El Horno

¿Qué es? La Ley 4/2024, de 26 de julio, modifica dos leyes valencianas: la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (Ley 1/2022) y la Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de personas con cargos públicos no electos (Ley 8/2016). Su objetivo es actualizar y simplificar las reglas que regulan qué pueden y no pueden hacer quienes ocupan cargos públicos de nombramiento (no elegidos por voto), y mejorar cómo la administración publica información sobre su actividad.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las personas que ejercen cargos públicos no electos en la Comunitat Valenciana, es decir, altos cargos designados como directores generales, secretarios autonómicos y figuras similares. También afecta a los organismos que gestionan sus declaraciones de bienes e incompatibilidades, y, de forma indirecta, a la ciudadanía en general, que verá modificada la forma en que la administración publica información sobre transparencia, agendas y planes de gobierno.

¿Qué cambia o establece? En materia de incompatibilidades, se adopta como referencia el régimen aplicable a los concejales con dedicación exclusiva, simplificando así las normas sobre qué actividades privadas o participaciones en empresas puede mantener un alto cargo. Se aclara que el conflicto de intereses debe demostrarse de forma concreta y no puede presumirse de manera genérica. Se reconoce el derecho de los interesados a solicitar la eliminación de los documentos presentados una vez resuelta su situación. En materia de transparencia, se limita la publicación de agendas a actos con interés público, se agiliza la consulta pública previa trasladándola a la web oficial en lugar del diario oficial, y se refuerza el control político sobre el plan de gobierno. Además, se reorganiza y dota de más medios a la Oficina de Control del Conflicto de Intereses y se establece un procedimiento de desbloqueo para la elección del Consell de Transparència.

¿Qué es? La Ley 8/2024, de 16 de septiembre, es una norma aprobada por las Cortes de Castilla y León que tiene como objetivo garantizar y blindar legalmente la prestación de los servicios públicos esenciales en la Comunidad: sanidad, educación y servicios sociales. Su propósito es convertir en obligación legal con rango de ley los niveles de calidad ya alcanzados en estos servicios, de forma complementaria a la normativa sectorial que ya existe para cada uno de ellos.

¿A quién afecta? Afecta a todos los ciudadanos de Castilla y León, con especial atención a quienes viven en el mundo rural. También implica a los poderes públicos autonómicos, que quedan obligados a mantener y garantizar estos servicios, y a las Administraciones locales, cuya autonomía queda expresamente respetada en aquellas materias en las que tienen competencias propias en sanidad, educación y servicios sociales.

¿Qué cambia o establece? La ley fija un conjunto de garantías generales y específicas para que los tres servicios esenciales —sanidad, educación y servicios sociales— se presten en condiciones de igualdad en todo el territorio. Consolida como mandato legal los logros conseguidos hasta ahora: la red de consultorios y hospitales en sanidad, la calidad y equidad del sistema educativo, y la cobertura social a personas vulnerables. En definitiva, obliga a los poderes públicos autonómicos a mantener esos niveles de servicio y no permite que se degraden, dándoles respaldo formal de ley conforme exige el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

¿Qué es? Es una ley del Parlamento de Canarias aprobada el 23 de julio de 2024 que establece medidas específicas para recuperar la actividad agraria en la isla de La Palma después de la erupción del volcán Cumbre Vieja, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y sepultó más de 1.200 hectáreas bajo coladas de lava durante 85 días.

¿A quién afecta? Afecta a los propietarios y agricultores que tenían explotaciones agrarias, construcciones y terrenos en las zonas cubiertas por la lava o dañadas por la erupción, principalmente en el Valle de Aridane, con cultivos como plátano y aguacate. También concierne a los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y a las administraciones públicas con competencias en la zona.

¿Qué cambia o establece? La ley fija las condiciones bajo las cuales los afectados pueden volver a poner en marcha sus explotaciones agrarias: determina en qué zonas se puede actuar y en cuáles no, qué construcciones e instalaciones agrarias se pueden restablecer o reubicar, y cómo hacerlo con seguridad según el grosor y estado de la colada. También regula los caminos agrarios, los servicios básicos de las parcelas, los usos permitidos en suelo recuperado y el procedimiento administrativo para solicitar estas actuaciones.

¿Qué es? Es un Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Canarias el 11 de marzo de 2024 que establece medidas específicas para permitir la recuperación de la actividad agraria en la isla de La Palma después de la erupción volcánica de Cumbre Vieja, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y cubrió más de 1.200 hectáreas de terreno con coladas de lava.

¿A quién afecta? Afecta a los propietarios y agricultores que tenían explotaciones agrarias, construcciones e instalaciones en los terrenos cubiertos por la lava, especialmente en el Valle de Aridane, donde predominaban los cultivos de plátano y aguacate. También afecta a quienes tenían tierras agrícolas fuera del área de la colada pero igualmente dañadas por la erupción.

