El Horno

¿Qué es? Es una orden ministerial que hace pública la decisión del Consejo de Seguridad Nacional, adoptada el 15 de octubre de 2024, de crear el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. Este Comité pasa a formar parte del Sistema de Seguridad Nacional como órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional, bajo la dirección del Presidente del Gobierno.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las Administraciones Públicas y organismos con competencias en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave, que deberán coordinarse a través de este nuevo Comité. De forma indirecta, afecta al conjunto de la ciudadanía, ya que el crimen organizado y la delincuencia grave están reconocidos en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 como amenazas para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

¿Qué cambia o establece? Se crea un nuevo órgano colegiado cuyas funciones son: proponer al Consejo de Seguridad Nacional directrices sobre planificación y coordinación en esta materia; verificar el cumplimiento de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave y liderar su revisión; apoyar la toma de decisiones mediante análisis e iniciativas tanto nacionales como internacionales; y reforzar la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas implicadas. El Comité se rige por la Ley de Seguridad Nacional y por sus propias normas internas de funcionamiento.

¿Qué es? Es una resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, dictada el 11 de noviembre de 2024, que actualiza y hace públicos los nuevos precios de venta al público de determinadas monedas de colección que contienen oro en su composición. Esta revisión se realiza al amparo de la normativa que permite modificar esos precios cuando las cotizaciones de los metales preciosos varían significativamente.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona interesada en adquirir monedas de colección con contenido en oro que comercializa la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. También incumbe a esta entidad, que es quien aplica los nuevos precios en sus procesos de venta.

¿Qué cambia o establece? La resolución sube los precios de venta al público de las monedas de colección de oro, como consecuencia de la subida registrada en las cotizaciones de ese metal en los mercados. Por ejemplo, la moneda de 1 Escudo pasa de 375 a 440 euros, la de 2 Escudos de 719 a 840 euros, la de 4 Escudos de 1.310 a 1.530 euros, y la de 8 Escudos de 2.490 a 2.900 euros (todos los precios sin IVA). Los nuevos precios entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? El Decreto-ley 5/2024, de 24 de junio, es una norma aprobada por el Gobierno de Canarias que modifica la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, sobre cambio climático y transición energética de Canarias. Se aprobó mediante decreto-ley —una fórmula de urgencia con rango de ley— porque el Gobierno consideró que existía una necesidad extraordinaria y urgente de actuar con rapidez, sin esperar al proceso legislativo ordinario.

¿A quién afecta? Afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, así como a las autoridades y organismos que aplican la normativa de cambio climático y transición energética en el archipiélago. También concierne a las administraciones y entidades que participan en los planes y procedimientos regulados por la Ley 6/2022.

¿Qué cambia o establece? La norma modifica varios artículos concretos de la Ley 6/2022 —entre ellos los artículos 24, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 43, 45, 65 y 78— por dos motivos principales. Primero, para cumplir los compromisos adquiridos en un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, que había cuestionado la constitucionalidad de algunos de esos preceptos. Segundo, para corregir y ajustar el texto de la ley con el fin de mejorar la seguridad jurídica y lograr una mejor adaptación a la legislación estatal sobre cambio climático y transición energética.

¿Qué es? El Decreto-ley 6/2024, de 31 de julio, es una norma urgente aprobada por el Gobierno de Canarias que modifica la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Su urgencia responde a la necesidad de adaptar la regulación canaria a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2023 que declaró contraria al derecho europeo la regla que limitaba las licencias de vehículos con conductor (VTC) en proporción fija a las licencias de taxi.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a quienes ejercen o quieren ejercer la actividad de transporte de viajeros en automóviles de turismo en Canarias, en especial a los titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y a quienes soliciten nuevas autorizaciones. También afecta al sector del taxi, cuya relación con el número de licencias VTC quedaba hasta ahora regulada por la proporción que esta norma modifica.

¿Qué cambia o establece? La norma elimina o revisa la proporcionalidad fija 1/30 entre autorizaciones VTC y licencias de taxi, que el Tribunal Europeo consideró una restricción injustificada a la libertad de establecimiento. A la vez, incorpora criterios medioambientales y de gestión del tráfico en el otorgamiento de nuevas autorizaciones, en línea con las leyes de cambio climático estatal y canaria. De forma transitoria, suspende el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes mientras se desarrolla una hoja de ruta y se fijan los nuevos criterios objetivos que regirán el sector.

