El Horno

¿Qué es? Es una ley del Parlamento Vasco que modifica los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2024, concretamente el artículo que fija la cantidad de dinero público que reciben los colegios concertados por cada unidad escolar.

¿A quién afecta? Afecta a los centros educativos privados concertados del País Vasco —tanto los de iniciativa social como las ikastolas— y al personal que trabaja en ellos, así como al Departamento de Educación y al de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

¿Qué cambia o establece? La ley introduce una excepción a la regla general que impedía al Gobierno asumir subidas salariales en los centros concertados por encima de los importes previstos en los módulos económicos. A partir de ahora, sí se podrán financiar con fondos públicos los incrementos salariales pactados entre el Departamento de Educación y el sector concertado cuando su finalidad sea igualar progresivamente los sueldos del personal de los colegios concertados con los del personal de los centros públicos. El pago de las diferencias salariales correspondientes a 2024 se realizará en un único abono antes del 31 de diciembre de 2024 y se financiará con remanentes de tesorería.

¿Qué es? La Orden CNU/1379/2024, de 28 de noviembre, crea oficialmente una Oficina de Asistencia en Materia de Registros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, situada en el paseo de la Castellana, número 162, de Madrid. Esta oficina pasa a formar parte de la red de oficinas de registros de la Administración General del Estado y depende jerárquicamente de la Secretaría General Técnica del ministerio.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier ciudadano o interesado que necesite relacionarse con la Administración Pública, en particular con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ya sea para presentar solicitudes, escritos o documentos, o para realizar trámites administrativos. Especialmente relevante para quienes no estén obligados a usar medios electrónicos o necesiten ayuda para hacerlo.

¿Qué cambia o establece? La orden habilita un punto presencial donde los ciudadanos pueden presentar documentos en papel, que la propia oficina digitalizará y registrará electrónicamente. Además, el personal de la oficina puede ayudar a identificarse y firmar electrónicamente a quienes lo necesiten, expedir copias auténticas, emitir justificantes de presentación, practicar notificaciones cuando el interesado se persone, e iniciar apoderamientos presenciales. En definitiva, garantiza que quienes no puedan o no sepan operar electrónicamente tengan un canal de atención presencial con plenos efectos administrativos.

¿Qué es? La Ley 5/2024, de 13 de noviembre, es el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, aprobado por el Parlamento andaluz. Su objeto es reconocer, proteger y promover los derechos de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural y en el sector pesquero dentro del territorio de Andalucía, en el marco del principio constitucional de igualdad y de las competencias exclusivas que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Junta en materia de políticas de género.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las mujeres que desarrollan su vida laboral o personal en el ámbito rural, agrario, agroalimentario y pesquero de Andalucía, ya sea como trabajadoras por cuenta ajena, autónomas, titulares o cotitulares de explotaciones agrarias, o miembros de entidades de la economía social. También obliga a la Administración de la Junta de Andalucía y a su personal, y establece obligaciones de representación equilibrada para organismos como los Grupos de Desarrollo Rural y los Grupos de Acción Local Pesquero.

¿Qué cambia o establece? La ley crea un conjunto de medidas concretas en varios ámbitos: garantiza la representación y participación de estas mujeres en órganos de decisión, y crea una Mesa específica de mujeres rurales y del mar. Fomenta la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la corresponsabilidad. Obliga a visibilizar y reconocer su trabajo mediante estadísticas, estudios y premios. Regula su acceso a formación, ayudas, subvenciones y crédito, así como su protección frente al acoso sexual y por razón de género. Por último, impulsa la titularidad compartida de las explotaciones agrarias como vía para reconocer económica y jurídicamente el trabajo de las mujeres en dichas explotaciones.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Gobierno de España, firmada el 22 de noviembre de 2024, por la que se crea oficialmente un Consulado Honorario en Babane, capital del Reino de Esuatini (país situado entre Sudáfrica y Mozambique). Esta nueva oficina dependerá de la Embajada de España en Maputo (Mozambique) y estará dirigida por un cónsul honorario.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos españoles que residen en Esuatini o que viajan al país, así como a quienes desde Mozambique se desplazan a Esuatini por trabajo o turismo. También concierne a empresas, instituciones académicas y artistas con vínculos entre España y Esuatini, que hasta ahora debían gestionar cualquier asunto consular viajando hasta Maputo, lo que podía suponer un día entero de desplazamiento.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora no existía ninguna representación consular española en Esuatini, por lo que cualquier trámite obligaba a desplazarse a Maputo. Con esta orden, España dispone de un punto de atención consular en Babane, accesible por carretera en unas cuatro horas desde la mayoría del territorio. El consulado facilitará la asistencia y protección a españoles en situaciones de emergencia, apoyará los intercambios comerciales y culturales, y mejorará el seguimiento de la situación de seguridad en el país. La norma precisa expresamente que su creación no supone gasto adicional de personal para el Estado.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, de 22 de noviembre de 2024, que cierra el Consulado Honorario español en Tösh Bulak (Kirguistán) y amplía la zona de cobertura del Consulado Honorario de Biskek para que atienda a todo el territorio kirguís.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los ciudadanos españoles —turistas, residentes y empresarios— que se encuentren en Kirguistán y necesiten servicios consulares, así como a la gestión interna del Ministerio de Asuntos Exteriores. No supone ningún coste adicional de personal ni económico para el Estado.

