El Horno

¿Qué es? Es una ley de la Junta de Extremadura aprobada el 12 de abril de 2024 que autoriza al municipio de Badajoz a aplicarse el régimen especial de organización que existe para municipios de gran población. Este régimen está regulado en la Ley Estatal de Bases de Régimen Local y puede aplicarse a capitales de provincia, capitales autonómicas o ciudades que sean sede de instituciones autonómicas, pero solo si la Asamblea Legislativa lo decide.

¿A quién afecta? Afecta al municipio de Badajoz, que es capital de la provincia de Badajoz. La ley se aprobó porque el propio ayuntamiento lo solicitó por unanimidad en sesión del 27 de julio de 2023, cumpliendo todos los requisitos legales necesarios para poder solicitar este estatus.

¿Qué cambia o establece? Establece que Badajoz aplicará a partir del 18 de abril de 2024 (día siguiente a la publicación oficial) el régimen de organización de municipios de gran población. Esto significa que la ciudad tendrá una estructura administrativa y organizativa específica prevista en la ley estatal para municipios de este tamaño y condición, aunque respetando su autonomía local.

¿Qué es? Es una modificación del Real Decreto que creó el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Ese registro existía para proteger a menores de edad. Esta norma amplía ese registro para incluir también delitos de trata de seres humanos, renombrándolo como Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. El objetivo sigue siendo evitar que personas condenadas por estos delitos trabajen en contacto habitual con menores.

¿A quién afecta? Afecta a toda persona que quiera trabajar en profesiones, oficios o actividades donde haya contacto habitual con menores de edad, como educación, sanidad o cuidado infantil. Afecta también a las administraciones públicas, empresas y colegios profesionales que contratan a estas personas. Y afecta especialmente a ciudadanos de la Unión Europea que quieran trabajar en España con menores.

¿Qué cambia o establece? Permite que las empresas y colegios profesionales soliciten directamente certificados sobre antecedentes penales, sin que lo haga el propio trabajador. Para ciudadanos de la UE, España consulta directamente en su país de origen en lugar de exigirles que aporten el certificado. Los registros ahora están conectados entre sí, eliminando trámites de comunicación innecesarios. Se agilizan los procedimientos y se permite hacer controles periódicos para verificar que quien trabaja con menores sigue sin tener antecedentes por estos delitos.

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¿Qué es? El Real Decreto 408/2024 modifica el Real Decreto 1055/2021, que regulaba el Plan Renove: un programa de subvenciones estatales para que agricultores renuevan su maquinaria. Este plan estaba previsto que finalizara el 31 de diciembre de 2023, pero la norma lo extiende porque un reglamento europeo que lo respalda fue prorrogado hasta 2026.

¿A quién afecta? Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones inscritas en registros oficiales, así como cooperativas y asociaciones de agricultores. También afecta a quienes soliciten subvenciones para renovar maquinaria agraria dentro de este programa.

¿Qué cambia o establece? Prorroga el Plan Renove hasta el 31 de diciembre de 2026; incluye nuevos tipos de máquinas subvencionables, como equipos para manejar cubiertas vegetales; aclara qué documentos presentar en casos especiales (por ejemplo, si la maquinaria no tiene la antigüedad requerida); actualiza referencias a leyes derogadas; y amplía los plazos para presentar la solicitud única agraria y sus modificaciones.

¿Qué es? Esta resolución es un aviso oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que recoge comunicaciones recibidas sobre tratados internacionales en los que España participa. Concretamente, informa de que Ucrania y Moldavia han notificado al Consejo de Europa la suspensión temporal de algunas de sus obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como permite ese mismo Convenio en situaciones de emergencia.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos de Ucrania y Moldavia, que quedan sujetos a las medidas de excepción que sus respectivos gobiernos han declarado. Para el ciudadano español, esta resolución tiene un efecto informativo: España cumple su obligación legal de publicar en el BOE las novedades sobre los tratados internacionales en los que es parte.

