El Horno

¿Qué es? Es un auto del Tribunal Supremo dictado el 9 de julio de 2024 que corrige un error material en una sentencia previa del 25 de junio de 2024. No cambia el fondo de lo decidido, sino que rectifica la redacción de uno de los puntos del fallo para que refleje con exactitud lo que la Sala realmente resolvió.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a AVITE (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España) y, en general, a todas las personas que en algún momento fueron reconocidas oficialmente como afectadas por la talidomida por cualquier Administración pública española. También afecta al Estado, como parte demandada en el recurso contra el Real Decreto 574/2023.

¿Qué cambia o establece? El auto rectifica el primer punto del fallo de la sentencia para precisar que se anulan tres preceptos concretos del Real Decreto 574/2023 —los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2.— únicamente en la parte en que esos artículos se aplican a personas que ya fueron reconocidas en el pasado como afectadas por la talidomida por alguna Administración. Además, desestima una petición de complemento de la sentencia y no impone costas a ninguna de las partes.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de junio de 2024, que resuelve parcialmente a favor de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) en su recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regulaba el procedimiento para conceder ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que en su día fueron reconocidas oficialmente como afectadas por la talidomida por alguna comunidad autónoma, y que quedaban sometidas a ciertos requisitos del Real Decreto 574/2023 pese a contar ya con ese reconocimiento previo.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal anula tres partes concretas del Real Decreto 574/2023 —el artículo 2.c), el artículo 6.1.h) y el artículo 8.2— en la medida en que imponían sus condiciones a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una administración autonómica. Es decir, quienes ya tenían ese reconocimiento oficial previo no pueden volver a ser sometidos a esos requisitos como si empezaran de cero. El resto del Real Decreto permanece vigente y cada parte asume sus propias costas del proceso.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de junio de 2024, que resuelve parcialmente a favor de un grupo de afectados por la talidomida que recurrieron el Real Decreto 574/2023. Ese decreto regulaba cómo el Estado concedería ayudas económicas a quienes sufrieron los efectos de ese medicamento en España entre 1950 y 1985.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que, en su día, fueron reconocidas oficialmente por una comunidad autónoma como afectadas por la talidomida, y que el Real Decreto 574/2023 sometía de nuevo a un procedimiento de verificación o reconocimiento por parte de la Administración del Estado.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal Supremo anula tres partes concretas del Real Decreto 574/2023: el artículo 2.c), el artículo 6.h) y el artículo 8.2, en la medida en que exigían pasar por el nuevo procedimiento estatal a quienes ya habían sido reconocidos válidamente como afectados por una administración autonómica. En la práctica, esas personas no tendrán que volver a acreditar su condición ante el Estado para acceder a las ayudas.

¿Qué es? Es el reglamento aprobado por ADIF (la entidad pública que gestiona las infraestructuras de la red ferroviaria española) que fija las tarifas y la forma de calcular los cánones ferroviarios, es decir, las cantidades que deben pagar las empresas de transporte por usar las vías, estaciones y otras instalaciones de la red ferroviaria de interés general. Su publicación en el BOE el 2 de octubre de 2024 le da validez oficial.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas ferroviarias (operadoras de trenes de pasajeros y mercancías) que utilizan la red gestionada por ADIF para prestar sus servicios, ya que son quienes deben pagar estos cánones. De forma indirecta, puede repercutir en los usuarios del tren si esos costes influyen en el precio de los billetes o en la disponibilidad de servicios.

¿Qué cambia o establece? Hasta 2022, los cánones ferroviarios eran tasas de naturaleza tributaria y su importe solo podía modificarse mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que impedía a ADIF ajustarlos con flexibilidad durante el año. La Ley 26/2022 cambió su naturaleza jurídica, convirtiéndolos en prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, y trasladó a ADIF la competencia para fijarlos mediante reglamento propio aprobado por su Consejo de Administración. Este reglamento desarrolla ese nuevo sistema, regulando los cánones por acceso a las líneas ferroviarias y por uso de instalaciones de servicio, e incluyendo las tarifas, recargos, bonificaciones y fórmulas de cálculo aplicables.

