El Horno

¿Qué es? Es un acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de julio de 2024, que regula cómo funciona y opera el Fondo de Impacto Social (FIS), un fondo público sin personalidad jurídica creado por el Real Decreto-ley 4/2024. La Resolución de la Secretaría General de Inclusión ordena su publicación en el BOE para darle publicidad oficial.

¿A quién afecta? Afecta a empresas y entidades que desarrollen proyectos de inversión con impacto social o medioambiental en España y que quieran acceder a financiación pública a través del Fondo. También afecta a fondos de inversión orientados a la economía de impacto, nacionales o internacionales, que puedan recibir aportaciones del FIS. La gestión corresponde a COFIDES, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo fija las condiciones que deben cumplir las entidades para ser beneficiarias del Fondo, las modalidades de financiación disponibles (entre ellas, capital y deuda, y en algunos casos asistencia técnica no reembolsable), y la composición y funciones de los órganos de gestión: la Gestora (COFIDES), el Comité Interministerial Técnico de Inversiones y el Panel de Expertos Independientes. El FIS cuenta con una dotación inicial de 200 millones de euros, ampliable hasta 400 millones, en el marco del Plan de Recuperación financiado por NextGenerationEU.

¿Qué es? Es una ley del Parlamento de Canarias aprobada el 29 de mayo de 2024 que regula cómo se puede recuperar y reconstruir el territorio de La Palma afectado por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y duró 85 días. La lava destruyó más de 1.200 hectáreas, arrasando viviendas, negocios, infraestructuras y explotaciones agrícolas, y desplazó a numerosas personas de sus hogares y entornos de vida.

¿A quién afecta? Afecta a las personas, familias y propietarios cuyos terrenos, viviendas, negocios o explotaciones agropecuarias quedaron sepultados o dañados por las coladas de lava en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. También afecta a las administraciones públicas —Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y ayuntamientos— que deben aplicar y gestionar las medidas previstas.

¿Qué cambia o establece? La ley define las zonas afectadas por la colada y fija reglas distintas según el grosor de la lava acumulada: en zonas con menos de 10 metros de espesor se permite recuperar y reconstruir bajo ciertas condiciones urbanísticas; en zonas con más de 10 metros el régimen es más restrictivo. Crea además el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma como órgano de seguimiento, e introduce modificaciones en normas anteriores de urgencia para coordinar todas las medidas de reconstrucción ya en marcha.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 30 de julio de 2024 que modifica la norma que regula la estructura básica de los ministerios del Gobierno de España. Su objetivo principal es incorporar formalmente la figura del asesor científico dentro de los gabinetes ministeriales, como parte de una estrategia para que las decisiones del Gobierno estén mejor respaldadas por conocimiento científico y evidencia empírica.

¿A quién afecta? Afecta a todos los ministerios de la Administración General del Estado, y en particular a sus gabinetes, que son los equipos de apoyo directo a los ministros. También afecta a las Unidades de Coordinación de Evaluación de políticas públicas, que podrán incorporar personal con perfil científico o investigador. Indirectamente, influye en investigadores, científicos y personal técnico de organismos públicos de investigación que podrían ocupar estos nuevos puestos.

¿Qué cambia o establece? La norma establece que en el gabinete de cada ministro deberá existir un puesto específico de asesoramiento científico, ocupado por personal eventual con perfil especializado. Además, permite que las unidades encargadas de evaluar políticas públicas reserven plazas para personal con experiencia científica o investigadora, incluyendo funcionarios de carrera de organismos públicos de investigación. Por último, modifica una norma anterior sobre sedes físicas de entidades públicas para excluir de su aplicación a aquellas creadas en el marco de directivas europeas cuyo plazo de transposición ya había vencido.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 30 de julio de 2024 que autoriza al Ministerio de Cultura a conceder subvenciones directas —es decir, sin convocatoria pública competitiva— a determinadas instituciones y entidades que trabajan en el ámbito de la cultura, el patrimonio histórico y las bellas artes. Esta fórmula excepcional está prevista en la Ley General de Subvenciones cuando existen razones de interés público, social o cultural que justifican no abrir un proceso de concurrencia abierta.

¿A quién afecta? Afecta a un conjunto concreto de entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que reciben financiación directa del Estado: la Asociación Archiveros sin Fronteras, el Real Monasterio de Santa María de Poblet (a través del Archivo Montserrat Tarradellas i Macià), la Fundación Casa de Medina Sidonia, la Fundación Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao y la Diputación de Granada para el Centro José Guerrero, entre otras instituciones mencionadas en el texto.