¿Qué cambia o establece? Ucrania ha prorrogado la ley marcial 90 días más desde el 16 de noviembre de 2023, lo que conlleva la suspensión de ciertas garantías del Convenio de Derechos Humanos. Por su parte, Moldavia prorrogó su estado de emergencia durante todo el mes de diciembre de 2023 por las amenazas a su seguridad derivadas de la guerra en Ucrania, lo que le permite aplicar medidas restrictivas —como limitar la circulación, controlar medios de comunicación o prohibir manifestaciones— suspendiendo igualmente algunas disposiciones del Convenio. Ambos países han actuado dentro del procedimiento legal previsto, notificando formalmente estas suspensiones al Consejo de Europa.

¿Qué es? Es la publicación oficial de la sentencia dictada el 31 de enero de 2024 por el Tribunal Supremo, en la que se resuelve un recurso judicial interpuesto contra un reglamento del Gobierno sobre costas. Su publicación en el BOE le da eficacia frente a todos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los propietarios y ciudadanos afectados por el deslinde de costas en Formentera, que fueron quienes impugnaron la norma, pero también a cualquier persona cuyos derechos o situaciones estuvieran amparados o regulados por el Real Decreto 668/2022.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal Supremo anula por completo el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, que modificaba el Reglamento General de Costas, por considerarlo contrario al ordenamiento jurídico. Esto significa que dicha modificación deja de tener validez como si nunca hubiera existido, y además condena a la Administración General del Estado al pago de las costas del proceso judicial.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un Real Decreto publicado en 2024 que aprueba el Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el organismo público encargado de gestionar las ayudas agrícolas en España. Esta corrección modifica varios párrafos del texto original donde se citaban erróneamente los apartados del artículo que describe las funciones del organismo.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al propio Fondo Español de Garantía Agraria y a quienes trabajan o se relacionan con él en su funcionamiento interno: sus órganos de gobierno, personal directivo y las unidades administrativas responsables de ejercer las funciones recogidas en su Estatuto. No genera obligaciones ni derechos nuevos para los ciudadanos o agricultores de forma directa.

¿Qué cambia o establece? Corrige erratas en las referencias internas del Estatuto del FEGA: en varias páginas del texto original se citaban párrafos equivocados del artículo 3 al describir qué funciones corresponden a cada unidad u órgano del organismo. La corrección ajusta esas citas para que remitan a los apartados correctos. Además, elimina un subapartado completo (el apartado 2.º de la letra f) de la página 36085) que no debía figurar en el texto. En resumen, es una enmienda técnica que no cambia la política agraria ni las ayudas existentes, sino que garantiza que el Estatuto sea internamente coherente y jurídicamente preciso.

¿Qué es? Es una corrección de errores de una orden ministerial española publicada en el Boletín Oficial del Estado. No introduce ninguna medida nueva, sino que rectifica un error formal detectado en la Orden AUC/319/2024, de 9 de abril de 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los efectos administrativos y jurídicos de la Orden AUC/319/2024. En la práctica, el impacto directo sobre ciudadanos es mínimo; se trata de una corrección técnica que afecta a la numeración de los artículos de aquella norma.

¿Qué cambia o establece? Corrige un error en la numeración de un artículo: lo que en la orden original figuraba como "Artículo 4" —referido a la modificación de la circunscripción consular de la Oficina Consular honoraria en Puerto San Julián (Argentina)— debe numerarse correctamente como "Artículo 5". No cambia ningún contenido sustantivo de la norma.

¿Qué es? El Real Decreto 368/2024, aprobado el 9 de abril de 2024, es la norma por la que el Estado español transfiere al Gobierno Vasco las competencias que hasta ahora tenía sobre los servicios de trenes de cercanías que operan dentro del territorio del País Vasco. Esta decisión se basa en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que ya reconocía a esta comunidad el derecho a gestionar los transportes ferroviarios que discurran íntegramente por su territorio, y formaliza un acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta Estado-País Vasco el 11 de marzo de 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los usuarios de los trenes de cercanías de ancho ibérico y ancho métrico que circulan dentro del País Vasco, así como a las empresas ferroviarias que prestan esos servicios. También afecta a la Administración del Estado, que deja de ejercer funciones de gestión, inspección y regulación sobre esas líneas, y al Gobierno Vasco, que pasa a asumir plenamente esas responsabilidades.

