El Horno

¿Qué es? Es el acuerdo oficial firmado el 8 de febrero de 2024 en Nuakchot entre España y Mauritania para establecer un plan conjunto de cooperación al desarrollo para el periodo 2024-2027. Recibe el nombre de Marco de Asociación País (MAP) y se aprueba en el seno de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Mauritana, un órgano bilateral creado al amparo de acuerdos de cooperación suscritos entre ambos países desde 1989 y 1990.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las instituciones públicas de España y Mauritania implicadas en proyectos de cooperación internacional: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Mauritania, ministerios mauritanos, cooperación descentralizada española (como el Fondo Andaluz FAMSI), ONG españolas presentes en Mauritania y empresas como TRAGSA. De forma indirecta, afecta a la población mauritana beneficiaria de los programas de ayuda al desarrollo financiados o apoyados por España.

¿Qué cambia o establece? Sustituye al anterior Marco de Asociación País 2014-2017, que había estado prorrogado hasta la firma de este nuevo acuerdo. Fija la estrategia compartida de cooperación para el desarrollo entre ambos países hasta 2027, alineada con la Estrategia de Crecimiento Acelerado y Prosperidad Compartida de Mauritania (SCAPP 2016-2030) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. España mantiene a Mauritania como país socio prioritario, con intervenciones centradas en el acceso a derechos y servicios sociales básicos y en el fortalecimiento institucional, bajo criterios de eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

¿Qué es? Es un acuerdo del Consejo de Ministros, publicado mediante Orden Ministerial el 1 de abril de 2024, que obliga a la empresa pública Correos y Telégrafos a prestar determinados servicios postales durante todos los procesos electorales convocados a lo largo del año 2024, incluyendo las elecciones al Parlamento Europeo, al Parlamento Vasco y al Parlamento de Cataluña, entre otros que pudieran surgir.

¿A quién afecta? Afecta directamente a Correos y Telégrafos, que queda obligada a prestar estos servicios. Indirectamente, beneficia a los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto por correo: residentes en España, residentes en el extranjero, personas temporalmente fuera de su municipio, personal embarcado, miembros de las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil en situaciones especiales, e internos en centros penitenciarios.

¿Qué cambia o establece? Fija las obligaciones concretas que Correos debe cumplir en cada elección: distribuir y recoger los impresos de solicitud de voto por correo (también por vía electrónica con firma digital), entregar a los electores la documentación electoral enviada por la Oficina del Censo Electoral en envío certificado y urgente, recibir el voto del elector y hacerlo llegar a la mesa electoral correspondiente, y custodiar adecuadamente toda esa documentación. Estas obligaciones rigen desde la publicación del decreto de convocatoria de cada elección hasta cien días después del día de la votación, y Correos tiene derecho a recibir una compensación económica por prestarlas.

¿Qué es? El Real Decreto 202/2024, de 27 de febrero, aprueba el nuevo Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que es el organismo público encargado de gestionar y distribuir las ayudas agrícolas europeas y estatales en España. Este decreto deroga el anterior Estatuto de 2001 y sus sucesivas modificaciones, reuniendo en un único texto actualizado toda la regulación del organismo.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al propio FEGA como institución y a su personal y estructura interna. De forma indirecta, afecta a agricultores, ganaderos y operadores del sector agrario que reciben ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) o subvenciones estatales, así como a las comunidades autónomas que gestionan parte de estos fondos y cuyas actuaciones el FEGA supervisa y coordina.

¿Qué cambia o establece? El decreto actualiza y ordena de forma sistemática las funciones del FEGA: gestionar, controlar y pagar las ayudas de los fondos europeos agrícolas (FEAGA y Feader) y las subvenciones estatales al sector agrario; coordinar a todos los organismos pagadores de la PAC en España; representar al Estado español ante la Comisión Europea en materia agrícola; y velar por la aplicación uniforme de las normas europeas en todo el territorio nacional. También adecúa su estructura organizativa a las exigencias actuales de la PAC y actualiza las referencias normativas que habían quedado desfasadas tras múltiples reformas.

¿Qué es? Una orden del Ministerio de Defensa que establece las reglas para los procesos de selección destinados a entrar en escuelas militares de formación y acceder a la escala de suboficial en los Cuerpos Generales e Infantería de Marina. El proceso de selección se realiza mediante concurso-oposición, que combina la evaluación de méritos con pruebas que demuestren aptitud.