¿Qué cambia o establece? La norma fija las condiciones y el procedimiento para que los agricultores puedan restablecer o reubicar sus explotaciones sobre la colada o en sus proximidades, distinguiendo según el grosor de la lava y el nivel de seguridad de cada zona. Regula qué usos están permitidos, cómo se dotará de servicios y caminos agrarios a las parcelas recuperadas, y qué ocurre con las parcelas cuyos propietarios no deseen recuperarlas. Además, modifica normas anteriores sobre reconstrucción en La Palma para adaptarlas a estas nuevas medidas agrarias.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 1 de octubre de 2024 que regula cómo los ciudadanos españoles que viven o se encuentran temporalmente en el extranjero deben inscribirse en el Registro de Matrícula de los Consulados españoles. Este registro equivale, para los españoles en el exterior, al padrón municipal que existe en España. La norma reemplaza a la anterior, que databa del año 2000, para adaptarla a la era digital y a la legislación actual.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas de nacionalidad española que residen de forma habitual en el extranjero y también a quienes se encuentran allí de manera temporal (por estudios, trabajo, visitas familiares, turismo, tratamientos médicos u otras estancias cortas). En enero de 2024 había más de tres millones de españoles inscritos como residentes en el exterior, cifra que casi se ha triplicado desde 2005, además de cerca de 29.000 personas en situación de estancia temporal.

¿Qué cambia o establece? El principal cambio es que el trámite de inscripción, que hasta ahora exigía acudir en persona al Consulado (lo que en muchos casos obligaba a desplazarse cientos o miles de kilómetros), pasa a tener carácter digital. La norma adapta el funcionamiento del Registro de Matrícula Consular a las leyes vigentes sobre administración electrónica, interoperabilidad, seguridad y protección de datos personales. Con ello se busca facilitar la inscripción a los españoles en el exterior, que es un requisito necesario tanto para recibir asistencia y protección consular como para poder participar en los procesos electorales convocados en España.

¿Qué es? Es una Orden Ministerial del Ministerio de Defensa que establece de forma oficial cómo se organiza y funciona el Servicio de Sociología de dicho ministerio. Su finalidad es ordenar quién hace qué dentro de ese servicio, coordinando los estudios sociales que se realizan tanto en el Órgano Central del ministerio como en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

¿A quién afecta? Afecta al personal militar y civil que trabaja en materia de sociología dentro del Ministerio de Defensa y de los tres ejércitos. En concreto, regula las funciones de la Secretaría General Técnica, la Vicesecretaría General Técnica, la Unidad de Estudios Sociológicos de la Defensa, la Comisión Ministerial de Sociología (COMSODEF) y las unidades de sociología propias de cada ejército.

¿Qué cambia o establece? Define con precisión la estructura del Servicio de Sociología, sus misiones (asesorar, planificar estudios, difundir técnicas, cumplir compromisos internacionales, mantener un fondo documental especializado, etc.) y las funciones concretas de cada órgano que lo compone. Formaliza así una actividad que ya venía realizándose desde 2008, dándole un marco jurídico claro y unificado que mejora la coordinación entre el Órgano Central y los ejércitos para apoyar la toma de decisiones.

¿Qué es? Es un Real Decreto del Gobierno de España, aprobado el 1 de octubre de 2024, que autoriza al Ministerio de Industria y Turismo a conceder directamente —sin convocatoria pública de concurrencia competitiva— tres subvenciones en materia de industria durante el año 2024. Esta forma de concesión directa está permitida por la Ley General de Subvenciones cuando existen razones de interés público, social o económico que la justifican.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a dos entidades concretas que recibirán esas subvenciones: la Asociación Española de Normalización (UNE), encargada de elaborar normas técnicas industriales, y la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que certifica oficialmente la competencia técnica de organismos que evalúan, inspeccionan o ensayan productos. De forma indirecta, también afecta a empresas —especialmente pymes—, consumidores y al conjunto del sector industrial español.

¿Qué cambia o establece? El decreto no crea nuevas obligaciones para los ciudadanos, sino que formaliza y habilita legalmente el pago directo de ayudas públicas a UNE y ENAC para que puedan seguir desarrollando sus actividades de normalización y acreditación. Con ello se pretende mantener la infraestructura que garantiza la calidad y seguridad de los productos industriales en el mercado, cumplir con las obligaciones que impone la normativa europea, y apoyar la competitividad de la industria española.

¿Qué es? Es un acuerdo administrativo internacional firmado entre España y el Consejo de Europa en septiembre de 2024 para regular la cesión temporal de un funcionario español a dicha organización internacional. Concretamente, formaliza el envío en comisión de servicio de don José Amengual Ramis, Jefe del Servicio de Investigación del Organismo Autónomo Parques Nacionales, al Consejo de Europa en Estrasburgo, donde ocupará el puesto de asesor de políticas en el Departamento de Medio Ambiente y la Secretaría del Convenio de Berna sobre conservación de la vida silvestre.

¿A quién afecta? Afecta directamente al funcionario español José Amengual Ramis, a su organismo de origen (Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica), y al Consejo de Europa como organización receptora. También tiene implicaciones para los familiares que acompañen al funcionario, quienes deberán acreditar cobertura médica y de seguridad social, y podrán beneficiarse de la solicitud de visado y permiso de residencia que el Consejo de Europa tramitará ante las autoridades francesas.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo fija las condiciones concretas de la comisión de servicio: una duración inicial de un año desde el 1 de noviembre de 2024, prorrogable hasta un máximo de tres años, con un preaviso de dos meses para poner fin al acuerdo. España asume el pago del salario, la jubilación y la seguridad social del funcionario durante todo el periodo. El Consejo de Europa, por su parte, se encarga de proporcionarle puesto de trabajo, medios materiales, acceso a formación y cobertura de los gastos de desplazamiento al lugar de destino. El funcionario queda sujeto a las normas internas del Consejo de Europa durante su adscripción, incluidas las de horario, evaluación del desempeño y confidencialidad del material elaborado, y no podrá trabajar en dicha organización al término de la comisión salvo que supere un proceso de selección ordinario.

