de la campaña promocional turística y del bono turístico para gastar exclusivamente en La Palma, y amplía también el plazo del festival Starmus. Además, aumenta en 5.000.000 de euros la línea de ayudas al emprendimiento y la creación de empresas en la isla, y concreta en 10.000.000 de euros (en lugar del 50 % anterior) la cantidad que Canarias puede destinar a compensar las pérdidas de pymes y autónomos. Estos cambios se justifican porque las consecuencias del volcán persisten y han existido dificultades administrativas que impidieron ejecutar las medidas a tiempo.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 27 de diciembre de 2023 por el que el Gobierno concede directamente una subvención a la Asociación de Diseño Industrial ADI-FAD, una entidad sin ánimo de lucro que conecta el mundo del diseño con la industria. El dinero se destina a financiar un proyecto concreto: elaborar una guía y un directorio de materiales que ayuden a las empresas industriales a reducir y reutilizar sus residuos como parte de su transición hacia una producción más eficiente y sostenible.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas de la industria manufacturera española, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y microempresas, que representan el 99% de las empresas del sector y el 64% del empleo. El proyecto se centra en ramas industriales concretas como la fabricación de vehículos, productos de caucho y plásticos, material eléctrico, madera y corcho, muebles y productos metálicos, por ser sectores donde la gestión de residuos tiene un alto impacto económico y medioambiental.

¿Qué cambia o establece? La norma autoriza la concesión directa de esta subvención a ADI-FAD para que desarrolle una herramienta práctica —una guía con un directorio de materiales reciclables y reutilizables— basada en datos reales de empresas y casos de buenas prácticas. El objetivo es que las empresas, especialmente las pymes, dispongan de un recurso accesible que les permita incorporar criterios de ecodiseño, reducir residuos y reutilizarlos como materias primas, mejorando así su competitividad y contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea y de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

¿Qué es? Es un Real Decreto del Gobierno de España, aprobado el 27 de diciembre de 2023, que concede directamente una subvención al Ayuntamiento de Cardona (Barcelona) para financiar proyectos de reconversión industrial y social. Esta ayuda se otorga de forma directa, sin concurso competitivo, debido al interés público y la urgencia de la situación que atraviesa el municipio tras el declive de su actividad minera.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al municipio de Cardona y a su comarca, el Bages. Los beneficiarios directos son los vecinos y las empresas del municipio, especialmente quienes dependen del sector industrial y de servicios. La norma tiene en cuenta de forma particular a la población joven y activa que ha ido abandonando la localidad desde el cierre de la mina de potasa en 1992, así como a las empresas industriales de los sectores del plástico, la agroalimentación y la robótica presentes en la zona.

¿Qué cambia o establece? La norma habilita legalmente la entrega de fondos públicos al Ayuntamiento de Cardona para dos tipos de actuaciones concretas: la mejora de las infraestructuras y servicios del polígono industrial existente (La Cort I), que lleva desde 1993 sin actualizarse, y el desarrollo de un nuevo polígono industrial (La Cort II), con más de 200.000 m² y criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Las obras incluyen redes de saneamiento, agua potable, alumbrado, telecomunicaciones y electrificación, con el objetivo de atraer nuevas empresas, diversificar la economía local y frenar el despoblamiento del municipio.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 27 de diciembre de 2023 que crea setenta nuevas unidades judiciales en España, incluyendo treinta y seis juzgados nuevos, plazas de magistrado en órganos colegiados y una plaza de Juez o Jueza de Adscripción Territorial. Forma parte de un plan iniciado en 2020 para ampliar y mejorar la planta judicial del país.

¿A quién afecta? Afecta a toda la ciudadanía en general, ya que busca mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. De forma más directa, afecta a las personas que tienen o puedan tener asuntos judiciales pendientes en las provincias y localidades donde se crean los nuevos órganos, entre ellas Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia y otras. También afecta especialmente a las víctimas de violencia de género, al ampliar la jurisdicción de determinados Juzgados de Violencia sobre la Mujer a varios partidos judiciales.

