El Horno

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que fija las reglas para poner nombre a las estaciones de tren de la Red Ferroviaria de Interés General, tanto a las nuevas como a las que ya están en funcionamiento. Hasta ahora no existía un procedimiento oficial y uniforme para esto, y la norma viene a cubrir ese vacío.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona, empresa, ayuntamiento, comunidad autónoma u organismo que quiera solicitar que se cambie el nombre de una estación existente, así como a quienes participen en la planificación de nuevas estaciones. También afecta a los ciudadanos en general, ya que el nombre de las estaciones debe ser claro e identificable para todo el público.

¿Qué cambia o establece? La norma establece dos cosas principales. Por un lado, fija criterios concretos para los nombres: toda estación debe incluir el nombre del municipio donde se ubica, tal como figure en el Registro de Entidades Locales, incluyendo la lengua cooficial si procede; si hay varias estaciones en un mismo municipio, se añade el nombre del barrio, calle o zona para distinguirlas. Por otro lado, crea dos procedimientos reglados: uno para nombrar estaciones nuevas y otro para cambiar el nombre de estaciones ya existentes. Este segundo proceso puede iniciarlo el propio Ministerio o pedirlo cualquier persona o entidad con interés legítimo. Si el nombre propuesto es el de una persona viva, se exige el consentimiento de su familia.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un texto legal internacional, el Acuerdo ATP sobre transporte de mercancías perecederas (alimentos y productos similares que requieren control de temperatura), cuya versión consolidada se publicó en el BOE en julio de 2024 con equivocaciones. Esta corrección ajusta el texto para que refleje fielmente lo acordado internacionalmente.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a empresas y profesionales del sector del transporte de mercancías perecederas que operan a nivel internacional, como transportistas de alimentos refrigerados o congelados, fabricantes de vehículos y unidades de transporte isotérmicas, y organismos encargados de la certificación y control de este tipo de transporte.

¿Qué cambia o establece? Se realizan tres ajustes concretos sobre el texto publicado: primero, se inserta un apartado de definiciones que faltaba, en el que se explica con precisión qué se entiende por términos como "unidad", "dispositivo frigorífico", "dispositivo calorífico", "dispositivo refrigerante" y "dispositivo térmico", diferenciando cada uno según su función (enfriar, calentar o ambas) y el mecanismo que emplea. Segundo, se elimina un bloque de definiciones que aparecía duplicado en otro punto del texto. Tercero, se corrige una expresión concreta: donde se leía "unidad mecánicamente refrigerada" debe leerse "unidad frigorífica".

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que modifica las condiciones mínimas de operación de los vuelos entre Melilla y las ciudades de Almería y Granada. Estas rutas están declaradas como Obligaciones de Servicio Público (OSP), lo que significa que el Estado impone requisitos mínimos a las aerolíneas para garantizar la conectividad de Melilla con la península.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los ciudadanos que utilizan los vuelos entre Melilla y Almería o entre Melilla y Granada, especialmente a quienes dependen de estas rutas para su movilidad habitual. También afecta a las compañías aéreas que operan o quieran operar estas rutas, ya que deben cumplir con los nuevos requisitos mínimos de servicio.

¿Qué cambia o establece? A partir del 1 de enero de 2025, se aumentan las frecuencias mínimas semanales de ambas rutas —Melilla/Almería y Melilla/Granada— de cinco a ocho vuelos por semana, y se eleva la capacidad mínima anual a 42.000 asientos en cada una de ellas. Las aerolíneas pueden distribuir libremente esos vuelos entre los días de la semana según la demanda. La ruta Melilla/Sevilla no se ve afectada y mantiene sus condiciones anteriores sin cambios.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 10 de septiembre de 2024 que modifica la organización interna del Ministerio de Defensa. En concreto, cambia dos normas anteriores que regulaban cómo se estructura ese ministerio, para adaptarlas a una nueva realidad institucional.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la organización interna del Ministerio de Defensa y a los órganos que dependen de su Secretaría de Estado. No impone obligaciones ni cargas nuevas a los ciudadanos ni a las empresas; su impacto es administrativo e institucional, y recae sobre los propios funcionarios y órganos directivos del ministerio.

¿Qué cambia o establece? Crea una nueva Dirección General llamada "Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa", que pasa a depender de la Secretaría de Estado de Defensa. Esta nueva unidad asume las funciones relacionadas con la política industrial de defensa, el apoyo a la internacionalización de la industria española de defensa, el control del comercio exterior de armamento y el fomento de la investigación y el desarrollo en este sector. Para ello, se suprime una subdirección general existente dentro de la Dirección General de Armamento y Material y se redistribuyen sus funciones entre los nuevos órganos creados.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 10 de septiembre de 2024 por el Consejo de Ministros que autoriza al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a entregar directamente una subvención económica a la Asociación Red Innpulso–Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN), sin necesidad de convocatoria pública competitiva, por razones de interés público y económico.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la ARINN, una asociación formada por ayuntamientos españoles que trabajan para fomentar la ciencia y la innovación a nivel local. Indirectamente, afecta a los municipios que forman parte de esa red, ya que la subvención financia el funcionamiento de la propia asociación que los representa y apoya.

