El Horno

¿Qué es? La Ley 5/2024, de 9 de mayo, es la ley de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2024. Establece el plan de ingresos y gastos con el que el Gobierno autonómico financiará todos sus servicios y políticas durante ese ejercicio, con un límite máximo de gasto no financiero fijado en 12.993,64 millones de euros.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León, así como a todos los organismos y entidades que forman parte del sector público autonómico: la Administración General, organismos autónomos como la Gerencia Regional de Salud o el Servicio Público de Empleo, entes públicos, empresas y fundaciones públicas de la Comunidad. También afecta a las entidades locales, con las que se regula la cooperación económica.

¿Qué cambia o establece? La ley aprueba los estados de ingresos y gastos para 2024, respetando los objetivos de déficit del 0,1% del PIB regional y de deuda pública del 21,7% del PIB fijados por el Gobierno central. Regula además materias como los incrementos retributivos del personal público —supeditados a lo que fije el Estado—, las modificaciones de créditos, las operaciones financieras y de endeudamiento, las obligaciones de rendición de cuentas de las empresas y fundaciones públicas, y determinadas cuestiones tributarias. Todo ello bajo un criterio declarado de prudencia presupuestaria y mantenimiento de la calidad de los servicios públicos.

¿Qué es? La Ley 3/2024, de 13 de junio, modifica el Código del Derecho Foral de Aragón para actualizar las normas sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Su objetivo es adaptar la legislación aragonesa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006, siguiendo también la línea de la reforma estatal de 2021.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las personas mayores de edad con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial que residen en Aragón, así como a sus familias y a quienes ejercen funciones de apoyo o representación. También afecta a jueces, notarios, fiscales y demás operadores jurídicos que intervienen en estos procedimientos, y de forma indirecta a los menores sujetos a tutela.

¿Qué cambia o establece? La ley elimina por completo los conceptos de "incapacitación" e "incapacitado": todas las personas recuperan legalmente su plena capacidad jurídica. En lugar de incapacitar a alguien, ahora se le ofrecen medidas de apoyo adaptadas a su situación concreta, desde la guarda de hecho —que no necesita autorización judicial— hasta la curatela, que puede ser más o menos amplia según las necesidades. La tutela queda reservada únicamente para menores de edad no emancipados, y desaparece la prórroga de la patria potestad para hijos con discapacidad, sustituida por una curatela ejercida por los progenitores con un régimen más flexible.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la fabricación y venta de una moneda conmemorativa de colección dedicada al centenario de la radio en España, con motivo de los 100 años transcurridos desde la primera emisión radiofónica oficial, realizada en noviembre de 1924.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas y particulares interesados en adquirir monedas conmemorativas. También incumbe a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, encargada de acuñarlas y comercializarlas, y al Banco de España, que interviene en el proceso de puesta en circulación.

¿Qué cambia o establece? Ordena la acuñación de un máximo de 5.000 monedas de plata de 925 milésimas, con valor facial de 10 euros, peso de 27 gramos y diámetro de 40 mm, en calidad Proof. El precio inicial de venta al público es de 61,98 euros (sin IVA), aunque puede revisarse si el precio de la plata en los mercados varía más de un 4%. La emisión debía producirse durante el tercer cuatrimestre de 2024, y hasta cinco ejemplares pueden destinarse al museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 9 de julio de 2024 que modifica la norma que regula los títulos profesionales del sector pesquero (Real Decreto 36/2014). Su objetivo principal es resolver un problema práctico surgido del proceso de regularización de la flota pesquera española: cuando un barco ajusta oficialmente su potencia autorizada a la real, el título del mecánico que trabaja a bordo puede quedar desfasado, obligándole a abandonar su puesto aunque el barco en sí no haya cambiado.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los profesionales titulados que trabajan en la sección de máquinas de buques pesqueros y que se ven perjudicados por los trámites de regularización de la flota. También afecta a los armadores de esos barcos, que de otro modo tendrían dificultades para encontrar sustitutos dado el déficit de titulados de máquinas en el sector. De forma secundaria, incluye una medida puntual para viticultores de la Denominación de Origen Protegida Cava, válida solo para la vendimia de 2024.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce dos cambios concretos. Primero, permite que un mecánico naval pesquero siga trabajando en el mismo barco donde ya ejercía, aunque la regularización haya elevado la potencia autorizada, siempre que la potencia real del buque no haya aumentado. Segundo, reconoce que la ampliación de atribuciones del título de mecánico naval de pesca para operar buques de hasta 6.000 kilovatios puede obtenerse no solo realizando el curso oficial, sino también acreditando suficiente experiencia profesional. Además, suspende temporalmente para la vendimia de 2024 el compromiso de los viticultores de Cava de no comercializar uvas de parcelas autorizadas, por razones de sequía excepcional.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Industria y Turismo que crea formalmente dos órganos internos encargados de gestionar la contratación pública del ministerio: la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación. Estos órganos son los responsables de tramitar y supervisar los contratos que el ministerio firma para adquirir obras, suministros y servicios.