¿Qué cambia o establece? El decreto habilita legalmente la concesión de estas ayudas directas y justifica cada una por su valor de interés público: preservación de documentación del pueblo saharaui en el exilio, catalogación y digitalización de fondos fotográficos históricos de la Generalitat de Cataluña, conservación de archivos nobiliarios de relevancia europea, mantenimiento de museos de arte contemporáneo y patrimonio marítimo, y difusión de la obra del pintor José Guerrero. En todos los casos el objetivo es sostener proyectos culturales y patrimoniales que, según el Gobierno, forman parte esencial de la política cultural del Estado amparada por el artículo 44 de la Constitución Española.

¿Qué es? El Real Decreto 758/2024, de 30 de julio, crea el Consejo de la Productividad de España, un nuevo órgano público encargado de analizar la productividad y la competitividad de la economía española. Su creación responde a una recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2016, que instó a los países de la zona euro a establecer consejos nacionales de productividad. El Consejo actuará con autonomía funcional respecto a los ministerios y organismos que diseñan y aplican las políticas económicas.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las administraciones públicas, ya que los informes y dictámenes del Consejo estarán dirigidos a los distintos niveles de gobierno para orientar sus decisiones de política económica. De forma indirecta, sus análisis y recomendaciones pueden influir en políticas que afectan a trabajadores, empresas y ciudadanos en general, especialmente en ámbitos como el empleo, la inversión, la formación o el impacto de la inteligencia artificial en la economía.

¿Qué cambia o establece? El decreto regula la composición y funcionamiento del Consejo, que estará formado por una presidencia, una vicepresidencia y catorce vocales, nombrados entre expertos con al menos diez años de experiencia en análisis económico, respetando en la medida de lo posible la presencia equilibrada entre mujeres y hombres. El Consejo elaborará análisis económicos, evaluará políticas públicas con impacto en la productividad y publicará un informe anual. Para reducir el coste para la Administración, se apoyará en los medios logísticos y técnicos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

¿Qué es? El Real Decreto 761/2024, de 30 de julio, es una norma del Gobierno de España por la que el Ministerio de Cultura concede subvenciones directas a una serie de organizaciones, asociaciones y fundaciones para que lleven a cabo actividades culturales de interés público. Se trata de ayudas económicas que no se otorgan mediante concurso o convocatoria abierta, sino de forma directa a entidades previamente identificadas por su relevancia en el sector.

¿A quién afecta? Afecta a las entidades que reciben las subvenciones, entre las que se encuentran organizaciones del sector del libro y la lectura (como la FGEE o la OEPLI), asociaciones de profesionales de bibliotecas, archivos y documentación (como FESABID, ANABAD y SEDIC), fundaciones culturales (como las de María Zambrano, Francisco de Brines o José Ortega y Gasset), y entidades vinculadas a la lengua y la cultura valencianas, entre otras. De forma indirecta, afecta a la ciudadanía en general, que se beneficia de las actividades culturales que estas entidades desarrollan.

¿Qué cambia o establece? La norma autoriza y regula la concesión de subvenciones concretas a cada una de estas entidades para financiar actuaciones específicas: desde el pago de cuotas de organismos internacionales del libro infantil, hasta la presencia del sector editorial español en ferias internacionales, la formación de profesionales de bibliotecas y archivos, o la difusión del patrimonio literario y cultural. Con ello, el Estado cumple su obligación constitucional de garantizar el acceso de la ciudadanía a la cultura y promover su desarrollo y proyección, tanto dentro de España como en el exterior.

¿Qué es? La Ley 2/2024, de 11 de julio, es una norma de la Región de Murcia que sube los precios que la Administración regional paga a las entidades privadas que prestan servicios de atención a menores en situación de desamparo o riesgo, y a jóvenes que cumplen medidas judiciales, a través de los llamados conciertos sociales.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las organizaciones o entidades que tienen suscritos conciertos sociales con la Comunidad Autónoma de Murcia en los sectores de protección de menores y reforma juvenil. De forma indirecta, repercute en los menores tutelados, en jóvenes extutelados en riesgo de exclusión y en menores con medidas judiciales de internamiento que son atendidos en esos centros y servicios.

¿Qué cambia o establece? La ley fija, con efecto desde el 1 de enero de 2024, los nuevos importes diarios por plaza o servicio que la Administración abona a las entidades concertadas. Los incrementos oscilan entre el 1,48 % y el 8,39 % según el tipo de plaza o servicio: por ejemplo, las plazas en centros de media/larga estancia pasan a 175,38 €/día (+2,16 %), las de menores con problemas de conducta a 207,57 €/día (+2,31 %), las de internamiento judicial a 264,27 €/día (+1,48 %), y el Servicio de Punto de Encuentro Familiar a 227,61 €/día (+8,39 %). Estos ajustes responden al encarecimiento de los costes desde 2021 y a las mejoras salariales reconocidas en el IV Convenio Colectivo del sector.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la creación y venta de una moneda conmemorativa de plata para celebrar el triunfo de la Selección Española de Fútbol en la UEFA EURO 2024, celebrada en Alemania.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas y aficionados a la numismática que deseen adquirir la moneda. También implica a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de acuñarla y comercializarla, y al Banco de España, que interviene en su puesta en circulación.