¿Qué cambia o establece? Se crean sesenta y nueve nuevos juzgados y plazas judiciales, y una plaza de Juez o Jueza de Adscripción Territorial adscrita a Cataluña para refuerzos y sustituciones. Además, se transforman dos juzgados ya existentes: el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 de Córdoba pasa a ser Juzgado de Primera Instancia n.º 12, y el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Lleida pasa a ser Juzgado de lo Mercantil n.º 1. Con estas medidas se eliminan refuerzos externos que venían funcionando de forma prolongada en esas localidades, sustituyéndolos por órganos judiciales permanentes.

¿Qué es? Es un decreto-ley aprobado por la Junta de Extremadura el 14 de noviembre de 2023 que concede una ayuda económica directa a los ganaderos de bovino de la región que notificaron a la autoridad competente su sospecha de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) durante 2023. La EHE es una enfermedad transmitida por un insecto que afecta al ganado rumiante, no tiene tratamiento específico ni vacuna autorizada en la UE, y no afecta a las personas.

¿A quién afecta? Afecta a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones bovinas en Extremadura que, siguiendo el procedimiento establecido por la autoridad sanitaria autonómica, hayan notificado la sospecha de EHE en 2023. La notificación de esta enfermedad es una obligación legal tanto por normativa europea como por la Ley española de sanidad animal, y su cumplimiento es el requisito clave para acceder a la ayuda.

¿Qué cambia o establece? El decreto crea una línea de ayuda directa para compensar los gastos extraordinarios que los ganaderos tuvieron que asumir para controlar la EHE en sus explotaciones: fundamentalmente el gasto veterinario en tratamientos para aliviar los síntomas de los animales afectados y el coste de los tratamientos desinsectantes para combatir el mosquito transmisor. La medida responde a que la EHE, a diferencia de otras enfermedades animales importantes, no contaba con ningún apoyo económico público para su control, y su aparición agravó una situación ya crítica para el sector ganadero extremeño.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 27 de diciembre de 2023 que modifica varios reales decretos anteriores dictados para aplicar en España la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027. No cambia la estrategia de fondo aprobada por la Comisión Europea, sino que introduce ajustes técnicos menores surgidos del primer año de funcionamiento del nuevo sistema, para aclarar el texto de las normas y dar mayor seguridad jurídica a quienes gestionan explotaciones agrícolas.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a agricultores, ganaderos y titulares de explotaciones agrícolas que solicitan ayudas de la PAC en España, así como a cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. También afecta a los organismos que gestionan y controlan estas ayudas, como el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y las comunidades autónomas.

¿Qué cambia o establece? Introduce diversas modificaciones técnicas en los reales decretos que regulan los pagos directos, el sistema de control de ayudas y los derechos de ayuda básica. Entre los cambios concretos destacan: un tratamiento especial para que las cooperativas de explotación comunitaria accedan a la reserva nacional de derechos, la limitación de arrendamientos sin tierras, la tramitación electrónica de recursos ante decisiones sobre la reserva nacional, la ampliación del preaviso para controles ganaderos a 72 horas, y nuevas exigencias para declarar recintos inactivos o improductivos por primera vez. En conjunto, los cambios buscan simplificar trámites, reducir cargas administrativas a los agricultores y mejorar la aplicación práctica de las normas.

¿Qué es? Es un decreto-ley aprobado por el Gobierno de Canarias el 9 de octubre de 2023 que crea la figura de la Administración General del ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC), la radio y televisión pública autonómica de las Islas Canarias. Se trata de una medida de urgencia, adoptada mediante decreto-ley por la necesidad y rapidez que requería la situación.

¿A quién afecta? Afecta directamente al ente público RTVC y a sus sociedades dependientes, Televisión Pública de Canarias, S.A., y Radio Pública de Canarias, S.A., así como al personal que trabaja en ellas, especialmente el vinculado a los servicios informativos. De forma indirecta, afecta a toda la ciudadanía canaria como destinataria del servicio público de radio y televisión autonómica, declarado legalmente servicio necesario para la cohesión territorial de las islas.