¿Qué es? Es una modificación del acuerdo firmado en 2003 entre España y Ecuador por el que ambos países se reconocen mutuamente los permisos de conducción y permiten a sus ciudadanos canjearlos sin necesidad de examinarse de nuevo. La modificación se formaliza mediante un intercambio de notas diplomáticas firmadas en agosto y septiembre de 2024, y se aplica de forma provisional desde que Ecuador confirmó su aceptación.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que tienen un permiso de conducción ecuatoriano y residen o quieren conducir en España, o que tienen un permiso español y quieren canjearlo en Ecuador. En particular, les interesa a quienes quieran solicitar el canje de su carnet sin pasar por el examen de conducción en el país de destino.

¿Qué cambia o establece? Se actualiza la tabla de equivalencias entre las categorías de permisos ecuatorianos y españoles, porque Ecuador modificó su normativa interna sobre licencias de conducción. Con la nueva tabla: el permiso español A equivale a los ecuatorianos A y A1; el español B equivale solo al ecuatoriano B (no al C1); el español C+E equivale al ecuatoriano E; el español D1 equivale al ecuatoriano C; y el español D equivale al ecuatoriano D. Los permisos ecuatorianos F y G no son canjeables por ningún permiso español. Además, quien tenga en Ecuador un permiso C1, C, D o E, también obtiene automáticamente la equivalencia al permiso español B.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden APA/1043/2024, de 30 de septiembre, por la que se establecen medidas espec ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden APA/1043/2024 establece medidas específicas de protección y control frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul en zonas restringidas de España.

2. CONTEXTO La lengua azul es una enfermedad incluida en el Código Sanitario de la OMSA y en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la UE. En España, su control se regula mediante diversos reglamentos europeos y el Real Decreto 779/2023. La Orden APA/1043/2024 se emite en respuesta a la necesidad de aplicar medidas específicas para el serotipo 3 del virus, en zonas donde se han detectado casos sospechosos o confirmados.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden APA/1043/2024, de 30 de septiembre de 2024, establece medidas de protección y control frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, que otorga al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la competencia para adoptar medidas sanitarias en materia de animales. La orden establece que se crea una zona restringida en ciertos territorios de Andalucía y Extremadura, donde se han detectado casos de la enfermedad. Estas zonas incluyen la provincia de Huelva en Andalucía, y en Extremadura, las comarcas de Valencia de Alcántara, Cáceres, Azuaga, Badajoz, Don Benito, Jerez de los Caballeros, Mérida y Zafra.

Además, la orden establece que las medidas previstas en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Orden APA/1251/2020, que regulan las zonas restringidas frente a los serotipos 1, 4 y 8, serán directamente aplicables para el serotipo 3 en la zona restringida correspondiente. Esto implica que se aplicarán restricciones similares a las ya establecidas, como el control de movimientos de animales, la vacunación obligatoria y la vigilancia sanitaria.

El Director General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal podrá modificar la zona restringida mediante resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, basándose en las notificaciones recibidas de las comunidades autónomas. La orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación.

La norma se fundamenta en el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 y el Reglamento Delegado (UE) 2020/688, que regulan las medidas de control y vigilancia frente a enfermedades animales, así como en el Real Decreto 779/2023, que establece la comunicación de enfermedades de declaración obligatoria.

La Orden APA/1043/2024 refleja la necesidad de aplicar medidas específicas para el serotipo 3 del virus de la lengua azul, en respuesta a la situación epidemiológica actual y para garantizar la seguridad sanitaria de los animales y la producción agroalimentaria en España.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden APA/1043/2024 establece medidas de control y protección frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul en zonas restringidas de Andalucía y Extremadura. Estas medidas se aplican en base a los reglamentos europeos y nacionales vigentes, y se publican en el Boletín Oficial del Estado. La norma busca garantizar la seguridad sanitaria en la producción agroalimentaria.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Zonas restringidas: Se establecen zonas restringidas en Andalucía y Extremadura para el serotipo 3 del virus de la lengua azul. ⚠️ Medidas aplicables: Las medidas previstas para otros serotipos se aplican directamente al serotipo 3 en estas zonas. 📋 Modificaciones: El Director General de Sanidad puede modificar la zona restringida mediante resolución. ℹ️ Vigencia: La orden entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un Tratado internacional firmado el 24 de julio de 2008 en Madrid entre España y Mauritania. Su objetivo es establecer un marco estable y duradero de amistad, buena vecindad y cooperación entre los dos países, abriendo una nueva etapa en sus relaciones bilaterales basada en la solidaridad y el entendimiento mutuo.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los dos Estados firmantes —España y Mauritania— y, por extensión, a sus ciudadanos, instituciones y empresas en todo lo que tenga que ver con las relaciones entre ambos países: intercambios políticos, económicos, culturales y de cooperación.