¿Qué cambia o establece? Se suprime el Consulado Honorario creado en 2022 en Tösh Bulak porque no se ha podido encontrar una persona titular para ese puesto y mantenerlo vacante resulta innecesario. Como consecuencia, el Consulado Honorario de Biskek recupera su circunscripción consular sobre todo el país, volviendo a ser la única oficina consular honoraria española en Kirguistán y garantizando así la atención consular en todo el territorio sin merma de la presencia española en la región.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 3 de diciembre de 2024 que autoriza al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a conceder subvenciones de forma directa —sin convocatoria pública competitiva— a determinadas entidades, asociaciones y fundaciones. Estas ayudas se destinan a financiar proyectos de promoción, difusión y reconocimiento de la Memoria Democrática y de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista.

¿A quién afecta? Afecta a las entidades, asociaciones y fundaciones que ya están identificadas en el propio decreto y que desarrollan actividades relacionadas con la memoria histórica y democrática en España. También afecta, indirectamente, a determinadas entidades locales que recibirán subvenciones para fomentar la colaboración entre administraciones públicas en esta materia.

¿Qué cambia o establece? El decreto habilita la entrega directa de dinero público a esas organizaciones concretas, justificándolo en razones de interés público, justicia social y humanitario, y en la ausencia de otras entidades con igual capacidad para llevar a cabo esas actividades. Los proyectos financiados buscan recuperar la memoria personal, familiar y colectiva de las víctimas —incluidas las del colectivo LGTBI perseguido durante la Dictadura—, restituir su dignidad y promover los valores democráticos y constitucionales, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Memoria Democrática de 2022.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 3 de diciembre de 2024 que modifica las condiciones de un préstamo público concedido por el Estado a la empresa HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A. para financiar el programa SPAINSAT-NG, consistente en el diseño, fabricación, lanzamiento y puesta en órbita de dos satélites de comunicaciones gubernamentales (SPAINSAT NG I y SPAINSAT NG II) junto con su infraestructura terrestre.

¿A quién afecta? Afecta directamente a HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A., empresa que recibe y debe devolver el préstamo público. De forma indirecta, afecta al Ministerio de Industria y Turismo (que gestiona el préstamo), al Ministerio de Defensa (usuario de los satélites para comunicaciones militares y gubernamentales seguras) y al Tesoro Público (que recibe las devoluciones del préstamo).

¿Qué cambia o establece? La norma ajusta dos aspectos del préstamo ya existente: por un lado, reduce el importe total a desembolsar, que pasa a ser de 808 millones de euros (frente a los 850 millones anteriores), redistribuyendo los pagos por anualidades entre 2019 y 2025, en parte porque HISDESAT ya devolvió en 2023 casi 47,9 millones de euros al Tesoro al haber recibido una subvención de la Agencia Espacial Europea (ESA) por actividades ya financiadas por el Estado. Por otro lado, modifica el calendario de devolución del préstamo para adaptarlo a los retrasos acumulados en el programa —debidos a la complejidad técnica del proyecto y al impacto de la COVID-19— y al nuevo calendario de pagos del contrato entre el Ministerio de Defensa y HISDESAT por el uso de los satélites entre 2024 y 2040.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 3 de diciembre de 2024 que modifica la norma que creó el Consejo de Política Exterior, un órgano que asesora al Presidente del Gobierno en materia de política exterior.

¿A quién afecta? Afecta al funcionamiento interno del Consejo de Política Exterior y, en particular, a quienes ocupan cargos en la Presidencia del Gobierno vinculados a asuntos exteriores: la persona titular de la Secretaría General de Asuntos Exteriores de la Presidencia del Gobierno y quienes puedan ser designados para sustituirla.