¿Qué cambia o establece? Crea una Administración General como estructura de gestión de RTVC para hacer frente a una situación de bloqueo institucional que arrastra desde 2018, cuando el Consejo Rector del ente quedó sin el número mínimo de miembros y su presidencia quedó vacante, sin que desde entonces se hayan podido constituir los órganos ordinarios de gobierno ni aprobarse el mandato marco que debe fijar el modelo de los servicios informativos. Ante la imposibilidad de seguir prorrogando las soluciones provisionales adoptadas hasta la fecha, la norma establece esta administración con carácter temporal e interino para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público audiovisual y de los puestos de trabajo del sector, mientras no se normalice la situación institucional.

¿Qué es? Es una resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que da publicidad oficial, en cumplimiento de la ley, a las comunicaciones recibidas sobre tratados internacionales en los que España participa. Recoge los cambios, ratificaciones y declaraciones notificadas por otros países entre mayo y diciembre de 2023.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las relaciones entre Estados y no genera obligaciones directas para los ciudadanos españoles en su vida cotidiana. Sin embargo, tiene relevancia para quienes se vean implicados en disputas internacionales, en la aplicación de convenios de derechos humanos o en acuerdos de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

¿Qué cambia o establece? Se recogen varios hechos concretos: Irán reconoció la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia para determinadas disputas; Canadá actualizó su propia declaración de aceptación de esa misma jurisdicción, añadiendo una serie de excepciones; Eslovaquia e Irlanda ratificaron el acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC; y Turquía y Moldavia notificaron al Consejo de Europa la vigencia de sus respectivos estados de emergencia, con las suspensiones temporales de ciertos derechos que ello implica según el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 5 de diciembre de 2023 que modifica una norma anterior (Real Decreto 1042/2021) sobre una subvención pública concedida directamente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Su único objeto es ampliar los plazos de ejecución y de justificación de esa subvención, para adaptarlos a los nuevos compromisos asumidos por España ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la entidad beneficiaria de la subvención y la responsable de ejecutar y justificar las actuaciones financiadas. De forma indirecta, beneficia a las mujeres víctimas de violencia machista, incluidas víctimas de trata y explotación sexual, destinatarias finales de los servicios de atención telefónica y telemática que se financian con esa subvención.

¿Qué cambia o establece? La norma amplía el plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas hasta el 31 de diciembre de 2025, y el plazo de justificación de los gastos hasta una fecha posterior acorde con ese nuevo límite. Este cambio responde a la incorporación de un nuevo hito europeo (CID 472) que obliga a España a demostrar, antes de finales de 2025, la entrega de al menos 30.000 dispositivos de control de medidas de alejamiento, una nueva aplicación para víctimas y una plataforma de inteligencia artificial de apoyo, todo ello como condición para recibir el noveno desembolso de fondos europeos previsto para el primer semestre de 2026.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 19 de diciembre de 2023 que autoriza la entrega directa de subvenciones públicas para mejorar las instalaciones conocidas como "salas blancas" (espacios especiales de alta limpieza donde se fabrican chips, componentes electrónicos y dispositivos de nanotecnología). El dinero proviene de los fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

¿A quién afecta? Afecta directamente a dos centros de investigación públicos que recibirán las subvenciones: el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia (NTC-UPV) y la Central de Tecnología del Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) de la Universidad Politécnica de Madrid. Ambos forman parte de la red nacional de infraestructuras científicas singulares denominada MICRONANOFABS, que también está abierta al uso de empresas y la comunidad científica en general.

¿Qué cambia o establece? El decreto concede subvenciones concretas a esos dos centros para renovar y actualizar su maquinaria y equipamiento de micro y nanofabricación, incluyendo líneas de montaje, empaquetado y capacidades de análisis de materiales. Con ello se busca reforzar la industria española de semiconductores y microelectrónica, en línea con el PERTE Chip aprobado en 2022, y cumplir con el objetivo europeo de finalizar estos proyectos de infraestructura científica antes del tercer trimestre de 2026. Todas las actuaciones deben respetar el principio de no causar daño significativo al medio ambiente.