¿Qué es? Es una enmienda al Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobada por su Junta de Gobernadores el 5 de mayo de 2008 y en vigor para España desde el 18 de febrero de 2011. Su objetivo es modificar las reglas internas del FMI para ampliar las posibilidades de inversión de sus propios fondos.

¿A quién afecta? Afecta directamente al FMI como institución y, de forma indirecta, a todos sus países miembros, incluida España, ya que modifica las normas que rigen cómo el Fondo puede gestionar y rentabilizar sus recursos internos. Los ciudadanos no se ven afectados de manera directa ni individual.

¿Qué cambia o establece? La enmienda modifica tres artículos del Convenio constitutivo del FMI. Permite al Fondo invertir el dinero que mantiene en su Cuenta de Inversiones y en su Cuenta Especial de Desembolsos según decida, siguiendo reglas internas aprobadas por el 70 % de los votos. También establece que, cuando el FMI venda oro adquirido tras la segunda enmienda de su Convenio, el beneficio obtenido por encima del precio de compra se destinará a la Cuenta de Inversiones. Estas modificaciones buscan dotar al FMI de un modelo de ingresos más sostenible a través de la gestión activa de sus activos.

¿Qué es? Es una resolución aprobada el 28 de abril de 2008 por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que introduce una reforma en dos ámbitos: el sistema de cuotas que los países miembros aportan al Fondo y la forma en que esos países están representados dentro de la organización. Para su aprobación se requirió el voto favorable de gobernadores que representaran el 85 % del total de votos.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los países miembros del FMI cuyos nombres figuran en el anexo de la resolución y que solicitaron un aumento de su cuota, entre ellos Alemania, Brasil, China, México, Polonia y otros. De forma indirecta, la reforma impacta a todos los países miembros, ya que modifica el Convenio constitutivo del FMI —el tratado que rige la organización— y cambia las reglas de representación y votación para el conjunto de la membresía.

¿Qué cambia o establece? La resolución hace tres cosas concretas: primero, eleva las cuotas de los países miembros listados en el anexo, que deben aceptar el aumento por escrito y pagarlo antes del 31 de octubre de 2008; segundo, aprueba una enmienda al Convenio constitutivo del FMI que aumenta el número de votos básicos de todos los países miembros y garantiza que ese peso relativo se mantenga constante en el tiempo, reforzando así la voz de las economías más pequeñas; y tercero, permite que los directores ejecutivos elegidos por 19 países o más puedan nombrar un segundo director ejecutivo suplente, ampliando la capacidad de representación de las circunscripciones más numerosas.

¿Qué es? Es un auto (resolución judicial) dictado el 28 de octubre de 2024 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el marco de un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 610/2024. En él, el tribunal acuerda una medida cautelar, es decir, una suspensión provisional mientras se resuelve el recurso de fondo.

¿A quién afecta? Afecta a los médicos que habían solicitado acceso directo al nuevo título de Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias al amparo de la disposición transitoria primera del Real Decreto 610/2024, en particular a quienes estaban pendientes de que se resolviera su solicitud y se les expidiera dicho título. La medida surge tras un recurso de reposición presentado por la Asociación Española de Médicos Generales.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal suspende cautelarmente la fase de resolución de solicitudes y expedición de títulos prevista en el apartado 5.e) de la disposición transitoria primera del Real Decreto 610/2024. Esto significa que, hasta que el tribunal decida sobre el fondo del asunto, la Administración no puede tramitar ni conceder el título de especialista por la vía de acceso directo contemplada en ese precepto. No se imponen costas a ninguna de las partes.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 11 de noviembre de 2024 que autoriza al Gobierno a conceder directamente, sin concurso público previo, una serie de subvenciones destinadas al sector agroalimentario y pesquero español. Se recurre a esta vía extraordinaria porque la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 impide mantener automáticamente las ayudas que habitualmente se incluían en las leyes de presupuestos anuales.

¿A quién afecta? Afecta a los beneficiarios concretos del sector primario español: agricultores, ganaderos, pescadores, acuicultores, cooperativas agroalimentarias, organizaciones del sector pesquero y otras entidades vinculadas a la industria alimentaria, la investigación agroalimentaria y marina, y la gestión de seguros agrarios.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Estado concederá estas subvenciones de forma directa y nominativa —es decir, asignadas a destinatarios identificados— para garantizar la continuidad de actuaciones de interés general que de otro modo quedarían sin financiación por el bloqueo presupuestario. Las ayudas cubren áreas como el acceso a financiación del sector agrícola y ganadero, el fomento del cooperativismo, la gestión del agua para regadío, la investigación pesquera y acuícola, la promoción de la calidad alimentaria y la interlocución con el sector para el diseño de políticas públicas.