¿A quién afecta? Afecta al propio Ministerio de Industria y Turismo y a los funcionarios y cargos que forman parte de estos órganos de contratación. No impone obligaciones ni restringe derechos a los ciudadanos. Quedan fuera de su ámbito los organismos públicos dependientes del ministerio, los contratos menores, los contratos de emergencia y los que se celebran y ejecutan en el extranjero.

¿Qué cambia o establece? La norma anterior (Orden ICT/307/2022) regulaba estos mismos órganos cuando existía el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tras la reestructuración del Gobierno en 2023, ese ministerio desapareció y se creó el actual Ministerio de Industria y Turismo, por lo que era necesario adaptar la normativa interna a la nueva estructura. Esta orden simplemente actualiza y sustituye a la anterior, constituyendo la Junta y la Mesa Única de Contratación con la denominación y organización propias del nuevo ministerio, sin crear cargas adicionales ni modificar el funcionamiento esencial de estos órganos.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 9 de julio de 2024 que fija las reglas para conceder ayudas económicas a empresas de transformación de productos del mar (pescado y marisco) en España. Estas ayudas se financian con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y forman parte del llamado PERTE Agroalimentario, un instrumento creado para modernizar la industria agroalimentaria española.

¿A quién afecta? Afecta a las empresas dedicadas a transformar productos de la pesca y la acuicultura en España, es decir, a quienes fabrican conservas, congelados, preparaciones y similares. Se trata de un sector que emplea a más de 26.000 personas directamente y que es el mayor productor de este tipo de productos en la Unión Europea. También puede afectar indirectamente a los trabajadores y territorios costeros donde estas industrias están presentes.

¿Qué cambia o establece? Establece las bases reguladoras específicas para que las empresas transformadoras de productos pesqueros puedan solicitar estas ayudas públicas, ya que la normativa general del PERTE Agroalimentario las excluía por una limitación del reglamento europeo de ayudas de Estado. Este decreto crea un marco propio para este subsector, orientado a tres objetivos: mejorar su competitividad, avanzar en sostenibilidad ambiental y reforzar la trazabilidad y seguridad alimentaria, impulsando así su digitalización y modernización tras el impacto de la pandemia y la crisis de costes derivada de la guerra en Ucrania.

¿Qué es? Es la Lista de Prohibiciones de 2024 del Código Mundial Antidopaje, un documento oficial de cumplimiento obligatorio que forma parte del Programa Mundial Antidopaje. La elabora y actualiza cada año la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tras un proceso de consultas, y entró en vigor el 1 de enero de 2024. En caso de duda entre las versiones en inglés y en francés, prevalece la versión inglesa.

¿A quién afecta? Afecta a los deportistas sometidos al Código Mundial Antidopaje, es decir, a quienes participan en competiciones deportivas reguladas por este sistema. También incumbe a las organizaciones y autoridades antidopaje que aplican controles, ya que establece las reglas sobre qué se considera infracción según el momento —dentro o fuera de competición— y el tipo de sustancia o método detectado.

¿Qué cambia o establece? La norma fija qué sustancias y métodos están prohibidos, diferenciando entre los vedados solo durante la competición y los prohibidos en todo momento. Clasifica las sustancias en categorías: las que carecen de aprobación sanitaria para uso humano (como medicamentos en desarrollo o de uso exclusivamente veterinario), los agentes anabolizantes —entre ellos esteroides anabolizantes androgénicos como la testosterona, la nandrolona o el estanozolol, y otros agentes como el clembuterol o los moduladores selectivos de receptores de andrógenos—, y las hormonas peptídicas como la eritropoyetina (EPO). También define conceptos clave como «sustancias específicas», «sustancias de abuso» —cocaína, heroína, MDMA y THC— y el período de competición a efectos de control.