¿Qué cambia o establece? A partir de la fecha indicada en el acuerdo de traspaso, el Gobierno Vasco pasa a controlar de forma completa los servicios de cercanías ferroviarias en su territorio. Esto incluye la planificación, regulación, gestión, coordinación e inspección de esos servicios, así como la facultad de fijar las tarifas, establecer los niveles de calidad exigibles a las empresas operadoras, determinar los derechos y deberes de los viajeros y aprobar las condiciones de contratación del servicio. En la práctica, el País Vasco gana plena autoridad sobre cómo se organiza y se presta el tren de cercanías dentro de su comunidad.

¿Qué es? Es una corrección de errores de una orden ministerial publicada en el BOE en abril de 2024, que a su vez modificaba los modelos oficiales de actas utilizados en las mesas electorales. Esta corrección rectifica tres equivocaciones concretas de texto que aparecieron en aquella publicación original.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a quienes intervienen en la gestión administrativa de los procesos electorales: miembros de mesas electorales, interventores y personal encargado de cumplimentar las actas oficiales de constitución de mesa y de escrutinio, incluyendo las correspondientes al voto de españoles residentes en el exterior (CERA).

¿Qué cambia o establece? Se corrigen tres errores concretos en el texto publicado: primero, la sigla del modelo de acta de constitución de mesa pasa de "AEM" a "ACM", que es la denominación correcta; segundo, la palabra "INTERVENTOTES" se corrige por "INTERVENTORES"; y tercero, se elimina una línea sobrante sobre el detalle por Oficina Consular en el acta de escrutinio CERA, que no debía figurar en ese documento. No se introduce ningún cambio de fondo en la regulación electoral, solo se subsanan erratas materiales.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Su único propósito es enmendar una errata tipográfica que se coló en el texto original.

¿A quién afecta? Afecta formalmente al Real Decreto 323/2024, que regula la estructura interna del Ministerio de Cultura. En la práctica, tiene relevancia principalmente para quienes aplican o interpretan esa norma de forma técnica o administrativa.

¿Qué cambia o establece? Corrige un número de año equivocado en una referencia legal: donde el texto decía "1/2013, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global", debe decir "1/2023". Es decir, el año de la ley citada estaba mal escrito (2013 en lugar de 2023), y esta corrección lo subsana sin alterar ningún otro contenido de la norma.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de abril de 2024, que resuelve un recurso judicial interpuesto por varios Colegios de Procuradores de España contra un Real Decreto del Gobierno. El fallo estima el recurso y anula dicho Real Decreto por ser contrario a Derecho.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los procuradores de los tribunales, que son los profesionales jurídicos encargados de representar a las partes ante los juzgados, y a sus colegios profesionales. También puede afectar a los ciudadanos que litigan, ya que los honorarios de estos profesionales se rigen por un arancel regulado por el Estado.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal Supremo anula el Real Decreto 307/2022, que había modificado el arancel de derechos —es decir, la tabla de honorarios— de los procuradores aprobado en 2003. Al quedar anulado ese Real Decreto, las modificaciones que introducía dejan de tener efecto y se ordena publicar este fallo en el Boletín Oficial del Estado. Las costas del proceso se imponen a la Administración demandada, esto es, al Estado.

¿Qué es? Es una orden ministerial que publica el acuerdo adoptado por el Consejo de Seguridad Nacional el 19 de marzo de 2024, por el que se aprueba el procedimiento para crear el Catálogo de Recursos de la Seguridad Nacional. Este catálogo será un inventario oficial de los recursos disponibles para hacer frente a los riesgos y amenazas identificados en la Estrategia de Seguridad Nacional. Una vez aprobado, tendrá la calificación de materia clasificada en la categoría de «reservado».

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Administración General del Estado: todos los ministerios quedan implicados en el proceso, ya que deberán aportar información sobre sus recursos. La dirección recae en el Consejo de Seguridad Nacional y en un Grupo de Trabajo presidido por la directora del Departamento de Seguridad Nacional. En fases posteriores, el proceso se extenderá a las Comunidades Autónomas y, potencialmente, a las entidades locales y al sector privado.