¿A quién afecta? Afecta a personas que quieran convertirse en suboficiales de las Fuerzas Armadas. Pueden acceder de dos formas: ingreso directo (para personas de fuera) o promoción interna (para militares de tropa y marinería que ya están en servicio). Algunas plazas exigen tener el título de técnico superior, mientras que otras no lo requieren; la ley da prioridad a la promoción interna.

¿Qué cambia o establece? Establece que todo aspirante debe superar una prueba de aptitud física y psicológica, demostrar conocimiento de inglés (con certificado para promoción interna o mediante examen para ingreso directo), y los que promocionan sin titulación previa deben hacer además una prueba de conocimientos específicos. Deroga la orden anterior de 2011 y aplica la normativa actual sobre Formación Profesional.

¿Qué es? Esta orden ministerial aprueba las normas que rigen los procesos de selección para ingresar en los Centros Docentes Militares de Formación (CDMF) y convertirse en oficial de los Cuerpos Generales o de Infantería de Marina. Actualiza y modifica las normas anteriores de estos procesos de selección, especialmente en lo relacionado con los criterios de puntuación en los concursos y las pruebas de conocimientos que deben superar los aspirantes.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas que quieran ingresar como oficiales en los Cuerpos Generales o de Infantería de Marina, tanto por ingreso directo como por promoción interna (es decir, militares que ya sirven en las Fuerzas Armadas). También afecta a quienes tengan o no titulación universitaria, ampliando las opciones para acceder por promoción interna con créditos académicos adquiridos pero sin título universitario completo.

¿Qué cambia o establece? Establece que la selección será mediante concurso-oposición, que incluye una prueba de aptitud psicofísica, una prueba de inglés (por certificado en promoción interna o por examen en ingreso directo) y, para los que accedan por promoción sin titulación, una prueba adicional de conocimientos científicos. Crea una nueva vía de acceso por promoción con un mínimo de 180 créditos académicos sin necesidad de título universitario, y modifica los criterios de puntuación en los concursos.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. No introduce cambios de fondo en la normativa, sino que rectifica dos referencias equivocadas que aparecían en el texto original.

¿A quién afecta? Afecta al Ministerio del Interior y a quienes consulten o apliquen el Real Decreto 207/2024, que regula cómo se organiza internamente dicho ministerio.

¿Qué cambia o establece? Corrige dos menciones en las que se citaba por error el Real Decreto 2823/1998, de 23 de diciembre, cuando en realidad debía citarse el Real Decreto 904/2021, de 19 de octubre. Ambas correcciones afectan a referencias al Estatuto que rige a un organismo dependiente del ministerio: la primera en el apartado 6 de la página 23458, y la segunda en la disposición transitoria tercera de la página 23487.

¿Qué es? El Real Decreto 321/2024, de 26 de marzo, regula la concesión directa de subvenciones a los cines de toda España para que las personas de 65 o más años puedan ver películas pagando solo 2 euros la entrada, un día a la semana, durante el año 2024. Es la continuación del programa llamado "Cine Senior", que ya funcionó en 2023 con buenos resultados. El dinero de la subvención lo gestiona el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y cubre la diferencia entre el precio real de la entrada y esos 2 euros.

¿A quién afecta? Afecta a dos grupos. Por un lado, a los titulares de salas de cine establecidas en España (personas físicas, empresas o entidades sin ánimo de lucro) que quieran adherirse al programa y que no tengan ya establecido ese precio reducido de 2 euros ese día concreto de la semana. Por otro lado, beneficia directamente a los ciudadanos de 65 o más años, que son quienes tienen derecho a comprar la entrada a ese precio reducido el día señalado por cada sala adherida.

¿Qué cambia o establece? La norma prolonga durante todo 2024 la medida que ya se aplicó entre julio y diciembre de 2023, dado su éxito: la asistencia al cine los martes —el día principal de la campaña— creció un 49,6 % respecto al año anterior, y una de cada cuatro entradas vendidas ese día correspondió a mayores de 65 años. El real decreto formaliza la subvención directa a los cines participantes, fija que el período de aplicación abarca desde que se publique la resolución de concesión hasta el 31 de diciembre de 2024, y justifica la adjudicación directa —sin convocatoria pública competitiva— en razones de interés público, social y cultural.