¿Qué es? Es una ley del Parlamento de La Rioja que aprueba el Plan Regional de Carreteras de la Comunidad Autónoma para el periodo 2024-2032. Este plan sustituye al anterior, aprobado en el año 2000 y revisado en 2010, cuya vigencia se extendió hasta 2021. Su elaboración ha incluido estudios técnicos sobre tráfico, seguridad vial, estado de conservación de las carreteras, accesibilidad territorial e impacto ambiental, y ha pasado por un proceso de evaluación ambiental estratégica con participación pública.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de la ciudadanía de La Rioja, en particular a quienes dependen de la red de carreteras autonómica para desplazarse entre municipios y acceder a servicios básicos desde cualquier punto del territorio. También concierne a las administraciones públicas implicadas en la gestión de infraestructuras viarias, tanto de la propia comunidad como de las comunidades limítrofes con las que se deben coordinar las actuaciones.

¿Qué cambia o establece? La ley fija durante ocho años la planificación de inversiones y obras en las carreteras de titularidad autonómica, priorizando las actuaciones según las necesidades y problemas detectados. Incorpora criterios de movilidad sostenible y de igualdad entre hombres y mujeres, y contempla la clasificación y jerarquización de la red viaria, programas económicos de inversión, actuaciones en travesías urbanas y un plan de seguimiento y control. Asimismo, declara de utilidad pública y urgente ocupación las obras financiadas con los créditos de inversión recogidos en sus anexos, y deroga las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en ella.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que modifica las condiciones de operación obligatoria de la ruta aérea Badajoz-Barcelona. Esta ruta, junto con la de Badajoz-Madrid, está sujeta a obligaciones de servicio público (OSP), lo que significa que el Estado impone requisitos mínimos de frecuencia y capacidad para garantizar la conectividad aérea de Badajoz.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos de Extremadura que utilizan el aeropuerto de Badajoz para volar a Barcelona, así como a las compañías aéreas que operan o puedan operar dicha ruta. También tiene relevancia para la Junta de Extremadura, que había trasladado al Gobierno la necesidad de mejorar el servicio.

¿Qué cambia o establece? A partir del 28 de octubre de 2024, la ruta Badajoz-Barcelona pasa a exigir cinco frecuencias semanales en lugar de las cuatro anteriores, y la capacidad mínima anual de asientos ofertados sube a 25.000. Las aerolíneas podrán seguir eligiendo libremente los días y horarios de operación, respetando siempre los horarios del aeropuerto de Badajoz. La ruta Badajoz-Madrid y el resto de condiciones de ambas rutas permanecen sin cambios.

[SKIP: texto>76379 chars]

¿Qué es? Es un decreto-ley aprobado por el Gobierno de las Illes Balears el 10 de mayo de 2024 que modifica una norma anterior de 2020 sobre turismo. El cambio de nombre —de "turismo de excesos" a "turismo responsable"— refleja su objetivo principal: regular el comportamiento en zonas turísticas concretas de las islas para mejorar la convivencia y la imagen turística, sin perjuicio de que el turismo sigue siendo la principal actividad económica de Baleares, con más del 45 % del PIB.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los turistas y empresas que operan en zonas turísticas delimitadas de Palma, Sant Antoni de Portmany, Calvià y Llucmajor (estas dos últimas con delimitación actualizada). También afecta a los establecimientos turísticos de esas zonas, a las administraciones locales y autonómicas con competencias de inspección y sanción, y a los Consejos Insulares de Mallorca e Ibiza, que ahora se incorporan como miembros de la comisión de seguimiento.

¿Qué cambia o establece? Las principales novedades son: se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública de las zonas afectadas, con multas de entre 500 y 1.500 euros; se ajustan las zonas geográficas donde se aplican las medidas; se simplifica la obligación de informar a los clientes sobre las prohibiciones; se acotan mejor las restricciones sobre fiestas en embarcaciones con alcohol; se amplía y reorganiza la Comisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas, incluyendo representantes de países emisores de turistas, del Instituto Balear de la Mujer y de federaciones vecinales y empresariales; y se fija una fecha máxima de vigencia de todas estas medidas extraordinarias hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿Qué es? Es un decreto-ley aprobado el 22 de marzo de 2024 por el Gobierno de las Illes Balears. Al ser un decreto-ley, tiene fuerza de ley pero se dicta de forma urgente sin pasar por el trámite parlamentario ordinario. Su objetivo es regular cómo se organizan y prestan los servicios de atención sanitaria urgente y de emergencias en las islas.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona que pueda necesitar atención sanitaria urgente en las Illes Balears: residentes (españoles y extranjeros), turistas nacionales e internacionales que visiten las islas, y también a las entidades públicas y privadas del sector sanitario que operan en el archipiélago. En definitiva, afecta tanto a los usuarios del sistema de salud como a los proveedores de esos servicios.

