El Horno

¿Qué es? Es una ley del Principado de Asturias que modifica la Ley de Montes y Ordenación Forestal de 2004 para adaptarla a los cambios que el Estado introdujo en su legislación básica sobre incendios forestales mediante decretos de 2022. Su propósito es mejorar la respuesta legal y operativa de Asturias frente a los incendios forestales y ganar en seguridad jurídica.

¿A quién afecta? Afecta a la administración autonómica asturiana y a las consejerías responsables de materia forestal, prevención de incendios y ordenación del territorio. También afecta a propietarios de montes, personas que realizan actividades en terrenos forestales, quienes hacen quemas agrícolas o uso del fuego en el monte, y a quienes cometan infracciones en esta materia.

¿Qué cambia o establece? La ley modifica siete artículos concretos. Incorpora al Consejo Forestal la función de conocer e informar los planes anuales de prevención y extinción de incendios. Refuerza las obligaciones de planificación de esos planes anuales, que deberán cubrir todo el territorio, publicarse antes de aplicarse y seguir las directrices estatales. Crea el Índice de Riesgo de Incendio Forestal (IRIF), con valores del 0 al 5, que la administración calculará y publicará cada día. También actualiza las normas sobre el uso del fuego y la quema de rastrojos, y modifica el régimen de sanciones —infracciones muy graves, graves y leves y sus multas económicas— para alinearlo con la nueva regulación.

¿Qué es? Es un Auto del Tribunal Supremo (Sala Tercera) dictado el 20 de mayo de 2024, que resuelve un incidente de ejecución de una sentencia previa de 2022. En concreto, el tribunal constata que la Administración no cumplió correctamente lo ordenado en esa sentencia y actúa para hacerla cumplir.

¿A quién afecta? Afecta directamente a EDP España SAU, una comercializadora libre de energía eléctrica, y a la Administración del Estado (Secretaría de Estado de Energía). De fondo, la controversia gira en torno al bono social eléctrico, que es una ayuda para consumidores domésticos vulnerables cuya financiación se reparte entre las comercializadoras.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal estima la reclamación de EDP y anula parcialmente una resolución administrativa de noviembre de 2023 que le había negado los importes que le correspondían. Ordena a la Administración que abone a EDP España SAU 19.620.631,56 euros, que es la cantidad que esta empresa financió del bono social y que no le había sido reintegrada, más los intereses legales desde que realizó los pagos hasta que se produzca la devolución.

¿Qué es? Es una modificación de los estatutos internos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto el 18 de junio de 2024. Concretamente, cambia las reglas sobre cuándo y cómo se celebran las elecciones dentro de ese colegio profesional.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a los miembros del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que es una organización profesional de ámbito nacional. El ciudadano en general no se ve afectado de forma directa por esta norma.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, las elecciones de los órganos directivos del colegio se celebraban en dos momentos distintos separados por dos años: primero se elegían los órganos generales (Junta de Gobierno y Consejo General) y dos años después los órganos territoriales (Juntas Rectoras de las Demarcaciones). Con este cambio, todas esas elecciones pasarán a celebrarse al mismo tiempo. Como medida de transición, los cargos elegidos en 2024 tendrán un mandato de solo dos años, de modo que en 2026 se pueda hacer ya una elección conjunta de todos los órganos, que a partir de entonces tendrán mandatos de cuatro años. El objetivo declarado es mejorar la coordinación interna del colegio, facilitar la planificación y reducir los costes y los períodos de ralentización que generan los procesos electorales.

¿Qué es? Es la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, de un recurso de inconstitucionalidad presentado contra una ley de Aragón. El recurso fue admitido el 17 de junio de 2024 y tiene el número 3951-2024.

¿A quién afecta? Afecta a la Comunidad Autónoma de Aragón y a cualquier ciudadano, institución o entidad que pudiera verse concernido por la Ley 1/2024, de 15 de febrero, que derogaba la ley aragonesa de memoria democrática de 2018.

¿Qué cambia o establece? La ley aragonesa impugnada —que eliminaba la Ley de Memoria Democrática de Aragón— queda suspendida y no puede aplicarse mientras el Tribunal Constitucional resuelve el recurso. Esta suspensión es efectiva desde el 29 de mayo de 2024 para las partes del proceso, y desde la publicación de este anuncio en el BOE para el resto de personas y entidades. Es decir, durante ese tiempo, la Ley de Memoria Democrática de Aragón de 2018 recupera provisionalmente su vigencia.