¿Qué es? Es un Real Decreto-ley aprobado el 11 de noviembre de 2024 para poner en marcha medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA que afectó a varios municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, calificada como el mayor desastre natural en la historia reciente de España. Las medidas se articulan dentro de un Plan en tres fases: respuesta inmediata, reconstrucción de las zonas afectadas y relanzamiento del territorio frente a la emergencia climática.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos, familias, trabajadores, autónomos, pequeñas y medianas empresas, comunidades de vecinos y entidades locales de los municipios dañados por la DANA, con especial incidencia en la Comunitat Valenciana y, dentro de ella, en determinados municipios de la provincia de Valencia.

¿Qué cambia o establece? Se aprueban ayudas directas por fallecimiento e incapacidad de hasta 72.000 euros, por destrucción total de vivienda habitual de hasta 60.480 euros, por daños en enseres de primera necesidad de hasta 10.320 euros, y ayudas a pymes y autónomos por valor estimado de 838 millones de euros. En materia fiscal, se establecen exenciones y reducciones en el IBI y el IAE de 2024, y se eliminan tasas del DNI y de tráfico vinculadas a los daños. En Seguridad Social, las empresas pueden solicitar exenciones en cotizaciones, aplazamientos de cuotas y moratorias; los autónomos que cesen su actividad podrán acceder a la prestación por cese sin necesidad de acreditar fuerza mayor ni período mínimo de cotización. Además, se permite a las entidades locales destinar su superávit a reparar los daños, y se incrementa el Ingreso Mínimo Vital en un 15 % durante tres meses.

¿Qué es? Es una modificación de las reglas de procedimiento que regulan cómo solicitar la nacionalidad española por opción al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La cambia la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública mediante una instrucción publicada en el BOE en noviembre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que tienen derecho a solicitar la nacionalidad española por la vía establecida en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, especialmente a quienes deben tramitar su solicitud a través de una Oficina Consular española en el extranjero.

¿Qué cambia o establece? Permite pedir cita previa de forma telemática (por internet) a través de las herramientas habilitadas por los consulados. Si una persona solicita cita por esa vía dentro del plazo legal pero no consigue fecha presencial antes de que ese plazo expire, el justificante digital de haber pedido la cita le sirve para acreditar que actuó a tiempo. Podrá presentar la documentación original en el consulado en la fecha que le asignen, aunque sea después de vencido el plazo, siempre que acompañe ese justificante. Los plazos de subsanación de documentación también se aplican a las solicitudes tramitadas por esta vía telemática.

¿Qué es? La Ley 4/2024, de 8 de noviembre, es una ley básica de carácter nacional que establece un régimen jurídico común para los agentes forestales y medioambientales en España. Su aprobación responde a la competencia exclusiva del Estado para dictar legislación básica en materia de medio ambiente, reconocida en la Constitución Española.

¿A quién afecta? Afecta a todos los agentes forestales y medioambientales del país, independientemente de la administración a la que estén adscritos: la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las administraciones locales. También afecta indirectamente a las propias administraciones, que deben ajustar sus regulaciones autonómicas o locales al marco básico que fija esta ley.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, cada Comunidad Autónoma había regulado de forma diferente las funciones y facultades de sus agentes forestales y medioambientales, dando lugar a un marco fragmentado y dispar. Esta ley crea un régimen jurídico uniforme para todo el territorio nacional, reconociendo a estos agentes como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de policía, custodia y vigilancia de los bienes forestales y ambientales, e incluyendo su papel en protección civil y en la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Qué es? La Ley 5/2024, de 8 de noviembre, es una ley básica nacional que crea por primera vez un marco legislativo común para los bomberos forestales en España. Hasta su aprobación, no existía ninguna norma que regulara de forma explícita los derechos y deberes de estos profesionales, los medios de los que deben disponer, ni las medidas de seguridad y coordinación en sus actuaciones.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los bomberos forestales que trabajan en España, con independencia de si están contratados por empresas privadas subcontratadas, empresas públicas o son personal laboral o funcionario de una comunidad autónoma. También afecta a las administraciones públicas —Estado, comunidades autónomas y entidades locales— que organizan y gestionan los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales.