¿Qué es? Es un acuerdo firmado el 11 de diciembre de 2023 entre el Ministerio del Interior de España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de Naciones Unidas, para financiar y ejecutar proyectos conjuntos en materia de migración. Se enmarca en un acuerdo marco previo entre España y la OIM suscrito en 2009.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a migrantes en situación de vulnerabilidad que desean regresar voluntariamente a sus países de origen desde Marruecos, así como a las autoridades españolas encargadas de gestionar los flujos migratorios en las fronteras de España. Indirectamente, incumbe a ambas instituciones firmantes en cuanto a sus obligaciones financieras y operativas.

¿Qué cambia o establece? El Ministerio del Interior se compromete a transferir a la OIM un total de 496.535 euros en un único pago, dentro de los 15 días siguientes a la firma. De esa cantidad, 346.535 euros se destinan a un proyecto de retorno voluntario y reintegración de migrantes vulnerables desde Marruecos, y 150.000 euros al proyecto GEFMES IV, de apoyo a las autoridades españolas en la gestión de flujos migratorios. El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de prórroga, y la OIM administra los fondos conforme a sus propias normas internas, siendo la única responsable de la ejecución de los proyectos.

¿Qué es? Es un Real Decreto del Gobierno de España que autoriza la concesión directa de una subvención pública a la Fundación Mubil, entidad creada en 2019 por la Diputación Foral de Guipúzcoa, para financiar su laboratorio de investigación sobre tracción eléctrica e hidrógeno. Los fondos provienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que canaliza dinero europeo destinado a modernizar la economía española.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Fundación Mubil, que recibe el dinero, y al sector de la automoción y sus empresas proveedoras en el País Vasco y en España en general. De forma indirecta, puede repercutir en los trabajadores del sector del automóvil —que representa cerca del 9 % de la población activa y en torno al 8 % del PIB nacional— y en el conjunto de la ciudadanía, en la medida en que la transición hacia vehículos sin emisiones afecta al medio ambiente y al empleo.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Estado entrega esta subvención de forma directa —es decir, sin convocatoria pública ni concurrencia competitiva— porque considera que el proyecto de Mubil responde a una necesidad urgente y estratégica: acelerar la investigación en tecnologías limpias (motor eléctrico e hidrógeno) para que el sector del automóvil español pueda competir en el mercado global y cumplir con el objetivo europeo de cero emisiones en vehículos nuevos en 2035. El decreto justifica la excepcionalidad de la concesión directa en la rapidez con la que se están produciendo los cambios tecnológicos en el sector.

¿Qué es? Es un Real Decreto-ley aprobado el 19 de diciembre de 2023 que introduce reformas urgentes en cuatro áreas: el servicio público de justicia, la función pública del Estado, el régimen local y el mecenazgo. Se aprobó por vía de decreto-ley —en lugar de ley ordinaria— porque los proyectos de ley que tramitaba el Parlamento quedaron paralizados al disolverse anticipadamente las Cámaras en mayo de 2023 para convocar elecciones, y era imprescindible completar esas reformas antes de que terminara 2023.

¿A quién afecta? Afecta a ciudadanos que se relacionan con la Administración de Justicia (juzgados y tribunales), a los empleados públicos de la Administración General del Estado, a las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) y a las organizaciones sin fines lucrativos y donantes privados acogidos al régimen fiscal de mecenazgo. En la práctica, sus efectos alcanzan a cualquier persona que litigue, trabaje en la administración pública, resida en un municipio o realice donaciones a entidades benéficas o culturales.

¿Qué cambia o establece? La norma completa cuatro reformas que eran requisitos («hitos») exigidos por la Comisión Europea para liberar el cuarto pago de los fondos Next Generation EU, valorado en varios miles de millones de euros. En justicia, impulsa la eficiencia procesal y la digitalización de los juzgados, ampliando el uso de medios telemáticos. En función pública, actualiza la regulación del empleo en la Administración del Estado. En régimen local, introduce ajustes en la organización y funcionamiento de las entidades locales. En mecenazgo, modifica los incentivos fiscales aplicables a las donaciones y a las entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de fomentar la colaboración privada en actividades de interés general.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 19 de diciembre de 2023 por el que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concede directamente, sin convocatoria pública competitiva, subvenciones a dos fundaciones del sector público para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).