¿Qué cambia o establece? El Tratado fija los principios que regirán la relación entre ambos países: respeto a la legalidad internacional, igualdad soberana, no injerencia en asuntos internos, prohibición del uso de la fuerza, resolución pacífica de conflictos, cooperación para el desarrollo, respeto a los derechos humanos y fomento del diálogo entre culturas. En el plano práctico, crea mecanismos concretos de consulta política, como reuniones periódicas entre los Jefes de Gobierno de ambos países al menos cada dos años.

¿Qué es? Es una resolución de la Dirección de Tráfico del País Vasco, fechada el 17 de septiembre de 2024, que modifica una norma anterior (de febrero de 2024) para añadir nuevas carreteras a la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP) en Gipuzkoa. Entra en vigor a los ocho días hábiles desde su publicación en el BOE.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas y conductores que transportan mercancías peligrosas por carretera en el territorio de Gipuzkoa y, en general, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. También puede afectar indirectamente al resto de usuarios de las vías incluidas en la red.

¿Qué cambia o establece? Incorpora tres nuevos tramos de carretera guipuzcoana a la red oficial de rutas por las que pueden circular los vehículos que transportan mercancías peligrosas: un tramo de la autopista AP-1 (entre los enlaces de Eibar y Bergara), la carretera A-636 (entre Beasain y Bergara) y el tramo final de la A-15 (desde el límite con Navarra en Berastegi hasta Astigarraga). Estas incorporaciones buscan ofrecer mayor seguridad en el tránsito de este tipo de mercancías y distribuir mejor el flujo de transporte según el origen o destino de cada viaje.

¿Qué es? El Real Decreto 964/2024, de 24 de septiembre, aprueba una subvención directa al Estado a favor de FIRA CCIB, SL, para que esta empresa coordine y organice en Barcelona la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, conocida como MONDIACULT 2025, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025.

¿A quién afecta? Afecta directamente a FIRA CCIB, SL, empresa titular del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) y participada íntegramente por el consorcio público FIRA Internacional de Barcelona, que es la entidad designada como beneficiaria de la subvención y responsable de la organización del evento. Indirectamente, afecta al conjunto de la ciudadanía, ya que el evento tendrá repercusión cultural, económica y turística en España.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Gobierno concede a FIRA CCIB, SL, de forma directa y sin convocatoria pública competitiva, una subvención singular para sufragar los costes de coordinación y organización de MONDIACULT 2025. La concesión directa se justifica por razones de interés público, social, económico y cultural, y por ser FIRA CCIB el único recinto de Barcelona con capacidad y condiciones suficientes para acoger una conferencia de esta dimensión, tal como exige el acuerdo de sede firmado con la UNESCO. El evento reunirá a los ministros de Cultura de los 194 Estados Miembros de la UNESCO y abordará tres ejes temáticos: inteligencia artificial en la cultura, cultura de paz y derechos culturales.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Orden APA/1015/2024, de 24 de septiembre, por la que se establecen medidas de pr ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Orden APA/1015/2024 establece medidas de protección frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul en España, permitiendo la vacunación voluntaria en animales ovinos y bovinos mayores de tres meses, con la posibilidad de hacerla obligatoria en caso de emergencia epidemiológica.

2. CONTEXTO La lengua azul es una enfermedad incluida en el Código Sanitario de la OMSA y en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la UE. En España, su control se regula mediante el Real Decreto 779/2023 y diversos reglamentos europeos. El virus se transmite principalmente por el Culicoides imicola, cuya actividad máxima ocurre entre septiembre y noviembre. La vacunación se considera una herramienta clave para prevenir su entrada o extensión en el territorio nacional.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Orden APA/1015/2024, de 24 de septiembre de 2024, dictada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, establece medidas de protección frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul, en aplicación del artículo 8.1 letras g) y j) de la Ley 8/2003, de 24 de abril, que otorgan al Estado la facultad de implementar programas obligatorios de vacunación y medidas urgentes para prevenir la introducción o extensión de enfermedades de declaración obligatoria.

La orden permite la vacunación voluntaria frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul en animales ovinos y bovinos mayores de tres meses, en toda la Península Ibérica. Esta medida se fundamenta en la necesidad de prevenir la entrada de la enfermedad, considerando el periodo de máxima actividad del vector Culicoides imicola entre septiembre y noviembre.

No obstante, las comunidades autónomas podrán, en función de la evolución epidemiológica, establecer que la vacunación se realice de forma obligatoria en su territorio. Esta flexibilidad permite adaptar las medidas a la situación local, garantizando una respuesta eficaz ante posibles brotes.

La orden entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La vacunación voluntaria se considera una herramienta de prevención y control, con la posibilidad de convertirse en obligatoria si la situación epidemiológica lo requiere.

La norma se fundamenta en el marco jurídico europeo, incluyendo el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 y el Reglamento Delegado (UE) 2020/688, que regulan las medidas de control y comercio intracomunitario de animales. En el ámbito nacional, se apoya en el Real Decreto 779/2023, que establece la comunicación de enfermedades de declaración obligatoria.