¿Qué es? El Real Decreto 567/2024, de 18 de junio, modifica la normativa española que regula la condicionalidad de la Política Agrícola Común (PAC), es decir, las obligaciones que deben cumplir los agricultores para poder recibir ayudas europeas. Los cambios se realizan para adaptar la legislación española a un nuevo reglamento europeo aprobado en mayo de 2024, incorporando ajustes aprendidos tras el primer año de aplicación del Plan Estratégico de la PAC.

¿A quién afecta? Afecta a los agricultores y ganaderos que reciben pagos directos de la PAC, determinadas ayudas de desarrollo rural y ayudas del programa POSEI (destinado a regiones alejadas e insulares). De forma especial, beneficia a los titulares de explotaciones de 10 hectáreas o menos, que quedan exceptuados de ciertos controles y sanciones.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce varias modificaciones concretas: las explotaciones de hasta 10 hectáreas quedan eximidas de determinados controles y penalizaciones; se flexibilizan las reglas sobre gestión de la labranza (BCAM 5), cobertura del suelo (BCAM 6) y rotación de cultivos (BCAM 7), pudiendo esta última cumplirse mediante diversificación anual de cultivos desde 2024; se elimina la obligación de mantener un porcentaje de superficies no productivas (BCAM 8); y se evita que los agricultores que reciben ayudas de dos periodos distintos tengan que cumplir simultáneamente con dos sistemas de condicionalidad medioambiental diferentes. Además, para el ejercicio actual no se aplicarán las penalizaciones ordinarias durante el periodo establecido en el artículo 108 de la normativa vigente.

¿Qué es? Es una Orden Ministerial de junio de 2024 que modifica una norma anterior de 2022 sobre el órgano encargado de gestionar el programa de apoyo al «Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022», un acontecimiento declarado de excepcional interés público. El cambio se produce porque en noviembre de 2023 el Gobierno reorganizó los ministerios y creó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, lo que obligó a actualizar la composición y adscripción de ese órgano gestor para que encajara con la nueva estructura ministerial.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las personas que forman parte del órgano colegiado interministerial que gestiona dicho programa: representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (que pasa a presidirlo), del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Cultura, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También afecta a las entidades o personas que deseen solicitar certificaciones vinculadas a los beneficios fiscales al mecenazgo relacionados con este acontecimiento.

¿Qué cambia o establece? La norma actualiza la composición del órgano colegiado para reflejar la nueva estructura ministerial: lo adscribe a la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y asigna su presidencia a la Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento de ese ministerio. Además, precisa qué representantes deben votar a favor para aprobar determinadas decisiones —las certificaciones fiscales requieren el voto del representante de Hacienda, y los planes de actividades necesitan el voto favorable de Ciencia y de Cultura—, actualiza la dirección a la que dirigir solicitudes e indica que el funcionamiento del órgano no generará gasto adicional ni dietas para sus miembros.

¿Qué es? La Orden JUI/586/2024, de 6 de junio, crea y regula la Mesa de Contratación del Ministerio de Juventud e Infancia, un órgano permanente de asistencia en materia de contratación pública. Su existencia responde a la reciente creación de este ministerio como departamento independiente, lo que exigía dotarlo de la estructura necesaria para gestionar sus procesos de compra y contratación conforme a la ley.

¿A quién afecta? Afecta al propio Ministerio de Juventud e Infancia y a quienes contraten con él o participen en sus licitaciones. Internamente, incumbe a los funcionarios que forman parte de la Mesa —presidencia, vocales y secretaría— así como a los órganos del ministerio que promuevan contratos. Queda expresamente excluido el Instituto de la Juventud, que tiene su propio régimen de contratación al ser un organismo público adscrito.