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¿Qué es? Es una ley aprobada por el Parlamento de las Illes Balears que actualiza las normas sobre servicios de transporte en coche, especialmente taxis y vehículos de alquiler con conductor (como Uber o similares). La ley busca adaptar estas normas a nuevos problemas como el tráfico, la contaminación y los cambios en la oferta de transporte que ha habido en los últimos años.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las empresas de taxi y de alquiler de vehículos con conductor que operan en Baleares, a los conductores que trabajan en estos sectores, y a los ciudadanos que usan estos servicios. También afecta a los municipios, que tendrán que emitir autorizaciones para operar estos servicios en sus territorios.

¿Qué cambia o establece? La ley establece nuevos requisitos: los vehículos de alquiler con conductor deben estar matriculados en España y vinculados a una autorización; los servicios deben reservarse con treinta minutos de anticipación; las empresas deben cumplir requisitos medioambientales; y en Baleares habrá límites diferentes en cada isla sobre cuántos vehículos de alquiler con conductor se pueden autorizar comparado con otros vehículos de transporte. El objetivo es equilibrar el crecimiento del transporte con la calidad del servicio y la protección del medio ambiente.

¿Qué es? Es la renovación del Acuerdo Marco de Cofinanciación entre España (a través de sus ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía) y el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Asociación Internacional de Fomento). El acuerdo original se firmó el 23 de enero de 2019 y estaba previsto que expirara cinco años después, salvo que se renovara.

¿A quién afecta? Afecta directamente a España y al Banco Mundial como instituciones que colaboran en financiar proyectos conjuntos. Indirectamente afecta a cualquier proyecto que se cefinancie bajo este acuerdo, ya que cambian las condiciones de cómo se gestionará esa colaboración.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo se renueva por cinco años más (desde el 23 de enero de 2024). El cambio principal es en las comisiones que cobra el Banco Mundial: deja de cobrar una comisión anual basada en sus costes y pasa a cobrar una comisión fija que varía según el monto cofinanciado (un porcentaje para los primeros 50 millones USD, otro para los siguientes 50 millones, y otro para montos superiores a 100 millones). El acuerdo comienza a aplicarse de forma provisional desde el 22 de enero de 2024.

¿Qué es? Es una resolución del Servicio de Tráfico de Navarra que fija restricciones especiales a la circulación de determinados vehículos durante el año 2024 en la Comunidad Foral de Navarra. Su finalidad es proteger la seguridad vial y garantizar la fluidez del tráfico en fechas con mayor intensidad de desplazamientos, como fines de semana, festivos, puentes y periodos de inicio o fin de vacaciones.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a dos tipos de usuarios de la vía pública: los organizadores de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos que ocupen la calzada en vías interurbanas de Navarra; y los transportistas que circulen con vehículos que transporten mercancías peligrosas y deban llevar los paneles naranjas reglamentarios, especialmente si superan los 7.500 kg de masa máxima autorizada.

¿Qué cambia o establece? La resolución prohíbe autorizar eventos deportivos o competitivos en vías interurbanas durante los días y horas indicados en sus anexos, salvo excepciones tasadas (pruebas internacionales, eventos de tradición relevante, jornadas electorales, etc.). Para los vehículos con mercancías peligrosas, fija prohibiciones de circulación en tramos y franjas horarias concretas, y obliga a usar itinerarios específicos recogidos en la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP), minimizando el paso por vías convencionales y núcleos urbanos.

¿Qué es? Es un acuerdo entre España y Marruecos que modifica el convenio que ambos países tienen desde 2004 para que sus ciudadanos puedan canjear su permiso de conducir nacional por el del otro país sin tener que examinarse de nuevo. La modificación se pactó mediante un intercambio de notas diplomáticas en febrero y marzo de 2024, y se aplica de forma provisional desde el 7 de abril de 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los conductores marroquíes que residen en España y quieren cambiar su permiso de conducir marroquí por el español, en especial a quienes tienen permisos profesionales de las clases C, C+E, D y D+E (camiones, camiones con remolque, autobuses y autobuses con remolque).