La vacunación se considera una medida clave para la vigilancia y erradicación de la enfermedad, especialmente en la producción láctea, donde, aunque la mortalidad es baja, la propagación del virus puede afectar la salud animal y la economía agrícola.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Orden APA/1015/2024 permite la vacunación voluntaria contra el serotipo 3 del virus de la lengua azul, con posibilidad de hacerla obligatoria en caso de emergencia. Se fundamenta en el marco jurídico europeo y nacional para prevenir su entrada o extensión en España.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Vacunación voluntaria: Se permite la vacunación en animales ovinos y bovinos mayores de tres meses. ⚠️ Posibilidad de obligatoriedad: Las comunidades autónomas pueden hacerla obligatoria si la situación epidemiológica lo requiere. 📋 Efectos inmediatos: La orden entra en vigor el día siguiente a su publicación. ℹ️ Contexto epidemiológico: Se considera necesario debido al periodo de máxima actividad del vector Culicoides imicola.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 24 de septiembre de 2024 que establece las reglas para conceder subvenciones directas a los ganaderos perjudicados por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), una enfermedad vírica que se transmite a través de la picadura de insectos del género Culicoides. La enfermedad llegó a Europa por primera vez en noviembre de 2022 y se ha extendido por toda la península ibérica, sin que exista vacuna autorizada en Europa para combatirla.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los titulares de explotaciones de ganado vacuno que hayan sufrido pérdidas económicas a causa de la EHE, ya sea por gastos veterinarios, caída de la producción, muerte de animales o tratamientos contra los insectos vectores del virus. La norma cubre tanto los gastos ya incurridos desde que la enfermedad entró en España como los que se produzcan a partir de su entrada en vigor.

¿Qué cambia o establece? La norma fija las bases para que el Estado conceda ayudas económicas directas a los ganaderos afectados, canalizadas a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El coste se reparte entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a partes iguales, descontando lo que estas ya hubieran concedido previamente por el mismo motivo. El objetivo declarado es amortiguar el daño económico, mantener la actividad de las explotaciones, evitar el abandono del medio rural y preservar los puestos de trabajo del sector ganadero.

¿Qué es? El Real Decreto 963/2024, aprobado el 24 de septiembre de 2024, regula cómo el Estado concede directamente subvenciones públicas a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos con representación en el Congreso y el Senado. Estas ayudas están destinadas a cubrir los gastos de funcionamiento que dichas entidades tienen al desarrollar actividades de estudio y análisis del pensamiento político y social. La gestión corresponde al Ministerio de Cultura.

¿A quién afecta? Afecta a las fundaciones y asociaciones que estén vinculadas a los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales que obtuvieron representación parlamentaria en las Cortes Generales tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. No se dirige a los partidos políticos directamente, sino a estas entidades instrumentales ligadas a ellos. Los ciudadanos en general no son beneficiarios directos, aunque sí financian estas ayudas a través de los presupuestos públicos.

¿Qué cambia o establece? La norma fija que estas subvenciones se conceden de forma directa —sin convocatoria pública abierta a la competencia— porque el criterio de reparto (la representación parlamentaria obtenida por cada partido) hace imposible aplicar el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva. El importe que corresponde a cada entidad depende del número de escaños logrados en las elecciones de julio de 2023. Las subvenciones cubren gastos del año 2024 y quedan sometidas al control del Tribunal de Cuentas, que fiscalizará tanto la contabilidad de las aportaciones recibidas como los gastos de las actividades financiadas con dinero público.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 24 de septiembre de 2024 por el que el Ministerio de Industria y Turismo concede directamente, sin convocatoria pública, dos subvenciones en materia de propiedad industrial para el año 2024. La concesión directa se justifica por razones de interés público, social y económico, tal como permite la Ley General de Subvenciones.

¿A quién afecta? Afecta a dos entidades beneficiarias: la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), asociación empresarial sin ánimo de lucro que defiende los derechos de propiedad industrial e intelectual, y la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), fundación sin ánimo de lucro que promueve la importancia estratégica de las marcas españolas y su proyección internacional.

¿Qué cambia o establece? Establece que ANDEMA recibirá financiación para actividades de promoción y difusión de signos distintivos —como formación, congresos y estudios—, mientras que la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas recibirá una subvención para impulsar la internacionalización de las marcas españolas y la imagen de España en el exterior. Ambas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 del Ministerio y se canalizan a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 24 de septiembre de 2024 que crea la Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia. Esta comisión es el órgano encargado de coordinar, vigilar y evaluar el cumplimiento de dicho Plan, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2024 con el objetivo de reforzar la transparencia democrática, mejorar la información gubernamental y fortalecer el ecosistema informativo y electoral en España, en línea con recomendaciones de la Comisión Europea de 2020 y 2023.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Administración General del Estado, en particular a los ministerios que forman parte de la Comisión: Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (que la preside), Cultura, Hacienda, Interior, Trabajo y Economía Social, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, así como la Secretaría de Estado de Comunicación. No impone obligaciones ni restricciones a ciudadanos ni empresas, y su funcionamiento no genera gasto público adicional, al utilizar medios ya existentes en los distintos ministerios.