¿Qué cambia o establece? Asigna formalmente las funciones de secretaría del Consejo de Política Exterior a la persona titular de la Secretaría General de Asuntos Exteriores de la Presidencia del Gobierno. Además, establece por primera vez quién debe sustituirla cuando no pueda ejercer ese cargo por ausencia, vacante o enfermedad: será alguien designado por el titular del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, con rango mínimo de Director General, adscrito a la Presidencia del Gobierno. La norma entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.

¿Qué es? Es el instrumento por el que España ratifica formalmente el Acuerdo de Asociación Estratégica firmado entre la Unión Europea, sus Estados miembros y Japón en Tokio el 17 de julio de 2018. Mediante este documento, el Rey Felipe VI, con la autorización de las Cortes Generales, expresa el consentimiento de España en quedar jurídicamente obligada por dicho acuerdo internacional.

¿A quién afecta? Afecta a España en cuanto Estado miembro de la Unión Europea y, por extensión, a las relaciones institucionales y de cooperación entre la UE y Japón. No impone obligaciones directas e inmediatas a los ciudadanos de a pie, pero enmarca las relaciones políticas, diplomáticas y de cooperación entre ambas partes en las que España participa como firmante.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo crea un marco jurídico estable y duradero para la cooperación entre la UE y Japón en ámbitos como la política exterior, la seguridad, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el cambio climático, el terrorismo, la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y otros retos mundiales. Establece el compromiso de ambas partes de celebrar reuniones periódicas a todos los niveles, actuar conjuntamente en organizaciones internacionales y promover valores compartidos como la democracia y las libertades fundamentales.

¿Qué es? Es una modificación de la Ley de Turismo del Principado de Asturias (originalmente aprobada en 2001), actualizada por cuarta vez en noviembre de 2024. Su objetivo es adaptar la normativa turística asturiana a los cambios del sector y a leyes estatales recientes, alineándola además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con la Estrategia de Turismo de Asturias 2020-2030.

¿A quién afecta? Afecta a las empresas y profesionales del sector turístico que operan en Asturias, así como a los consumidores y usuarios de servicios turísticos. También concierne a los ayuntamientos (concejos) y al Gobierno del Principado en su labor de ordenación y control del turismo en el territorio.

¿Qué cambia o establece? Las empresas turísticas quedan obligadas a contratar un seguro de responsabilidad civil y a incluir su número de registro en toda publicidad o comercialización, ya sea en papel o por internet. Se incorporan expresamente a la ley las viviendas de uso turístico y las áreas para autocaravanas en tránsito como modalidades de alojamiento. Se crea la figura de las "zonas turísticas protegidas" para territorios donde la concentración turística ponga en riesgo el medio ambiente, el patrimonio o la calidad de los servicios, pudiendo el Gobierno regional limitar nuevos establecimientos en esas zonas. Asimismo, se refuerza la inspección y el régimen sancionador, prestando especial atención a la oferta ilegal y al intrusismo que se producen a través de medios digitales.

¿Qué es? Es la resolución mediante la cual el Congreso de los Diputados aprobó y mantuvo en vigor el Real Decreto-ley 6/2024, una norma de emergencia que el Gobierno aprobó el 5 de noviembre de 2024 para responder a los daños causados por la DANA (una borrasca de gran intensidad) que afectó a varios municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos, familias, empresas y municipios que sufrieron daños a causa de la DANA durante ese período, así como a las administraciones públicas encargadas de gestionar la respuesta y la recuperación ante esta emergencia.

¿Qué cambia o establece? El Congreso ratificó el Real Decreto-ley 6/2024, lo que permite que las medidas urgentes de ayuda y respuesta ante los daños de la DANA sigan siendo válidas y aplicables. Sin esta convalidación, la norma de emergencia habría quedado sin efecto. La resolución fue firmada el 21 de noviembre de 2024 por la Presidenta del Congreso, Francina Armengol.

¿Qué es? El Real Decreto 1183/2024, de 28 de noviembre, es una norma del Gobierno de España que autoriza la entrega directa de subvenciones públicas por parte del Instituto de las Mujeres a un conjunto concreto de entidades. Esta concesión directa —sin convocatoria pública abierta— se justifica por razones de interés público, social y humanitario, al amparo de la Ley General de Subvenciones.