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, los conductores marroquíes con permisos profesionales (C, C+E, D y D+E) estaban obligados a superar una prueba teórica específica para poder hacer el canje. Con esta modificación, se elimina ese examen teórico. A partir de ahora, el canje se realiza sin exámenes teóricos ni prácticos, aunque los titulares de esos permisos profesionales sí deberán realizar una prueba de conducción en vía pública con el tipo de vehículo que corresponda a su permiso.

¿Qué es? Es una orden ministerial de marzo de 2024 que restaura las condiciones originales de operación de la ruta aérea Almería-Sevilla como obligación de servicio público, dejando sin efecto las modificaciones temporales que se habían aprobado durante la pandemia de COVID-19.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las compañías aéreas que operan o quieran operar la ruta entre Almería y Sevilla, que deberán cumplir de nuevo con los requisitos de frecuencia, capacidad y calidad del servicio anteriores a la pandemia. También afecta a los ciudadanos de ambas ciudades que dependen de esta conexión aérea para su movilidad.

¿Qué cambia o establece? Cancela las condiciones reducidas que se habían fijado temporalmente mediante la Orden TMA/297/2021 como respuesta a la caída de viajeros por la pandemia, y recupera los parámetros operativos que estaban en vigor antes de la crisis sanitaria, con efecto desde el 1 de enero de 2024. Las aerolíneas que ya estuvieran operando la ruta en el momento de la entrada en vigor debían presentar a la Dirección General de Aviación Civil su programa de operaciones para la temporada en curso y la siguiente.

¿Qué es? Es el instrumento por el que España ratifica el Protocolo al Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que abre la puerta a la adhesión de Suecia a la Alianza. El protocolo fue firmado en Bruselas el 5 de julio de 2022 y España formalizó su ratificación el 6 de octubre de 2022, tras la autorización de las Cortes Generales. El texto entró en vigor de forma general, y también para España, el 7 de marzo de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a todos los Estados miembros de la OTAN, que debían aceptar individualmente este protocolo para que surtiera efecto. En el ámbito interno, compromete a España como Estado parte del Tratado del Atlántico Norte, asumiendo las obligaciones de defensa colectiva que se extienden desde ese momento a Suecia como nuevo miembro de la Alianza.

¿Qué cambia o establece? El protocolo establece el mecanismo formal para que Suecia ingrese en la OTAN: una vez que todos los miembros aceptaron el protocolo, el Secretario General de la organización invitó oficialmente a Suecia a adherirse, lo que se completó al depositar su instrumento de adhesión ante el Gobierno de Estados Unidos. Con la entrada en vigor el 7 de marzo de 2024, Suecia pasó a ser miembro de pleno derecho de la Alianza, quedando amparada —y vinculada— por el Tratado del Atlántico Norte, incluido su artículo de defensa colectiva.

¿Qué es? Es una resolución de corrección dictada el 14 de marzo de 2024 por la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del País Vasco. Su único propósito es enmendar un error material detectado en una resolución anterior, de 20 de febrero de 2024, que regulaba el tráfico en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el año 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a quienes transportan mercancías peligrosas por carretera en el País Vasco, ya que la corrección recae sobre el mapa de la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas. También puede concernir a autoridades de tráfico y empresas de transporte que utilizan ese mapa como referencia oficial.

¿Qué cambia o establece? Sustituye el mapa incluido en el anexo V de la resolución de febrero de 2024 por uno corregido, de modo que dicho mapa refleje fielmente la descripción escrita de los itinerarios que ya figuraba en ese mismo anexo. No modifica ninguna norma de fondo ni introduce nuevas restricciones: únicamente pone en concordancia el gráfico con el texto que lo acompañaba.

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¿Qué es? Es un acuerdo entre España y los Emiratos Árabes Unidos que modifica el tratado bilateral de transporte aéreo que ambos países firmaron en 2008. La modificación se formalizó mediante un intercambio de notas diplomáticas en 2021 y entró en vigor el 7 de julio de 2022.

¿A quién afecta? Afecta a las aerolíneas designadas por España y por los Emiratos Árabes Unidos que operen vuelos internacionales entre ambos países, así como a los pasajeros que utilicen esos servicios.