¿Qué cambia o establece? La norma responde a la presión que sufren las urgencias públicas por dos motivos acumulados: la recuperación pendiente tras la pandemia de COVID-19 y el enorme aumento de población que trae el turismo en determinadas épocas del año. Para hacer frente a esa sobrecarga, el decreto-ley habilita al Servicio de Salud de las Illes Balears a firmar acuerdos y convenios de gestión compartida con otras entidades, tanto públicas como privadas, con el fin de descongestionar las urgencias públicas y seguir garantizando una atención sanitaria de calidad, universal e igualitaria para todos.

¿Qué es? Es una modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que completa la incorporación al derecho español de una directiva europea (Directiva 2022/738) sobre el uso de vehículos alquilados sin conductor para transportar mercancías por carretera.

¿A quién afecta? Afecta a las empresas de transporte de mercancías establecidas en España que dispongan de una autorización de transporte público y quieran utilizar vehículos matriculados en otro país de la Unión Europea, ya sea porque son de su propiedad o porque los tienen en régimen de alquiler ordinario.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, los vehículos vinculados a una autorización de transporte debían estar matriculados en España. Con este cambio, se permite que esos vehículos estén matriculados en otro Estado miembro de la UE, siempre que no se supere el plazo máximo que la ley española fija para matricularlos obligatoriamente en España. Si la empresa es propietaria del vehículo, debe acreditarlo por cualquier medio válido en derecho; si lo tiene en alquiler, debe presentar el contrato con la empresa arrendadora.

¿Qué es? Es un Real Decreto por el que el Gobierno concede directamente una subvención a la asociación Be Wild Be Proud para financiar la Ruta al Exilio, un proyecto educativo en el que jóvenes realizan una expedición de dos semanas recorriendo a pie los principales lugares del exilio republicano de 1939, entre la frontera navarra, el Alt Empordà y el sureste de Francia.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la asociación Be Wild Be Proud, que recibe la subvención, y a los jóvenes españoles o con residencia legal en España que participan en la actividad. De forma indirecta, se enmarca en la política pública de juventud y memoria democrática que impulsa el Ministerio de Juventud e Infancia a través del Instituto de la Juventud.

¿Qué cambia o establece? Establece la concesión directa y excepcional de esta subvención, sin convocatoria pública, porque el proyecto es propio y exclusivo de esa asociación, que lo tiene registrado legalmente y lo desarrolla desde 2020, habiendo recibido ya financiación pública en 2022 y 2023. El objetivo es que los jóvenes comprendan la historia reciente de España a través de métodos de educación no formal, promoviendo la memoria democrática, la participación cívica y la cohesión social, en línea con la Ley de Memoria Democrática de 2022 y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

¿Qué es? Es un acuerdo firmado en Madrid el 13 de junio de 2024 entre el Ministerio de Transportes de España y el Ministerio de Transporte de Turquía para que ambos países reconozcan mutuamente los títulos y certificados que acreditan la formación y competencia de los marineros y trabajadores del mar. El acuerdo se basa en el Convenio internacional STCW, que establece las normas globales de formación y titulación para la gente de mar.

¿A quién afecta? Afecta a los marineros y profesionales del mar que tienen títulos expedidos por España o por Turquía y que trabajan a bordo de barcos que navegan bajo la bandera del otro país. También afecta a las autoridades marítimas de ambos países —la Dirección General de la Marina Mercante en España y la Dirección General de Asuntos Marítimos en Turquía— que son las encargadas de aplicar el acuerdo.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo establece que ambos países aceptan como válidos los títulos, refrendos y certificados de aptitud física expedidos por el otro, sin necesidad de repetir la formación. Fija un procedimiento concreto para verificar la autenticidad de esos títulos (por correo oficial con respuesta en 3 días hábiles), permite que cada país pueda inspeccionar las instalaciones y sistemas de formación del otro (con aviso previo de 30 días), y obliga a notificar cualquier cambio importante en las normas de titulación en un plazo de 90 días. Cada país conserva la capacidad de denegar, suspender o revocar el reconocimiento de un título si detecta irregularidades.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado por el Gobierno el 18 de junio de 2024 que establece los nuevos Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Los estatutos son las normas internas que rigen el funcionamiento de este colegio profesional, que es una corporación de derecho público con sede en Madrid y ámbito nacional.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los ingenieros e ingenieras aeronáuticos que ejercen su profesión en España y que están colegiados o puedan estarlo. También afecta al propio Colegio Oficial como institución, en cuanto a cómo se organiza y funciona. De forma indirecta, afecta a los ciudadanos que contraten o se relacionen con estos profesionales, ya que el Colegio vela por garantías en la prestación de sus servicios.