¿A quién afecta? Afecta a las organizaciones y asociaciones que reciben estas ayudas, entre las que figuran la Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, el Fondo de Mujeres Calala, Herstóricas, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) y la Asociación de profesorado El Legado de las Mujeres, entre otras. De manera indirecta, también afecta a las mujeres y colectivos vulnerables que se benefician de los programas que estas entidades desarrollan en todo el territorio nacional.

¿Qué cambia o establece? La norma regula y aprueba la concesión de subvenciones específicas a cada entidad para que puedan financiar programas concretos: análisis de políticas de igualdad en administraciones públicas, formación para el acceso al empleo público, inclusión social de mujeres en riesgo de exclusión, divulgación histórica de las aportaciones de las mujeres, desarrollo de guiones escritos por mujeres, extensión de una red de museos por la igualdad, y elaboración de recursos educativos digitales con referentes femeninos, entre otros. El objetivo central es garantizar que estas entidades cuenten con financiación suficiente para mantener su función social de promoción de la igualdad y defensa de los derechos de las mujeres.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 28 de noviembre de 2024 que autoriza al Ministerio de Igualdad a conceder subvenciones directas —es decir, sin concurso público— a un conjunto específico de organizaciones del tercer sector para que desarrollen actuaciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a dos grupos de personas especialmente vulnerables: quienes viven en asentamientos informales (infraviviendas sin condiciones adecuadas de habitabilidad), que en su mayoría pertenecen a minorías étnicas expuestas a discriminación racial y delitos de odio; y las personas LGTBI+ que han sufrido agresiones, acoso o violencia por razón de su orientación sexual o identidad de género. Las entidades beneficiarias de las subvenciones son Cruz Roja Española, ASNUCI, Federación Andalucía Acoge, Fundación CEPAIM, FECONS, FELGTBI+, Federación Plataforma por los Derechos Trans y Fundación 26 de Diciembre.

¿Qué cambia o establece? La norma formaliza y garantiza la continuidad de la financiación pública a estas organizaciones para que puedan seguir prestando asistencia jurídica y psicológica, mediación con administraciones, asesoramiento para presentar denuncias y actividades de sensibilización y formación dirigidas a la ciudadanía. Se justifica la concesión directa —sin convocatoria abierta— por la urgencia social del problema y porque se considera que solo estas entidades reúnen las condiciones necesarias para ejecutar las actuaciones requeridas. En 2023, estas organizaciones atendieron a más de 3.800 víctimas de discriminación racial o LGTBIfóbica y alcanzaron a más de 500.000 personas a través de actividades formativas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 28 de noviembre de 2024 que modifica la estructura interna del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Su objetivo es reorganizar las unidades administrativas encargadas de gestionar las políticas de memoria democrática para que puedan funcionar con mayor eficacia.

¿A quién afecta? Afecta a la organización interna del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y en particular a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. De forma indirecta, afecta a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, a sus familias y a las asociaciones que trabajan con ellas, ya que son quienes se relacionan con los órganos que se reorganizan. El decreto señala expresamente que no modifica derechos ni deberes de la ciudadanía en general.

¿Qué cambia o establece? La principal novedad es que la antigua Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática se divide en dos direcciones generales separadas: una de Atención a las Víctimas y otra de Promoción de la Memoria Democrática. Además, se crea una nueva División de Exhumaciones. El decreto justifica este desdoblamiento por el aumento de trabajo derivado de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 —incluyendo actuaciones como la resignificación del Valle de Cuelgamuros— y por la insuficiencia de medios existentes hasta ahora. También se traslada a una subdirección distinta la función de coordinar los procedimientos para determinar las sedes físicas de instituciones, que hasta ahora correspondía a otra subdirección dentro de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

¿Qué es? Es un Real Decreto-ley aprobado el 28 de noviembre de 2024 que adopta medidas urgentes y complementarias dentro del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento aprobado por el Gobierno tras la catástrofe provocada por la DANA de finales de octubre de 2024. Esa DANA acumuló más de 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, desbordó ríos y barrancos, destruyó infraestructuras, viviendas y negocios, y causó 230 fallecidos y 4 desaparecidos, con especial incidencia en la provincia de Valencia.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos, trabajadores, hogares, pequeñas y medianas empresas, autónomos y corporaciones locales de los municipios damnificados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, principalmente en la Comunitat Valenciana, aunque también en municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía.