¿Qué cambia o establece? Ordena la acuñación de un máximo de 15.000 monedas de plata de ley 925 con valor facial de 10 euros, peso de 27 gramos y diámetro de 40 milímetros, con el retrato del Rey Felipe VI en el anverso y motivos alusivos al campeonato en el reverso. El precio de venta al público es de 61,98 euros (sin IVA), aunque puede ajustarse si el precio de la plata en el mercado varía más de un 4%. Las monedas no están destinadas a la circulación ordinaria, sino a la colección, y su emisión se sitúa en el segundo semestre de 2024.

¿Qué es? Es una modificación de la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra de 2019, aprobada en julio de 2024, que actualiza tres aspectos concretos de esa ley: la definición de la libertad de creación artística ante el uso de inteligencia artificial, el compromiso de gasto público mínimo en cultura, y la obligación de transparencia cuando se usen sistemas de inteligencia artificial en actividades financiadas por el Gobierno de Navarra.

¿A quién afecta? Afecta a toda la ciudadanía de Navarra en cuanto titulares de derechos culturales, y de manera más directa a las personas creadoras y artistas, a las empresas y entidades que reciban subvenciones o contratos públicos para actividades culturales, y al propio Gobierno de Navarra, que queda vinculado por nuevas obligaciones presupuestarias y de control sobre el uso de inteligencia artificial en los proyectos que financia.

¿Qué cambia o establece? La ley introduce tres cambios concretos. Primero, reconoce que los creadores pueden usar inteligencia artificial como herramienta de apoyo en sus procesos creativos, pero deja claro que no puede sustituir la creación humana ni vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Segundo, fija que a partir de 2030 el presupuesto del Gobierno de Navarra destinado a cultura no podrá ser inferior al 1,5 % del presupuesto general, y que esa cantidad actuará como mínimo garantizado en años posteriores. Tercero, establece que cuando se financien con fondos públicos actividades en las que se pueda usar inteligencia artificial, el proveedor deberá informar de ello, explicar en qué medida interviene y qué papel tienen las personas físicas, y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual.

¿Qué es? La Ley 1/2024, de 8 de julio, modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia de 2014. Su objetivo es simplificar y hacer más eficiente el sistema de control de la transparencia pública en la Comunidad Autónoma, adaptando las estructuras de supervisión existentes para agilizar su funcionamiento.

¿A quién afecta? Afecta a todas las entidades e instituciones de la Región de Murcia sujetas a las obligaciones de transparencia, así como a cualquier ciudadano que quiera acceder a información pública o presentar una reclamación por denegación de dicho acceso. También incumbe a los órganos internos de la Administración regional encargados de velar por el cumplimiento de estas obligaciones.

¿Qué cambia o establece? La principal novedad es la sustitución del antiguo Consejo de la Transparencia —un órgano colegiado de trece miembros que acumulaba retrasos— por dos figuras nuevas: el Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente designado por la Asamblea Regional entre personas de reconocido prestigio, que se encarga de supervisar el cumplimiento de la publicidad activa y el derecho de acceso a la información; y la Comisión de Transparencia, órgano de carácter técnico ante el que los ciudadanos podrán presentar, de forma voluntaria y antes de acudir a los tribunales, reclamaciones contra resoluciones en materia de acceso a la información pública. Las resoluciones de esta Comisión se publicarán electrónicamente, con eliminación previa de datos personales.

¿Qué es? Es una ley foral de Navarra que modifica el Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas navarras para permitir que las funcionarias víctimas de violencia de género puedan trasladarse a trabajar en una administración pública de otra comunidad autónoma, o que funcionarias de otras comunidades puedan trasladarse a Navarra por el mismo motivo.

¿A quién afecta? Afecta a las mujeres empleadas públicas al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra que estén reconocidas oficialmente como víctimas de violencia contra la mujer, así como a las funcionarias de otras comunidades autónomas que quieran trasladarse a Navarra por esa misma causa.