¿Qué cambia o establece? Sustituye y deroga los estatutos anteriores, aprobados en 2001, para adaptarlos a los cambios legales producidos desde entonces, especialmente a las normas europeas sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales y libre prestación de servicios, y a las leyes españolas que las incorporaron. La actualización busca simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas, reforzar las garantías para los consumidores y aumentar la transparencia en la actuación del Colegio y de sus miembros.

¿Qué es? Es la notificación oficial de que el convenio fiscal firmado en 1985 entre España y la antigua Unión Soviética —que Kirguistán había venido aplicando como Estado sucesor— ha quedado formalmente cancelado a petición de ese país.

¿A quién afecta? Afecta a personas físicas y empresas que tuvieran vínculos económicos entre España y Kirguistán y que se amparaban en ese convenio para no tributar dos veces por la misma renta o patrimonio en ambos países.

¿Qué cambia o establece? Desde el 1 de enero de 2023 el convenio ya no tiene efectos jurídicos entre España y Kirguistán. Kirguistán comunicó su denuncia mediante nota diplomática en septiembre de 2021, respetando el preaviso mínimo de seis meses que exigía el propio convenio. A partir de esa fecha, las rentas y el patrimonio con vinculación en ambos países dejan de tener la protección frente a la doble imposición que ofrecía ese acuerdo.

¿Qué es? Es un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y los países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), por otro. Se firmó en Tegucigalpa el 29 de junio de 2012 y esta resolución recoge la fecha oficial en que entró en vigor para España y con carácter general.

¿A quién afecta? Afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea y a los seis países centroamericanos firmantes. En el caso de España, la entrada en vigor plena del acuerdo tiene efectos sobre las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre España y esos países, con implicaciones para ciudadanos, empresas e instituciones que operen o tengan vínculos entre ambas regiones.

¿Qué cambia o establece? La resolución certifica que el Acuerdo de Asociación entró en vigor de forma general y para España el 1 de mayo de 2024, conforme a lo previsto en el artículo 353 del propio texto. Varios países centroamericanos ya lo aplicaban provisionalmente desde 2013, pero es a partir de esa fecha cuando el acuerdo adquiere plena vigencia jurídica para todas las partes, incluida España, completando así un proceso de ratificación iniciado hace más de una década.

¿Qué es? Es una corrección de errores de una norma anterior, el Decreto-ley 5/2024, de 24 de abril, que aprobó ayudas urgentes para el sector agrario afectado por la sequía en Cataluña. Esta resolución no crea nada nuevo, sino que corrige erratas concretas que se colaron en el texto oficial publicado.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a agricultores y ganaderos de Cataluña que solicitaron o puedan solicitar las ayudas previstas en ese decreto-ley, así como a los organismos de la Generalitat de Cataluña encargados de gestionar y pagar dichas ayudas.

¿Qué cambia o establece? Se corrigen cuatro errores puntuales en el texto original: una palabra omitida en el título ("urgentes"), una referencia incorrecta a un artículo en materia de incompatibilidad de ayudas para ciertas superficies (se cambia "artículo 1.4.a)" por "artículo 3.3.a)"), y dos referencias erróneas a artículos en las reglas de justificación y pago de las ayudas (donde decía "artículo 3" debe decir "artículo 2", y donde decía "artículos 4, 5 y 6" debe decir "artículos 3, 4 y 5"). Estos cambios garantizan que el texto remite a los artículos correctos y que la norma se aplica como se pretendía.

¿Qué es? El Real Decreto 587/2024, de 25 de junio, es una norma del Estado español que actualiza las reglas de estabilidad que deben cumplir los barcos de pasajeros con carga rodada (ferrys que transportan personas y vehículos). Su objetivo es adaptar la legislación española a una nueva directiva europea de 2023, que a su vez recoge cambios acordados en el ámbito de la Organización Marítima Internacional para mejorar la seguridad en caso de colisión o daño en este tipo de buques.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los armadores y operadores de ferrys de pasajeros con carga rodada que naveguen bajo bandera española, así como a los buques extranjeros que hagan escala en puertos españoles. También concierne a la Dirección General de la Marina Mercante, encargada de garantizar el cumplimiento de estas exigencias técnicas y de reflejarlas en los certificados oficiales de cada buque.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce un nuevo sistema de cálculo de la estabilidad basado en probabilidades (en lugar del sistema determinista anterior), que evalúa las posibilidades reales de que un barco se mantenga a flote tras sufrir daños. Distingue entre buques nuevos y los que ya operaban antes del 5 de diciembre de 2024, aplicando a estos últimos las reglas anteriores. Además, retrasa al 15 de agosto de 2025 la entrada en vigor de las normas sobre despacho de buques y gestión de tripulaciones del Reglamento de Navegación Marítima de 2023, a la espera de que los sistemas informáticos necesarios estén disponibles.