¿Qué cambia o establece? Crea formalmente esta Comisión Interministerial y fija su composición y modo de funcionamiento. La Comisión deberá reunirse al menos una vez al trimestre y tendrá como tareas principales: coordinar las medidas del Plan, hacer seguimiento periódico de su ejecución, proponer modificaciones para mejorarlo, y realizar evaluaciones intermedias y una evaluación final de su impacto. El Plan abarca 11 líneas de actuación y 31 medidas concretas con un horizonte temporal de 2024 a 2027.

¿Qué es? Este Real Decreto aprueba una subvención directa del Gobierno de España a la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas especializado en transporte marítimo. La subvención se concede de forma excepcional, sin convocatoria pública, al amparo de la Ley General de Subvenciones, y se financia con fondos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Organización Marítima Internacional como beneficiaria de la subvención. Para el ciudadano común no genera obligaciones ni cambia derechos. Su impacto es indirecto: repercute en la imagen y posicionamiento internacional de España en el ámbito del transporte marítimo.

¿Qué cambia o establece? Establece que España financiará los gastos de viaje y alojamiento del personal de la OMI para celebrar en territorio español el Evento Paralelo del Día Marítimo Mundial de 2024, cuyo lema es «Navegar en el futuro: la seguridad, lo primero». Este evento estaba inicialmente previsto en Rusia, pero el Consejo de la OMI canceló esa sede tras la invasión de Ucrania. España ofreció su candidatura y fue aceptada. La norma también ordena iniciar la modificación presupuestaria necesaria para habilitar los fondos correspondientes.

¿Qué es? Es el documento oficial por el que España formaliza su adhesión al Convenio internacional que creó el Observatorio del Square Kilometre Array (SKAO), un gran proyecto científico de radioastronomía acordado en Roma en 2019. Con este instrumento, firmado por el Rey el 9 de julio de 2024, España asume de forma plena y definitiva las obligaciones del Convenio, que entró en vigor para el país el 28 de agosto de 2024.

¿A quién afecta? Afecta al Estado español en su conjunto como miembro de pleno derecho del SKAO. De forma más concreta, tiene consecuencias para el personal que trabaje en instalaciones de este Observatorio, incluido su Director General, así como para cualquier ciudadano o residente en España que perciba rentas vinculadas al SKAO que pudieran estar exentas según el Convenio.

¿Qué cambia o establece? España pasa de aplicar el Convenio de forma provisional (desde abril de 2023) a estar vinculada por él de manera definitiva. Al adherirse, España formula tres declaraciones concretas: que la expresión «miembro del personal» incluye también al Director General del SKAO; que la inviolabilidad de los locales del Observatorio se aplicará conforme a la legislación del Estado donde estén situados; y que las rentas exentas del SKAO se tendrán en cuenta para calcular el IRPF del resto de ingresos del contribuyente (exención con progresividad), sin que ello le libere de la obligación de declarar.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 24 de septiembre de 2024 por el que el Gobierno concede directamente una subvención de 300.000 euros a la Fundación Princesa de Asturias para financiar la edición 2024 de los Premios Princesa de Asturias. La concesión se hace de forma excepcional y sin convocatoria pública, amparándose en razones de interés público y social reconocidas por la Ley General de Subvenciones.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Fundación Princesa de Asturias, entidad privada sin ánimo de lucro que organiza y entrega anualmente estos premios. Indirectamente, también concierne al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que es el organismo que concede y gestiona esta ayuda pública desde 2006.

¿Qué cambia o establece? Establece la concesión directa de 300.000 euros a la Fundación para cubrir los gastos de la convocatoria y ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2024, prevista para el 25 de octubre de ese año. La vía excepcional se justifica porque los Presupuestos Generales del Estado estaban prorrogados desde 2023, lo que impedía aplicar automáticamente la subvención nominativa habitual, y la proximidad del acto hacía urgente garantizar la financiación a tiempo.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de septiembre de 2024 que modifica la estructura interna de la Presidencia del Gobierno de España, actualizando cómo se organiza el Gabinete del Presidente para adaptarlo a las necesidades actuales de coordinación y gestión.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a la organización interna de la Presidencia del Gobierno: los órganos, departamentos y unidades que dependen directamente del Gabinete del Presidente. No genera obligaciones ni derechos para los ciudadanos de forma directa, sino que reorganiza al personal y las estructuras que asisten al Presidente en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué cambia o establece? Se reordena y amplía la estructura del Gabinete del Presidente, que pasa a contar con nuevos órganos o con una regulación más detallada de los ya existentes. Entre los cambios más destacados: se crea una Dirección Adjunta del Gabinete con rango de Subsecretario; se definen las funciones de la Secretaría General de Política Nacional (coordinación entre ministerios, seguimiento de la acción de gobierno y rendición de cuentas); se regula el Departamento de Asuntos Europeos, responsable de asesorar al Presidente en todo lo relativo a la Unión Europea; se incorpora una Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia para analizar retos y oportunidades a largo plazo; se crea un Departamento de Discurso para apoyar los mensajes y discursos presidenciales; y se establece una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico para conectar al Gobierno con la comunidad científica e investigadora.