¿Qué cambia o establece? Fija una subvención de 300.000 euros para cubrir gastos de funcionamiento de la ARINN, principalmente en bienes y servicios. Esta cantidad supone el doble de los 150.000 euros que figuraban en el presupuesto prorrogado de 2023, aumento justificado por el crecimiento de la red y la creación de una nueva Dirección General dentro de su estructura. La subvención se enmarca en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, concretamente en las actuaciones para fomentar la innovación en las administraciones locales.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 10 de septiembre de 2024 que regula la concesión directa de subvenciones públicas por parte del Ministerio de Juventud e Infancia. Estas ayudas se otorgan de forma excepcional, sin convocatoria pública competitiva, por razones de interés público y social, al amparo de la Ley General de Subvenciones.

¿A quién afecta? Afecta a entidades del Tercer Sector de Acción Social con trayectoria acreditada en materia de infancia y adolescencia, a organismos acreditados para la adopción internacional, al Consejo de la Juventud de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias, y al Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica.

¿Qué cambia o establece? Establece el marco legal para que el Estado conceda subvenciones directas a estas entidades y organismos, reconociéndolos como colaboradores de la Administración General del Estado. Con estas ayudas se busca financiar programas de lucha contra la pobreza infantil, promoción y protección de derechos, participación de niños, niñas y adolescentes, adopción internacional, y fomento de la participación juvenil en la vida política, social, económica y cultural, garantizando así la sostenibilidad de las organizaciones que atienden a los colectivos más vulnerables.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, fechada el 20 de junio de 2024, que resuelve un recurso judicial interpuesto contra el Real Decreto 1012/2022. Ese decreto regulaba cómo se organizaba internamente la Abogacía General del Estado (el organismo que representa y defiende jurídicamente al Gobierno). El Tribunal da la razón a quien recurrió y ordena que la sentencia se publique en el Boletín Oficial del Estado.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Abogacía General del Estado y a su personal, cuya organización quedaba regulada por el decreto anulado. También afecta a partes concretas de otro decreto relacionado (el Real Decreto 1040/2022), que modificaba la estructura de los ministerios y del Ministerio de Justicia. En la práctica, tiene consecuencias para los abogados del Estado y para la organización administrativa del servicio jurídico del Gobierno.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal Supremo anula por completo el Real Decreto 1012/2022, lo que significa que deja de tener validez legal. Además, anula parcialmente el Real Decreto 1040/2022, en concreto su disposición adicional segunda (párrafo segundo) y su disposición transitoria tercera. Como consecuencia, la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado regulada por esas normas queda sin efecto. Las costas del proceso se imponen al Abogado del Estado, es decir, el Estado debe asumir los gastos del juicio.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de julio de 2024, que resuelve una cuestión de ilegalidad planteada por la Audiencia Nacional. El Tribunal declara ilegal y anula una parte concreta del reglamento que regula cómo se tramita la solicitud de nacionalidad española por residencia (Real Decreto 1004/2015).

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas extranjeras que hayan solicitado o vayan a solicitar la nacionalidad española por la vía de la residencia, y cuyo expediente haya sido evaluado aplicando el fragmento normativo anulado.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal anula el inciso del artículo 12.1 del reglamento que exigía que el solicitante no hubiera cometido, en ningún momento anterior a la resolución, actos incompatibles con el requisito de buena conducta cívica. Al eliminar ese fragmento, desaparece esa condición tal como estaba redactada en el reglamento, lo que puede beneficiar a quienes vieron denegada su nacionalidad con base exclusiva en dicha cláusula.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 27 de agosto de 2024 que modifica un traspaso previo de competencias del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. Corrige el Real Decreto 252/2023, que había sido anulado parcialmente por el Tribunal Supremo mediante dos sentencias dictadas en febrero de 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Comunidad Foral de Navarra y a la Administración del Estado, en particular a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que opera en territorio navarro. También tiene consecuencias indirectas para los ciudadanos de Navarra en lo que respecta a qué cuerpo policial vigila y controla el tráfico en sus carreteras.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal Supremo declaró ilegal la parte del traspaso de 2023 que pretendía ceder a Navarra las funciones de vigilancia policial del tráfico que venía ejerciendo la Guardia Civil, por considerar que esa competencia no estaba reconocida a Navarra ni en la ley que regula su régimen foral ni en su derecho histórico. Este nuevo Real Decreto acata esas sentencias y ajusta el traspaso, eliminando esas funciones del acuerdo original. De este modo, quedan claramente delimitadas qué competencias en materia de tráfico corresponden a Navarra y cuáles siguen siendo del Estado.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 3 de septiembre de 2024 por el que el Gobierno de España concede directamente una subvención de 5 millones de euros a la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation. Esta ayuda pública se otorga sin convocatoria competitiva porque existe un compromiso previo firmado con la asociación internacional GSMA para mantener el Mobile World Congress en Barcelona.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, entidad encargada de organizar el Mobile World Congress en Barcelona, cuyos patronos son el Ministerio para la Transformación Digital, Red.es, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fira Internacional de Barcelona y la GSMA. De forma indirecta, afecta al conjunto de la economía española, ya que el evento tiene un impacto en sectores como las telecomunicaciones, la tecnología y el turismo.