¿Qué cambia o establece? Añade una nueva disposición al Estatuto del personal público navarro que permite la movilidad extraordinaria entre administraciones de distintas comunidades. La funcionaria navarra víctima de violencia de género puede solicitar un puesto en otra administración pública fuera de Navarra, con incorporación preferente a una plaza. A la inversa, una funcionaria de fuera de Navarra en la misma situación puede solicitar incorporarse a una plaza vacante del Gobierno de Navarra. Este traslado extraordinario no elimina el derecho a utilizar también los mecanismos ordinarios de movilidad y provisión de puestos.

¿Qué es? Es una modificación de la ley foral de Navarra que regula quién puede ejercer profesiones del deporte en esa comunidad. Concretamente, actualiza los plazos que tenían los profesionales del deporte para presentar una declaración responsable que acredite que cumplen los requisitos de titulación exigidos.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas que trabajen o quieran trabajar en Navarra en profesiones del deporte: entrenadores, técnicos deportivos, animadores, directores técnicos y cualquier otro profesional que preste servicios de enseñanza o dirección de actividades deportivas.

¿Qué cambia o establece? Retrasa la fecha límite clave del 1 de enero de 2024 al 1 de septiembre de 2025. Quienes ya ejerzan una profesión del deporte antes de esa nueva fecha deben presentar su declaración responsable antes del 1 de septiembre de 2025. Quienes quieran empezar a ejercer a partir de esa fecha deben presentarla antes de comenzar a trabajar. Igualmente, la obligación de contar con la titulación profesional correspondiente queda fijada también para esa misma fecha, el 1 de septiembre de 2025.

¿Qué es? El Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo. Este sistema es un mecanismo extrajudicial y gratuito que permite resolver conflictos entre consumidores y empresarios sin necesidad de acudir a los tribunales. Sus decisiones son vinculantes y ejecutivas para ambas partes, es decir, de obligado cumplimiento. La norma sustituye al anterior reglamento de 2008, que llevaba más de dieciséis años en vigor.

¿A quién afecta? Afecta a los consumidores y usuarios que tengan un litigio derivado de una relación de consumo con un empresario, tanto en conflictos nacionales como transfronterizos dentro de la Unión Europea. También afecta a los empresarios adheridos al sistema, a las Juntas Arbitrales de Consumo como órganos administrativos que gestionan los procedimientos, y a las asociaciones que representan a consumidores y empresarios.

¿Qué cambia o establece? La norma adapta el sistema arbitral de consumo a la legislación europea sobre resolución alternativa de litigios (Directiva 2013/11/UE y Ley 7/2017) y a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 2015. Entre los aspectos prácticos más relevantes: los procedimientos arbitrales ya iniciados antes de su entrada en vigor seguirán tramitándose conforme a las reglas anteriores; las empresas con ofertas de adhesión limitadas tienen seis meses para adaptarlas a la nueva norma, y si no lo hacen expresamente, se eliminarán automáticamente esas limitaciones en beneficio del consumidor. La norma entra en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de julio de 2024 que concede subvenciones directas —es decir, sin concurso competitivo— a determinados centros científicos españoles para mejorar sus instalaciones de micro y nanofabricación (llamadas "salas blancas" o "salas limpias") y sus centros de supercomputación. El dinero proviene de los fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

¿A quién afecta? Afecta a las entidades que forman parte de dos redes científicas consideradas activos estratégicos nacionales: la Red de salas blancas de micro y nanofabricación (MICRONANOFABS) y la Red Española de Supercomputación (RES). Entre los beneficiarios mencionados figuran, por ejemplo, el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia (NTC-UPV) y otros centros de investigación similares integrados en el Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) aprobado en 2022.

¿Qué cambia o establece? Regula la entrega directa de fondos públicos europeos a esos centros para que renueven y refuercen su equipamiento e infraestructuras de investigación en semiconductores, microtecnología, nanotecnología y computación de alto rendimiento. Las actuaciones financiadas deben cumplir el principio de no causar daño significativo al medioambiente. El objetivo final es que estos centros puedan completar sus proyectos antes del segundo trimestre de 2026 y contribuir así a que España alcance la media europea en inversión en I+D+I en 2027.

¿Qué es? El Real Decreto 708/2024, de 23 de julio, aprueba el nuevo Estatuto de las personas cooperantes, una norma que regula las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones de quienes desarrollan actividades de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la acción humanitaria. Sustituye al anterior Estatuto de 2006 y se aprueba en cumplimiento del mandato de la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

¿A quién afecta? Afecta a las personas cooperantes, es decir, a los profesionales que trabajan en proyectos de cooperación internacional sobre el terreno, tanto en el ámbito de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como en el de otros actores del sistema: comunidades autónomas, entes locales y entidades privadas promotoras de cooperación internacional o acción humanitaria. También afecta a las propias entidades promotoras, que asumen obligaciones concretas hacia estas personas.