¿Qué cambia o establece? Añade una nueva regla al acuerdo aéreo: las aerolíneas de ambos países podrán combinar el transporte aéreo con transporte en superficie (por ejemplo, tren o autobús) para ofrecer trayectos con origen o destino en cualquier punto de los dos países o de terceros. Ese servicio combinado puede venderse como un único viaje con un solo precio, siempre que se informe claramente a los pasajeros sobre qué empresa presta cada tramo del recorrido.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un acuerdo de transporte aéreo firmado entre España y Chile en Montreal el 1 de octubre de 2022, cuya aplicación provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2024. La corrección enmienda un error que se coló en esa publicación oficial.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las autoridades y entidades que aplican el acuerdo de transporte aéreo entre España y Chile, como aerolíneas, organismos reguladores de aviación civil y las administraciones de ambos países. Para el ciudadano común, el impacto directo es mínimo, aunque el acuerdo regula los vuelos entre ambos países.

¿Qué cambia o establece? Corrige el artículo 24, apartado 3 del acuerdo. El texto original solo decía que, al entrar en vigor este acuerdo, quedaba derogado el convenio de transporte aéreo entre España y Chile de 17 de diciembre de 1974. El texto corregido añade que también quedan derogados cualquier otro documento que ambos países hayan firmado sobre esa misma materia, no solo ese convenio concreto de 1974.

¿Qué es? Son dos enmiendas al tratado fundacional del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), aprobadas en 2011 y en vigor para España desde 2012 y 2013 respectivamente. La primera modifica el artículo 1 (objeto del Banco) y la segunda el artículo 18 (fondos especiales). Su publicación en España se formalizó en marzo de 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al propio BERD y a los países que pueden recibir su ayuda. En concreto, amplía el alcance del Banco para incluir a países del Mediterráneo Meridional y Oriental (como los del norte de África y Oriente Próximo) y a Mongolia, que antes no estaban contemplados. También afecta a países miembros que, sin ser todavía beneficiarios, puedan aspirar a serlo de forma temporal.

¿Qué cambia o establece? La enmienda al artículo 1 permite al BERD operar en países del Mediterráneo Meridional y Oriental y en Mongolia, siempre que lo apruebe una mayoría cualificada de dos tercios de los Gobernadores que representen al menos tres cuartas partes de los votos. La enmienda al artículo 18 permite al Banco gestionar fondos especiales no solo en países beneficiarios ya reconocidos, sino también en países "potencialmente beneficiarios": Estados miembros que aún no cumplen todos los requisitos pero que tienen perspectivas de hacerlo, a los que se les concede ese estatus por un período limitado. Si al terminar ese plazo no han alcanzado el estatus pleno de beneficiarios, el Banco debe suspender sus operaciones especiales en ellos.

¿Qué es? Esta norma recoge las enmiendas aprobadas en 2022 por la Organización Marítima Internacional (OMI) al Código Internacional de Seguridad para Naves de Gran Velocidad de 1994 (Código NGV 1994). Fue adoptada mediante la Resolución MSC.498(105) el 28 de abril de 2022 en Londres y entró en vigor el 1 de enero de 2024, tras considerarse aceptada el 1 de julio de 2023 al no recibir objeciones suficientes de los países miembros.

¿A quién afecta? Afecta a los Estados que han firmado el Convenio SOLAS (Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar), y en particular a las administraciones marítimas nacionales, a las organizaciones autorizadas para expedir certificados de seguridad, y a los armadores y operadores de naves de gran velocidad —tanto de pasaje como de carga— que estén sujetas a este Código.

¿Qué cambia o establece? Las enmiendas introducen tres modificaciones concretas al Código NGV 1994: eliminan el contenido de los párrafos sobre dispositivos de salvamento del capítulo 8 (que quedan en reserva); sustituyen íntegramente el capítulo 14 sobre radiocomunicaciones, remitiendo ahora a los requisitos equivalentes del Código NGV 2000 actualizado; y reemplazan el modelo oficial del Certificado de Seguridad para Naves de Gran Velocidad y su inventario de equipo adjunto por un nuevo modelo actualizado que las autoridades competentes deben utilizar al certificar estas embarcaciones.

¿Qué es? Es una resolución del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptada el 28 de abril de 2022, que introduce enmiendas al Código Internacional de Seguridad para Naves de Gran Velocidad del año 2000 (Código NGV 2000). Dicho Código es obligatorio en virtud del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS). Las enmiendas se consideraron aceptadas el 1 de julio de 2023 y entraron en vigor el 1 de enero de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a los Estados que son parte del Convenio SOLAS y, en la práctica, a los propietarios, operadores y tripulaciones de naves de gran velocidad sujetas a dicho Convenio. Quedan expresamente excluidas de parte de las nuevas reglas las naves que naveguen por los Grandes Lagos de América del Norte y sus aguas conectadas hasta el límite marcado por la Esclusa de St. Lambert en Montreal (Canadá).