¿Qué cambia o establece? Se fija un procedimiento por fases para construir el catálogo: primero se recopilarán los inventarios de recursos existentes en los ministerios; después se elaborará un borrador a nivel de Administración General del Estado; luego se integrará con el nivel autonómico; y el resultado final será aprobado por el Gobierno mediante real decreto en Consejo de Ministros. Se establece además que en el plazo de un año desde la publicación del acuerdo se deberá presentar un primer borrador, y que el Consejo de Seguridad Nacional informará anualmente al Consejo de Ministros sobre el estado del proceso.

¿Qué es? Es una orden ministerial firmada el 14 de abril de 2024 que hace pública la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de revisar y elaborar una nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. La estrategia anterior, aprobada en enero de 2019 y con vigencia prevista de cinco años, ha quedado superada por los cambios en el contexto global de seguridad, por lo que se ordena su actualización.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las administraciones públicas implicadas en la seguridad: el Ministerio del Interior liderará el proceso, con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional. Las comunidades autónomas y ciudades autónomas participarán a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional. También se prevé la participación de expertos de la sociedad civil, el sector privado y el ámbito académico. De forma indirecta, afecta a todos los ciudadanos, ya que la estrategia resultante marcará la política del Estado frente a la criminalidad organizada y la delincuencia grave.

¿Qué cambia o establece? No aprueba aún una nueva estrategia de seguridad, sino que pone en marcha el procedimiento formal para elaborarla. Encarga al Ministerio del Interior su redacción, con el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) al frente del grupo de trabajo redactor. El texto deberá actualizar los riesgos y amenazas teniendo en cuenta fenómenos recientes como la pandemia, la guerra en Ucrania, el cibercrimen y la creciente vinculación entre terrorismo y crimen organizado. Una vez completado, el borrador definitivo será elevado al Consejo de Seguridad Nacional para su aprobación formal.

¿Qué es? Es el Real Decreto firmado el 9 de abril de 2024 por el que el Gobierno de España convoca oficialmente las elecciones al Parlamento Europeo, fijando su celebración para el domingo 9 de junio de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a todos los ciudadanos españoles con derecho a voto en elecciones europeas, así como a los partidos políticos, candidaturas y organismos electorales (como la Junta Electoral Central) que participan en la organización y desarrollo del proceso electoral.

¿Qué cambia o establece? El decreto fija las fechas y plazos concretos del proceso: la campaña electoral se desarrollará del 24 de mayo al 7 de junio; el día de votación será el 9 de junio; el escrutinio general comenzará el 14 de junio y no podrá extenderse más allá del 17 de junio; y la proclamación oficial de los elegidos deberá realizarse antes del 29 de junio. Establece además que España elegirá 61 diputados y diputadas, conforme a la cuota asignada al país para la legislatura 2024-2029. También recoge que ningún resultado oficial podrá publicarse hasta que haya cerrado el último colegio electoral en toda la Unión Europea.

¿Qué es? Es una Orden Ministerial de abril de 2024 por la que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España cierra el Consulado Honorario que tenía en Ventimiglia (Italia) y amplía la zona de actuación del Consulado Honorario de Génova para que asuma el territorio que antes cubría Ventimiglia.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos españoles residentes o en tránsito por las provincias italianas que estaban bajo la cobertura del Consulado de Ventimiglia, así como a quienes en adelante necesiten servicios consulares honorarios en esa zona del noroeste de Italia. A partir de ahora deberán dirigirse al Consulado Honorario de Génova.

¿Qué cambia o establece? Se suprime definitivamente el Consulado Honorario de Ventimiglia, cuya razón de ser original era atender emergencias en una frontera muy transitada, necesidad que dejó de existir con la desaparición de los controles fronterizos y la reducción de la colonia española en la zona. El Consulado Honorario de Génova pasa a cubrir las provincias de Imperia, Savona y La Spezia, además de la Ciudad Metropolitana de Génova. El cambio no supone gasto adicional para el Estado.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, firmada el 9 de abril de 2024, que sube de rango la oficina consular honoraria española en Le Havre (Francia): pasa de ser un Viceconsulado Honorario a ser un Consulado Honorario, y su responsable pasa a tener el título de Cónsul Honorario.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos españoles que residen o se desplazan por los departamentos franceses de Calvados, Manche y Seine-Maritime, que son la zona de actuación de esa oficina. También tiene repercusión en las empresas y personas que realizan actividades mercantiles o de navegación en el puerto de Le Havre y su entorno industrial.