¿Qué es? Es un acuerdo internacional entre España y Andorra, formalizado mediante el intercambio de dos notas diplomáticas (enero y noviembre de 2023), que modifica un artículo concreto del Convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad firmado entre ambos países en 2015. Este tipo de acuerdo, llamado "canje de notas", es una fórmula diplomática por la que dos países modifican un tratado sin necesidad de firmar uno nuevo. Entró en vigor el 31 de octubre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a España y Andorra como Estados, y en la práctica a las autoridades de ambos países que aplican el Convenio de cooperación en seguridad y lucha contra la delincuencia. No crea obligaciones directas para los ciudadanos particulares, sino que regula cómo los dos gobiernos deben interpretar y aplicar ese convenio en relación con otros acuerdos internacionales que ambos países tienen suscritos.

¿Qué cambia o establece? Se reescribe el artículo 12 del Convenio de 2015 para añadir una aclaración importante: las normas de ese convenio de seguridad no podrán utilizarse para incumplir otros acuerdos internacionales que España y Andorra hayan firmado, ya sean bilaterales o multilaterales. Se menciona expresamente, como ejemplo destacado, el convenio para evitar la doble imposición fiscal entre ambos países, de modo que las actuaciones en materia de seguridad no puedan interferir con las obligaciones en materia tributaria.

¿Qué es? Es un acuerdo firmado entre España y China el 9 de septiembre de 2024 en Pekín para concretar la apertura de dos centros culturales: uno español (Instituto Cervantes) en Shanghái y uno chino en Barcelona. Se basa en un acuerdo previo firmado entre ambos países en 2005.

¿A quién afecta? Afecta a ambos gobiernos como responsables de la gestión de cada centro, y en general a los ciudadanos españoles y chinos que puedan hacer uso de estos espacios culturales. El centro de Shanghái dependerá de la Embajada de España en China, y el de Barcelona, del Ministerio de Cultura y Turismo chino.

¿Qué cambia o establece? Establece formalmente la creación de los dos centros, que funcionarán de forma independiente y sin subordinación entre sí. Fija que cualquier prueba de idioma que realicen deberá cumplir la normativa del país donde estén ubicados, y que el personal destinado a estos centros llevará pasaportes de servicio. El protocolo entró en vigor el mismo día de su firma.

¿Qué es? La Orden APA/997/2024, de 13 de septiembre, es una norma del Ministerio de Agricultura que actualiza el listado oficial de zonas húmedas españolas consideradas de especial riesgo para la entrada de la gripe aviar (influenza aviar). Concretamente, modifica el anexo I de una orden anterior de 2006 que ya establecía medidas de protección frente a esta enfermedad animal.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las personas, explotaciones ganaderas y actividades que se desarrollan en los humedales, marismas, riberas, franjas costeras y zonas lacustres incluidas en el nuevo listado, distribuidos por la mayoría de comunidades autónomas españolas, entre ellas Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Murcia o el País Vasco, entre otras.

¿Qué cambia o establece? La norma sustituye el antiguo listado de humedales de riesgo por uno nuevo y ampliado, que incorpora la información más reciente sobre concentraciones de aves silvestres y sus rutas migratorias, ya que estas aves son el principal vector de transmisión de la gripe aviar. En esas zonas actualizadas continúan siendo de aplicación las medidas específicas de bioseguridad que la normativa de 2006 ya exigía, como medidas preventivas para evitar que la enfermedad se transmita a las aves de corral y a las explotaciones avícolas cercanas.

¿Qué es? El Real Decreto 913/2024 modifica el reglamento que regula el SIRAJ (Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia), que es la base de datos donde se inscriben las condenas penales y otros datos judiciales en España. El cambio tiene como objetivo cumplir con una obligación europea que exige alertar a otros países de la Unión cuando un profesional ha sido inhabilitado para ejercer determinadas actividades.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las personas condenadas con penas de inhabilitación para el ejercicio de una profesión u oficio, especialmente en los ámbitos docente y sanitario, así como a quienes sean inhabilitados para actividades que impliquen contacto regular y directo con menores de edad. También afecta a los letrados de la Administración de Justicia, que son quienes deben enviar los datos al registro.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce dos cambios concretos. Primero, obliga a anotar en el registro la profesión o actividad de la persona condenada cuando la sentencia incluya una pena de inhabilitación profesional, pero solo si ese dato consta en la propia sentencia. Segundo, reduce de cinco a tres días el plazo que tienen los letrados de la Administración de Justicia para comunicar los datos penales inscribibles en los registros centrales. Además, aprovecha el decreto para corregir errores de redacción en el arancel de los procuradores aprobado en abril de 2024.

¿Qué es? El Real Decreto 921/2024, de 17 de septiembre, es una norma del Gobierno de España que modifica las reglas que regulan dos programas de ayudas públicas relacionados con el desarrollo rural: uno dirigido a asociaciones de mujeres rurales de ámbito nacional (establecido originalmente en 2019) y otro relativo al Programa CULTIVA, que financia estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo (establecido en 2021). Además, aprueba la convocatoria concreta de ayudas del primer programa para el año 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a dos colectivos. Por un lado, a las entidades o asociaciones de mujeres rurales de ámbito nacional que organizan jornadas para impulsar el papel de la mujer en el medio rural, así como a las mujeres que participan en dichas actividades. Por otro lado, al Programa CULTIVA, lo que implica a los jóvenes agricultores y ganaderos que desean formarse mediante estancias en explotaciones agrarias de referencia, así como a las explotaciones que los acogen.