¿Qué es? Es una reforma del Reglamento del Senado de España, aprobada en octubre de 2024, que regula cómo el Senado puede solicitar que se incluyan temas concretos en el orden del día de las Conferencias de Presidentes, que es la reunión de máximo nivel entre el Gobierno central y los presidentes de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

¿A quién afecta? Afecta directamente al funcionamiento interno del Senado: a sus grupos parlamentarios, a los senadores y senadoras, y a la Comisión General de las Comunidades Autónomas. De forma indirecta, también afecta al Gobierno de España, ya que el Senado puede pedirle que incorpore asuntos a la agenda de la Conferencia de Presidentes.

¿Qué cambia o establece? Se crea un procedimiento concreto por el que dos grupos parlamentarios o veinticinco senadores pueden proponer que un asunto se añada al orden del día de una Conferencia de Presidentes. La propuesta se publica, se abre un plazo de hasta quince días para presentar propuestas alternativas sobre el mismo tema, y después la Comisión General de las Comunidades Autónomas emite un dictamen en cinco días para valorar si se ajusta a las normas de la Conferencia. Finalmente, el Pleno del Senado debate y vota las propuestas; si se aprueba una, el presidente del Senado la traslada al presidente del Gobierno para su inclusión en la siguiente Conferencia. Además, se establece que si una mayoría absoluta de senadores lo solicita por escrito, el asunto deberá incluirse obligatoriamente en el orden del día.

¿Qué es? Es el reglamento que aprueba ADIF-Alta Velocidad (la entidad pública que gestiona las infraestructuras de los trenes de alta velocidad en España) para fijar los cánones ferroviarios, es decir, las tarifas que pagan las empresas de trenes por usar las vías, estaciones y demás instalaciones de la red. Esta norma se publica en el BOE el 2 de octubre de 2024 y es aprobada por el Consejo de Administración de ADIF-AV.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las empresas ferroviarias (operadoras de trenes de pasajeros y mercancías) que utilizan las infraestructuras de alta velocidad gestionadas por ADIF-Alta Velocidad, ya que son quienes pagan estos cánones. De forma indirecta, puede afectar a los ciudadanos usuarios del tren, en la medida en que el coste de esos cánones influye en los precios de los billetes y en las condiciones del servicio.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, los cánones se fijaban cada año por ley a través de los Presupuestos Generales del Estado, lo que impedía a ADIF ajustarlos con flexibilidad. La Unión Europea señaló que eso limitaba la independencia de gestión de ADIF. Para cumplir con la normativa europea, una ley de 2022 cambió la naturaleza de estos cánones (dejaron de ser tasas fiscales) y trasladó a ADIF la competencia de fijarlos mediante reglamento propio. Este reglamento desarrolla esa nueva forma de cálculo, distingue distintas modalidades de cánones (acceso a líneas, acceso a instalaciones de servicio), incluye recargos, bonificaciones y redefine los tipos de servicios de viajeros, con el objetivo de que los cánones sirvan también como herramienta para fomentar un uso más eficiente de la red y apoyar la liberalización del sector ferroviario.

¿Qué es? Es una orden ministerial que publica el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fija la cantidad de dinero que el Estado entrega a los ayuntamientos para cubrir los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, con cargo al presupuesto de 2023 prorrogado para 2024.

¿A quién afecta? Afecta a los ayuntamientos que tienen un Juzgado de Paz en su municipio, pero únicamente en las comunidades autónomas donde la Administración del Estado sigue siendo responsable de estos medios: Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia. Los ayuntamientos del resto de comunidades autónomas quedan excluidos porque esas competencias ya fueron transferidas a sus respectivos gobiernos autonómicos.

¿Qué cambia o establece? Fija las cuantías anuales que corresponden a cada ayuntamiento según el número de habitantes del municipio, desde 310 € para los de menos de 500 habitantes hasta 2.346 € para los de 7.000 o más. Además, cuando varios municipios pequeños comparten una misma agrupación de secretaría de Juzgado de Paz, cada municipio integrado recibe solo el 50 % de la cantidad que le correspondería por población, y el otro 50 % se suma a la subvención del municipio sede de esa agrupación.

¿Qué es? Es un acuerdo firmado entre España y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por el que España destina 9 millones de euros a un fondo gestionado por el BEI llamado Fondo Fiduciario ACP, concretamente a su compartimento para Estados miembros. Ese dinero proviene de fondos que España ya tenía depositados en el BEI procedentes de antiguos programas de cooperación con países de África, el Caribe y el Pacífico (convenios de Yaundé y Lomé).