¿Qué cambia o establece? Este decreto-ley amplía y profundiza las medidas ya aprobadas mediante los Reales Decretos-ley 6/2024 y 7/2024 —que movilizaron más de 14.300 millones de euros en total— y se centra especialmente en la segunda fase del Plan: la reconstrucción de las zonas afectadas. Se suma a instrumentos ya en marcha, como el Comisionado especial para la reconstrucción, creado para coordinar y simplificar los procedimientos entre administraciones, y refuerza la respuesta del Estado frente a los daños materiales, sociales, laborales y económicos derivados de la catástrofe.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 28 de noviembre de 2024 mediante el cual el Estado concede directamente una subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia. Esta ayuda tiene carácter excepcional y se otorga sin convocatoria pública, al amparo de la Ley General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público, económico y social.

¿A quién afecta? Afecta directamente al Consorcio de Transportes de Bizkaia, que es el organismo beneficiario de la subvención. De forma indirecta, beneficia a los ciudadanos del territorio de Bizkaia que utilizan el transporte público colectivo urbano e interurbano gestionado por ese Consorcio, ya que la ayuda sostiene los descuentos del 50 % aplicados sobre abonos y títulos multiviaje desde el 20 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2024.

¿Qué cambia o establece? La norma regula la concesión de una subvención estatal cuya cuantía máxima cubre el coste equivalente a un descuento del 30 % en los títulos de transporte de competencia del Consorcio. Se justifica porque el Consorcio de Transportes de Bizkaia aplicó esos descuentos durante 2024 sin haber podido acceder a las ayudas similares previstas en el Real Decreto-ley 8/2023, a diferencia del resto de entidades locales que sí se beneficiaron de ellas. Como condición para recibir la subvención, las administraciones del territorio donde opera el Consorcio deben contar con planes de movilidad sostenible.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 28 de noviembre de 2024 que regula la entrega directa de subvenciones públicas a ciertos ayuntamientos, diputaciones y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar trabajos de búsqueda, localización, exhumación e identificación de los restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las entidades locales (municipios y provincias) que vayan a realizar estas actuaciones, y a la FEMP como entidad coordinadora. De forma indirecta, beneficia a los familiares de las víctimas desaparecidas, que llevan décadas sin poder recuperar ni dar sepultura digna a sus seres queridos. También concierne al Estado, que asume la responsabilidad de impulsar y cofinanciar estos trabajos dado que muchos ayuntamientos no tienen capacidad económica suficiente para hacerlos por su cuenta.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Estado concederá estas ayudas de forma directa, sin concurso competitivo, porque no existen otras entidades de naturaleza similar que puedan asumir estas tareas. El objetivo es realizar el mayor número posible de intervenciones en el mayor número de localidades, para localizar restos en fosas comunes, exhumarlos, identificarlos mediante pruebas de ADN y entregarlos a sus familias. La norma subraya la urgencia de actuar cuanto antes, dado que los familiares directos de las víctimas —necesarios para las pruebas genéticas— están desapareciendo con el paso del tiempo.

¿Qué es? El Real Decreto 1180/2024, aprobado el 28 de noviembre de 2024, regula la concesión directa de una subvención del Estado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para cubrir sus gastos de funcionamiento. Es decir, establece las reglas bajo las cuales el Gobierno puede entregar dinero público a esta organización sin necesidad de convocar un concurso abierto, como se haría habitualmente con otras ayudas.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la FEMP, que es la asociación que agrupa y representa a más del 95% de los ayuntamientos, diputaciones y otros gobiernos locales de España. Indirectamente, afecta a todos esos municipios y entidades locales que la FEMP representa, así como al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que es el organismo que gestiona y canaliza esta subvención.

¿Qué cambia o establece? La norma autoriza que el Estado entregue esta subvención de forma directa y singular a la FEMP, sin concurrencia competitiva, justificándolo en el interés público y en el papel único e irremplazable que dicha federación tiene como representante institucional de la administración local. La ayuda se canalizará a través de un convenio entre la Secretaría de Estado de Política Territorial y la FEMP, y deberá destinarse a financiar los gastos ordinarios de funcionamiento de la organización, permitiéndole colaborar en el desarrollo de políticas europeas y nacionales que afectan a los municipios, así como realizar estudios y actividades de interés general en el ámbito local.

¿Qué es? Es una ley aprobada por el Parlamento de Cantabria el 8 de noviembre de 2024 que deroga —es decir, elimina y deja sin efecto— la Ley de Cantabria 8/2021, de 17 de noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Su único propósito es anular por completo esa norma anterior.