¿Qué cambia o establece? En cuanto a las ayudas a mujeres rurales, el cambio más relevante es que la obligación de cumplir los límites europeos de ayudas de mínimis (topes máximos de ayuda pública permitidos sin notificación a la UE) pasa a recaer directamente sobre las entidades beneficiarias de la subvención, y no sobre cada asistente individual a las jornadas, ya que las entidades carecían de medios para controlar ese cumplimiento persona a persona. También se aclaran conceptos como la definición de "asistente", se añaden los gastos de alojamiento como subvencionables, y se amplía el plazo posible para presentar solicitudes en futuras convocatorias. En cuanto al Programa CULTIVA, se acomete una nueva modificación de sus bases reguladoras, aunque el texto publicado no detalla completamente su contenido por estar incompleto en la parte final.

¿Qué es? Es un nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado el 10 de septiembre de 2024, que sustituye al reglamento anterior de 1995. Su propósito es actualizar las normas que regulan la clasificación y circulación de los vehículos históricos en España, simplificando los trámites administrativos y adaptando la normativa a la realidad actual, tanto europea como medioambiental.

¿A quién afecta? Afecta a los propietarios de vehículos con más de treinta años de antigüedad que deseen clasificarlos como históricos, incluyendo automóviles, motocicletas y ciclomotores. También afecta de forma especial a los propietarios de ciclomotores antiguos, a quienes el reglamento anterior resultaba especialmente gravoso porque el coste del procedimiento podía superar el propio valor del vehículo.

¿Qué cambia o establece? El nuevo reglamento simplifica el procedimiento de clasificación como vehículo histórico, haciéndolo más accesible y menos costoso. Introduce la posibilidad de utilizar certificados emitidos por entidades especializadas en vehículos históricos, en línea con países como Portugal, Francia o Grecia. En materia de inspección técnica (ITV), exime de la ITV periódica a los vehículos históricos con más de sesenta años de antigüedad, y exime totalmente de ITV a todos los ciclomotores clasificados como históricos, independientemente de su antigüedad. Además, los vehículos históricos quedan exceptuados de las medidas de reducción progresiva de emisiones previstas en la Ley de Cambio Climático, y podrán beneficiarse de facilidades de circulación en zonas urbanas restringidas.

¿Qué es? La Orden TRM/975/2024 es una norma del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que regula cómo debe elaborarse el Plan Anual de Seguridad Operacional Ferroviaria. Este plan es el instrumento oficial que cada año concreta las medidas concretas para mejorar la seguridad en los trenes y en las vías de la Red Ferroviaria de Interés General, con el objetivo principal de prevenir accidentes ferroviarios.

¿A quién afecta? Afecta a todos los actores del sistema ferroviario que operan en la Red Ferroviaria de Interés General: los administradores de infraestructuras (quienes gestionan las vías), las empresas ferroviarias (quienes operan los trenes), las entidades encargadas del mantenimiento del material ferroviario, y la propia Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes. Todos ellos quedan sujetos al cumplimiento de los planes anuales que se aprueben.

¿Qué cambia o establece? La orden establece que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria será quien elabore los proyectos de estos planes anuales, que luego aprobará el Ministerio previo informe y consulta a los agentes del sector. Fija el contenido mínimo que debe tener cada plan —objetivos, medidas, responsables, plazos e indicadores de seguimiento— y determina que cada plan tendrá vigencia de un año, aunque puede incluir actuaciones de ejecución plurianual. Regula también el procedimiento completo de tramitación, aprobación, seguimiento y revisión de dichos planes.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 17 de septiembre de 2024 que modifica una norma anterior (Real Decreto 502/2022) sobre la pesca en caladeros nacionales. Su objetivo es completar el desarrollo reglamentario de la Ley de Pesca Sostenible de 2023, añadiendo reglas concretas sobre cómo limitar las capturas y gestionar las posibilidades de pesca asignadas a la flota española.

¿A quién afecta? Afecta a los barcos pesqueros de bandera española que faenan tanto en aguas nacionales como en aguas internacionales y en zonas económicas exclusivas de otros países, en particular a las flotas de arrastre de fondo, cerco y artes menores. También afecta de forma específica a los buques del censo de rasco del caladero Cantábrico y Noroeste.

¿Qué cambia o establece? Introduce tres cambios principales: primero, extiende las reglas de gestión de capturas también a aguas internacionales y de terceros países, no solo a caladeros nacionales. Segundo, crea una figura de "reservas de posibilidades de pesca", que permite a la Administración retener una parte de las cuotas para atender situaciones de emergencia, incorporar nuevos barcos o evitar que España supere los límites de captura acordados. Tercero, prorroga hasta finales de 2026 una excepción que permite a los barcos del censo de rasco del Cantábrico y Noroeste pescar fuera del horario semanal habitual, con el fin de proteger su viabilidad económica.