¿Qué cambia o establece? La ley ordena las condiciones laborales del colectivo, poniendo fin a la situación de alta temporalidad, salarios muy variables y requisitos de formación dispares que existían hasta ahora. Establece que la contratación pública será la fórmula preferente para favorecer la estabilidad en el empleo. Además, responde al nuevo escenario de los incendios forestales —agravados por el cambio climático y extendidos más allá de la temporada tradicional— fijando criterios comunes de coordinación y cooperación entre todas las administraciones implicadas a nivel nacional.

¿Qué es? Es una ley foral de Navarra que actualiza el régimen de la licencia retribuida que pueden solicitar los funcionarios públicos navarros para cuidar a un hijo o hija con cáncer u otra enfermedad grave. La norma modifica el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para equiparar los derechos de los empleados públicos navarros a los que ya existían en el resto de España.

¿A quién afecta? Afecta al personal funcionario que presta servicios en las Administraciones Públicas de Navarra y que tenga a su cargo un hijo, hija, o menor en situación de tutela, acogimiento o adopción, afectado por cáncer u otra enfermedad grave incluida en el listado oficial de la Seguridad Social. También resulta relevante para los dos progenitores, ya que la norma regula cómo se reparte el derecho entre ambos, y contempla el caso de que la persona enferma, al llegar a la mayoría de edad, contraiga matrimonio o forme pareja de hecho.

¿Qué cambia o establece? La principal novedad es la ampliación del límite de edad del hijo o hija enfermo hasta los 23 años (frente a los 18 que fijaba la regulación anterior), y hasta los 26 años si además acredita una discapacidad igual o superior al 65 %. Durante ese período, el funcionario tiene derecho a reducir su jornada a la mitad —o incluso hasta casi el 100 % si se justifica debidamente— sin que se le reduzcan las retribuciones. Se exige que ambos progenitores trabajen y que el otro no perciba ya una prestación equivalente por el mismo motivo; si los dos son funcionarios, solo uno puede beneficiarse de la retribución íntegra. La reducción de jornada debe disfrutarse, con carácter general, al inicio o al final de la jornada diaria, aunque puede acumularse en jornadas completas si el servicio lo permite.

¿Qué es? Es una Decisión internacional (IG.26/4) adoptada el 8 de diciembre de 2023 en la 23.ª reunión de los países firmantes del Convenio de Barcelona, celebrada en Portoroz (Eslovenia). Su objeto es modificar dos listas de especies protegidas —los Anexos II y III— del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, un tratado que regula la conservación de la naturaleza en el mar Mediterráneo.

¿A quién afecta? Afecta a todos los Estados que son parte del Convenio de Barcelona, entre ellos España y la Unión Europea, que quedan obligados a trasladar estas medidas a su legislación nacional. También afecta de forma indirecta a quienes realizan actividades de pesca, investigación o cualquier tipo de explotación de las especies marinas incluidas en las listas modificadas en aguas mediterráneas.

¿Qué cambia o establece? La Decisión incorpora nueve especies de peces cartilaginosos (rayas y tiburones) a las listas de protección. Seis de ellas —entre las que figuran varias rayas y el tiburón zorro ojón— pasan al Anexo II, que recoge especies en peligro o amenazadas y que exige a los países adoptar medidas estrictas de conservación. Las otras tres especies, catalogadas como "casi amenazadas", se añaden al Anexo III, cuya lista regula y restringe su explotación. Además, se insta a los países a aplicar medidas nacionales concretas de conservación y se encomienda a la secretaría del Protocolo (CAR/ZEP) que preste asistencia técnica a los Estados para cumplir con estas obligaciones.

¿Qué es? El Real Decreto 1122/2024, de 5 de noviembre, crea el Museo Nacional de Artes Escénicas como institución sucesora del antiguo Museo Nacional del Teatro (MNT), que existe desde 1919 y tiene su sede en Almagro (Ciudad Real). El cambio no supone trasladar ni cerrar el museo, sino darle una nueva denominación oficial y un marco jurídico renovado acorde a su naturaleza actual.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la institución museística en sí y a su adscripción al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura. Para la ciudadanía en general, la norma no impone obligaciones ni restringe derechos; su impacto es indirecto, en tanto que reorganiza un bien cultural público accesible a cualquier persona interesada en el patrimonio escénico español.

¿Qué cambia o establece? El cambio principal es el nombre: de "Museo Nacional del Teatro" pasa a llamarse "Museo Nacional de Artes Escénicas", para reflejar que sus colecciones abarcan no solo teatro, sino también música, danza y circo. Se establece su categoría formal de museo nacional, se actualiza su régimen jurídico conforme a la Ley del Patrimonio Histórico Español y al Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, y se confirma que sus fondos iniciales serán los que ya custodia el antiguo MNT, entre ellos más de 20.000 partituras, figurines, escenografías, fotografías y documentos históricos.