¿A quién afecta? Afecta a todos los ciudadanos de Cantabria y a las instituciones de la Comunidad Autónoma que estaban obligadas a aplicar la ley derogada. En particular, afecta a las víctimas de la violencia política de la II República, la Guerra Civil y la Dictadura reconocidas en aquella norma, así como a los órganos y comisiones que dicha ley había creado o previsto crear.

¿Qué cambia o establece? Al derogar la ley de 2021, desaparecen todos los mecanismos que esta establecía: la Comisión de la Verdad (después llamada Comisión de la Memoria), que elaboraba un relato histórico oficial con capacidad sancionadora; la obligación de que las instituciones consignasen cada año partidas presupuestarias para proyectos de memoria; y la nueva asignatura escolar sobre estos contenidos. El preámbulo justifica la derogación argumentando que la ley anterior se aprobó sin consenso político, trataba de forma desigual a las víctimas según el bando que las reprimió —dejando fuera, por ejemplo, a los fallecidos en el asalto al buque-prisión Alfonso Pérez en 1936— y restringía libertades como la de investigación histórica. La nueva ley no establece ningún marco alternativo de memoria histórica; únicamente suprime el anterior.

¿Qué es? Es una corrección oficial de errores del Real Decreto 336/2018, que en su día creó la medalla de campaña para reconocer la participación de militares en operaciones y misiones en el exterior. Esta corrección se limita a sustituir el anexo original del decreto por una versión corregida.

¿A quién afecta? Afecta al personal militar que participa o ha participado en operaciones militares y campañas en el exterior, y que puede ser destinatario de esta condecoración. También afecta a quienes gestionan o tramitan la concesión de esta medalla dentro de las Fuerzas Armadas.

¿Qué cambia o establece? Se reemplaza el anexo que contenía errores por uno nuevo y corregido. El nuevo anexo recoge el diseño gráfico de la condecoración, los rectángulos de operación y los pasadores de la medalla, así como la paleta de colores oficial en código Pantone para normalizar los esmaltes: plata, azur (Pantone 300 CV), gules (Pantone Red 032 CV), oro y sinople (verde fuerte). No se modifica ninguna norma de fondo sobre los criterios de concesión de la medalla.

¿Qué es? Es un acuerdo internacional (firmado en Madrid el 12 de noviembre de 2024) que permite ampliar de 10 a 15 años el intervalo entre las inspecciones periódicas obligatorias de un tipo concreto de botellas de gas licuado de petróleo (GLP), siempre que la autoridad competente de cada país lo autorice.

¿A quién afecta? Afecta a empresas y personas que fabrican, distribuyen, recargan o utilizan botellas de acero soldadas recargables de GLP fabricadas según la norma europea EN 14140 entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, y que operan en los países firmantes del acuerdo ADR, incluida España.

¿Qué cambia o establece? Establece una excepción temporal a la regla general de inspección: las botellas del tipo y periodo de fabricación indicados pueden pasar la revisión periódica cada 15 años en lugar del plazo habitual. Esta excepción es válida hasta el 1 de enero de 2027. Si algún país firmante abandona el acuerdo antes de esa fecha, el resto de países firmantes podrán seguir aplicándolo hasta esa misma fecha límite.

¿Qué es? Es el protocolo mediante el cual Ecuador se incorpora formalmente al Acuerdo Comercial que la Unión Europea y sus Estados Miembros tenían firmado desde 2012 con Colombia y Perú. El protocolo fue firmado en Bruselas el 11 de noviembre de 2016 y formaliza la adhesión de Ecuador como nueva parte contratante de ese acuerdo.

¿A quién afecta? Afecta a Ecuador, a la Unión Europea y a todos sus Estados Miembros, así como a Colombia y Perú, que ya eran partes del acuerdo original. En la práctica, concierne a empresas, exportadores, importadores y ciudadanos de estos países que realicen intercambios comerciales de mercancías o servicios entre Ecuador y la Unión Europea.

¿Qué cambia o establece? Ecuador pasa a ser parte plena del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, con los mismos derechos y obligaciones que Colombia y Perú. Para hacerlo efectivo, el protocolo introduce los cambios técnicos necesarios en el texto del acuerdo original: añade a Ecuador en los artículos y títulos correspondientes, incorpora sus cronogramas de eliminación de aranceles para el comercio de mercancías en ambas direcciones, adapta las normas de origen, las medidas de salvaguardia agrícola, las normas sanitarias y fitosanitarias, y las condiciones para el comercio de servicios y el establecimiento de empresas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 19 de noviembre de 2024 que desarrolla en España medidas de emergencia autorizadas por la Unión Europea para el sector del vino. Su objetivo es dar respuesta a dos problemas concretos: los daños causados por el mal tiempo en la primavera de 2024 y la crisis de ventas que atraviesa el mercado vitivinícola europeo.