¿A quién afecta? Afecta a dos fundaciones públicas concretas: la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (que coordina 41 centros de investigación del sistema CERCA en Cataluña) y la Fundació URV (vinculada a la Universitat Rovira i Virgili), que gestiona el Centro de Innovación y Simulación Territorial de les Terres de l'Ebre (CISTE), dedicado a la formación de estudiantes y profesionales sanitarios.

¿Qué cambia o establece? Regula la entrega directa de fondos públicos a esas dos fundaciones, amparándose en la excepción legal que permite saltarse la convocatoria abierta cuando existe un interés público acreditado. El dinero destinado al sistema CERCA servirá para comprar nuevos equipos científicos de uso compartido entre centros y reparar infraestructuras deterioradas. El dinero destinado al CISTE financiará recursos humanos y equipamiento tecnológico —impresión 3D, realidad aumentada, realidad virtual, grabación 360° y simuladores geriátricos— para mejorar la formación clínica en las Terres de l'Ebre.

¿Qué es? Es la Primera Enmienda a un acuerdo de cooperación militar firmado originalmente en 2018 entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de España, que regula el intercambio de Oficiales de Enlace entre ambos países. Esta enmienda actualiza y amplía ese acuerdo para adaptarlo a situaciones en las que los oficiales se despliegan en países terceros.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los militares españoles y estadounidenses que ejercen como Oficiales de Enlace en misiones conjuntas, así como a sus familiares a cargo. También concierne a ambos ministerios de defensa como instituciones firmantes y, de forma indirecta, a los gobiernos de los países donde esos oficiales puedan ser destinados.

¿Qué cambia o establece? Los cambios principales son: se sustituyen las referencias al Estado Mayor Conjunto por el Departamento de Defensa de EE. UU. en general; se amplía la vigencia del acuerdo de diez a trece años; y se introduce el concepto de "Gobierno Geográfico Anfitrión", es decir, el país donde el oficial esté realmente destinado aunque sea un tercer Estado. A partir de ahora, los oficiales deben cumplir también las leyes, normas de seguridad, costumbres y requisitos aduaneros y documentales de ese tercer país, y los trámites diplomáticos necesarios para entrar y salir de él corren a cargo del país de origen del oficial. Además, se aclara que los anexos del acuerdo pueden modificarse entre las partes sin necesidad de revisar el acuerdo completo.

¿Qué es? Es una Orden Ministerial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la fabricación y venta de una moneda conmemorativa de plata para coleccionistas, acuñada con motivo del campeonato mundial de fútbol femenino ganado por la Selección Española en Australia y Nueva Zelanda en 2023. La moneda no está pensada para usarse en el comercio diario, sino para coleccionistas y aficionados a la numismática.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que es quien la fabrica y comercializa, y al Banco de España, que interviene en su puesta en circulación. También interesa a cualquier ciudadano o coleccionista que quiera adquirirla, ya que puede comprarse al público a través de la Fábrica o de distribuidores autorizados.

¿Qué cambia o establece? La norma ordena acuñar un máximo de 6.000 piezas de plata de 27 gramos, valor nominal de 10 euros y diámetro de 40 mm, con el retrato del Rey Felipe VI en el anverso y el trofeo de la Copa Mundial Femenina en el reverso. El precio inicial de venta al público es de 60 euros (sin IVA), aunque puede ajustarse si el precio de la plata en los mercados varía más de un 4 %. La emisión debía producirse durante el último trimestre de 2023.

¿Qué es? Es una reforma del Reglamento del Senado que actualiza el artículo 49, concretamente sus apartados 2 y 3, para adaptar la lista de comisiones parlamentarias a la nueva estructura del Gobierno aprobada en noviembre de 2023. Entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

¿A quién afecta? Afecta a la organización interna del Senado como institución, y por tanto a los senadores y senadoras que forman parte de sus comisiones. No impone obligaciones ni derechos directos a la ciudadanía en general.