¿Qué cambia o establece? La norma crea formalmente la Mesa, la adscribe a la Subsecretaría del Departamento y fija su composición: una presidencia (titular de la Subdirección General de Gestión Económica), cuatro vocalías —representantes de la Subsecretaría, la Abogacía del Estado, la Intervención Delegada y el órgano proponente del contrato— y una secretaría con voz pero sin voto. Establece las reglas de suplencia para ausencias o abstenciones, prohíbe que formen parte de la Mesa cargos políticos o quienes hayan redactado la documentación técnica del contrato, y exige que su composición respete el equilibrio entre mujeres y hombres. La Mesa podrá contar con asesores especializados cuando la complejidad técnica de un contrato así lo requiera.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la creación y venta de una moneda de colección conmemorativa del doscientos aniversario de la fundación del Tesoro Público, institución creada el 3 de julio de 1824 mediante la Instrucción General para la Dirección, Administración, Recaudación, Distribución y Cuenta de la Real Hacienda.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas y personas interesadas en numismática que deseen adquirir la moneda. También incumbe a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, encargada de acuñarla y comercializarla, y al Banco de España, que interviene en el proceso de puesta en circulación.

¿Qué cambia o establece? La orden aprueba la emisión de una única pieza de plata de 925 milésimas con valor facial de 10 euros (presentada como "8 reales"), peso de 27 gramos, diámetro de 40 milímetros y acabado de calidad Proof. Se acuñarán como máximo 6.000 ejemplares durante el tercer trimestre de 2024, con un precio inicial de venta al público de 61,98 euros sin IVA. Ese precio puede revisarse al alza o a la baja si las cotizaciones de los metales preciosos varían más de un cuatro por ciento respecto al mes anterior.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la creación y venta de una moneda de colección conmemorativa del Equipo Olímpico Español en los Juegos Olímpicos de 2024. La moneda no está pensada para usarse en el día a día, sino para coleccionistas.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que es quien la fabrica y comercializa, y al Banco de España, que interviene en el proceso de puesta en circulación. Para el ciudadano de a pie, es relevante si tiene interés en adquirirla como pieza de colección.

¿Qué cambia o establece? La orden fija todas las características de la moneda: es de plata de ley 925, tiene forma circular con canto estriado, pesa 27 gramos, mide 40 mm de diámetro y tiene un valor facial de 10 euros (denominada "8 reales"). En el reverso aparece una gimnasta de rítmica con el logotipo del Comité Olímpico Español. Se acuñarán como máximo 5.000 unidades, con un precio inicial de venta al público de 61,98 euros (sin IVA), precio que podrá ajustarse si el valor de la plata en el mercado varía más de un 4%. La emisión comenzará durante el segundo cuatrimestre de 2024.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Defensa de España, aprobada en mayo de 2024, que modifica la normativa que regula la organización interna del Ejército de Tierra. Se trata de un cambio de carácter organizativo, sin coste presupuestario, que adapta la estructura del Ejército a los retos tecnológicos actuales y a la evolución del concepto de operaciones militares, en particular la creciente importancia del ciberespacio.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a la estructura interna del Ejército de Tierra español. En concreto, afecta a los órganos y unidades del Cuartel General del Ejército de Tierra y del Mando de Apoyo Logístico. No genera obligaciones ni efectos directos sobre la ciudadanía en general.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce tres cambios principales. Primero, renombra la antigua Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, que pasa a llamarse Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica, ampliando sus funciones para incluir expresamente la ciberdefensa, la guerra electrónica y la gestión del espectro electromagnético. Segundo, transforma la Jefatura de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico en Dirección de Ingeniería, con el fin de reforzar las capacidades en ese ámbito. Tercero, actualiza la redacción de varios artículos de la norma anterior para reflejar otros cambios organizativos y de denominación de unidades que ya se habían producido en la práctica.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa por la que el Estado español autoriza la creación y venta de una moneda de colección de oro dedicada al Águila Imperial. La moneda, con valor facial de 1,5 euro, está fabricada en una onza de oro de máxima pureza (999,9 milésimas) y es acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. No está pensada para usarse como dinero en el día a día, sino para coleccionistas y el mercado numismático.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas, inversores en metales preciosos y cualquier ciudadano interesado en adquirir la moneda. También concierne a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de acuñarla y comercializarla, y al Banco de España, que interviene en el proceso de puesta en circulación oficial. El número de piezas disponibles es limitado: un máximo de 12.000 unidades.