¿Qué cambia o establece? La norma amplía la definición de persona cooperante y el ámbito de aplicación del Estatuto, y refuerza sus derechos en materia de reembolso de gastos de viaje y expatriación, retribuciones complementarias por vivienda y escolarización, y seguro médico. Establece un seguro colectivo concertado por la AECID, regula la formación y el desarrollo de la carrera profesional, el apoyo al retorno y la reintegración, y fija un régimen específico de indemnizaciones por muerte o daños físicos o psíquicos, extendiendo a las personas cooperantes el régimen previsto para participantes en operaciones de paz y seguridad.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de julio de 2024 que crea y regula dos órganos oficiales encargados de coordinar, vigilar y dar participación ciudadana durante el desarrollo del II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027). Ese Plan fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2023 y contiene 421 medidas concretas agrupadas en cuatro grandes áreas: obligaciones internacionales de España, protección de derechos humanos clásicos y nuevos, igualdad entre mujeres y hombres, y no discriminación de grupos vulnerables.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Administración del Estado, ya que los dos nuevos órganos están formados por representantes de distintos ministerios, expertos, organizaciones no gubernamentales, universidades y el Defensor del Pueblo. Indirectamente, afecta al conjunto de la ciudadanía, puesto que estos órganos supervisarán que el Gobierno cumpla los compromisos en materia de derechos humanos asumidos ante la sociedad española y ante organismos internacionales.

¿Qué cambia o establece? El decreto crea dos órganos nuevos. El primero es el Comité de dirección, que actúa como espacio de participación de la sociedad civil y tiene funciones de propuesta y supervisión del cumplimiento del Plan. El segundo es la Comisión interministerial de seguimiento, un órgano administrativo que coordina internamente a los distintos ministerios implicados. Ambos órganos se reunirán de forma periódica, su creación no supone gasto público adicional y deberán garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad en todas sus actividades.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de julio de 2024 que autoriza al Ministerio de Igualdad a conceder directamente una subvención económica a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que esta gestione el servicio ATENPRO. ATENPRO es un servicio de teleasistencia móvil disponible las 24 horas del día que proporciona a las víctimas de violencia contra las mujeres seguridad, acompañamiento, información y la posibilidad de movilizar recursos de ayuda de forma inmediata ante cualquier situación de riesgo.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las mujeres víctimas de violencia de género que son o pueden ser usuarias del servicio ATENPRO, que en el momento de aprobarse la norma eran 18.802 usuarias activas. También implica a los servicios sociales municipales, que deben valorar y acreditar la condición de víctima de cada solicitante, y a la propia FEMP, que recibe la subvención y se encarga de coordinar el servicio con los más de 7.314 municipios, 39 diputaciones y 10 consejos y cabildos insulares que agrupa.

¿Qué cambia o establece? Formaliza y da continuidad a un modelo de gestión que ya venía funcionando desde 2010, por el que la FEMP gestiona el servicio ATENPRO mediante subvenciones anuales del Ministerio de Igualdad. La norma justifica que esta subvención se conceda de forma directa a la FEMP, sin convocatoria en concurrencia competitiva, porque se considera que ninguna otra entidad tiene la capacidad ni la implantación territorial necesaria para garantizar el enlace con todas las administraciones locales. El objetivo es asegurar la continuidad del servicio sin interrupciones y extender su alcance al mayor número posible de mujeres que cumplan los requisitos de acceso.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la emisión y acuñación de una serie de monedas de colección conmemorativas del 425 aniversario del nacimiento del pintor Diego Velázquez, ocurrido en 1599. Estas monedas no están destinadas a la circulación ordinaria, sino a su colección y comercialización por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas, aficionados a la numismática y al público en general interesado en adquirir estas piezas conmemorativas. También concierne a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, responsable de su acuñación y venta, y a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que gestiona este tipo de emisiones.

¿Qué cambia o establece? La orden establece la emisión, para el año 2024, de cinco monedas de colección en distintos metales y valores faciales: una moneda de ocho escudos de 400 euros en oro, un cincuentín de 50 euros en plata, y tres monedas cuadradas de 10 euros en plata, cada una con una obra diferente de Velázquez reproducida en su diseño —entre ellas El triunfo de Baco, Las meninas, La fragua de Vulcano, Las hilanderas y Venus del espejo—. La norma fija con precisión las características técnicas de cada pieza: peso, diámetro, metal, tolerancias y motivos iconográficos.