¿A quién afecta? Afecta directamente a España como Estado contribuyente y al BEI como gestor del fondo. De forma indirecta, afecta a los países destinatarios de las operaciones de cooperación al desarrollo que se financien con este fondo, enmarcadas en el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional de la Unión Europea (IVDCI - Europa Global). La representación de España en el fondo recae en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo fija las condiciones bajo las que España transfiere su contribución al fondo: el BEI la gestionará en nombre de España, las operaciones podrán aprobarse hasta el 31 de diciembre de 2028, y España tendrá un representante con voto en el Comité de Contribuyentes del fondo. Al menos seis meses antes de que termine el periodo de contribución (31 de diciembre de 2027), el BEI deberá proponer al Comité si prorrogar los plazos o dar otro destino al dinero sobrante. No se crea ningún fideicomiso ni figura jurídica similar; simplemente se documenta cómo se administrará esa aportación.

¿Qué es? La Ley Foral 13/2024 modifica el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para ampliar quién puede cobrar el complemento de productividad ligado a la lucha contra el fraude fiscal. Entra en vigor el 1 de enero de 2025.

¿A quién afecta? Afecta al personal que trabaja en el Departamento de Economía y Hacienda de Navarra y en el organismo autónomo Hacienda Foral de Navarra. Concretamente, beneficia al personal que hasta ahora quedaba excluido de ese complemento, es decir, a los empleados del organismo autónomo que no pertenecen al área de inspección ni son técnicos de gestión.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora solo cobraban el complemento de productividad los inspectores tributarios y los técnicos del área de gestión. La ley extiende ese complemento al resto del personal de Hacienda Foral de Navarra, con un límite del 15 % del sueldo base de su nivel, frente al 55 % que pueden percibir los inspectores. La incorporación del nuevo personal se hará de forma gradual en tres años presupuestarios consecutivos, añadiendo hasta un 5 % por ejercicio, una vez concluido el proceso de negociación colectiva correspondiente. Las cantidades percibidas no generan derechos adquiridos para períodos futuros.

¿Qué es? Es una corrección de errores publicada por el Gobierno para rectificar varios fallos tipográficos y de formato que se colaron en el Real Decreto 1057/2024, que aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado. Esta clase de documentos no cambia el fondo de la norma, sino que enmienda erratas concretas para que el texto oficial quede publicado correctamente.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a quienes trabajan en la Abogacía General del Estado o tienen que aplicar o consultar su Reglamento: abogados del Estado, funcionarios y operadores jurídicos que manejan este texto como referencia. Para el ciudadano común, su impacto es indirecto.

¿Qué cambia o establece? Se corrigen cuatro erratas puntuales: se rectifica el año "2025" por "2024" en una referencia al propio Real Decreto; se corrige una mayúscula indebida en el título de una sección; se añade la numeración "1." que faltaba al inicio de un párrafo del artículo 34 para que quede bien separado del apartado 2; y se sustituye la expresión "regla 1.ª" por "regla a)" en el artículo 77, que era la referencia correcta según el articulado de la norma.

¿Qué es? Es una ley foral de Navarra que autoriza un gasto extraordinario de 358.282 euros en el presupuesto de 2024. Se aprueba porque varios departamentos del Gobierno de Navarra necesitan cubrir gastos urgentes para los que no había dinero reservado en el presupuesto original, y esos gastos no pueden esperar al año siguiente.

¿A quién afecta? Afecta a entidades y municipios concretos de Navarra que recibirán estas ayudas: el Ayuntamiento de Pamplona, varios municipios del Pirineo (Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide), la comunidad energética de Aniz, el Concejo de Arbeiza, la organización Plena Inclusión y el Ayuntamiento de Huarte.

¿Qué cambia o establece? Aprueba seis partidas de gasto nuevo: una red de trabajo dialógico con el Ayuntamiento de Pamplona (123.282 €), gastos de funcionamiento de centros educativos públicos en municipios pirenaicos (120.000 €), una subvención para la comunidad energética de Aniz (30.000 €), otra para el Concejo de Arbeiza para fomentar comunidades energéticas (7.000 €), un convenio con Plena Inclusión para transformación digital e inclusión (38.000 €), y una transferencia al Ayuntamiento de Huarte para construir un campo de fútbol de entrenamiento (40.000 €). Ese dinero no es nuevo, sino que se reasigna desde otras partidas presupuestarias ya existentes que tenían fondos disponibles.