¿Qué cambia o establece? La orden establece que durante el segundo cuatrimestre de 2024 se emitirán hasta 12.000 monedas de oro con la imagen del Águila Imperial en el reverso y motivos del real columnario en el anverso, con la leyenda "Felipe VI Rey de España". El precio de venta al público no es fijo: se calcula en el momento de la compra según el precio internacional del oro en tiempo real, más un margen del 10 %. La Fábrica puede venderlas directamente o a través de distribuidores, y puede reservar hasta cinco ejemplares para su propio museo.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de abril de 2024, que resuelve el recurso judicial presentado por el Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) contra el Real Decreto 938/2022. Ese decreto concedía directamente subvenciones a los ayuntamientos de Lepe y Moguer para eliminar asentamientos irregulares de trabajadores temporeros.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ayuntamientos de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, todos en la provincia de Huelva, así como a cualquier otro municipio que pudiera optar a este tipo de ayudas públicas destinadas a erradicar asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal Supremo estima el recurso y anula el Real Decreto 938/2022, porque considera que las subvenciones no debían concederse directamente a dos ayuntamientos concretos. En su lugar, ordena que se abra un proceso de concurrencia competitiva, es decir, una convocatoria abierta en la que todos los ayuntamientos que cumplan los requisitos puedan presentarse y competir en igualdad de condiciones para recibir esas ayudas.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de abril de 2024, que resuelve el recurso presentado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra el Real Decreto 958/2020, que regula la publicidad de las empresas de juego (apuestas, casinos en línea, etc.).

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas de juego y apuestas que hacen publicidad en España, y también a los medios y plataformas —como los clubes de fútbol profesional— que difunden o contratan esa publicidad. En general, tiene relevancia para cualquier ciudadano expuesto a comunicaciones comerciales de juego.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal da parcialmente la razón a la Liga de Fútbol y anula el artículo 13, apartados 1 y 3 del Real Decreto 958/2020. Esos apartados imponían restricciones sobre cuándo y cómo se podía emitir publicidad de juego. Al quedar anulados, las limitaciones concretas que recogían dejan de tener validez jurídica. El resto del Real Decreto —con todas sus demás normas sobre publicidad del juego— permanece en vigor sin cambios.

¿Qué es? Es un acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado el 4 de junio de 2024 y publicado oficialmente el 5 de junio, que modifica las condiciones de una línea de avales públicos creada en 2022 para ayudar a empresas y autónomos a hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania.

¿A quién afecta? Afecta a empresas y autónomos —especialmente a los de los sectores de pesca, acuicultura y agricultura— que hayan solicitado o puedan solicitar un aval del Estado para acceder a financiación bancaria. También implica directamente al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), que son los organismos encargados de gestionar y conceder esos avales.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo hace tres cosas concretas: primero, prolonga hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo en que el Ministerio puede conceder avales con cargo a esa línea. Segundo, amplía los plazos de solicitud y concesión de avales para empresas y autónomos de pesca, acuicultura y agricultura, tanto a través del ICO como de CERSA, para adaptarlos a los nuevos plazos que fijó la Comisión Europea el 2 de mayo de 2024. Tercero, autoriza al ICO a resolver problemas prácticos que surjan durante la ejecución de los avales, pudiendo elevar propuestas al Gobierno cuando haya implicaciones presupuestarias.

¿Qué es? Es una corrección oficial de errores tipográficos detectados en el Real Decreto 434/2024, de 30 de abril, que aprobó el arancel de derechos de los profesionales de la Procura. No modifica el contenido de fondo de la norma, sino que enmienda dos erratas concretas en su texto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los profesionales de la Procura (procuradores), cuyas tarifas y derechos se regulan por ese arancel, así como a quienes deben aplicar o consultar dicha norma, como juzgados, abogados y partes en procesos judiciales.

¿Qué cambia o establece? Se corrigen dos errores puntuales: en el artículo 25, apartado 5, la referencia al "artículo 41" se sustituye por "artículo 40"; y en el artículo 69, apartado 2, letra c), se añade la palabra "euros" que faltaba junto a la cifra "401,27", quedando correctamente expresada como "401,27 euros ante el Tribunal Supremo".