¿Qué cambia o establece? Las enmiendas modifican dos capítulos del Código NGV 2000. En el Capítulo 8, sobre dispositivos y medios de salvamento, se eliminan los requisitos específicos de los párrafos 8.2.1, 8.2.1.1 y 8.2.1.2, que quedan en reserva. En el Capítulo 14, sobre radiocomunicaciones, se sustituye íntegramente el texto anterior por uno nuevo que actualiza el ámbito de aplicación, introduce definiciones precisas de equipos y sistemas de socorro (como la radiobaliza de localización, el AIS-SART y el SART de radar), delimita las zonas marítimas A1 a A4 según su cobertura de comunicaciones, y garantiza que ninguna disposición impida a una nave o persona en peligro utilizar cualquier medio disponible para pedir socorro.

¿Qué es? Es un conjunto de enmiendas a un tratado internacional sobre seguridad marítima, el llamado Protocolo de 1988 del Convenio SOLAS (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar). Estas enmiendas fueron adoptadas el 28 de abril de 2022 por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional en Londres, y entraron en vigor el 1 de enero de 2024, tanto a nivel internacional como para España.

¿A quién afecta? Afecta a los Estados que son parte del Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, entre ellos España, y en particular a las autoridades marítimas, armadores y operadores de buques mercantes sujetos a dicho convenio internacional.

¿Qué cambia o establece? Las enmiendas modifican el apéndice del anexo del Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS. El texto publicado no detalla el contenido concreto de esas modificaciones, pero sí regula su procedimiento de entrada en vigor: se consideraron aceptadas el 1 de julio de 2023 al no haber sido rechazadas por más de un tercio de las Partes ni por países que representen al menos el 50 % del arqueo bruto de la flota mercante mundial, y pasaron a ser vinculantes el 1 de enero de 2024.

¿Qué es? Es una resolución adoptada por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) el 28 de abril de 2022, que introduce enmiendas al Convenio internacional SOLAS (Convenio para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1974). Estas enmiendas entraron en vigor el 1 de enero de 2024, al no haber sido rechazadas por un número suficiente de países antes del 1 de julio de 2023.

¿A quién afecta? Afecta a todos los países firmantes del Convenio SOLAS y, en la práctica, a los buques de pasaje y de carga (de 300 o más toneladas de arqueo bruto) que naveguen bajo su aplicación. También concierne a las autoridades marítimas nacionales, a los armadores y a los operadores de buques obligados a cumplir las normas técnicas de seguridad y radiocomunicaciones del Convenio.

¿Qué cambia o establece? Las enmiendas actualizan varios capítulos del Convenio. En materia de instalaciones eléctricas, precisan qué equipos de radio de onda media y de onda corta deben estar conectados a la fuente de energía de emergencia tanto en buques de pasaje como de carga. En el capítulo de dispositivos de salvamento, se reservan (dejan sin contenido normativo por el momento) las disposiciones sobre comunicaciones de emergencia en esos dispositivos. La modificación más extensa reescribe por completo el capítulo de radiocomunicaciones, actualizando definiciones técnicas clave del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), como las relativas a radiobalizar de localización, llamada selectiva digital, transmisores de búsqueda y salvamento (SART y AIS-SART) y las distintas zonas marítimas de cobertura, adaptando el texto a la tecnología y terminología actuales.

¿Qué es? Es la publicación oficial en España de una modificación del tratado fundacional del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), acordada en París el 16 de diciembre de 2003 y en vigor desde el 14 de octubre de 2006.

¿A quién afecta? Afecta al propio BERD y a sus países miembros, incluida España, que quedan vinculados por la nueva redacción del tratado. De forma indirecta, afecta a Mongolia, que pasa a poder recibir financiación y apoyo del banco.

¿Qué cambia o establece? Se modifica el artículo 1 del convenio fundacional del BERD para incluir expresamente a Mongolia como país donde el banco puede operar, en las mismas condiciones que los países de Europa Central y del Este. Así, cuando el convenio menciona "países beneficiarios" o "países receptores", esa referencia se entiende aplicable también a Mongolia.