¿Qué es? Es una modificación de una orden ministerial que regula cómo el Estado español gestiona el sistema de acogida para personas solicitantes de protección internacional (refugiados y solicitantes de asilo) a través de entidades colaboradoras, mediante un mecanismo llamado "acción concertada".

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las entidades (organizaciones, asociaciones u ONGs) autorizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para gestionar servicios y prestaciones del sistema de acogida. De forma indirecta, también afecta a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que reciben esos servicios.

¿Qué cambia o establece? La norma aclara cuándo y cómo se realiza el pago anticipado que el Estado entrega a esas entidades para que puedan comenzar a prestar sus servicios. Antes, ese anticipo —que puede llegar hasta el 50 % del importe acordado— debía tramitarse en el último trimestre del año. Ahora se establece expresamente que el anticipo se puede tramitar desde el momento en que la entidad recibe la notificación oficial de que se le han asignado servicios o prestaciones, sin tener que esperar a una fecha concreta del año. El objetivo es agilizar los pagos y facilitar que las entidades puedan actuar con rapidez desde el inicio de su asignación.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un Real Decreto publicado en octubre de 2024 que modificaba normas sobre ayudas agrícolas de la Unión Europea. Al detectarse equivocaciones en el texto original, este documento las rectifica oficialmente.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los agricultores productores de frutos secos (como almendras, avellanas o pistachos) que cultivan en zonas con riesgo de desertificación, tanto en la España peninsular como en las Illes Balears, y que reciben ayudas asociadas de la política agrícola común.

¿Qué cambia o establece? Se corrigen dos errores concretos del texto original: primero, se ajustan las cifras de la tabla de ayudas a productores de frutos secos en zonas con riesgo de desertificación, redistribuyendo los importes entre la España peninsular y las Illes Balears para los años 2025, 2026 y 2027 (aunque el total anual de 14.000.000 euros se mantiene igual); segundo, se corrige una referencia errónea a un apartado del artículo quinto, que decía "apartado tres" cuando debía decir "apartado seis".

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 15 de octubre de 2024 que concede directamente una subvención al gobierno de la ciudad de Melilla. El dinero está destinado a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de la Oficina Técnica de Proyectos de Melilla, una oficina creada para ayudar a ejecutar el Plan Integral de desarrollo socioeconómico de la ciudad, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2022.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la ciudad autónoma de Melilla, que es la beneficiaria de la subvención y la responsable de gestionar los fondos y mantener en funcionamiento la Oficina Técnica. De forma indirecta, también afecta a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las personas emprendedoras de Melilla, que son los principales usuarios de los servicios de asesoramiento e información que presta dicha Oficina.

¿Qué cambia o establece? El decreto establece las normas para conceder a Melilla hasta 1.741.186,02 euros para mantener la Oficina Técnica de Proyectos desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. La subvención se concede de forma directa —sin convocatoria pública competitiva— por razones de interés público, social y económico, dado que la Oficina ya está operativa y Melilla es la administración mejor situada para gestionarla. A cambio, la ciudad queda obligada a que la Oficina cumpla sus funciones: informar sobre financiación pública disponible, asesorar a empresas y emprendedores, y apoyar la elaboración y ejecución de los proyectos del Plan Integral.

¿Qué es? Es un reglamento aprobado por el Gobierno el 15 de octubre de 2024 que regula en un único texto la organización, el personal y el funcionamiento de la Abogacía General del Estado, que es el órgano encargado de dar asistencia jurídica —asesoramiento legal y representación en juicios— al Estado y a las instituciones públicas españolas. Sustituye y unifica varias normas anteriores que estaban dispersas en distintos reales decretos.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Abogacía General del Estado y a los Abogados del Estado: sus cargos directivos, su estructura interna y la forma en que organizan su trabajo. De manera indirecta, afecta a todos los ministerios, organismos públicos y entidades de la Administración General del Estado que reciben asesoramiento jurídico o representación legal por parte de estos abogados.