¿Qué es? El Real Decreto 590/2024 crea el Museo Cajal, un museo nacional de titularidad estatal destinado a conservar, investigar y exhibir el llamado Legado Cajal: el conjunto de más de 28.000 bienes documentales, bibliográficos, científicos, fotográficos y personales que pertenecieron a Santiago Ramón y Cajal y a su escuela de histología. Este legado, reconocido por la UNESCO como parte del Registro de la Memoria del Mundo y declarado Bien de Interés Cultural en 2024, había estado depositado históricamente en el Instituto Cajal del CSIC y, desde 2023, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo titular del Legado Cajal, que pasa a gestionar institucionalmente el nuevo museo. También afecta a los investigadores, estudiantes y ciudadanos que quieran acceder, consultar o conocer el patrimonio científico de Cajal, así como a los trabajadores que se integren en la nueva estructura del museo. De forma indirecta, concierne a cualquier persona interesada en el patrimonio histórico y científico español.

¿Qué cambia o establece? El decreto crea formalmente el Museo Cajal como institución permanente, define sus objetivos y funciones, determina su colección permanente y regula su estructura de gobierno, que incluye una Dirección, una Dirección Técnica y un Comité Científico Asesor. Establece que el museo tendrá una sede central y podrá tener sedes filiales o vinculadas, y que su puesta en marcha no supondrá incremento del gasto público. Se prevé además la aprobación posterior de un reglamento de régimen interno por orden ministerial.

¿Qué es? Es una Orden del Ministerio del Interior, publicada en junio de 2024, que desarrolla y concreta las reglas para los procesos de selección y formación de la Policía Nacional, siguiendo lo previsto en el Reglamento aprobado en 2022. Su objetivo es actualizar y precisar cómo deben organizarse y llevarse a cabo las distintas pruebas y fases que tiene que superar quien quiera ingresar o ascender dentro del cuerpo policial.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas que participen o quieran participar en procesos selectivos de la Policía Nacional: quienes aspiren a ingresar como Policía o como Inspector/a, los agentes ya en activo que busquen promocionar internamente, y quienes opten a plazas de personal facultativo o técnico del cuerpo. También afecta a los órganos responsables de organizar y gestionar estos procesos.

¿Qué cambia o establece? La orden fija de forma detallada y sistemática las reglas concretas de cada proceso: las pruebas físicas, médicas, psicotécnicas y de entrevista; las fases de oposición, curso de formación y módulo práctico en puesto de trabajo; los criterios de calificación y ordenación en el escalafón; las normas sobre ausencias, medidas de conciliación familiar y uso de medios fraudulentos; y un plan de formación en competencia lingüística. Además, regula por separado los procesos de promoción interna tanto por antigüedad selectiva como por concurso-oposición.

¿Qué es? Es un acuerdo internacional firmado en Madrid el 10 de junio de 2024 entre España y Estados Unidos para renovar y actualizar su cooperación en torno a la estación terrestre de la NASA ubicada en Robledo de Chavela (Madrid), conocida como MDSCC. Este nuevo acuerdo sustituye al anterior, firmado en 2003, y mantiene la colaboración que ambos países llevan desarrollando desde 1964 en el ámbito de las comunicaciones con sondas y naves espaciales con fines pacíficos.

¿A quién afecta? Afecta directamente al Estado español y al estadounidense como partes firmantes, y en particular a las agencias que gestionan la estación: la NASA por parte de Estados Unidos, y el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) o la Agencia Espacial Española (AEE) por parte de España. También afecta a los municipios de Robledo de Chavela y Navas del Rey, donde se ubican los terrenos cedidos, y al personal técnico y científico que trabaja en la instalación.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo confirma que España sigue cediendo los terrenos a la NASA sin coste, mientras que Estados Unidos asume todos los gastos de construcción, equipamiento y funcionamiento de la estación. Se delega en España la responsabilidad operativa de la instalación mediante un contrato con el INTA o la AEE, que designará un director español de la estación. Incorpora como novedad la participación formal de la AEE, creada en 2021, y reconoce el MDSCC como organismo internacional. Además, regula cómo se aprobarán futuras ampliaciones de las instalaciones y cómo se compartirán los usos científicos de la estación sin interferir en su funcionamiento principal.