¿Qué es? Es la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobada por las Cortes de Castilla y León. Viene a sustituir a la anterior Ley 12/2002 y establece un nuevo marco legal para el conocimiento, protección, conservación, difusión y gestión del patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma, en ejercicio de las competencias propias que le reconoce su Estatuto de Autonomía.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León, así como a los titulares de bienes integrantes del patrimonio cultural, sean personas físicas, jurídicas, entidades públicas o privadas. También vincula directamente a los poderes públicos de la Comunidad, a quienes la ley encomienda la obligación de salvaguardar, enriquecer y difundir dichos bienes, garantizando además la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura.

¿Qué cambia o establece? La ley amplía el concepto de patrimonio cultural más allá de lo estrictamente artístico, histórico o monumental, incorporando el patrimonio inmaterial —usos, expresiones, conocimientos y técnicas reconocidos por las comunidades como parte de su herencia cultural— en línea con convenios y textos internacionales vigentes. Frente al modelo anterior, apuesta por una gestión integral, sostenible y participativa, en la que la ciudadanía tiene un papel activo junto a los poderes públicos. Asimismo, concibe el patrimonio cultural no solo como legado del pasado, sino como un recurso con valor educativo, social y económico capaz de generar desarrollo y cohesión en Castilla y León.

¿Qué es? Es la publicación oficial en España de las enmiendas adoptadas entre 2021 y 2022 al Acuerdo ATP (Acuerdo sobre Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas), un tratado internacional firmado en Ginebra en 1970 que regula las condiciones técnicas en que deben transportarse alimentos y otros productos perecederos entre países. El documento recoge el texto consolidado del Acuerdo con todas estas modificaciones ya incorporadas.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a empresas y profesionales del sector del transporte frigorífico internacional: fabricantes de vehículos y equipos de frío, estaciones de ensayo y certificación, autoridades competentes que homologan estos vehículos, y transportistas que operan con camiones, furgonetas, cisternas o contenedores frigoríficos en rutas internacionales que crucen países firmantes del ATP.

¿Qué cambia o establece? Las enmiendas introducen cambios técnicos concretos en los métodos de cálculo del coeficiente de aislamiento térmico de las unidades de transporte, añadiendo nuevos procedimientos alternativos (Método C revisado y nuevo Método D) para medir superficies en furgonetas y cisternas cuando los métodos habituales no sean aceptados por los peritos. Además, se establecen requisitos mínimos de caudal de aire en circulación para equipos frigoríficos, se regula la sustitución del fluido refrigerante R404A por R452A sin necesidad de ensayo adicional, y se precisan condiciones para los ensayos cuando el compresor funciona con electricidad auxiliar.

¿Qué es? La Ley 2/2024, de 22 de abril, de la Comunidad de Madrid es una norma que unifica y actualiza en un único texto la regulación de las tres distinciones honoríficas más importantes que otorga esta comunidad autónoma: la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo y la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, cada una estaba regulada por normas distintas aprobadas en años diferentes.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona física, empresa, institución, grupo u organización —española o extranjera— que pueda ser candidata a recibir alguna de estas distinciones, así como a quienes ya las hubieran recibido en el pasado. También afecta a cualquier ciudadano, ayuntamiento o entidad que quiera proponer a alguien para ser condecorado. Las personas que en su día recibieron distinciones que ahora desaparecen —la Medalla de Plata, la Encomienda de Número y la Cruz de la Orden del Dos de Mayo— conservan los honores y el tratamiento que ya tenían reconocidos.

¿Qué cambia o establece? La ley elimina la Medalla de Plata y dos grados de la Orden del Dos de Mayo, y define con más claridad para qué sirve cada distinción que permanece: la Medalla de Oro reconoce méritos hacia la sociedad en general y especialmente la madrileña, la Gran Cruz premia contribuciones realizadas principalmente dentro de la Comunidad de Madrid, y la Medalla Internacional se reserva para representantes de países extranjeros y organismos internacionales. Se establece que cualquier ciudadano, ayuntamiento o entidad puede presentar propuestas para la Medalla de Oro y la Gran Cruz. Además, el registro de todas las distinciones concedidas será público y accesible en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.

¿Qué es? Es un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra una parte concreta de la Ley 18/2023 de la Comunidad de Madrid, que modifica la ley de protección contra la LGTBIfobia. El Tribunal ha admitido a trámite ese recurso mediante providencia de 16 de julio de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona o entidad a la que le pudiera aplicarse el apartado d) del artículo 65 de la Ley 3/2016 de la Comunidad de Madrid, en su redacción introducida por la Ley 18/2023. Desde la admisión del recurso, ese precepto concreto queda suspendido: para las partes del proceso desde el 26 de junio de 2024, y para el resto de ciudadanos y terceros desde la publicación de este anuncio en el BOE.