¿A quién afecta? Afecta a los viticultores y productores de vino que en 2024 tenían una autorización oficial para plantar nuevas vides y no pudieron utilizarla, ya sea porque las condiciones meteorológicas extremas (sequía intensa o lluvias excesivas) se lo impidieron, ya sea porque producen en regiones donde hay un exceso de vino en el mercado y necesitan tiempo para decidir qué y cuánto plantar.

¿Qué cambia o establece? La norma prorroga la validez de las autorizaciones de plantación de viñedo que vencían en 2024 para que sus titulares no las pierdan ni sean sancionados por no haberlas ejecutado. Para quienes no pudieron plantar por el mal tiempo, la prórroga es de un año. Para quienes están en regiones con perturbaciones de mercado, la prórroga es de tres años. Son las comunidades autónomas las que deben determinar qué regiones de su territorio quedan incluidas en cada supuesto.

¿Qué es? El Real Decreto 1160/2024, de 19 de noviembre de 2024, crea el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA, la borrasca que afectó a diversas zonas de España entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, causando víctimas, inundaciones, carreteras cortadas y puentes destruidos. Se trata de un órgano temporal de la Administración General del Estado, con rango de Subsecretaría, que depende del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

¿A quién afecta? Este decreto es una norma de organización interna de la Administración y no impone obligaciones ni cargas directas a los ciudadanos. Afecta principalmente a los ministerios, organismos públicos, delegaciones del Gobierno y administraciones autonómicas y locales de los territorios incluidos en el ámbito territorial definido por el Real Decreto-ley 6/2024, que son las zonas declaradas afectadas por la DANA. Indirectamente, beneficia a los ciudadanos y municipios damnificados, cuya recuperación es el objetivo de las medidas que este órgano debe impulsar y coordinar.

¿Qué cambia o establece? Se crea un cargo específico —el Comisionado— encargado de impulsar, coordinar y hacer seguimiento de todas las medidas que el Estado adopte para la reconstrucción de las zonas afectadas. Sus funciones incluyen analizar el estado de ejecución de las ayudas, proponer nuevas medidas para agilizar trámites, informar periódicamente al Gobierno, recabar información de cualquier organismo público y coordinar la actuación del Estado con las administraciones autonómicas y locales. Además, el Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción frente a la DANA deberá ajustar su actividad a las decisiones que establezca el Comisionado.

¿Qué es? Es una corrección oficial de errores del Real Decreto-ley 6/2024, aprobado el 5 de noviembre de 2024 para responder a los daños causados por la DANA que afectó a varios municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. No introduce medidas nuevas, sino que rectifica fallos tipográficos y errores de fecha que aparecieron en el texto publicado en el BOE.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas y entidades que sean beneficiarias de las medidas de ayuda y protección recogidas en el Real Decreto-ley 6/2024: ciudadanos, trabajadores, empresas y administraciones de los municipios damnificados por la DANA. En particular, quienes dependan de artículos relacionados con ayudas económicas, contratos o prestaciones cuya fecha de inicio estaba fijada incorrectamente.

¿Qué cambia o establece? Se corrigen varios errores concretos: se eliminan dos párrafos de la exposición de motivos, se suprime una palabra redundante en el artículo 1, se corrige un error gramatical en el artículo 8 («cuya» por «cuyo»), y se rectifica la fecha de referencia en varios artículos (8, 24, 25, 46 y 47), sustituyendo el «29 de octubre de 2024» por el correcto «28 de octubre de 2024». Este último cambio es relevante porque adelanta en un día la fecha desde la que se computan derechos y efectos de las ayudas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 19 de noviembre de 2024 que autoriza al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a conceder subvenciones de forma directa —es decir, sin convocatoria pública ni concurso— a determinadas entidades del Tercer Sector de Acción Social y otros organismos. Esta modalidad excepcional está prevista en la Ley General de Subvenciones cuando existen razones de interés público, social, económico o humanitario que justifican no abrir un proceso de concurrencia competitiva.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal que colaboran habitualmente con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales en la atención a colectivos vulnerables: personas con discapacidad, personas dependientes, familias en riesgo de exclusión social y otros grupos en situación de vulnerabilidad. De forma indirecta, también afecta a los ciudadanos y ciudadanas que reciben los servicios y apoyos que prestan estas entidades.