¿Qué cambia o establece? Consolida en un solo reglamento las reglas de organización y las de funcionamiento jurídico (tanto la función de asesoramiento como la de defensa en juicios) que antes estaban en normas separadas. Entre las novedades concretas, refuerza la figura del Abogado o Abogada General del Estado para que se centre en los asuntos más importantes, crea Direcciones Generales especializadas en lo consultivo y en lo contencioso, y amplía el modelo de "Departamentos" especializados por materia jurídica, de modo que el mismo equipo pueda llevar un mismo asunto ante todos los tribunales por los que pase, mejorando así la eficacia en la defensa del Estado.

¿Qué es? El Real Decreto 1061/2024, de 15 de octubre, regula la composición y el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Voluntariado, un órgano creado por la Ley de Voluntariado de 2015. Esta comisión es un cuerpo consultivo y de coordinación, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que funciona en pleno o en comisión permanente, y puede reunirse tanto de forma presencial como telemática.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ministerios del Gobierno de España con competencias en materia de voluntariado, que están representados en la comisión. Entre ellos figuran los ministerios de Interior, Educación, Sanidad, Cultura, Igualdad o Inclusión Social, entre otros. De forma indirecta, también concierne a entidades y organizaciones de voluntariado de ámbito estatal, que pueden ser convocadas a participar en las reuniones con voz pero sin voto.

¿Qué cambia o establece? Este real decreto desarrolla en detalle cómo se organiza y funciona la Comisión Interministerial de Voluntariado, fijando su estructura, quiénes la componen y con qué cargos, y con qué frecuencia debe reunirse (al menos dos veces al año). Establece que la presidencia recae en el titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y que la comisión tiene como función principal coordinar las actuaciones de los distintos ministerios en materia de voluntariado, sin crear nuevas cargas administrativas ni restringir derechos a los ciudadanos.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado por el Gobierno de España el 15 de octubre de 2024 que modifica varias normas anteriores sobre ayudas del sector agrícola. Su objetivo es adaptar la legislación española a los cambios introducidos en la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea y a la modificación del Plan Estratégico de la PAC de España para el período 2023-2027, aprobada por la Comisión Europea en agosto de 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los agricultores y productores de los sectores de frutas y hortalizas, vino y apicultura, así como a las organizaciones que los agrupan (organizaciones de productores). También concierne a las administraciones públicas encargadas de gestionar y controlar las ayudas europeas agrícolas en España.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce tres tipos de cambios concretos: en frutas y hortalizas, limita que los programas operativos incluyan actuaciones que aumenten la producción de limón y pomelo, y ajusta determinados plazos para 2024; en el sector del vino, alinea la terminología con la usada por la Comisión Europea y corrige erratas; y en apicultura, adapta las reglas sobre el registro de colmenas, incorpora criterios de la Comisión Europea para el pago de ciertos gastos y corrige errores en la redacción original de las normas vigentes.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 15 de octubre de 2024 que regula cómo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) puede conceder subvenciones de forma directa —es decir, sin concurso público— a determinadas organizaciones para financiar proyectos de cooperación internacional.

¿A quién afecta? Afecta a quince organizaciones e instituciones que el decreto identifica como "socios singulares" de la AECID, entre ellas la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS) y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, entre otras entidades vinculadas a la cooperación, la acción humanitaria y la cultura.

¿Qué cambia o establece? Establece que la AECID puede otorgar directamente estas subvenciones —sin pasar por un proceso de concurrencia competitiva— cuando los fondos provienen de consignaciones presupuestarias ligadas a ingresos externos con un fin concreto, siempre dentro del marco de la Ley General de Subvenciones. Las subvenciones deben destinarse a actividades propias de la cooperación para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la cooperación cultural, en línea con la Ley de Cooperación de 2023 y los compromisos internacionales de España como la Agenda 2030.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 15 de octubre de 2024 que autoriza la concesión directa de una subvención pública a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Con ese dinero, la FEMP debe desarrollar y gestionar un proyecto llamado "Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes". La subvención se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la entidad beneficiaria y responsable de ejecutar el proyecto. De forma indirecta, afecta a los ayuntamientos y diputaciones que forman parte de esa federación, así como a los ciudadanos que viven en los municipios que participen en el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes financiadas con estos fondos.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Estado concede esta subvención de manera directa —es decir, sin concurso público— a la FEMP para que impulse un espacio compartido de datos relacionado con las ciudades inteligentes. Este tipo de espacios de datos busca que las administraciones locales puedan compartir e intercambiar información urbana de forma segura y controlada, siguiendo las directrices de la Estrategia Europea de Datos y el Reglamento europeo de Gobernanza de Datos, con el objetivo de mejorar la gestión de servicios urbanos mediante el uso de datos.