¿Qué cambia o establece? El cambio es exclusivamente de categoría y rango: la oficina deja de llamarse Viceconsulado Honorario y pasa a denominarse Consulado Honorario, equiparándose así a las otras dos oficinas consulares honorarias españolas en territorio continental francés (Rennes y Lille). No se crean nuevos puestos ni se aumenta el gasto público; la oficina seguirá funcionando con los mismos medios que tenía. El motivo es evitar desigualdades de protocolo con otras representaciones consulares extranjeras en la región de Normandía y reconocer la importancia del puerto de Le Havre como núcleo de actividad comercial y marítima.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que crea un nuevo Viceconsulado Honorario en El Calafate, una ciudad de la provincia argentina de Santa Cruz, y ajusta los territorios que ya cubrían los viceconsulados existentes en Río Gallegos y Puerto San Julián.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos españoles que se encuentren en la zona de El Calafate y los departamentos de Lago Argentino y Río Chico, ya sea como residentes o como turistas, incluidos los que practican montañismo en El Chaltén y la montaña de Fitz Roy. También afecta a las circunscripciones de los viceconsulados de Río Gallegos y Puerto San Julián, que ven redelimitado el territorio que atienden.

¿Qué cambia o establece? Se crea un Viceconsulado Honorario en El Calafate para facilitar la protección y asistencia consular urgente en esa zona, que hasta ahora era de difícil acceso para los vicecónsules de las otras dos oficinas debido a las grandes distancias y los frecuentes cortes de carretera. El nuevo viceconsulado dependerá del Consulado General de España en Bahía Blanca y su creación no supone gasto adicional de personal. Como consecuencia, el Viceconsulado de Río Gallegos pasa a cubrir los departamentos de Güer Aike y Corpen Aike, y el de Puerto San Julián los de Lago Buenos Aires, Deseado y Magallanes.

¿Qué es? Es una norma del Gobierno de España, aprobada el 2 de abril de 2024, que establece las reglas técnicas que deben cumplir los ascensores en todo el territorio nacional. Concretamente, aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», un documento de carácter técnico que forma parte del Reglamento de aparatos de elevación y manutención. Esta norma sustituye a la versión anterior de 2013, que había quedado desfasada por los cambios en la legislación europea y la evolución tecnológica del sector.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas y entidades relacionadas con los ascensores: los propietarios o titulares de instalaciones donde haya ascensores (como comunidades de vecinos, empresas o administraciones públicas), las empresas que instalan y fabrican ascensores, y las empresas conservadoras o de mantenimiento encargadas de su revisión periódica. También afecta a los organismos que realizan inspecciones técnicas de estos equipos.

¿Qué cambia o establece? La norma actualiza las reglas sobre cómo se ponen en servicio, modifican, mantienen e inspeccionan los ascensores, adaptándolas a la normativa europea vigente y a los nuevos avances tecnológicos. En particular, obliga a definir un plan de mantenimiento con unas actuaciones mínimas que las empresas conservadoras deben realizar, y exige que dichas empresas informen al titular de la instalación sobre las actividades de mantenimiento llevadas a cabo. Además, incluye medidas para mejorar la seguridad del parque de ascensores ya existentes, especialmente los más antiguos, cuya documentación técnica en muchos casos ya no está disponible.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio del Interior, publicada en abril de 2024, que actualiza los modelos oficiales de determinadas actas electorales que se utilizan en los procesos de votación en España. Concretamente, modifica el anexo 9 del Real Decreto 605/1999, que regula los materiales empleados en las elecciones.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los organismos y personas que intervienen en la gestión del voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero (voto CERA): las juntas electorales provinciales, los funcionarios consulares y los miembros de las mesas electorales. De forma indirecta, afecta a todos los electores que ejercen su derecho al voto desde el exterior.