¿Qué cambia o establece? El decreto formaliza el pago de 5 millones de euros anuales que España se comprometió a aportar como parte de un acuerdo con la GSMA, incluyendo la compensación derivada de la cancelación del congreso en 2020 por causas extraordinarias. Con esta subvención se da cumplimiento al acuerdo transaccional firmado entonces y se cubre el compromiso económico correspondiente, cerrando así el marco de financiación pactado para el periodo que se extendía hasta 2024.

¿Qué es? El Real Decreto 764/2024, de 30 de julio, autoriza la concesión directa de una subvención pública a la empresa "Spain Startup and Investors Services SL", organizadora del evento South Summit, para financiar la celebración de su edición anual en Madrid en junio de 2024. Se trata de una ayuda económica otorgada sin convocatoria competitiva, por razones de interés público, social y económico, al considerarse que este tipo de eventos contribuye al fomento del emprendimiento, la innovación y la atracción de inversión.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la empresa beneficiaria, "Spain Startup and Investors Services SL", que recibe la subvención para organizar el South Summit. De forma indirecta, repercute en el ecosistema emprendedor español en general: startups, inversores, empresas y profesionales que participan o se benefician del evento, así como en la ciudad de Madrid como sede del mismo.

¿Qué cambia o establece? El decreto establece y formaliza la concesión directa de esta subvención para sufragar los costes del South Summit 2024, celebrado entre el 5 y el 7 de junio de 2024 en La N@ve de Madrid bajo el lema "Human by Design". Justifica la vía de concesión directa —sin concurrencia competitiva— en el carácter singular del evento como plataforma internacional de referencia para conectar empresas emergentes, inversores e instituciones, y en su alineación con la Estrategia España Digital 2026 y la Ley de fomento de empresas emergentes (Ley Startups).

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 3 de septiembre de 2024 que autoriza la entrega directa de una subvención pública a la ciudad de Ceuta, sin necesidad de convocatoria pública competitiva, para pagar los gastos de funcionamiento y mantenimiento de su Oficina Técnica de Proyectos. El importe máximo concedido es de 2.488.211,48 euros, con cargo al presupuesto del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y cubre el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2026.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la ciudad de Ceuta como administración beneficiaria de la subvención. De forma indirecta, afecta a los ciudadanos, pequeñas y medianas empresas y personas emprendedoras de Ceuta que pueden acudir a la Oficina Técnica de Proyectos para recibir información, orientación y apoyo en la elaboración de proyectos y solicitudes de financiación pública.

¿Qué cambia o establece? Establece las reglas para conceder esta subvención de forma directa a Ceuta, justificándolo en razones de interés público, social y económico derivadas de las características singulares del territorio y de la vigencia del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, aprobado en octubre de 2022. Con esta norma se garantiza la continuidad de la Oficina Técnica de Proyectos, que ya estaba en funcionamiento gracias a una financiación previa de 625.000 euros de 2023, y se le asignan formalmente sus funciones: informar sobre posibilidades de financiación pública, actuar como ventanilla única para pymes y emprendedores, y apoyar la ejecución de las 80 medidas del Plan Integral previstas hasta 2026 y, en algunos casos, hasta 2030.

¿Qué es? Es un Real Decreto por el que el Gobierno de España concede directamente una subvención a la empresa Cobra Solutions, S.L.U. para que ejecute el proyecto denominado "Green Cobra". Esta ayuda se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ("España Puede"), financiado con fondos europeos del programa Next Generation EU, creado tras la pandemia de COVID-19 para impulsar la recuperación económica de los países de la Unión Europea.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la empresa Cobra Solutions, S.L.U., beneficiaria de la subvención. De forma más amplia, el proyecto se inscribe en una iniciativa europea transfronteriza (IPCEI Hy2Use) en la que participan varios Estados miembros, y cuya ayuda fue autorizada expresamente por la Comisión Europea mediante Decisión de 13 de octubre de 2022. La norma no crea obligaciones ni derechos para ciudadanos particulares de forma directa.

¿Qué cambia o establece? Establece la concesión directa —es decir, sin concurso ni convocatoria pública abierta a otras empresas— de una subvención para que Cobra Solutions ejecute el proyecto "Green Cobra", orientado a la producción de hidrógeno de origen renovable como vía para descarbonizar la industria. El proyecto fue seleccionado dentro del marco europeo IPCEI del hidrógeno por tratarse de una tecnología innovadora que contribuye a la protección del medio ambiente, y se financia al amparo del componente 12 del Plan de Recuperación, dedicado a la modernización y sostenibilidad industrial.