¿Qué cambia o establece? Actualiza el listado oficial de comisiones del Senado para que refleje la nueva estructura ministerial. En el apartado 2 se fija la nueva relación de Comisiones Legislativas —entre ellas nuevas denominaciones como "Derechos de las Familias", "Despoblación y Reto Demográfico", "Juventud e Infancia" o "Transformación Digital"—, sumando un total de 30 comisiones legislativas más la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En el apartado 3 se mantiene un listado reducido de siete Comisiones no Legislativas, como las de Peticiones, Incompatibilidades o la de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

¿Qué es? Es una orden ministerial que autoriza la creación y venta de una moneda conmemorativa de colección en homenaje al marino y científico Jorge Juan y Santacilia, con motivo del 250 aniversario de su fallecimiento en 2023. La moneda tiene valor facial de 10 euros, está fabricada en plata de alta pureza (925 milésimas) y pesa 27 gramos con 40 mm de diámetro. Se trata de una pieza de colección, no destinada al uso cotidiano como medio de pago.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas y personas interesadas en numismática que deseen adquirir la moneda. También involucra a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, encargada de acuñarla y comercializarla, y al Banco de España, que participa en el proceso de puesta en circulación. El Tesoro Público recibe el importe correspondiente al valor facial de las piezas acuñadas.

¿Qué cambia o establece? La orden establece que se acuñarán como máximo 6.000 piezas, con un precio inicial de venta al público de 60 euros (sin IVA), y que la emisión se realizará durante el cuarto trimestre de 2023. Fija las características físicas y artísticas exactas de la moneda: el anverso muestra un retrato de Jorge Juan y un sextante, y el reverso reproduce el navío Santísima Trinidad. Además, prevé que el precio de venta pueda ajustarse si el precio de la plata en los mercados varía más de un 4% respecto al momento de entrada en vigor de la orden.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Economía que autoriza la fabricación y puesta en venta de dos monedas de colección en el año 2023, dentro de una nueva serie llamada «Joyas del Museo Casa de la Moneda». Estas monedas no están pensadas para usarse en el comercio diario, sino para coleccionistas.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que es quien las acuña y las vende. También interesa a coleccionistas y aficionados a la numismática que deseen adquirirlas.

¿Qué cambia o establece? La orden aprueba dos monedas conmemorativas del IV Centenario del Centén de 1623 (acuñado en Segovia bajo Felipe IV): una pieza de plata recubierta de oro con valor facial de 100 euros y un máximo de 2.500 unidades, y una pieza de plata de 10 euros con un máximo de 5.000 unidades. Ambas tienen calidad proof, diseños inspirados en la maquinaria histórica del Real Ingenio de Segovia y en el propio Centén original. Se permite además reservar hasta cinco piezas de cada tipo para los fondos del Museo Casa de la Moneda.

¿Qué es? Es una resolución del Gobierno de España, publicada en diciembre de 2023, que pone en marcha el tercer tramo de una línea de avales públicos dotada con 4.500 millones de euros. Estos avales fueron creados originalmente para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y son gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

¿A quién afecta? Afecta a empresas y trabajadores autónomos que necesiten financiación y quieran acceder a préstamos respaldados por este aval público del Estado. También afecta a las entidades financieras que conceden esos préstamos, ya que el aval del Ministerio de Economía cubre el capital impagado en caso de que el cliente no pueda devolver el dinero.

¿Qué cambia o establece? Se abre un nuevo tramo de avales por 4.500 millones de euros con condiciones concretas para solicitarlos. Además, se amplían los plazos para pedir y obtener los avales de los tramos anteriores, se elevan los importes máximos que se pueden avalar, y se permite prorrogar el vencimiento de avales ya concedidos cuando se cumplan determinadas condiciones. También se autoriza al ICO a corregir errores en la asignación de operaciones entre distintos regímenes de ayuda y a resolver incidencias prácticas que surjan durante la vida de estas operaciones.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Agricultura que modifica el reglamento técnico que controla cómo se produce y vende el material vegetal usado para cultivar hortalizas. La novedad principal es que incluye por primera vez el azafrán (Crocus sativus L.) en ese reglamento, sometiéndolo a controles oficiales de calidad y sanidad. Además, aprovecha la modificación para actualizar definiciones, corregir errores y adaptar la norma a otras leyes ya vigentes.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los productores y comerciantes de cormos de azafrán, que son los bulbos que se usan para propagar la planta. También afecta a cualquier persona o empresa que intervenga en la cadena de producción o venta de material vegetal de hortalizas en general: quienes reproducen, producen, envasan, almacenan, importan o comercializan este tipo de material. Tiene especial impacto en las zonas productoras de azafrán, sobre todo en Castilla-La Mancha.