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de abril de 2024, que resuelve un recurso presentado por el Consejo General de la Abogacía Española contra el reglamento que regula cómo se accede a las profesiones de abogado y procurador en España (aprobado por Real Decreto 64/2023).

¿A quién afecta? Afecta principalmente a quienes quieren acceder a la profesión de abogado o procurador, así como a las instituciones y escuelas que organizan la formación y los requisitos para obtener esa habilitación profesional.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal Supremo da parcialmente la razón a la Abogacía y anula una frase concreta del reglamento: el inciso que permitía aplicar, en el acceso a estas profesiones, una excepción prevista en otra norma educativa (el Real Decreto 822/2021, sobre ordenación de enseñanzas universitarias). Al suprimir ese fragmento, queda eliminada esa remisión y la posibilidad que abría, por considerarse contraria a derecho. El resto del reglamento permanece vigente y no se imponen costas a ninguna de las partes.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que modifica las reglas que regulan cómo el Estado colabora con organizaciones para gestionar el sistema de acogida de personas que solicitan protección internacional en España, así como programas de atención humanitaria a migrantes. Esta colaboración se llama "acción concertada" y funciona desde enero de 2023.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las organizaciones (entidades autorizadas) que participan en la gestión del sistema de acogida —como ONG o entidades sociales— y al propio Ministerio. De forma indirecta, también afecta a las personas solicitantes de protección internacional y migrantes que reciben estos servicios de acogida y atención humanitaria.

¿Qué cambia o establece? La modificación introduce tres tipos de mejoras en el funcionamiento del sistema. Primero, desvincula los periodos de asignación de servicios del año natural, de modo que cada periodo solo comprometa dos presupuestos en lugar de tres, simplificando así la gestión económica. Segundo, ajusta los plazos para tramitar anticipos de pago, unifica la justificación periódica en un solo informe trimestral y convierte la justificación anual en definitiva. Tercero, amplía los supuestos en que se puede imponer una penalidad a las entidades que incumplan las condiciones del servicio, y concreta sus obligaciones en materia de publicidad y visibilidad de las actuaciones financiadas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 4 de junio de 2024 que modifica una norma anterior de 2021 sobre ayudas públicas para mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones dentro de los edificios. Estas ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos europeos Next Generation EU) y tienen como finalidad que los edificios cuenten con redes de conectividad de muy alta capacidad.

¿A quién afecta? Afecta a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, que son quienes gestionan y distribuyen las ayudas. Como beneficiarios finales, pueden recibirlas las comunidades de propietarios de edificios en régimen de propiedad horizontal, las entidades del sector público propietarias de edificios y, como novedad, también los ayuntamientos y otras entidades de la administración local para edificios situados en su territorio.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce tres cambios principales respecto a la regulación anterior: primero, reduce el número de edificios a los que hay que llegar con las obras de mejora, de 13.600 a 7.700, en línea con lo acordado con la Comisión Europea; segundo, eleva la intensidad de la ayuda al 100 % del coste e incorpora nuevos conceptos que pueden ser subvencionados, incluidos los impuestos indirectos como el IVA; y tercero, añade a las entidades locales como posibles destinatarias finales de las ayudas, ampliando así el círculo de quienes pueden beneficiarse del programa.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Gobierno de España, firmada el 21 de mayo de 2024, que crea un Consulado Honorario en Ahmedabad, ciudad del estado de Gujarat, en la India. Esta nueva oficina dependerá del Consulado General de España en Mumbai y estará dirigida por un cónsul honorario.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos españoles que viven o se encuentran en el estado de Gujarat, India, quienes hasta ahora carecían de una oficina consular cercana. También atañe a empresas, instituciones académicas y organismos que mantienen relaciones con España en esa región.