¿Qué es? Es un acuerdo internacional firmado entre España y Georgia el 5 de abril de 2024 por el que ambos países se reconocen mutuamente los permisos de conducción nacionales y permiten que sus ciudadanos los canjeen entre sí sin tener que pasar los exámenes de conducir habituales.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos españoles con residencia legal en Georgia y a los ciudadanos georgianos con residencia legal en España que sean titulares de un permiso de conducción válido y en vigor expedido por su país de origen. También afecta a quienes conduzcan temporalmente en el otro país.

¿Qué cambia o establece? Quien tenga un permiso de conducción válido de uno de los dos países puede conducir temporalmente en el otro sin trámite adicional. Si fija su residencia legal en el otro país, puede canjear su permiso por el equivalente local sin examen teórico ni práctico, salvo para las categorías de vehículos pesados y de transporte de personas (C, C+E, D, D+E y derivadas), para las que sí se exige una prueba de circulación en vía pública. Las autoridades competentes —la Dirección General de Tráfico en España y la Agencia de Servicios del Ministerio del Interior en Georgia— verificarán la autenticidad del permiso antes del canje. El acuerdo no se aplica a permisos que ya fueran resultado de un canje previo con un tercer país.

¿Qué es? Es un acuerdo internacional firmado el 18 de abril de 2024 entre España y Moldavia por el que ambos países se reconocen mutuamente los permisos de conducción nacionales y permiten su canje, sin necesidad de volver a aprobar los exámenes teórico o práctico generales.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que tienen residencia legal en España y poseen un permiso de conducción expedido en Moldavia, y viceversa: residentes legales en Moldavia con permiso español. También aplica a quienes circulen temporalmente por el territorio del otro país con su permiso vigente.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo permite conducir temporalmente en el otro país con el permiso propio mientras esté en vigor. Una vez superado ese periodo temporal, quien tenga residencia legal en el otro Estado puede canjear su permiso por el equivalente local sin exámenes, salvo excepciones: si hay dudas sobre la aptitud del conductor, o si se solicita el canje por categorías de vehículos pesados o de transporte de viajeros (C, C+E, D, D+E y sus variantes), en cuyo caso sí se exigen pruebas prácticas. El canje requiere verificación previa de la autenticidad del permiso entre las autoridades competentes —la Dirección General de Tráfico en España y la Agencia de Servicios Públicos en Moldavia—, y no se aplica a permisos que a su vez fueron obtenidos por canje de un tercer país.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 2 de julio de 2024 que modifica una norma de 1997 para actualizar la organización y el funcionamiento de la Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas (ANPAQ), el organismo público español encargado de coordinar el cumplimiento del tratado internacional que prohíbe las armas químicas.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a la Administración General del Estado: concretamente a los ministerios y organismos que forman parte de la ANPAQ (Asuntos Exteriores, Defensa, Industria, Hacienda, Interior, Comercio, Agricultura, Medio Ambiente, Sanidad, Investigación, CNI y Seguridad Nacional). La norma declara expresamente que no impone obligaciones ni cargas a ciudadanos ni empresas.

¿Qué cambia o establece? Se actualiza la composición de la ANPAQ: la Presidencia recae en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, se crean dos Vicepresidencias (Industria y Política de Defensa) y se fija una lista renovada de vocales que representan a los departamentos ministeriales implicados. Además, se establece que el pleno se reunirá al menos una vez cada dos años, que el grupo de trabajo de apoyo lo hará al menos cada seis meses, y se actualizan las referencias a organismos y normas vigentes para mejorar la coherencia y operatividad del órgano.

¿Qué es? El Real Decreto 843/2024, de 27 de agosto, autoriza al Gobierno a conceder subvenciones de forma directa —es decir, sin concurso ni convocatoria pública abierta— a una serie de entidades culturales concretas para apoyar sus actividades en el ámbito de las artes escénicas y la música durante el año 2024. El organismo encargado de gestionar estas ayudas es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), adscrito al Ministerio de Cultura.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las entidades beneficiarias de las subvenciones, entre las que se encuentran la Fundació Castell de Perelada, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (Festival Internacional de Música de Canarias), la Fundación Archivo Manuel de Falla, la Fundación Isaac Albéniz, la Fundación Orfeó Catalá-Palau de la Música Catalana, la Fundación Instituto de Música de Cámara de Madrid, la Fundación Pau Casals, la Fundación Antonio Gades, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, el Taller de Músics y la Fundació Victoria de los Ángeles, entre otras. Indirectamente, afecta al público que accede a las actividades culturales que estas entidades organizan.

¿Qué cambia o establece? El decreto establece que el Estado, a través del INAEM, financiará de manera directa y específica las actividades de estas entidades en 2024, sin que deban competir en una convocatoria general. Las actividades subvencionadas abarcan festivales, temporadas líricas, conciertos, formación musical, conservación de archivos y fondos documentales, difusión del patrimonio artístico y promoción de la danza y el flamenco, tanto dentro de España como en el exterior.