¿Qué es? Es una resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que da publicidad oficial a las comunicaciones recibidas sobre tratados internacionales en los que España es parte. Su función es informar a la ciudadanía de los cambios o actos jurídicos que otros países han notificado ante organismos internacionales entre el 7 de julio y el 23 de septiembre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta de manera general a cualquier persona interesada en el seguimiento de los tratados internacionales, aunque de forma más directa a juristas, diplomáticos e instituciones que trabajan con derecho internacional. Indirectamente, puede afectar a ciudadanos peruanos residentes en las zonas declaradas en estado de emergencia o a personas que litiguen ante la Corte Internacional de Justicia implicando a Polonia.

¿Qué cambia o establece? Se recogen dos tipos de novedades: por un lado, Polonia ha declarado formalmente que acepta como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Por otro, Perú ha notificado la prórroga de tres estados de emergencia en distintas zonas de su territorio —por razones de orden interno, lucha contra la minería ilegal y la tala— durante los cuales quedan suspendidos temporalmente derechos como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y circulación, tal como obliga a comunicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¿Qué es? Es un auto del Tribunal Supremo dictado el 11 de septiembre de 2024 que corrige errores materiales en una sentencia anterior, la del 22 de julio de 2024. No cambia el fondo de lo resuelto, sino que rectifica una fecha incorrecta que aparecía repetida en varios puntos del texto original.

¿A quién afecta? Afecta a las partes del recurso contencioso-administrativo número 254/2023, que fue resuelto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Se trata de un procedimiento concreto, por lo que su impacto directo se limita a quienes son parte en ese litigio.

¿Qué cambia o establece? El auto ordena sustituir la fecha «1 de enero de 2022» por «1 de enero de 2020» en cuatro lugares específicos de la sentencia: el tercer párrafo del fundamento de derecho primero, el antepenúltimo párrafo del fundamento de derecho segundo, el segundo párrafo del fundamento de derecho sexto y el punto 2 del fallo. Con esta corrección, la sentencia queda con la fecha correcta en todos esos apartados.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 8 de octubre de 2024 que regula cómo el Ministerio del Interior puede conceder subvenciones de forma directa —es decir, sin convocatoria pública competitiva— a determinadas entidades con las que ya mantiene relaciones de colaboración establecidas por ley o por acuerdos previos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a Cruz Roja Española, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Cáritas Española. Estas entidades reciben o pueden recibir fondos públicos del Ministerio del Interior para prestar servicios concretos en materia de emergencias, prisiones y penas alternativas al encarcelamiento.

¿Qué cambia o establece? El decreto formaliza y regula las subvenciones directas que el Ministerio del Interior otorga a esas entidades para financiar actividades ya en marcha: la participación de Cruz Roja en emergencias y catástrofes (reparto de alimentos, albergues, primeros auxilios, atención psicosocial); el acceso de los presos a estudios universitarios a distancia a través de la UNED; la asistencia religiosa católica e islámica en centros penitenciarios; y la gestión de plazas para que condenados cumplan penas de trabajos en beneficio de la comunidad a través de la FEMP, Cruz Roja y Cáritas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 8 de octubre de 2024 mediante el cual el Gobierno central concede directamente subvenciones a nueve ayuntamientos (Zaragoza, Burgos, Mollet del Vallès, Arrasate-Mondragón, Oiartzun, Hernani, Zarautz, Algeciras y Puente Genil) y a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para ayudarles a sostener el coste del transporte público urbano. Estas ayudas se conceden de forma excepcional y sin convocatoria pública, al amparo de la Ley General de Subvenciones, por razones de interés público, social y económico.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las diez entidades locales mencionadas, que son quienes reciben el dinero. De forma indirecta, beneficia a los ciudadanos de esas localidades que utilizan el transporte público urbano, ya que las subvenciones están destinadas a financiar los descuentos del 50 % que esos municipios aplicaron en abonos y títulos multiviaje durante el segundo semestre de 2023 (del 1 de julio al 31 de diciembre), periodo en el que no recibieron ayuda estatal para ese fin.