¿Qué cambia o establece? Se crea formalmente la nueva oficina consular, cuya circunscripción abarca todo el estado de Gujarat. Su función será prestar asistencia y protección a los españoles en la zona, gestionar emergencias consulares con mayor rapidez y facilitar las relaciones con las autoridades locales y la comunidad empresarial y cultural. La norma aclara expresamente que su puesta en marcha no supondrá gasto adicional de personal, ya que se financiará con los medios ya existentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Gobierno de España que crea oficialmente un Consulado Honorario en Hyderabad, ciudad del estado de Telangana, en la India. Esta oficina dependerá del Consulado General de España en Mumbai y estará dirigida por un cónsul honorario. La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos españoles que viven, trabajan o se encuentran de paso en el estado de Telangana (India), así como a quienes tienen vínculos con España en esa región. También incumbe a las empresas, instituciones académicas y organismos que mantienen relaciones con España en ese territorio, dado el peso de Hyderabad como centro tecnológico, farmacéutico y de negocios.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, los españoles en Telangana no contaban con una oficina consular propia en su región. Con esta orden se crea el Consulado Honorario de Hyderabad, cuya circunscripción abarca todo el estado de Telangana. Su función será prestar asistencia y protección consular, gestionar emergencias con mayor rapidez y facilitar las relaciones con las autoridades locales. La norma aclara expresamente que su creación no supone ningún gasto adicional de personal, ya que se cubrirá con los medios de los que ya dispone el Ministerio de Asuntos Exteriores.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 4 de junio de 2024 que modifica cuatro reales decretos anteriores (de 2021 y 2022) que regulaban la concesión de ayudas públicas al sector turístico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos tras el impacto de la pandemia de COVID-19.

¿A quién afecta? Afecta a los beneficiarios de subvenciones turísticas concedidas al amparo de esos cuatro reales decretos: por un lado, entidades que reciben ayudas para rehabilitar patrimonio histórico con uso turístico; y por otro, beneficiarios de los territorios extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) que ejecutan proyectos de resiliencia y competitividad turística.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce tres cambios principales. Primero, amplía los plazos de ejecución: hasta el 30 de junio de 2026 para los proyectos de patrimonio histórico, y hasta el 30 de junio de 2025 para las actuaciones en territorios extrapeninsulares. Segundo, eleva hasta el 100 % el porcentaje de la actividad subvencionada que los beneficiarios pueden subcontratar a terceros. Tercero, flexibiliza las condiciones bajo las cuales pueden modificarse los convenios y las resoluciones de concesión, para que las ayudas puedan adaptarse mejor a la demanda real de los beneficiarios y así garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 4 de junio de 2024 que modifica una norma anterior de 2021 sobre ayudas públicas para mejorar la conectividad a internet en polígonos industriales y centros logísticos. Estas ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (los fondos europeos «Next Generation UE») que España recibió tras la pandemia de COVID-19.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, que son quienes reciben y gestionan estas ayudas. De forma indirecta, repercute en las empresas y negocios ubicados en polígonos industriales, centros logísticos y otras zonas de concentración empresarial que pueden beneficiarse de las mejoras de conexión a internet que se financian con estos fondos.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce tres cambios concretos: amplía las zonas que pueden ser destinatarias de las actuaciones de mejora de conectividad, incluyendo ahora también otras áreas de concentración empresarial además de los polígonos industriales y centros logísticos ya contemplados; permite que, si se cumple el objetivo europeo fijado (que al menos 1.600 polígonos alcancen una velocidad de 1 Gigabit), el dinero sobrante no se devuelva al Tesoro Público sino que pueda redirigirse a otros programas con el mismo fin; y actualiza la obligación de las comunidades autónomas de consultar las zonas elegibles publicadas por el Ministerio para la Transformación Digital.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, firmada el 21 de mayo de 2024, que cierra oficialmente el Viceconsulado Honorario de España en Saint Pierre et Miquelon, un pequeño archipiélago francés situado en el Atlántico Norte, cerca de las costas de Canadá.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos españoles residentes o presentes en Saint Pierre et Miquelon, que en la práctica son muy pocos: solo cuatro personas figuran inscritas en el registro consular. La gestión de cualquier asunto consular en esa zona seguirá correspondiendo al Consulado General de España en París, del que dependía este viceconsulado.

¿Qué cambia o establece? Se suprime formalmente la oficina consular honoraria, que llevaba sin actividad desde 2005, cuando el único vicecónsul que ocupó el cargo cesó por motivos de salud y nunca fue sustituido. La orden justifica el cierre por la falta total de actividad durante casi veinte años, la escasísima presencia de ciudadanos españoles en el archipiélago (apenas seis mil habitantes en total, con solo cuatro españoles registrados) y la desaparición de los motivos que probablemente justificaron su creación en torno a 1954, vinculados a la industria pesquera. La medida no supone gasto adicional para el Estado.