¿Qué es? La Orden JUI/893/2024, de 20 de agosto, crea la sede electrónica asociada del Ministerio de Juventud e Infancia. Se trata de una dirección web oficial (https://juventudeinfancia.sede.gob.es) a través de la cual los ciudadanos podrán realizar trámites y gestiones con este ministerio por medios electrónicos, con plenas garantías de seguridad, autenticidad y protección de datos.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona física o jurídica que necesite relacionarse con el Ministerio de Juventud e Infancia para realizar trámites administrativos. También afecta internamente a todos los órganos superiores y directivos del ministerio, que quedan sujetos a esta sede para sus actuaciones electrónicas con la ciudadanía. No se aplica a los organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del ministerio.

¿Qué cambia o establece? Se crea formalmente la sede electrónica del ministerio, vinculada al Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado. A través de ella se podrán realizar todos los procedimientos que requieran identificación del ciudadano o de la Administración. La titularidad y responsabilidad de la sede recae en la Subsecretaría de Juventud e Infancia. Además de la vía electrónica, se mantienen canales de acceso telefónico (060) y presencial en las oficinas del ministerio.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden AUC/891/2024, de 13 de agosto, por la que se establecen las cuantías de la ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden AUC/891/2024 establece las nuevas cuantías de las tasas por la tramitación de visados tipo A y C, en línea con el Reglamento (UE) 2024/1415 de la Comisión, fijando una tasa ordinaria de 90 euros.

2. CONTEXTO La Ley Orgánica 4/2000 regula las tasas por autorizaciones administrativas y visados, delegando su fijación a órdenes ministeriales. La Orden AUC/1139/2021 estableció tasas previas, pero tras la modificación del Reglamento (CE) 810/2009 por el Reglamento delegado (UE) 2024/1415, se requiere actualizar la normativa española. La nueva Orden AUC/891/2024 adapta las tasas a las nuevas disposiciones europeas.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden AUC/891/2024, publicada el 13 de agosto de 2024, establece las cuantías de las tasas por la tramitación de visados tipo A y C, fijando una tasa ordinaria de 90 euros. Esta norma se basa en el Reglamento (UE) 2024/1415 de la Comisión, que modifica el Reglamento (CE) 810/2009, en el que se fija la nueva tasa a percibir por los gastos administrativos de tramitación de las solicitudes de visados uniformes.

El artículo 1 de la Orden establece que los visados tipo A y C tienen una tasa ordinaria de 90 euros, mientras que el visado nacional de larga duración (tipo D) también tiene una tasa de 90 euros. El artículo 2 indica que los derechos se percibirán en euros, en divisa de situación o en la moneda nacional del país donde se presente la solicitud, según corresponda. Los tipos de cambio aplicables se regulan en el artículo 6.4 de la Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares.

El artículo 3 establece que se aplicarán las exenciones y reducciones de tasas establecidas en acuerdos internacionales y normativa correspondiente. Además, se permite reducir o incluso dejar de aplicar las tasas cuando se trate de intereses culturales, políticas exteriores, desarrollo o otros ámbitos de interés público esenciales, siempre que se respete la normativa específica.

El artículo 4 establece que los importes de las tasas se adecuarán a la revisión que proceda por aplicación de la normativa de la Unión Europea y se acomodarán al importe que pueda establecerse por aplicación del principio de reciprocidad.

La Orden incluye una disposición derogatoria única, que establece que con su entrada en vigor se derogará la Orden AUC/1139/2021, de 6 de octubre, y cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto.

Finalmente, la disposición final única establece que las cuantías establecidas serán de aplicación a todas las solicitudes de visado un mes después de la publicación de la Orden en el «Boletín Oficial de Estado», es decir, desde el 11 de junio de 2024.

Esta norma se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el 13 de agosto de 2024, y su entrada en vigor se produce un mes después de su publicación, lo que garantiza una transición ordenada y la adaptación de la normativa española a las exigencias europeas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden AUC/891/2024 actualiza las tasas de visados tipo A, C y D a 90 euros, alineándose con la normativa europea. Se derogó la anterior norma y se estableció una transición de un mes. La norma busca evitar incongruencias y garantizar la adecuación a la Unión Europea.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Nuevas tasas de visados: 90 euros para visados tipo A, C y D. ⚠️ Derogación de la Orden AUC/1139/2021: Se sustituye por la nueva normativa. 📋 Transición de un mes: Las nuevas tasas se aplican desde el 11 de junio de 2024. ℹ️ Adaptación a la UE: La norma se alinea con el Reglamento (UE) 2024/1415 de la Comisión.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un Real Decreto que concede directamente una subvención pública a una empresa que participa de forma indirecta en un proyecto europeo llamado IPCEI CIS, dedicado al desarrollo de infraestructuras y servicios en la nube e internet de borde de próxima generación. Esta ayuda se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que a su vez está respaldado por los fondos europeos Next Generation EU creados tras la pandemia de COVID-19.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la empresa beneficiaria de la subvención, que actúa como participante indirecto en el proyecto europeo IPCEI CIS. De forma más amplia, el proyecto involucra a trece empresas españolas —algunas en consorcio— seleccionadas mediante una convocatoria pública de manifestación de interés lanzada en 2021, junto con empresas de otros once Estados miembros de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia o Países Bajos, entre otros.