¿Qué cambia o establece? La norma obliga a que los cormos de azafrán que se usen para cultivar procedan de plantaciones que hayan pasado controles sanitarios oficiales, garantizando así su calidad y viabilidad. Se actualiza la definición de "proveedor", distinguiendo entre productores y comerciantes. También se aclara que la norma no se aplica a materiales destinados a la exportación fuera de la Unión Europea, siempre que estén correctamente identificados y aislados. Con todo ello se busca proteger la calidad del azafrán español frente a la competencia de productos importados de menor calidad.

¿Qué es? Es una ley foral de Navarra que autoriza un gasto extraordinario de 1.594.526 euros para pagar las subvenciones que la Comunidad Foral debe abonar a los partidos y formaciones políticas que concurrieron a las elecciones al Parlamento de Navarra del 28 de mayo de 2023. También aprovecha la norma para corregir el nombre de tres partidas presupuestarias del presupuesto navarro de 2023.

¿A quién afecta? Afecta a los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que participaron en las elecciones forales del 28 de mayo de 2023 y que tienen derecho a recibir subvención pública para cubrir sus gastos electorales. Indirectamente, afecta a la Comunidad Foral de Navarra como administración obligada a realizar ese pago.

¿Qué cambia o establece? Crea una partida extraordinaria de gasto por 1.594.526 euros destinada exclusivamente a esas subvenciones electorales, financiada con ingresos adicionales obtenidos por intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo. Además, corrige el enunciado de tres partidas presupuestarias existentes para ajustar su nombre a la obra o actuación que realmente financian, sin alterar su importe. La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

¿Qué es? La Ley 11/2023, de 9 de noviembre, es la norma que establece el marco general de la movilidad sostenible en Euskadi. Su objetivo es regular cómo deben organizarse el transporte de personas y mercancías en el País Vasco para que sea menos contaminante, más accesible y más respetuoso con el medio ambiente y la sociedad, en línea con las políticas europeas de neutralidad climática para 2050.

¿A quién afecta? Afecta a todas las administraciones públicas vascas —Gobierno Vasco, diputaciones forales y ayuntamientos— que tienen competencias en materia de transporte y movilidad, así como al conjunto de la ciudadanía de Euskadi, que es reconocida como parte central del sistema de transporte y titular del derecho a recibir información y participar en las decisiones que afecten a la planificación de la movilidad.

¿Qué cambia o establece? La ley obliga a las administraciones a elaborar planes de movilidad sostenible que reduzcan la contaminación urbana, el consumo de energías no renovables y la congestión del tráfico, fomentando alternativas como la movilidad activa, el transporte público y el ferrocarril para mercancías. También regula la tarificación e interoperabilidad de los títulos de transporte, la financiación de las políticas de movilidad y garantiza la participación pública real en la toma de decisiones, incorporando además la perspectiva de género y la accesibilidad universal en todas estas actuaciones.

¿Qué es? La Ley 10/2023, de 9 de noviembre, aprueba el Plan Vasco de Estadística 2023-2026, que es el documento que fija qué estadísticas y trabajos de análisis estadístico debe realizar la Organización Estadística del País Vasco durante ese periodo de cuatro años. Al mismo tiempo, modifica algunos aspectos de la Ley de Estadística de Euskadi de 1986 para adaptarla a las necesidades actuales. Es el noveno plan de este tipo que se aprueba desde 1989, y sustituye al anterior, que había agotado su vigencia.