¿Qué es? El Real Decreto 1120/2024, aprobado el 5 de noviembre de 2024, regula la concesión directa de subvenciones públicas por parte del Estado para financiar el transporte público regular de viajeros en cuatro territorios: Madrid, Barcelona, Valencia y la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata de ayudas económicas que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destina a los organismos gestores del transporte en esas zonas para que puedan seguir prestando el servicio.

¿A quién afecta? Afecta directamente al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia y a la Comunidad Autónoma de Canarias, que son los beneficiarios de las subvenciones. De forma indirecta, afecta a todos los ciudadanos que usan el transporte público en esas áreas metropolitanas, ya que estas ayudas contribuyen al sostenimiento y la calidad del servicio que utilizan a diario.

¿Qué cambia o establece? Establece que las subvenciones se conceden de forma directa —sin concurso entre varias entidades— porque en cada uno de esos territorios existe un único organismo que presta el servicio, lo que hace inviable una convocatoria en competencia. Esta vía excepcional se justifica por razones de interés público, social y económico, y resulta necesaria en 2024 porque los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados desde 2023, lo que impide aplicar el procedimiento habitual previsto en la Ley General de Subvenciones.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 5 de noviembre de 2024 por el Consejo de Ministros mediante el cual el Estado concede directamente una subvención de hasta 1.000.000 de euros al Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa) para construir un aparcamiento disuasorio junto a la estación de tren de Lezo-Errenteria.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al Ayuntamiento de Errenteria, que es el único beneficiario de la subvención y el encargado de ejecutar la obra. Indirectamente, afecta a los vecinos y viajeros de la comarca de Oarsoaldea y del área metropolitana de Donostia/San Sebastián que usan o podrían usar esa estación de cercanías y media distancia.

¿Qué cambia o establece? La norma autoriza y regula la concesión de esta ayuda pública de forma directa —sin convocatoria abierta a otros solicitantes— porque los terrenos donde se construirá el aparcamiento están en el término municipal de Errenteria y pertenecen a ADIF, lo que hace al ayuntamiento el único receptor posible. El objetivo es que los ciudadanos puedan dejar su coche privado en ese aparcamiento y continuar su viaje en tren, reduciendo así emisiones contaminantes, congestión y ruido, en línea con los objetivos de movilidad sostenible de la Agenda 2030.

¿Qué es? El Real Decreto 1121/2024, de 5 de noviembre, es una norma del Gobierno de España que autoriza la entrega directa de subvenciones públicas a una serie de entidades e instituciones culturales concretas. Se aprueba desde el Ministerio de Cultura al amparo del artículo 44 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a promover el acceso a la cultura.

¿A quién afecta? Afecta a las entidades que reciben estas ayudas directas, entre las que se encuentran: el Ayuntamiento de Brañosera (Palencia), la Asociación Española de Normalización (UNE), la Fundación Helga de Alvear, la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid (Patio Herreriano), la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, la Fundación MARCO de Vigo, el Ayuntamiento de Ibiza, la Federación Española de Amigos de los Museos, la Real Fundación de Toledo, la Fundación Torner, la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino, el Ayuntamiento de Toledo, Hispania Nostra y la Asociación Urbs Regia.

¿Qué cambia o establece? La norma formaliza y habilita la concesión de subvenciones directas —sin concurrencia competitiva— a cada una de esas entidades para financiar actuaciones culturales concretas de interés público. Entre los destinos figuran: la conmemoración del 1200 aniversario del Fuero de Brañosera (considerado el primer documento de su tipo en España), el sostenimiento de museos de arte contemporáneo como el Helga de Alvear o el Patio Herreriano, el mantenimiento de la participación española en comités internacionales de normalización sobre gestión y preservación de documentos digitales (a través de la UNE), y el apoyo a fundaciones y asociaciones que gestionan patrimonio y arte contemporáneo en distintos puntos del territorio nacional.

¿Qué es? El Real Decreto-ley 6/2024, aprobado el 5 de noviembre de 2024, es una norma de urgencia dictada por el Gobierno de España para responder a los graves daños causados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó diversas zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta borrasca supuso el mayor desastre natural de la historia reciente de España, con más de 200 víctimas mortales, inundaciones masivas y destrucción de infraestructuras, siendo el martes 29 de octubre el día más devastador.