¿Qué cambia o establece? El decreto regula las condiciones y cuantías máximas de estas subvenciones, calculadas en función del coste estimado de compensar una reducción del 30 % en el precio de los títulos de transporte, siguiendo los mismos criterios de ayudas anteriores similares. Como condición para recibir el dinero, las entidades beneficiarias deben contar con planes de movilidad sostenible. El objetivo es doble: compensar económicamente a esos municipios por los descuentos ya aplicados y garantizar la viabilidad del transporte público urbano de calidad en un contexto de precios elevados de la energía.

¿Qué es? Es un acuerdo bilateral firmado en Madrid el 13 de mayo de 2024 entre España y Honduras por el que ambos países se reconocen mutuamente los permisos de conducción nacionales y permiten su canje, es decir, la sustitución del carnet de un país por el del otro sin necesidad de volver a examinarse.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos españoles con residencia legal en Honduras y a los ciudadanos hondureños con residencia legal en España que sean titulares de un permiso de conducción válido y en vigor expedido por su país de origen. También afecta a quienes se encuentren temporalmente en el otro país y deseen conducir durante ese periodo.

¿Qué cambia o establece? Quien resida legalmente en el otro país puede canjear su permiso de conducción por el equivalente local sin realizar los exámenes teórico ni práctico, salvo para las categorías de vehículos pesados y de transporte de viajeros (C, C+E, D, D+E y sus variantes), para las que sí se exige una prueba de conducción en vía abierta. Antes del canje, la autoridad competente verifica la autenticidad del permiso con el otro país. La conducción temporal está permitida durante el plazo que fije la legislación del país visitado. El acuerdo no se aplica a permisos que ya fueran resultado de un canje previo con un tercer Estado, y la autoridad española responsable es la Dirección General de Tráfico, mientras que en Honduras lo es la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado en octubre de 2024 que modifica varias normas españolas sobre ayudas agrícolas para adaptarlas a cambios en la legislación europea y a la actualización del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) de España 2023-2027, que la Comisión Europea aprobó en agosto de 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a agricultores y ganaderos que reciben ayudas de la PAC, en especial a jóvenes agricultores, a explotaciones gestionadas a través de sociedades, a los agricultores de Canarias acogidos al programa POSEI, y a las comunidades autónomas en su papel de gestoras y cofinanciadoras de estas ayudas.

¿Qué cambia o establece? Entre los cambios más concretos, se flexibiliza el acceso de jóvenes agricultores a ciertos pagos cuando trabajan como empleados en una sociedad de la que son socios y gestores; se hace voluntario el uso del cuaderno digital de explotación agrícola; se rebaja de dos a una hectárea el límite a partir del cual hay que acreditar documentalmente el derecho a usar una parcela; se permite que el barbecho incluya actividades como el pastoreo o la siega de hierba con animales propios; y se obliga a la Comunidad Autónoma de Canarias a presentar anualmente un informe sobre la ejecución de las medidas de apoyo a la producción agrícola local, con fechas concretas, bajo pena de tener que devolver las subvenciones recibidas.

¿Qué es? Es un Real Decreto del Gobierno de España que autoriza la entrega directa de subvenciones —sin convocatoria pública competitiva— a varias entidades culturales de Barcelona. Se apoya en un acuerdo firmado en 2020 entre el Presidente del Gobierno y la Alcaldesa de Barcelona para reconocer a la ciudad como capital cultural del Estado, junto con Madrid.

¿A quién afecta? Afecta a instituciones culturales de Barcelona que reciben financiación estatal directa: el Gran Teatre del Liceu, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), entre otras entidades públicas y privadas del ecosistema cultural de la ciudad.

¿Qué cambia o establece? Establece subvenciones concretas para actividades como nuevas producciones operísticas en el Liceu, formación musical y encargos de nuevas obras en el Palau de la Música, exposiciones y apertura a nuevos públicos en el MNAC —incluida la reparación de una instalación de climatización averiada necesaria para conservar las colecciones—, y el refuerzo de la actividad del MACBA. El objetivo declarado es fortalecer el ecosistema cultural barcelonés, proyectarlo a escala nacional e internacional, y consolidar la idea de que España cuenta con dos capitales culturales.