¿Qué es? Es una corrección de erratas de la Ley de la Ciencia de Cataluña (Ley 9/2022), aprobada en diciembre de 2022 y publicada en enero de 2023. No introduce cambios de fondo en la ley, sino que subsana errores materiales —letras, números y nombres— que quedaron mal escritos en el texto original publicado oficialmente.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al personal investigador de las universidades públicas catalanas que trabaja en centros de investigación mediante convenios de adscripción, así como a las instituciones y organismos del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña. También concierne a la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya.

¿Qué cambia o establece? Se corrigen cuatro errores concretos: se añade la letra «p)» que faltaba en un apartado del artículo 2; se elimina el número «1.» que sobraba en el artículo 5; en el artículo 27 se sustituye el nombre «Fundación Institución de los Centros de Investigación de Cataluña» por el correcto «Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados»; y en la disposición adicional decimoquinta se corrige la referencia al artículo 52, que debe ser el artículo 54. Todos son ajustes de forma para que el texto legal refleje con exactitud lo que se quiso decir.

¿Qué es? Es una ley del Principado de Asturias que modifica los requisitos para ingresar en los cuerpos de Policía Local asturianos, eliminando dos condiciones de acceso que resultaban discriminatorias según la justicia europea: el límite de edad de 30 años y la exigencia de una estatura mínima.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona que quiera opositar o presentarse a un proceso selectivo para entrar en la Policía Local de cualquier municipio del Principado de Asturias, especialmente a quienes antes quedaban excluidos por tener más de 30 años o por no alcanzar la altura mínima exigida.

¿Qué cambia o establece? La ley suprime el tope de 30 años como edad máxima para acceder a la Policía Local y lo sustituye por la edad máxima de jubilación forzosa, lo que amplía considerablemente el margen para presentarse. Además, elimina la posibilidad de fijar reglamentariamente una estatura mínima como requisito de acceso. Ambos cambios responden a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideraban esas exigencias contrarias al principio de igualdad y no discriminación en el empleo.

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¿Qué es? Una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2024 que anula parcialmente el Real Decreto 958/2020, una norma que regula cómo las empresas pueden anunciar actividades de juego. La sentencia atiende un recurso presentado por un grupo del sector que consideraba que parte de esa norma no era válida.

¿A quién afecta? Afecta a las empresas y plataformas que ofrecen servicios de juego, principalmente en lo concerniente a cómo pueden hacer publicidad y comunicaciones comerciales sobre sus servicios. También afecta indirectamente a los reguladores que deben aplicar estas normas.

¿Qué cambia o establece? La sentencia anula específicamente el artículo 23, apartado 1, del Real Decreto 958/2020, dejando sin efecto esa parte de la norma. El resto del decreto permanece vigente. Además, establece que no hay condena al pago de gastos judiciales para ninguna de las partes implicadas en el proceso.

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¿Qué es? Una ley que modifica la normativa de 2016 sobre identidad y expresión de género en la Comunidad de Madrid. Busca corregir problemas con la ley anterior que afectaban la libertad de expresión, la presunción de inocencia y otros derechos constitucionales, mientras mantiene la protección para personas transexuales e intersexuales. También adapta la normativa regional a una nueva ley estatal aprobada en 2023.

¿A quién afecta? Principalmente a personas transexuales e intersexuales que residen en Madrid, que acceden a servicios médicos de cambio de sexo a través de la sanidad pública. También protege los derechos de las mujeres en espacios como el trabajo, deporte y educación. Afecta a profesionales médicos, educadores y personal sanitario cuya labor quedaba criminalized bajo la ley anterior.

¿Qué cambia o establece? Elimina reglas de la ley anterior que invertían la carga de la prueba en denuncias y permitían sanciones por "discriminación por error". Deroga el sistema regional de autodeterminación de género en documentos oficiales para evitar conflictos con el sistema nacional. Cambia el nombre de la unidad médica de "Trastornos de la Identidad de Género" a "Intersexualidad y Transexualidad", dejando de tratar estas condiciones como enfermedades en la descripción oficial.