¿Qué cambia o establece? Se actualizan tres modelos de actas electorales. En el acta de escrutinio del voto CERA (AEJ CERA) se añaden campos para registrar los votos que no pudieron contabilizarse por no cumplir los requisitos legales y para distinguir entre votos recibidos por correo y votos depositados en urna. En el acta consular (AFC) se incorpora un espacio para los sobres depositados en urna y para las firmas de los representantes de las candidaturas. En el acta de constitución de la mesa electoral (AEM) se añade una nota para anotar los nombres de los suplentes designados que finalmente no llegaron a formar parte de la mesa. Ambas actas del voto CERA incorporan además nuevos anexos para detallar los votos recibidos fuera de plazo.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la emisión y acuñación de una moneda de colección de 40 euros con motivo del décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI (2014-2024). La moneda está fabricada en plata de 925 milésimas, pesa 18 gramos, mide 33 mm de diámetro y tiene un acabado circular con canto liso. En el anverso figura el retrato del Rey y en el reverso una imagen en color de la Corona Real custodiada en el Palacio Real de Madrid.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas y ciudadanos interesados en adquirir la moneda, así como a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, encargada de acuñarla y distribuirla, y al Banco de España, que actúa como intermediario en la puesta en circulación. También pueden participar en la distribución las entidades de crédito y otras entidades públicas y privadas designadas.

¿Qué cambia o establece? La orden establece que durante el segundo trimestre de 2024 se pondrán en circulación hasta un máximo de 1.000.000 de piezas. Las monedas serán acuñadas por cuenta del Estado y entregadas al Banco de España, desde donde quedarán disponibles para el público a través de entidades de crédito y otros canales. Se permite además que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre destine hasta cinco piezas a sus fondos numismáticos museológicos. Los documentos de entrega expedidos tendrán una validez de tres meses desde su emisión.

¿Qué es? Es una corrección de errores de una Orden Ministerial de Defensa publicada en marzo de 2024, que regula los procesos de selección para ingresar en los centros militares de formación de suboficiales. La corrección se publica porque se detectó un error en el texto original publicado en el Boletín Oficial del Estado.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que deseen acceder a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina a través de los centros docentes militares de formación.

¿Qué cambia o establece? Corrige una fila de una tabla de la norma original relativa a los requisitos de idiomas. El texto corregido añade una precisión que faltaba: además de exigir el certificado de nivel intermedio B2 o equivalente, se especifica que el nivel acreditado debe ser SLP 2.2.2.2 o superior, pero inferior a SLP 3.3.3.3. Esta aclaración delimita el tramo concreto de nivel lingüístico exigido dentro de la escala de calificación militar de idiomas.

¿Qué es? Esta norma es una Orden del Ministerio de Defensa que aprueba los requisitos que deben cumplir los alumnos para entrar y salir del nuevo Curso de Altos Estudios de Inteligencia de la Defensa (CAEID). Se trata de un paso formal previo y necesario para poder desarrollar después el plan de estudios completo de dicho curso, que tendrá rango de "altos estudios de la defensa nacional".

¿A quién afecta? Afecta principalmente a oficiales militares que trabajan o pueden trabajar en áreas de inteligencia y contrainteligencia, y que aspiren a ocupar puestos de asesoramiento o alta dirección en los órganos superiores del Ministerio de Defensa o en organismos internacionales de seguridad en los que España participa. Los perfiles exigidos al personal militar sirven también de referencia orientativa para candidatos procedentes de otras Administraciones Públicas o de la sociedad civil que pudieran acceder al curso.

¿Qué cambia o establece? La orden crea formalmente los perfiles de ingreso (lo que debe acreditar el alumno para entrar) y de egreso (las competencias que debe haber adquirido al terminar) del nuevo CAEID, sustituyendo progresivamente al anterior Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS), que seguirá vigente solo durante el curso 2023-2024. A partir del año académico 2024-2025, las nuevas convocatorias ya se regirán por los perfiles aprobados en esta orden.

¿Qué es? El Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, establece las reglas generales (bases reguladoras) que deben cumplirse para poder solicitar y recibir subvenciones públicas destinadas a organizar actividades de formación, información, intercambio de conocimientos y servicios de asesoramiento en el sector agroalimentario y forestal. Estas ayudas se encuadran dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) de España para el período 2023-2027, financiado con fondos europeos.