¿Qué es? Es una Orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que crea un órgano colegiado —un comité formado por representantes de varias administraciones— que actuará como Consejo de Inversión para gestionar los instrumentos financieros del llamado Fondo de Resiliencia Autonómica. Este fondo forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, financiado con préstamos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las administraciones públicas que forman parte del órgano: el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, la Oficina de Asuntos Económicos y G20 dependiente de la Presidencia del Gobierno, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De forma indirecta, afecta a los territorios y proyectos que puedan recibir financiación a través de los instrumentos gestionados junto al Banco Europeo de Inversiones.

¿Qué cambia o establece? Crea formalmente ese órgano colegiado, lo adscribe al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y regula su composición, funcionamiento, forma de tomar decisiones y las condiciones para su constitución y extinción. El órgano se reunirá en distintas configuraciones según el instrumento financiero concreto que supervise —inicialmente tres instrumentos: cofinanciación directa, desarrollo urbano y turismo sostenible, y financiación alternativa para el desarrollo sostenible— y su creación no supone incremento del gasto público.

¿Qué es? La Ley 5/2024, de 26 de julio, es la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana. Su objetivo declarado es honrar y proteger la memoria del periodo comprendido entre 1931 y la actualidad, abarcando la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y el terrorismo. La ley parte de la idea de que el pasado debe abordarse de forma plural y sin sesgo partidista, fomentando la reconciliación y la convivencia frente a lo que el texto califica como división y resentimiento.

¿A quién afecta? Afecta a todas las víctimas de la violencia política y social ocurrida en España durante ese periodo, con independencia del bando, credo o militancia, incluidas las víctimas del terrorismo de ETA y del terrorismo islamista. También afecta a sus familias, que tienen reconocido el derecho a localizar los restos de sus seres queridos. Igualmente incide sobre historiadores e investigadores, a quienes la ley pretende garantizar la libertad de cátedra y de opinión en la interpretación de los hechos históricos.

¿Qué cambia o establece? La ley deroga la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, y toda su normativa de desarrollo. En su lugar, establece un reconocimiento unificado de todas las víctimas de la violencia política y social, gestiona su protección y regula la búsqueda e identificación de restos con criterios técnicos y respetando la voluntad de las familias. Otorga además a la administración valenciana instrumentos legales para actuar en casos de asesinatos sin resolver ocurridos en territorio valenciano, y mantiene vigentes los derechos reconocidos por la Ley 1/2004 de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.

¿Qué es? Es una corrección de errores de una ley autonómica valenciana que modifica la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Se publicó originalmente en agosto de 2024 y esta corrección subsana un error en la redacción de uno de sus artículos.

¿A quién afecta? Afecta al personal funcionario de carrera que trabaja o pueda trabajar en la Agencia Valenciana contra el Fraude y la Corrupción, así como a las administraciones públicas de las que procedan esos funcionarios.

¿Qué cambia o establece? La corrección fija la redacción correcta del artículo sobre nombramiento del personal de la agencia. Establece que los puestos serán ocupados exclusivamente por funcionarios de carrera, quienes tienen obligación de guardar secreto sobre la información que manejen. La selección se hará respetando los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Los funcionarios adscritos con carácter definitivo pasarán a la situación administrativa de servicios especiales. Además, si un funcionario que ha desarrollado carrera profesional en la agencia regresa a su administración de origen, esta deberá reconocerle y abonarle el grado de carrera profesional que tenía reconocido.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un tratado internacional firmado entre España y Mauritania en Madrid el 24 de julio de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2024. La corrección subsana una errata tipográfica detectada en el texto publicado oficialmente.

¿A quién afecta? Afecta al texto oficial del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Mauritania, y a cualquier persona o institución que consulte o aplique dicho tratado en su versión publicada en el BOE.

¿Qué cambia o establece? Corrige una única errata en la página 119410, punto 8, cuarto párrafo, quinta línea: donde se leía "Alto Representante del Secretario General de UU para la Alianza", debe leerse "Alto Representante del Secretario General de NNUU para la Alianza". El cambio consiste en completar la abreviatura de Naciones Unidas, que aparecía incompleta como "UU" en lugar de "NNUU".