¿A quién afecta? Afecta a toda la ciudadanía vasca, así como a empresas, entidades públicas y privadas y cualquier persona física o jurídica que pueda ser requerida para proporcionar información necesaria para elaborar las estadísticas previstas. También afecta directamente a los organismos de la Administración vasca responsables de llevar a cabo las operaciones estadísticas recogidas en el plan.

¿Qué cambia o establece? Establece el catálogo concreto de estadísticas que se deben elaborar entre 2023 y 2026, detallando para cada una sus objetivos, el organismo responsable, la materia que abarca, con qué frecuencia se publicarán los resultados y qué tipo de operación es. Fija la obligación de incluir la variable sexo en todas las operaciones estadísticas e integrar la perspectiva de género en todo el proceso. Además, impone a personas, empresas y entidades el deber de facilitar la información que se les solicite para elaborar esas estadísticas, incluyendo datos personales de categorías especiales, con las garantías establecidas por la normativa europea de protección de datos.

¿Qué es? Es una ley del Parlamento de las Illes Balears que convierte en norma permanente las medidas fiscales que el Gobierno balear había aprobado de urgencia en julio de 2023 mediante un decreto ley. Su objetivo es reducir la carga tributaria en dos impuestos concretos —el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre sucesiones y donaciones— para facilitar el acceso a la vivienda y reforzar el ahorro de las familias ante la situación de encarecimiento generalizado de precios y tipos de interés.

¿A quién afecta? Afecta a personas que compran una vivienda habitual en las Illes Balears pertenecientes a colectivos con dificultades especiales: jóvenes menores de 30 o 36 años (según el caso, siempre que sea su primera vivienda habitual), personas con una discapacidad reconocida del 33 % o más, familias numerosas y familias monoparentales. También afecta a quienes heredan bienes por fallecimiento o mediante pactos sucesorios, especialmente descendientes, cónyuges, ascendientes y, en ciertos supuestos, hermanos, sobrinos y tíos del fallecido.

¿Qué cambia o establece? En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, reduce el tipo de gravamen al 2 % para los colectivos mencionados al comprar su vivienda habitual, y lo rebaja al 0 % (bonificación del 100 % de la cuota) para los menores de 30 años y para las personas con discapacidad igual o superior al 33 %. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, establece una bonificación del 100 % para hijos, cónyuges, ascendientes y descendientes mayores de 21 años que hereden por fallecimiento o pacto sucesorio. Para hermanos, sobrinos y tíos, la bonificación es del 50 % si el fallecido no tenía descendientes, o del 25 % en los demás casos.

¿Qué es? Es una decisión del Comité de Embajadores ACP-UE que prorroga la vigencia del Acuerdo de Asociación firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y los países de África, el Caribe y el Pacífico, por otro. Dicho acuerdo había expirado en febrero de 2020 y desde entonces se ha mantenido en vigor mediante sucesivas medidas transitorias. Esta nueva decisión, adoptada el 25 de octubre de 2023, extiende su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023.

¿A quién afecta? Afecta a las relaciones entre la Unión Europea y sus Estados miembros —incluida España— y los Estados de África, el Caribe y el Pacífico que son parte del acuerdo. En la práctica, incumbe a los organismos e instituciones de estos territorios que operan bajo el marco de cooperación, comercio y desarrollo regulado por dicho acuerdo. Para el ciudadano español, su relevancia es indirecta, en tanto que España, como Estado miembro de la UE, queda vinculada por sus disposiciones.

¿Qué cambia o establece? La decisión modifica la fecha límite de aplicación del acuerdo transitorio, sustituyendo el «31 de octubre de 2023» por el «31 de diciembre de 2023». Esta prórroga se justifica porque el nuevo Acuerdo de Asociación ACP-UE, cuya negociación comenzó en 2018, estaba previsto para ser firmado el 15 de noviembre de 2023, y su aplicación provisional no podía comenzar hasta el primer día del segundo mes tras la firma. Para evitar un vacío legal entre ambos instrumentos, se amplía el plazo del acuerdo vigente hasta que el nuevo pueda surtir efecto.