¿A quién afecta? Afecta a las entidades —públicas o privadas— que quieran prestar o ya presten servicios de formación, asesoramiento o divulgación dirigidos a agricultores, ganaderos, silvicultores y profesionales del sector agroalimentario y forestal. También afecta indirectamente a los propios agricultores y explotaciones agrarias, que son los destinatarios finales de las acciones formativas y de asesoramiento que se financien con estas subvenciones.

¿Qué cambia o establece? La norma define cuatro programas temáticos subvencionables: dos dentro de la intervención de formación e información (uno sobre digitalización y otro sobre otras materias), y dos dentro de la intervención de asesoramiento a explotaciones (uno para prestar servicios de asesoramiento en digitalización y otro para crearlos). Establece que las acciones deben enmarcarse en el Sistema de Conocimiento e Innovación Agrarios (SCIA) y que su objetivo es modernizar el sector fomentando la innovación, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones agrarias.

¿Qué es? El Real Decreto 320/2024, de 26 de marzo, modifica la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), que es la norma que regula cómo deben recibirse, transportarse, almacenarse y usarse los cementos en obras de construcción, fábricas de hormigón y otras instalaciones similares en España. Esta actualización adapta la instrucción a cambios previos en la normativa nacional y europea.

¿A quién afecta? Afecta a todos los agentes que intervienen en la construcción y en la industria del cemento: empresas constructoras, fabricantes y suministradores de cemento, centrales de fabricación de hormigón, y cualquier instalación que utilice cemento en la elaboración de productos de construcción. También afecta a quienes importen o comercialicen cementos procedentes de otros países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

¿Qué cambia o establece? La modificación incorpora dos nuevos tipos de cemento —el Portland compuesto CEM II/C-M y el cemento compuesto CEM VI, regulados por la norma UNE-EN 197-5:2021— que tienen menor contenido de clínker y contribuyen a reducir las emisiones de CO₂, en línea con los objetivos climáticos europeos. Además, se actualizan las exigencias administrativas para permitir el uso de cementos comercializados legalmente en otros Estados miembros de la UE conforme al principio de reconocimiento mutuo, y se adapta la instrucción al Código Estructural aprobado en 2021 y al resto de reglamentación vigente.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 12 de marzo de 2024 que modifica las condiciones de uso de ciertas menciones que pueden aparecer en las etiquetas de algunos vinos de licor españoles con denominación de origen protegida (DOP), concretamente las menciones en inglés «Dry» y «Pale dry».

¿A quién afecta? Afecta a las bodegas y denominaciones de origen protegidas elaboradoras de vinos de licor ubicadas en Andalucía que utilizaban estas menciones en sus etiquetas, así como, indirectamente, a los consumidores que compran estos productos y leen su etiquetado.

¿Qué cambia o establece? Se eliminan dos cambios concretos en el etiquetado de estos vinos: primero, la mención «Dry» desaparece completamente porque el sector había dejado de usarla. Segundo, la mención «Pale dry» se mantiene pero con una condición actualizada: el límite máximo de azúcar permitido para poder usarla sube de 45 a 50 gramos por litro, dando así más margen a los productores para adaptarse a la demanda del mercado. La norma entró en vigor seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? Es la ratificación por parte de España del Protocolo de Luxemburgo, un tratado internacional firmado en 2007 que establece un sistema de garantías y registros internacionales aplicado específicamente al material rodante ferroviario (trenes, vagones, locomotoras y sus componentes). Con este instrumento, España hace oficial su adhesión y acepta las obligaciones del tratado, que fue firmado por el representante español en Roma en noviembre de 2021 y ratificado por el Rey Felipe VI en diciembre de 2022.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a empresas, entidades financieras y personas que participen en la compra, venta, arrendamiento o financiación de material rodante ferroviario con implicación internacional. También afecta a los registros públicos españoles encargados de inscribir garantías sobre bienes muebles, así como a los operadores ferroviarios que presten servicios públicos, para los que España declara expresamente que seguirán aplicándose las normas nacionales vigentes.