¿Qué cambia o establece? El decreto formaliza y regula la concesión directa de una subvención —sin pasar por un procedimiento competitivo ordinario— a esa empresa participante, encuadrándola dentro del componente 15 del Plan de Recuperación, cuyo objetivo es convertir a España en un centro de conectividad digital del sur de Europa. La ayuda debe destinarse a actividades de investigación, desarrollo e innovación relacionadas con la nube y el borde de próxima generación, en línea con los requisitos europeos que exigen que los beneficios del proyecto repercutan en el conjunto de la economía y la sociedad de la Unión Europea.

¿Qué es? Es un acuerdo internacional entre España y la Agencia Espacial Europea (ESA) formalizado mediante un intercambio de notas diplomáticas en julio de 2024, que modifica el acuerdo original firmado en París en 2012 sobre los terrenos que España cede a la ESA en territorio español.

¿A quién afecta? Afecta directamente a España y a la ESA como partes del acuerdo. De forma indirecta, concierne a las instalaciones que la ESA tiene en España: el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), situado en Villanueva de la Cañada (Madrid), y la estación de seguimiento de satélites de Cebreros (Ávila).

¿Qué cambia o establece? Se amplía el plazo por el que España cede gratuitamente a la ESA el uso de los terrenos de ambas instalaciones: la nueva fecha de expiración de ese derecho de uso pasa a ser el 22 de julio de 2078 para los dos emplazamientos. Además, se prevé que ambas partes puedan acordar prorrogar ese plazo de mutuo acuerdo. El acuerdo comenzó a aplicarse provisionalmente el 18 de julio de 2024 y entrará en vigor de forma definitiva cuando España notifique a la ESA que ha completado los trámites internos necesarios.

¿Qué es? Esta ley aprueba un crédito extraordinario de 258.524,53 euros con cargo al presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2024. Su objetivo es pagar el tramo final de las subvenciones electorales que corresponden a los partidos políticos que concurrieron a las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, una vez que el Tribunal de Cuentas ha emitido su informe definitivo de fiscalización en febrero de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a los tres partidos políticos que tienen derecho a subvención por los resultados obtenidos en dichas elecciones: el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y VOX. El dinero sale del Fondo de Contingencia del presupuesto regional y se canaliza a través de la Consejería de Hacienda como transferencia corriente a estas organizaciones.

¿Qué cambia o establece? La ley no crea ninguna norma nueva, sino que completa el pago pendiente de las subvenciones electorales ya reconocidas, descontando los anticipos y liquidaciones provisionales que cada partido había recibido antes. En concreto, el PSOE cobra 54.572,73 euros adicionales, el PP recibe 32.594,52 euros y VOX, que no había cobrado nada hasta ahora, percibe 171.357,28 euros (de los 173.856,07 euros iniciales, con una reducción de 2.498,79 euros aplicada por el Tribunal de Cuentas).

¿Qué es? Es la nueva ley que regula el Consejo Consultivo de Andalucía, el órgano oficial encargado de asesorar jurídicamente al Gobierno y a la Administración de la Junta de Andalucía. Sustituye a la ley anterior de 2005 para actualizarla y mejorarla tras los cambios legislativos producidos desde entonces, incluyendo la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007. Su sede está en Granada y actúa con plena autonomía e independencia.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al propio Consejo Consultivo y a quienes pueden solicitar su asesoramiento: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la Administración autonómica y sus organismos públicos, los ayuntamientos y otras entidades locales, las universidades públicas andaluzas y demás corporaciones de derecho público cuando la ley lo exija. Indirectamente afecta a la ciudadanía en general, ya que el Consejo vela por la legalidad de las decisiones administrativas y protege sus derechos.

¿Qué cambia o establece? La ley crea una nueva Comisión de Estudios y Análisis Normativo, encargada de elaborar estudios, informes y propuestas de mejora normativa. Reduce de seis a cuatro el número de consejeros electivos sin dedicación exclusiva, eleva de diez a quince años la experiencia mínima exigida a los consejeros como juristas de reconocido prestigio, y establece que los consejeros permanentes trabajen en exclusiva a tiempo completo, aplicándoles además el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Junta. Todo ello busca reforzar la calidad técnica, la independencia y la eficiencia del órgano.

¿Qué es? Es una ley de la Comunitat Valenciana que modifica la normativa que regula la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, organismo creado en 2016. Su objetivo es actualizar y clarificar el funcionamiento de la agencia, incorporar la protección europea de las personas que denuncian irregularidades y precisar hasta dónde llega la capacidad de actuación de la agencia.