¿Qué cambia o establece? Mientras el Tribunal Constitucional resuelve el fondo del asunto, el precepto impugnado queda en suspenso y no puede aplicarse. Esto significa que la disposición concreta de la ley madrileña que ha sido recurrida no produce efectos jurídicos de forma temporal. No se anula definitivamente, pero su vigencia queda paralizada hasta que el Tribunal dicte sentencia.

¿Qué es? Es la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra varios artículos de una ley de la Comunidad de Madrid sobre identidad y expresión de género.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas que pudieran beneficiarse o verse implicadas por los artículos concretos impugnados de la Ley 2/2016 de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 17/2023, que regulan materias de identidad de género, igualdad social y no discriminación.

¿Qué cambia o establece? Desde el 26 de junio de 2024 (fecha en que se interpuso el recurso), los cinco artículos impugnados —13.3, 14.2.b), 23.1.f), 30.5 y 47.d)— quedan suspendidos y no pueden aplicarse: para las partes del proceso desde esa fecha, y para el resto de ciudadanos desde la publicación de este anuncio en el BOE. Eso significa que, mientras el Tribunal resuelve si esos preceptos son o no constitucionales, están temporalmente sin efecto.

¿Qué es? La Ley 1/2024, de 17 de abril, es una norma de la Comunidad de Madrid que regula la implantación de la economía circular en la región. La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca usar los recursos de forma eficiente, reducir los residuos y darles una segunda vida mediante el reciclaje y la reutilización, combinando eficiencia económica con sostenibilidad medioambiental.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de la sociedad y la economía de la Comunidad de Madrid: ciudadanos, empresas, administraciones públicas e instituciones educativas. Su aplicación es transversal, lo que significa que alcanza a todos los ámbitos de la vida social y económica de la región, incluyendo la contratación pública, el sistema productivo, la formación profesional y la enseñanza.

¿Qué cambia o establece? La ley dota a la Comunidad de Madrid de un marco propio para trasladar los principios de la economía circular a su sistema productivo, en línea con la normativa europea y la legislación estatal —en particular la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados—. Establece un modelo incentivador y de colaboración público-privada que pretende alargar la vida útil de los productos, minimizar los residuos, reducir el consumo de materias primas, agua y energía, y fomentar una industria más innovadora, competitiva y generadora de empleo sostenible y de calidad.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de junio de 2024, que resuelve un recurso judicial interpuesto por el sindicato Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 667/2023, que creó la Comisión Interministerial para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.

¿A quién afecta? Afecta a los sindicatos y organizaciones que participan o aspiran a participar en la Comisión Interministerial creada por ese Real Decreto, en particular a aquellos que no tienen reconocida la condición de "más representativos a nivel estatal".

¿Qué cambia o establece? El Tribunal estima parcialmente el recurso y anula la expresión "más representativas a nivel estatal" del artículo 3.1.e).14.º del Real Decreto 667/2023. Esto significa que el criterio de representatividad estatal que se exigía para formar parte de la Comisión queda sin efecto legal, al declararse contrario a Derecho. El resto del Real Decreto permanece vigente.

¿Qué es? Es la decisión oficial de España de suspender su participación en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), un acuerdo internacional firmado en París en 1990 que regulaba los límites y el control de armamento convencional (tanques, aviones, artillería, etc.) entre los países europeos. España comunicó esta suspensión el 1 de julio de 2024 y tuvo efecto el 1 de octubre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a España como Estado en sus obligaciones internacionales en materia de seguridad y defensa. No impone obligaciones directas a los ciudadanos, pero tiene consecuencias para la política de defensa nacional y para las relaciones de España con los demás países que eran parte del Tratado.

¿Qué cambia o establece? España deja de estar vinculada por las obligaciones del Tratado FACE. El Gobierno justifica esta decisión por dos razones: la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha alterado fundamentalmente el marco de seguridad europeo que era la base del Tratado, y la retirada previa de Rusia del mismo hace que el acuerdo pierda sentido, ya que estaba fundado en la reciprocidad entre las partes. La suspensión se realiza siguiendo el procedimiento previsto en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

¿Qué es? Es un acuerdo de cooperación entre organismos europeos de distintos países para crear un sistema compartido llamado Entorno Común de Intercambio de Información (ECII), que permite a las autoridades marítimas de la Unión Europea intercambiar datos e información entre sí de forma coordinada, segura y voluntaria para mejorar la vigilancia y las actuaciones en el mar.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las instituciones firmantes: agencias europeas y organismos nacionales de países como España, Italia, Francia, Grecia, Portugal, Bulgaria, Finlandia, Eslovenia, Croacia y Chipre, entre otros, que incluyen armadas, guardias costeras, aduanas y administraciones marítimas. El ciudadano no es destinatario directo, pero puede verse afectado indirectamente por una mayor coordinación en materias como el control fronterizo, la pesca, el transporte marítimo o la seguridad en el mar.