¿A quién afecta? La norma afecta a los ciudadanos, familias y municipios de las comunidades autónomas declaradas zonas gravemente afectadas por la emergencia: Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears y Aragón. De forma especial, se dirige a quienes sufrieron daños en sus viviendas, así como a las administraciones públicas, locales y autonómicas, que deben coordinar la recuperación con el apoyo del Estado.

¿Qué cambia o establece? El decreto habilita al Estado para intervenir de forma subsidiaria y complementaria a las comunidades autónomas, desde el principio de solidaridad interterritorial, con el fin de mitigar los perjuicios causados, atender las necesidades de la población afectada y reponer las infraestructuras, bienes y servicios dañados. Para ello, el Consejo de Ministros declaró oficialmente las zonas afectadas como áreas de emergencia de protección civil, lo que activa un conjunto de medidas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, incluyendo ayudas directas a las familias que perdieron o vieron dañada su vivienda.

¿Qué es? El Real Decreto 1058/2024, de 15 de octubre, modifica una norma española de 2019 sobre el sector del lúpulo (la planta utilizada en la fabricación de cerveza) para adaptarla a dos nuevos reglamentos europeos aprobados en diciembre de 2023. El cambio es necesario porque la normativa europea anterior, en la que se basaba la ley española, quedó derogada y sustituida por estas nuevas reglas comunitarias.

¿A quién afecta? Afecta a los productores de lúpulo, a las industrias que lo transforman o comercializan (como los fabricantes de cerveza) y a los organismos públicos encargados de certificar y controlar este producto en España. También puede afectar a exportadores, ya que el lúpulo y sus derivados solo pueden venderse o exportarse si cuentan con la certificación oficial exigida.

¿Qué cambia o establece? La norma actualiza tres aspectos principales: las reglas sobre cómo debe comercializarse el lúpulo y sus productos; los requisitos del proceso de certificación y del etiquetado, reforzando la trazabilidad y la transparencia en el mercado; y la obligación de centralizar a nivel nacional la información sobre todos los certificados expedidos. Además, aclara que la palabra "contrato" usada en la normativa europea equivale, en el derecho español, al documento de compraventa entre el productor y la industria, con independencia del nombre concreto que las partes le den a ese acuerdo.

¿Qué es? La Orden ITU/1200/2024, de 24 de octubre, es una norma del Ministerio de Industria y Turismo que actualiza la regulación interna del Comité Antifraude de ese ministerio. Este comité fue creado en 2022 para cumplir con la obligación europea de contar con mecanismos que protejan los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos Next Generation EU) frente a posibles fraudes, irregularidades o conflictos de interés.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a la organización interna del Ministerio de Industria y Turismo. En concreto, a los cargos y órganos que forman parte del Comité Antifraude: la Subsecretaría, la Secretaría General Técnica, la Secretaría de Estado de Turismo y la Secretaría de Estado de Industria. No genera obligaciones ni cambios para los ciudadanos particulares ni para empresas.

¿Qué cambia o establece? La norma adapta la composición y el nombre del Comité Antifraude a la nueva estructura del ministerio, que fue reorganizado en 2023. Los cambios concretos son tres: se elimina la representación de la Secretaría de Estado de Comercio (que dejó de existir), se actualiza la denominación de la Secretaría General de Industria y de la PYME, que ahora es Secretaría de Estado de Industria, y se permite que personas externas al comité puedan asistir a sus sesiones con voz pero sin voto cuando su conocimiento técnico sea necesario. También se regula el procedimiento para crear grupos de trabajo dentro del propio comité.

¿Qué es? Es una ley aprobada en octubre de 2024 que busca mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades graves e incurables de evolución rápida. Nació del acuerdo entre varios grupos parlamentarios y a partir de una propuesta de la confederación de entidades de personas con ELA.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que padecen enfermedades sin tratamiento curativo, con poco tiempo de supervivencia desde el diagnóstico, que avanzan rápidamente hacia una situación de gran dependencia y que requieren cuidados complejos tanto sanitarios como sociales. La ELA es el ejemplo central, pero la ley se extiende a otros procesos con características similares. También afecta a las personas cuidadoras de quienes se encuentran en situación de dependencia de grado III.