¿Qué es? Es una modificación del Real Decreto 905/2022 que regula las ayudas del sector vitivinícola dentro de la Política Agrícola Común (PAC) en España. El ajuste, aprobado el 12 de marzo de 2024, introduce cambios técnicos concretos para mejorar la gestión de dos tipos de ayudas: las inversiones en instalaciones y comercialización, y la cosecha en verde (eliminación anticipada de la uva antes de que madure).

¿A quién afecta? Afecta principalmente a viticultores y productores de vino que solicitan o puedan solicitar ayudas públicas para reconvertir sus viñedos, realizar inversiones en sus bodegas o acogerse a la cosecha en verde. También afecta a las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar y convocar estas ayudas en sus territorios.

¿Qué cambia o establece? Los cambios más relevantes son tres. Primero, aclara qué documentación debe acompañar a las solicitudes de pago intermedio en operaciones de inversión que se ejecutan en dos años. Segundo, en la cosecha en verde, flexibiliza cuándo los agricultores deben estar inscritos en el Registro Vitícola, y permite a las comunidades autónomas excluir del cálculo de la compensación económica aquellas campañas en que hubo circunstancias excepcionales —como crisis climáticas o de mercado— que distorsionaran los rendimientos o precios, sustituyéndolas por campañas anteriores. Tercero, precisa que la cosecha en verde solo se considera ejecutada si se eliminan todos los racimos de la parcela completa, sin excepciones.

¿Qué es? La Ley 3/2024, de 15 de febrero, de Cooperación y Solidaridad es una ley aprobada por el Parlamento Vasco que regula la política pública de cooperación internacional y solidaridad de Euskadi con los países y territorios del Sur. Actualiza y sustituye el marco legal anterior, formado por dos leyes de 2007 —la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos—, recogiendo décadas de trayectoria solidaria vasca e incorporando los nuevos retos del contexto mundial.

¿A quién afecta? Afecta a las administraciones públicas vascas (Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos), a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, a sindicatos, universidades, centros de investigación, entidades vinculadas a Naciones Unidas y a otras organizaciones sociales que trabajan en cooperación. También incumbe a cooperantes, voluntarios, brigadistas y ciudadanía vasca en general, así como, indirectamente, a las poblaciones de los países y territorios del Sur con quienes se establecen relaciones de solidaridad.

¿Qué cambia o establece? La ley mantiene los rasgos propios de la cooperación vasca: una visión del desarrollo crítica con el modelo de crecimiento económico dominante y una política pública construida de forma participada y colaborativa con la sociedad civil. Apuesta por relaciones horizontales y de aprendizaje mutuo con los pueblos del Sur —no de mera transferencia de recursos—, por respuestas estructurales a problemas globales interdependientes y por el derecho de cada pueblo a definir su propio modelo de desarrollo. Asimismo, reconoce explícitamente los beneficios que esta política reporta a la propia sociedad vasca y la compromete a afrontar los nuevos desafíos globales desde las alianzas y aprendizajes acumulados.

¿Qué es? La Ley 4/2024, de 15 de febrero, es una norma aprobada por el Parlamento Vasco que sustituye a la ley anterior de 2012 sobre las mismas materias. Su propósito es reforzar la protección frente a la discriminación de las personas trans y transgénero en Euskadi, y reconocer sus derechos de forma más amplia y actualizada, incluyendo también por primera vez a las personas intersexuales.

¿A quién afecta? Afecta a las personas trans, transexuales, transgénero e intersexuales que viven en el País Vasco, así como a todas las administraciones públicas vascas, que quedan obligadas a aplicar esta ley. También incumbe a empleadores, centros educativos, servicios sanitarios como Osakidetza, cuerpos de seguridad como la Ertzaintza y policías locales, y en general a cualquier ámbito de la vida pública donde puedan producirse discriminaciones por identidad de género.

¿Qué cambia o establece? La ley fija un conjunto de medidas concretas en ocho ámbitos: establece cómo deben tratar las administraciones públicas a las personas trans y obliga a formar a sus empleados; eleva a rango de ley la Unidad Especializada de Atención a la Transexualidad de Osakidetza y detalla las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho estas personas; prohíbe expresamente la mutilación genital de personas intersexuales; promueve medidas contra la discriminación en el trabajo, en la familia y en la educación; e incluye la realidad trans en los contenidos educativos, en la cultura, el deporte y el ocio, y en los protocolos de seguridad y emergencias.