¿A quién afecta? Afecta a toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, y en particular a quienes denuncien fraude o corrupción, que pasan a tener protección legal reforzada. También afecta a una amplia variedad de entidades sometidas al control de la agencia: la Generalitat y su sector público, ayuntamientos, universidades públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, empresas concesionarias de servicios públicos y cualquier entidad financiada mayoritariamente con fondos públicos.

¿Qué cambia o establece? La ley adscribe formalmente la agencia a Les Corts (el parlamento valenciano), define con más detalle su ámbito de actuación —incluyendo corrupción, fraude e irregularidades administrativas— y establece que el canal externo de denuncias del sector público se regirá por esta ley y por la normativa europea y estatal de protección de denunciantes (Directiva 2019/1937 y Ley 2/2023). Además, garantiza que cualquier persona que denuncie ante la agencia contará con las protecciones previstas en esa normativa estatal y, adicionalmente, con las que establezca la propia ley valenciana.

¿Qué es? Es la ley que crea la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA (CACVSA), una nueva empresa pública que prestará los servicios de radio, televisión y contenidos multimedia de titularidad pública en la Comunitat Valenciana. Nace para adaptar los medios públicos valencianos al entorno digital actual, donde la audiencia consume contenidos a través de múltiples pantallas y plataformas, y no solo frente al televisor tradicional.

¿A quién afecta? Afecta a toda la ciudadanía valenciana como destinataria del servicio público audiovisual. También afecta al personal que trabajaba en las entidades anteriores —la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació—, que quedan disueltas e integradas en la nueva empresa. Igualmente afecta a Les Corts Valencianes, que ejercen el control parlamentario sobre la corporación, y a los municipios, que tienen representación en su Consejo de Administración.

¿Qué cambia o establece? Sustituye la estructura anterior de dos entidades separadas por una única empresa pública, con el fin de agilizar la gestión. Fija cómo se elige y funciona el Consejo de Administración, nombrado por Les Corts, y regula las figuras del Director General y del Consejo de Informativos. Establece que la programación debe respetar el pluralismo, promover el valenciano y garantizar el acceso en períodos electorales. También crea una plataforma audiovisual valenciana para distribuir contenidos en el entorno digital, y regula la financiación, el presupuesto y el control económico de la corporación.

¿Qué es? Es una resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que hace pública, de forma oficial y periódica, la información recibida sobre los cambios ocurridos en tratados internacionales de los que España forma parte. Se publica en el BOE para que cualquier ciudadano pueda conocer el estado actualizado de esos acuerdos entre países.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a quienes necesitan conocer el estado vigente de los tratados internacionales: juristas, investigadores, instituciones públicas y empresas con actividad internacional. Para el ciudadano común, su impacto es indirecto, ya que estos tratados enmarcan obligaciones de España en materia de derechos humanos, medio ambiente polar o relaciones diplomáticas.

¿Qué cambia o establece? Recoge varios hechos ocurridos entre abril y julio de 2024: Turquía se adhirió al tratado que reconoce la soberanía noruega sobre el Archipiélago de Svalbard (Spitzberg); Arabia Saudí se adhirió al Tratado Antártico; Bulgaria y Brasil completaron su incorporación a la Fundación Internacional UE-ALC. En materia de derechos humanos, Ucrania notificó la prórroga de la suspensión de ciertas garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos por la vigencia de la ley marcial, mientras que Moldavia comunicó el fin de una suspensión similar al haberse levantado su estado de emergencia el 30 de diciembre de 2023. Asimismo, Perú informó de la prórroga de un estado de emergencia en la provincia de Pataz por razones de seguridad.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la fabricación y venta de tres monedas conmemorativas de colección para celebrar el décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI, que tuvo lugar el 19 de junio de 2014. Las monedas son acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y no están pensadas para usarse en el comercio diario, sino para coleccionistas.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas y personas interesadas en numismática que deseen adquirir estas piezas. También concierne a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la entidad encargada de acuñarlas y comercializarlas, y a su propio Museo, que podrá reservar hasta cinco ejemplares de cada moneda para sus fondos.

¿Qué cambia o establece? La orden establece la emisión en 2024 de tres monedas de colección: una de oro de 200 euros (máximo 1.500 piezas), una de plata de 50 euros llamada "cincuentín" (máximo 2.500 piezas) y una de plata de 10 euros llamada "ocho reales" (máximo 6.000 piezas). Cada pieza tiene características técnicas precisas de peso, diámetro y diseño fijadas por la norma, con imágenes de los Reyes, el Palacio Real y el Congreso de los Diputados, entre otros motivos. No se trata de moneda de uso corriente: su valor nominal es simbólico y su finalidad es exclusivamente conmemorativa y de colección.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden INT/818/2024, de 30 de julio, por la que se actualiza la regulación del un ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden INT/818/2024 actualiza la regulación del uniforme, emblemas y distintivos del personal de Instituciones Penitenciarias, derogando normas anteriores y estableciendo nuevos criterios de uso y diseño.