¿Qué cambia o establece? La ley agiliza los trámites administrativos para que estas personas obtengan más rápidamente el reconocimiento oficial de su grado de discapacidad y de dependencia, dado que la progresión de su enfermedad no permite esperar los plazos habituales. Crea procedimientos de urgencia tanto para valorar la discapacidad como para revisar el grado de dependencia y el plan individual de atención. Además, mejora la protección de las personas cuidadoras, impulsa su acceso al empleo y establece que los equipos que realizan estas valoraciones cuenten con más recursos y especialización.

¿Qué es? Es un Real Decreto firmado por el Rey el 30 de octubre de 2024 por el que el Gobierno declara luto oficial en España como muestra de dolor y condolencia por las muertes y desapariciones causadas por las inundaciones del 29 y 30 de octubre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a todos los organismos y edificios públicos del Estado, así como a los buques de la Armada española, que están obligados a cumplir las disposiciones del luto oficial. Simbólicamente, está dirigido a toda la ciudadanía y en especial a las familias de los fallecidos y desaparecidos.

¿Qué cambia o establece? Establece un periodo de luto oficial desde las 00:00 horas del 31 de octubre hasta las 24:00 horas del 2 de noviembre de 2024, durante el cual la Bandera Nacional debe ondear a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada. La norma entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? Es una corrección de errores de una publicación oficial. El Boletín Oficial del Estado publicó en septiembre de 2024 un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Mauritania, pero lo hizo de forma incompleta: faltaba incluir el Instrumento de Ratificación, que es el documento formal mediante el cual el Rey aprueba y ratifica el tratado. Esta resolución subsana ese error añadiendo dicho instrumento.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las relaciones oficiales entre España y Mauritania, y a cualquier persona, institución o empresa que necesite consultar el texto completo y legalmente válido del tratado en el BOE. También tiene relevancia para quienes actúen al amparo de este tratado en materias de amistad, cooperación o buena vecindad entre ambos países.

¿Qué cambia o establece? No cambia el contenido del tratado, sino que completa su publicación oficial. Se incorpora el Instrumento de Ratificación firmado por el Rey Felipe VI el 9 de julio de 2024 y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno. Con este documento, España expresa formalmente su compromiso de cumplir y hacer cumplir el tratado en todas sus partes, dotando así a la publicación original de plena validez jurídica.

¿Qué es? Es una resolución adoptada en 2002 por el Consejo de Gobernadores del Fondo Africano de Desarrollo que modifica las reglas internas del organismo sobre cómo se asignan y ejercen los votos dentro del Fondo. Entró en vigor con carácter general y para España el 6 de mayo de 2003.

¿A quién afecta? Afecta a los Estados que participan en el Fondo Africano de Desarrollo, en particular a aquellos que son al mismo tiempo miembros del Banco Africano de Desarrollo. No genera derechos ni obligaciones directas para los ciudadanos particulares, ya que regula exclusivamente el funcionamiento interno de una institución financiera internacional.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce dos cambios concretos en las reglas de votación del Fondo. Primero, fija un límite máximo del 1 % al total de votos que pueden acumularse los países africanos miembros del Banco que también participen en el Fondo, evitando así que su doble condición les otorgue una influencia desproporcionada. Segundo, establece que cualquier Estado que sea a la vez participante del Fondo y miembro del Banco solo votará en razón de su aportación económica al Fondo, y no por representar al Banco, garantizando así la igualdad de trato entre todos los participantes con independencia de su clasificación.

¿Qué es? Es una resolución que modifica el Acuerdo por el que se creó el Fondo Africano de Desarrollo. Concretamente, cambia la definición de la "unidad de cuenta" que usa ese Fondo, es decir, la referencia monetaria con la que calcula sus operaciones. Aunque fue adoptada en 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1993, España publicó su constancia oficial en 2024.

¿A quién afecta? Afecta al Fondo Africano de Desarrollo como institución y a los Estados miembros que forman parte de su Acuerdo constitutivo, entre ellos España. No genera obligaciones directas para ciudadanos particulares, sino que regula el funcionamiento interno y contable del Fondo a nivel internacional.

¿Qué cambia o establece? Sustituye la definición anterior de "unidad de cuenta" del Fondo por una nueva: a partir de ese momento, el Fondo usará la misma unidad de cuenta que utilice en cada momento el Banco Africano de Desarrollo, en lugar de tener una propia e independiente. El objetivo es alinear ambas instituciones y simplificar su operativa financiera conjunta.

¿Qué es? Es una modificación de una regla interna del Fondo Africano de Desarrollo, aprobada en 2008 y vigente para España desde el 17 de marzo de 2009, que cambia cómo ese organismo internacional debe comprar bienes y servicios cuando financia proyectos.