¿Qué es? Esta norma es una Orden Ministerial del Ministerio de Defensa que establece las reglas por las que funcionará el Registro de Personal del Ministerio de Defensa, conocido como REPEMI. Este registro forma parte del sistema informático de gestión de personal del Ministerio (llamado SIPERDEF) y tiene como finalidad dejar constancia oficial de los expedientes personales de quienes sirven o han servido en Defensa, y permitirles obtener certificados oficiales de sus datos administrativos por medios electrónicos.

¿A quién afecta? Afecta a todo el personal que preste o haya prestado servicio en el Ministerio de Defensa, incluido el que ya haya causado baja. Quedan excluidos de esta norma los empleados civiles (funcionarios o laborales) que ya estén inscritos en el Registro Central de Personal, ya que ese colectivo dispone de su propio registro.

¿Qué cambia o establece? La orden crea formalmente el REPEMI como funcionalidad integrada dentro del SIPERDEF, regulando cómo se organizará y quién lo gestionará (la Dirección General de Personal a través de una de sus subdirecciones). La principal novedad práctica es que los interesados podrán acceder directamente, por vía electrónica, a su información individual y solicitar certificados oficiales con sello electrónico, sin necesidad de trámites presenciales. La norma no crea cargas administrativas nuevas, sino que da cobertura legal y operativa a un servicio que moderniza y formaliza la gestión del historial militar ya existente en el sistema.

¿Qué es? Es una resolución del Servicio Catalán de Tráfico que corrige y completa una norma anterior (la Resolución INT/360/2024, de 8 de febrero) que fijaba las restricciones de circulación para vehículos durante el año 2024 en Cataluña. La modificación se hace porque se detectaron omisiones y errores en la resolución original.

¿A quién afecta? Afecta a los conductores que circulen por determinadas carreteras interurbanas de Cataluña, especialmente por las vías de acceso a la Costa Brava y por la red de grandes ejes viarios, durante fechas señaladas como Semana Santa, San Juan, el verano o festivos como La Mercè y Todos los Santos.

¿Qué cambia o establece? La resolución introduce dos cambios concretos sobre el anexo B de la norma original: primero, añade las carreteras C-253 (entre Sant Feliu de Guíxols y Palamós) y C-35 (entre el enlace GI-512 y Maçanet de la Selva) a la red de accesos a la Costa Brava, donde ya existían restricciones de circulación; segundo, elimina la vía C-31 del apartado "Red Costa Brava" y añade nuevas restricciones específicas para los días 21 a 24 de junio con motivo de la festividad de San Juan, concretamente en el tramo de la C-35 afectado, con limitaciones de circulación entre las 6 y las 20 horas durante ese periodo.

¿Qué es? Es un decreto-ley aprobado por la Generalitat de Cataluña el 24 de abril de 2024 que establece medidas de emergencia para ayudar al sector agrario catalán gravemente perjudicado por la sequía histórica que se prolonga desde 2021, la más severa registrada desde 1916.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los agricultores y ganaderos de dos zonas de Cataluña especialmente castigadas: los municipios de regadío del Baix Ter, el Baix Fluvià y la Muga (noreste), y las explotaciones vinculadas a los embalses de Riudecanyes, Guiamets, Margalef y La Palma d'Ebre (sur). También incluye a los agricultores de la demarcación de Lleida que han sufrido daños en sus cultivos por la proliferación de conejos de bosque agravada por la sequía.

¿Qué cambia o establece? El decreto crea ayudas económicas directas para explotaciones agrarias con cultivos de regadío afectados (herbáceos, forrajeros, maíz, arroz, hortícolas y fruta dulce) que han visto reducidas sus dotaciones de agua hasta un 80 %. Además, contempla ayudas para proteger cultivos leñosos —frutales, olivos y viñedo— frente a los daños causados por los conejos, cuya población ha aumentado como consecuencia de la falta de agua, y permite financiar medidas urgentes como la poda en verde de frutales para salvar los árboles ante la imposibilidad de regarlos suficientemente.

¿Qué es? Es una resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, fechada el 12 de junio de 2024, que actualiza al alza los precios de venta al público de determinadas monedas de colección que contienen oro en su composición. Esta revisión se basa en la subida registrada en las cotizaciones del oro en los mercados internacionales, que ha superado el umbral del cuatro por ciento establecido como condición para poder modificar los precios vigentes.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona interesada en adquirir monedas de colección con contenido en oro que comercializa la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. También incumbe a esta entidad como responsable de aplicar los nuevos precios en sus procesos de venta a partir de la entrada en vigor de la resolución.