2. CONTEXTO La necesidad de uniformidad en el personal penitenciario se fundamenta en motivos de seguridad, identificación y funcionalidad. Esta norma sustituye a anteriores órdenes, como la de 1998, y busca modernizar y sistematizar la regulación del uniforme. La norma se dicta con el objetivo de cumplir con principios de buena regulación, como necesidad, eficacia y seguridad jurídica.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden INT/818/2024, de 30 de julio de 2024, establece una nueva regulación del uniforme, emblemas y distintivos del personal de Instituciones Penitenciarias. Esta norma se fundamenta en la necesidad de seguridad, identificación y funcionalidad, así como en la aplicación de los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El contenido principal de la orden incluye la descripción del uniforme, que consta de un traje de chaqueta con botones, un pantalón, un cinturón y un pañuelo. El emblema principal, ubicado en el pecho, incluye una espada en posición vertical con la punta hacia abajo y una rueda dentada, flanqueada por dos ramos enlazados de palma y roble, y rematada con la corona real. El texto «Instituciones Penitenciarias» se encuentra en el transfer de pecho.

Además, se establece el emblema de identificación, que debe indicar el número de carnet profesional y el cargo que ocupa el personal, siendo obligatorio tanto para quienes usen uniforme como para quienes no lo hagan.

La norma incluye una disposición derogatoria única que deroga la Orden de 18 de diciembre de 1998, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en esta orden.

En cuanto a la aplicación, la Orden establece que los modelos de uniforme, junto con sus características textiles, tecnológicas, de confección, color y ubicación de emblemas y distintivos, así como la diversidad de prendas que lo compongan, serán determinados por instrucción de la persona titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

También se autoriza a dicha persona titular para dictar instrucciones de desarrollo en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la orden. La norma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden INT/818/2024 actualiza y moderniza la regulación del uniforme y emblemas del personal penitenciario, derogando normas anteriores. Establece nuevos diseños y requisitos de uso, con el objetivo de garantizar seguridad, identificación y funcionalidad. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Actualización de normativa: La orden sustituye a anteriores normas, como la de 1998, para modernizar la regulación del uniforme. ⚠️ Derogación de normas anteriores: Se derogó la Orden de 1998 y otras disposiciones que se oponían a esta nueva norma. 📋 Requisitos de uso: El emblema de identificación es obligatorio tanto para personal que use uniforme como para el que no lo haga. ℹ️ Instrucciones de desarrollo: La norma autoriza a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a dictar instrucciones de desarrollo en un plazo de seis meses.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 11 de junio de 2024 que modifica una norma anterior de 2021 sobre una subvención pública concedida a centros de investigación españoles para el proyecto Quantum ENIA, un programa de computación cuántica financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

¿A quién afecta? Afecta a los centros de la Red Española de Supercomputación que son beneficiarios de esa subvención, en particular a los que participan en el proyecto Quantum ENIA liderado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). No afecta directamente a ciudadanos particulares ni a empresas ajenas al proyecto.

¿Qué cambia o establece? Modifica las reglas sobre cómo pueden redistribuirse los fondos de la subvención entre distintas partidas presupuestarias. Antes estaba prohibido autorizar cambios que supusieran aumentar más de un 20 % determinadas partidas. Con esta reforma: los cambios que superen ese 20 % pasan a estar permitidos si los aprueba previamente el órgano gestor y siempre que no se incremente el importe total de la subvención; los cambios por debajo del 20 % tampoco necesitan autorización previa, sino que basta con comunicarlos al presentar la justificación del gasto. El objetivo es dar más flexibilidad a un proyecto de investigación básica de alto riesgo tecnológico para que pueda ejecutarse sin quedarse bloqueado por rigideces administrativas.

¿Qué es? Es un acuerdo firmado entre los gobiernos de España y Portugal el 15 de marzo de 2023 en Lanzarote para regular conjuntamente dos actuaciones sobre el puente internacional que cruza el río Miño entre Monção (Portugal) y Salvaterra do Miño (España): la rehabilitación estructural de sus pilares y traviesas, y el estudio para añadir un carril bici y un paseo peatonal en dicho puente.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los ciudadanos de Monção y Salvaterra do Miño, así como a quienes utilizan habitualmente ese puente para cruzar entre Portugal y España. En el plano institucional, los entes responsables de ejecutar y financiar las actuaciones son Infraestruturas de Portugal, S.A. por parte portuguesa, y la Xunta de Galicia por parte española.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo fija las obras concretas de reparación del puente —que incluyen sellado de grietas, encapsulado de pilares en la zona sumergida, pintura de protección y monitorización de la estructura— con un coste total de 603.468,75 euros (IVA incluido). Además, encarga un proyecto de ampliación del tablero para instalar un carril bici y un paseo peatonal conectados con las infraestructuras existentes en ambas localidades, con un coste estimado de 153.750 euros (IVA incluido). Todos los costes se reparten a partes iguales entre España y Portugal.