¿Qué cambia o establece? El decreto establece la concesión directa de estas subvenciones amparándose en tres razones principales: la especial sensibilidad de las materias que gestiona el Ministerio (bienestar social, discapacidad, dependencia y protección animal); el mandato constitucional reforzado tras la reforma del artículo 49 de la Constitución en febrero de 2024, que obliga a garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad; y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2024, que habría sido el cauce ordinario para canalizar estos fondos. Sin este real decreto, las entidades beneficiarias habrían quedado sin financiación, con el consecuente perjuicio para los colectivos que atienden.

¿Qué es? El Real Decreto 1154/2024, de 19 de noviembre, regula dos documentos de viaje de emergencia: el pasaporte provisional y el salvoconducto. El pasaporte provisional es una modalidad simplificada del pasaporte ordinario que puede emitirse de forma inmediata en embajadas y consulados españoles en el extranjero. El salvoconducto es un documento de viaje para quienes, sin documentación, necesitan desplazarse urgentemente. Esta norma deroga y sustituye al anterior Real Decreto 116/2013 que regulaba estos mismos documentos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero y necesitan documentación de viaje de forma urgente, por ejemplo cuando no pueden acudir personalmente a un consulado por motivos de enfermedad, discapacidad, lejanía o riesgo. También afecta a ciudadanos de otros países de la Unión Europea y a personas extranjeras que, en ciertos supuestos previstos por la ley, necesiten un documento para desplazarse a España, así como a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas encargadas de expedir estos documentos.

¿Qué cambia o establece? La norma incorpora al ordenamiento español dos directivas europeas (Directiva UE 2019/997 y Directiva Delegada UE 2024/1986) que crean un nuevo formato común de documento provisional de viaje de la UE con mayores medidas de seguridad contra falsificaciones. Este nuevo formato pasa a ser el modelo ordinario de salvoconducto para españoles, ciudadanos de la UE y sus familiares. Además, se actualiza el diseño del pasaporte provisional añadiendo la mención a la «Unión Europea» en su cubierta y primera página. Los Estados miembros debían transponer estas directivas antes del 9 de diciembre de 2024, con aplicación efectiva desde el 9 de diciembre de 2025.

¿Qué es? Es un Acuerdo Comercial firmado el 26 de junio de 2012 en Bruselas entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Colombia y Perú, por otro. Su propósito es crear una zona de libre comercio entre estas partes, eliminando barreras al intercambio de bienes, servicios e inversiones, y estableciendo reglas claras y compartidas para sus relaciones económicas.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos, empresas e instituciones de los países firmantes: los 27 Estados Miembros de la Unión Europea (en el momento de la firma), Colombia y Perú. En particular, tiene impacto sobre quienes exportan o importan productos, ofrecen servicios en estos mercados, realizan inversiones o participan en contratación pública entre estos territorios.

¿Qué cambia o establece? El Acuerdo establece la liberalización progresiva del comercio de mercancías y servicios, mejora las condiciones para la inversión, abre los mercados de contratación pública y refuerza la protección de la propiedad intelectual. Además, fija como principios esenciales el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, el desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva, y el desarrollo sostenible. Crea también un mecanismo de solución de controversias para resolver disputas entre las partes de forma ágil y previsible.

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¿Qué es? Es una orden ministerial que hace pública la decisión del Consejo de Seguridad Nacional, adoptada el 15 de octubre de 2024, de crear el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. Este Comité pasa a formar parte del Sistema de Seguridad Nacional como órgano de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional, bajo la dirección del Presidente del Gobierno.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las Administraciones Públicas y organismos con competencias en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave, que deberán coordinarse a través de este nuevo Comité. De forma indirecta, afecta al conjunto de la ciudadanía, ya que el crimen organizado y la delincuencia grave están reconocidos en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 como amenazas para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

¿Qué cambia o establece? Se crea un nuevo órgano colegiado cuyas funciones son: proponer al Consejo de Seguridad Nacional directrices sobre planificación y coordinación en esta materia; verificar el cumplimiento de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave y liderar su revisión; apoyar la toma de decisiones mediante análisis e iniciativas tanto nacionales como internacionales; y reforzar la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas implicadas. El Comité se rige por la Ley de Seguridad Nacional y por sus propias normas internas de funcionamiento.