¿A quién afecta? Afecta al Fondo Africano de Desarrollo como institución y, de forma indirecta, a las empresas y proveedores que participan en concursos para suministrar bienes o servicios financiados por dicho Fondo. No crea obligaciones directas para los ciudadanos españoles en su vida cotidiana.

¿Qué cambia o establece? Antes de esta enmienda, el artículo modificado incluía condiciones adicionales que restringían qué países podían participar en las licitaciones. Con el cambio, se elimina esa restricción y se establece que la compra de bienes y servicios debe hacerse mediante concurso abierto a la competencia internacional entre todos los proveedores que cumplan los requisitos, salvo que el Consejo de Administración del Fondo decida justificadamente que ese concurso abierto no es necesario. El objetivo es alinear las normas del Fondo con los estándares internacionales de eficacia en la ayuda al desarrollo.

¿Qué es? El Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, aprueba el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), un organismo público creado por la Ley 2/2023 para proteger a las personas que denuncian irregularidades o corrupción en organizaciones públicas o privadas. Este estatuto regula cómo se organiza, cómo funciona y cuáles son las reglas internas de ese organismo.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las personas que denuncian infracciones legales o conductas corruptas en su entorno laboral —los llamados "informantes"— y que pueden acudir a esta Autoridad para recibir protección y asesoramiento. También afecta a las administraciones públicas y entidades privadas, que quedan sujetas a la supervisión y posible potestad sancionadora de este organismo.

¿Qué cambia o establece? El Real Decreto pone en marcha la estructura interna de la A.A.I.: fija sus órganos de gobierno (una Presidencia y una Comisión Consultiva), sus departamentos operativos (uno para proteger al informante y gestionar las comunicaciones, otro para instruir expedientes sancionadores) y sus normas de personal, presupuesto y funcionamiento. La Autoridad actuará con total independencia del Gobierno y de cualquier organización pública o privada, sin que nadie pueda darle instrucciones, y tendrá entre sus funciones gestionar el canal externo de denuncias, asesorar al Gobierno y sancionar a quienes vulneren los derechos de los informantes.

¿Qué es? Este Real Decreto aprueba la concesión directa de una subvención pública a la empresa FIRA CCIB, SL, para que se encargue de coordinar y organizar en Barcelona el Foro Global contra el Racismo y las Discriminaciones de la UNESCO 2024, celebrado del 9 al 11 de diciembre de 2024. Se trata de una subvención excepcional, es decir, concedida sin convocatoria pública abierta, al amparo de la Ley General de Subvenciones, por razones de interés público y social debidamente justificadas.

¿A quién afecta? Afecta directamente a FIRA CCIB, SL, empresa gestora del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), que es la beneficiaria de la subvención y la responsable de organizar el evento. Indirectamente, la norma concierne al Ministerio de Igualdad, que promueve y financia la iniciativa, y, en términos más amplios, a toda la ciudadanía, ya que el foro reúne a más de 1.000 participantes —líderes políticos, activistas y expertos de todo el mundo— para debatir políticas contra el racismo y la discriminación.

¿Qué cambia o establece? El decreto autoriza formalmente la entrega de fondos públicos a FIRA CCIB, SL, de forma directa y excepcional, sin necesidad de concurso, porque se considera que ninguna otra entidad reúne las condiciones adecuadas para albergar un evento de esta envergadura en Barcelona. Establece que la empresa beneficiaria queda sujeta a las obligaciones generales previstas en la normativa de subvenciones y fija como objetivo que España, a través de este foro, contribuya al desarrollo de una Alianza Global contra la discriminación racial y refuerce su posición como referente internacional en materia de igualdad de trato.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de junio de 2024, que resuelve parcialmente a favor de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) en su recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regulaba el procedimiento para conceder ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que en su día fueron reconocidas oficialmente como afectadas por la talidomida por alguna comunidad autónoma, y que quedaban sometidas a ciertos requisitos del Real Decreto 574/2023 pese a contar ya con ese reconocimiento previo.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal anula tres partes concretas del Real Decreto 574/2023 —el artículo 2.c), el artículo 6.1.h) y el artículo 8.2— en la medida en que imponían sus condiciones a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una administración autonómica. Es decir, quienes ya tenían ese reconocimiento oficial previo no pueden volver a ser sometidos a esos requisitos como si empezaran de cero. El resto del Real Decreto permanece vigente y cada parte asume sus propias costas del proceso.