¿Qué cambia o establece? España designa el Registro de Bienes Muebles como punto de acceso oficial para transmitir al Registro Internacional las garantías sobre material rodante ferroviario. Adopta el sistema europeo de numeración de vehículos e intercambio de datos como método de identificación. Las garantías ya existentes sobre ese material quedarán integradas en el nuevo sistema de prioridad internacional al tercer aniversario de la entrada en vigor de la declaración correspondiente. Además, España aclara que, si el Protocolo se aplica a Gibraltar, ello no supone reconocimiento de ningún derecho sobre ese territorio más allá de lo establecido en el Tratado de Utrecht de 1713.

¿Qué es? Es una ley de la Comunidad de Castilla y León que modifica la norma autonómica que regula los casinos, salones de juego, bingos y apuestas desde 1998. Su objetivo principal es actualizar esa regulación para adaptarla a la realidad actual, con especial atención al juego responsable y a la protección de las personas más vulnerables.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona que acceda o quiera acceder a establecimientos de juego y apuestas en Castilla y León, especialmente a menores de edad y a quienes tengan conductas compulsivas con el juego. También afecta directamente a las empresas del sector (casinos, salones de juego, bingos) y a quienes realizan publicidad de estas actividades.

¿Qué cambia o establece? Los establecimientos de juego deberán mantener una distancia mínima de 300 metros entre sí y de 150 metros respecto a centros educativos. Se refuerza el control de acceso: todas las puertas deben contar con un servicio de control y un registro de visitantes, y se exige colocar carteles que avisen de la prohibición de entrada a menores y a personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego, un registro autonómico de nuevo cuño que podrá conectarse con los equivalentes estatales y de otras comunidades. La publicidad del juego queda sujeta a autorización administrativa previa y no podrá contener contenidos sexistas, xenófobos ni que fomenten el juego irresponsable. Además, los locales deberán ofrecer folletos informativos sobre juego responsable y ludopatía, y queda prohibido habilitar zonas para fumar en su interior.

¿Qué es? Es una corrección de errores tipográficos detectados en un texto legal publicado oficialmente. Concretamente, se subsanan fallos de redacción que aparecieron en la publicación del acuerdo entre España y Marruecos sobre el reconocimiento mutuo y el canje de permisos de conducción, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de marzo de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona, española o marroquí, que quiera beneficiarse del acuerdo que permite canjear el permiso de conducción de un país por el del otro sin necesidad de examinarse de nuevo. También afecta a las autoridades competentes de ambos países que aplican ese acuerdo.

¿Qué cambia o establece? No cambia ningún derecho ni obligación. Únicamente corrige cuatro erratas del texto publicado: en tres ocasiones se elimina una repetición de la palabra «que» en la expresión «por la que la que las dos Partes», y en una ocasión se corrige «Reinos de Marruecos» por «Reino de Marruecos». El contenido del acuerdo permanece intacto; solo se enmienda su redacción para que el texto oficial sea correcto.

¿Qué es? Esta orden ministerial autoriza la emisión, acuñación y puesta en circulación de una moneda de colección en el marco de la XIII Serie Iberoamericana «Encuentro de Dos Mundos», dedicada en 2024 al tema «Capitales Iberoamericanas». La serie existe desde 1991 y reúne a varios países iberoamericanos para acuñar monedas sobre historia y raíces comunes. La pieza española es una moneda de plata de 925 milésimas, con valor facial de 5 euros (denominada 4 reales), calidad Proof, y en cuyo reverso aparece una imagen en color de la Plaza de España de Sevilla.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, encargada de acuñar y comercializar las piezas, y al Banco de España, que recibe la entrega documental de las monedas. También concierne a coleccionistas y particulares interesados en adquirirlas, ya que fija el precio inicial de venta al público en 35 euros (IVA excluido). El Tesoro Público recibe el importe correspondiente al valor facial de las monedas emitidas.

¿Qué cambia o establece? La orden establece las características técnicas y legales de la emisión: un máximo de 7.000 piezas, con salida al mercado durante el segundo trimestre de 2024. Fija el precio de venta inicial y prevé su posible ajuste si el precio de los metales preciosos en los mercados oficiales varía más de un cuatro por ciento respecto a los valores de referencia usados en su producción. Además, autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a reservar hasta cinco piezas para los fondos del Museo Numismático de dicha entidad.