¿Qué es? El Real Decreto 248/2024, de 12 de marzo, es una norma del Gobierno de España que autoriza la entrega directa de subvenciones públicas a tres organismos profesionales: el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de los Procuradores de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas subvenciones corresponden al ejercicio presupuestario 2024 y tienen como fin financiar servicios de justicia y apoyo a personas que no pueden costearlos por sí mismas.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a ciudadanos sin recursos económicos suficientes para litigar, quienes tienen derecho constitucional a recibir asistencia jurídica gratuita. También afecta de forma específica a colectivos especialmente vulnerables, como víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores de edad y personas con discapacidad que sean víctimas de determinados delitos. De forma indirecta, afecta a los abogados, procuradores y psicólogos que prestan estos servicios a través de sus colegios profesionales.

¿Qué cambia o establece? La norma formaliza para el año 2024 la financiación pública de dos servicios: por un lado, la asistencia jurídica gratuita —que incluye defensa legal, representación y asesoramiento— organizada por los colegios de abogados y procuradores; por otro, la asistencia psicológica a víctimas de delitos prestada a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia, incluyendo la nueva Oficina de la Audiencia Nacional creada en 2024. Además, consolida la colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la elaboración de informes periciales a solicitud de los órganos judiciales.

¿Qué es? Es una Orden Ministerial española (TRM/229/2024, de 5 de marzo de 2024) que actualiza las tarifas que deben pagarse por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea gestionada por EUROCONTROL, el organismo europeo encargado de coordinar el tráfico aéreo. También modifica el tipo de interés que se aplica cuando esas tarifas se pagan fuera de plazo.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las compañías aéreas y operadores que sobrevuelan el espacio aéreo español y el de los demás países europeos participantes en el sistema común de EUROCONTROL, ya que son quienes pagan estas tarifas por los servicios de navegación que utilizan durante sus vuelos. No afecta directamente al ciudadano de a pie como usuario o contribuyente.

¿Qué cambia o establece? Fija las nuevas tarifas unitarias de base aplicables desde el 1 de enero de 2024 para los tres espacios aéreos españoles: 62,73 euros para las regiones de información de vuelo (FIR/UIR) de Barcelona y Madrid, y 50,38 euros para la de Canarias. Asimismo, recoge las tarifas actualizadas para el resto de países del sistema, que oscilan entre los 8,49 euros de Portugal Santa María y los 227,66 euros de Moldavia. Estas cifras, aprobadas por la Comisión Ampliada de EUROCONTROL en noviembre de 2023 (Decisiones 23/176 y 23/177), se incorporan al ordenamiento jurídico español a través de esta orden ministerial, tal y como exige la Ley 25/1998.

¿Qué es? La Orden DEF/228/2024 es una norma del Ministerio de Defensa que modifica el reglamento interno que regula las vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias del personal militar. Su objetivo es actualizar esa regulación para incorporar mejoras en conciliación de la vida familiar, personal y profesional que ya se habían aprobado para el resto de empleados públicos.

¿A quién afecta? Afecta a todos los miembros de las Fuerzas Armadas españolas, incluido el personal de tropa y marinería con compromiso de larga duración. También reconoce expresamente los derechos de las personas trans gestantes que presten servicio en el ámbito militar.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce varias novedades concretas: aclara que los términos "madre biológica" y "militar embarazada" incluyen a personas trans gestantes; amplía la reducción de jornada por cuidado de hijo con enfermedad grave hasta los 23 años del menor (y hasta los 26 si tiene una discapacidad del 65 % o más); extiende el permiso por enfermedad grave o intervención quirúrgica a personas que convivan con el militar aunque no sean familiares; equipara las parejas de hecho al matrimonio para disfrutar de los 15 días de permiso; crea un nuevo permiso parental de hasta 8 semanas para el cuidado de hijos o menores acogidos de hasta 8 años; y amplía la posibilidad de que los militares de tropa próximos al fin de su compromiso queden exentos de guardias para asistir a cursos de formación durante hasta dos cursos académicos completos.