¿Qué cambia o establece? Se fijan nuevos precios de venta al público, sin IVA, para una serie de monedas de colección de oro. A modo de ejemplo, la moneda de 1 Escudo pasa de 300 a 375 euros; la de 2 Escudos, de 575 a 719 euros; la de 4 Escudos, de 1.050 a 1.310 euros; y la de 8 Escudos, de 2.000 a 2.490 euros. Los nuevos precios entraron en vigor el día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? Es un decreto-ley aprobado por la Generalitat de Cataluña el 16 de abril de 2024 para hacer frente de manera urgente a la sequía en las cuencas hidrográficas catalanas. Se trata de una norma de emergencia que actualiza y completa las medidas ya aprobadas en 2023, adaptándolas a la experiencia acumulada y a situaciones que no estaban previstas en la regulación anterior.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el ámbito de las cuencas hidrográficas internas de Cataluña, especialmente a los casi seis millones de habitantes abastecidos por el sistema Ter-Llobregat. También afecta a los municipios y entidades locales que gestionan el suministro de agua, a los establecimientos de alojamiento turístico y a los titulares de instalaciones desaladoras privadas.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce varias novedades sobre la regulación anterior: fija umbrales de consumo doméstico máximo comunes para todos los municipios según el nivel de sequía declarado, con el fin de dar un mensaje claro y uniforme a la ciudadanía; establece obligaciones específicas para los establecimientos turísticos cuando se superen las dotaciones máximas fijadas en el Plan Especial de Sequía; regula el régimen de las desaladoras de titularidad privada como fuente adicional de recursos hídricos; prevé un tratamiento diferenciado para los refugios climáticos; y modifica el régimen sancionador para orientarlo específicamente a penalizar el exceso de consumo.

¿Qué es? Es una ley foral de Navarra que autoriza un gasto extraordinario de 338.000 euros en el presupuesto de 2024 para financiar proyectos concretos en varios municipios y entidades de la Comunidad Foral. Además, deroga un artículo de una ley anterior (la Ley Foral 3/2024) que había generado problemas técnicos al cambiar tanto el nombre como los códigos de ciertas partidas presupuestarias, lo que equivalía a crear partidas nuevas sin el procedimiento adecuado.

¿A quién afecta? Afecta a los municipios y entidades que recibirán las transferencias o subvenciones: los ayuntamientos de Armañanzas, Barañáin, Murchante, Andosilla, Olite y la Biblioteca Pública de Tudela, así como el Club de Baloncesto del Valle de Egüés y el Club Deportivo Trikideak. De forma indirecta, afecta a los vecinos de esos municipios, que se beneficiarán de las obras y actividades financiadas.

¿Qué cambia o establece? Asigna 338.000 euros a ocho partidas presupuestarias nuevas para actuaciones como la adecuación de edificios en Armañanzas, el cambio de luminarias en Barañáin, reparación de calles en Murchante, mejoras urbanas en Andosilla, equipamiento para la Biblioteca de Tudela, reformas en el frontón de Olite, y subvenciones para un proyecto de baloncesto masculino y la organización del Campeonato de España de Triatlón y Aquabike 2024. Este gasto se financia cancelando otras ocho partidas ya existentes por el mismo importe total, sin aumentar el gasto global del presupuesto.

¿Qué es? Es una ley del Principado de Asturias que modifica la Ley de Montes y Ordenación Forestal de 2004 para adaptarla a los cambios que el Estado introdujo en su legislación básica sobre incendios forestales mediante decretos de 2022. Su propósito es mejorar la respuesta legal y operativa de Asturias frente a los incendios forestales y ganar en seguridad jurídica.

¿A quién afecta? Afecta a la administración autonómica asturiana y a las consejerías responsables de materia forestal, prevención de incendios y ordenación del territorio. También afecta a propietarios de montes, personas que realizan actividades en terrenos forestales, quienes hacen quemas agrícolas o uso del fuego en el monte, y a quienes cometan infracciones en esta materia.

¿Qué cambia o establece? La ley modifica siete artículos concretos. Incorpora al Consejo Forestal la función de conocer e informar los planes anuales de prevención y extinción de incendios. Refuerza las obligaciones de planificación de esos planes anuales, que deberán cubrir todo el territorio, publicarse antes de aplicarse y seguir las directrices estatales. Crea el Índice de Riesgo de Incendio Forestal (IRIF), con valores del 0 al 5, que la administración calculará y publicará cada día. También actualiza las normas sobre el uso del fuego y la quema de rastrojos, y modifica el régimen de sanciones —infracciones muy graves, graves y leves y sus multas económicas— para alinearlo con la nueva regulación.