¿Qué cambia o establece? Establece el marco jurídico y las reglas de funcionamiento del ECII: cómo se intercambia la información (incluida la sensible o restringida), qué funciones tiene cada parte, cómo se protegen los datos personales conforme al RGPD y la normativa europea aplicable, y cómo se gestiona la propiedad intelectual y la seguridad de la información. La red es voluntaria y descentralizada, basada en la confianza entre los participantes, y cada organismo se adhiere en una fecha distinta mediante la firma individual del acuerdo.

¿Qué es? La Orden DEF/738/2024, de 12 de julio, aprueba el Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte en las Fuerzas Armadas. Se trata de una norma del Ministerio de Defensa que crea un único plan coordinado para regular, fomentar y garantizar la práctica del deporte y la actividad física dentro de las Fuerzas Armadas españolas, bajo la dirección del Consejo Superior del Deporte Militar.

¿A quién afecta? Afecta al personal militar de las Fuerzas Armadas españolas, es decir, a los miembros de los tres ejércitos y demás personal integrado en la institución militar. También implica a los organismos, unidades y centros del Ministerio de Defensa que participan en la organización y gestión de las actividades físicas y deportivas dentro de las FAS.

¿Qué cambia o establece? La norma establece un plan con dos objetivos generales: uno relativo a la actividad física y otro al deporte, adaptados a las necesidades de las Fuerzas Armadas. Fija que el tiempo mínimo semanal dedicado a la práctica deportiva se basará en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son entre 150 y 300 minutos semanales para personas de entre 18 y 64 años. Define áreas de actuación concretas y fija relaciones de coordinación entre los distintos organismos implicados, con el fin de garantizar que la práctica deportiva se realice en las mejores condiciones de seguridad y salud, y reconociendo el deporte como parte esencial de la preparación y eficacia militar.

¿Qué es? El Real Decreto 707/2024, de 17 de julio, es una norma del Gobierno de España que modifica dos decretos anteriores relacionados con la organización de la Presidencia del Gobierno: el que regula el Consejo de Política Exterior y el que define la estructura interna de la Presidencia del Gobierno.

¿A quién afecta? Afecta a la organización interna de la Presidencia del Gobierno, en particular al Consejo de Política Exterior y al Gabinete de la Presidencia. No impone obligaciones directas a los ciudadanos, pero sí tiene consecuencias para la forma en que el Gobierno coordina su acción exterior y prepara un evento internacional de relevancia para España.

¿Qué cambia o establece? El decreto introduce dos cambios concretos. Primero, actualiza quién ejerce la secretaría del Consejo Ejecutivo de Política Exterior: a partir de ahora esa función recae en la persona titular de la Secretaría General de Asuntos Exteriores de la Presidencia del Gobierno, con una sustituta designada por el Gabinete de la Presidencia en caso de ausencia. Segundo, crea una nueva Oficina para la Organización de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, prevista para 2025 en España por decisión de Naciones Unidas; esta oficina, con rango de Subdirección General, dependerá de la Secretaría General de la Presidencia y se encargará de coordinar los trabajos logísticos y operativos del evento. El decreto entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? El Real Decreto 675/2024, de 16 de julio, es una norma del Gobierno que regula cómo se conceden subvenciones públicas de forma directa —es decir, sin convocatoria pública ni concurrencia competitiva— a las tres federaciones religiosas minoritarias que tienen acuerdos de cooperación firmados con el Estado español: la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comisión Islámica de España (CIE). La gestión económica de estas ayudas se canaliza a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, entidad pública que tiene como fin promover el ejercicio efectivo de la libertad religiosa de las confesiones no católicas.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las tres federaciones religiosas mencionadas, que son quienes reciben las subvenciones, y de forma indirecta a los creyentes y comunidades religiosas que representan en toda España. También concierne a la Fundación Pluralismo y Convivencia, que actúa como entidad gestora y distribuidora de los fondos. No se dirige a empresas ni a actividades de mercado, por lo que no se considera ayuda de Estado según la normativa europea.

¿Qué cambia o establece? La norma fija el marco legal que autoriza y regula la concesión directa de estas subvenciones, justificándola en razones de interés público y social: las federaciones beneficiarias ejercen funciones reconocidas en los acuerdos de cooperación con el Estado, como la formación y certificación de ministros de culto, la asistencia religiosa en prisiones, hospitales y el ejército, o la enseñanza de religión. Para repartir el dinero disponible entre las tres entidades, se establece un mínimo garantizado del 15 % del total para cada una, ajustado después según su implantación real, número de entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y presencia en la sociedad española.