El Horno

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 18 de diciembre de 2024, de la Presidencia del Instituto Nacional ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 18 de diciembre de 2024 define el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, con efectos a partir del 1 de enero de 2025.

2. CONTEXTO La Ley 12/2023 establece medidas de contención de precios en arrendamientos urbanos, modificando la Ley 29/1994. En concreto, se añade una disposición adicional undécima que obliga al Instituto Nacional de Estadística a definir un índice de referencia para evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento. Este índice debe servir como límite de referencia para el artículo 18 de la Ley 29/1994, que regula la actualización anual de la renta.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución define el índice de referencia que se utilizará para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda. Este índice se calcula como el mínimo valor entre tres tasas de variación anual: la del Índice de Precios de Consumo (IPC), la del Índice de Precios de Consumo subyacente (IPCS) y la tasa de variación anual media ajustada (TVAMAmt), definida en el anexo. La fórmula de la TVAMAmt se establece como: TVAMAmt = min ( β + α × (TVIPCmt − β), β + α × (TVIPCSmt − β)) donde:

Este índice se publicará mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística, expresado con dos decimales, utilizando los últimos datos mensuales disponibles. El objetivo es evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento, según lo establecido en la disposición final primera de la Ley 12/2023.

El artículo 18 de la Ley 29/1994 establece que el incremento anual de la renta no podrá exceder de la variación porcentual del IPC a la fecha de la actualización, tomando como mes de referencia el último índice publicado. La Resolución complementa esta norma al introducir un índice de referencia que actuará como límite de referencia para el cálculo del incremento.

La Resolución establece que el índice de referencia se publicará mensualmente, y entrará en vigor el 1 de enero de 2025. La Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, junto con la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, han propuesto los valores de los parámetros α y β, que se consideran relevantes para el cálculo del índice de referencia.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución define el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Este índice se calcula como el mínimo valor entre tres tasas de variación anual, incluyendo un parámetro β que refleja el objetivo de inflación a medio plazo del Banco Central Europeo. El objetivo es evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Definición del índice de referencia: Se establece como herramienta para limitar los incrementos de la renta de los contratos de arrendamiento. ⚠️ Parámetros clave: α = 0,5 y β = 2, que reflejan el contexto económico y el objetivo de inflación a medio plazo. 📋 Publicación mensual: El índice se publicará mensualmente con dos decimales. ℹ️ Efectos desde 2025: La resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

6. FICHA

Palabras clave: arrendamiento, índice de precios de consumo, actualización de renta, regulación de precios, vivienda, Instituto Nacional de Estadística, Ley 12/2023, Ley 29/1994.

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 3 de diciembre de 2024 mediante el cual el Gobierno español concede directamente una subvención a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Esta subvención está destinada a cubrir los gastos de funcionamiento y actividad ordinaria de la fundación, en el marco de sus fines fundacionales y en relación con el contexto de reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Fundación Real Instituto Elcano, una fundación privada sin ánimo de lucro constituida en 2001, cuyo Patronato incluye representantes de varios ministerios del Gobierno español. También concierne al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que es el organismo concedente de la subvención y que forma parte de la Comisión Ejecutiva de la fundación.

¿Qué cambia o establece? Establece la concesión directa —es decir, sin concurrencia competitiva— de una subvención pública para financiar las actividades del Real Instituto Elcano durante 2024. Estas actividades incluyen investigación y análisis sobre gobernanza europea y global, seguridad económica, relaciones con América Latina, la ampliación de la UE, la transición energética y el papel internacional de España, entre otros ejes temáticos. La norma justifica la concesión directa por la naturaleza singular de la fundación y su larga relación de cooperación con la Administración General del Estado.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que establece el valor de la "renta de referencia" para el año 2025, fijándola en 34.624,51 euros. Esta cifra se actualiza periódicamente siguiendo la normativa de la Unión Europea y los datos de salarios del Instituto Nacional de Estadística.

¿A quién afecta? Afecta a las personas relacionadas con explotaciones agrarias, ya que la renta de referencia es un indicador económico utilizado en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias para determinar condiciones y requisitos en el sector agrícola.

¿Qué cambia o establece? Fija en 34.624,51 euros la renta de referencia aplicable durante todo el año 2025, con efectos desde el 1 de enero de 2025. No introduce nuevas reglas, sino que actualiza este valor de referencia económica conforme al procedimiento previsto en la ley.

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¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 17 de diciembre de 2024 que autoriza al Estado a conceder subvenciones de forma directa —es decir, sin concurso público— a cinco organizaciones concretas, para financiar actividades de cooperación internacional al desarrollo sostenible. Esta modalidad excepcional está permitida por la Ley General de Subvenciones cuando existen razones de interés público suficientemente justificadas.

¿A quién afecta? Afecta directamente a cinco entidades que reciben estas subvenciones como socios estratégicos de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS) y el Real Instituto Elcano, entre otros. Indirectamente, afecta a los miles de ayuntamientos, diputaciones y entidades locales que participan en programas de cooperación descentralizada coordinados por estas organizaciones.

¿Qué cambia o establece? Establece el marco legal que permite entregar estas subvenciones sin convocatoria abierta, justificando que cada entidad beneficiaria es la única de su tipo o cumple un papel que ninguna otra organización puede sustituir. Entre los fines financiados se encuentran: recopilar datos de ayuda oficial al desarrollo de los municipios españoles para informar a organismos internacionales como la OCDE, apoyar la red de fondos de solidaridad municipales, y reforzar la presencia e influencia de España en debates internacionales sobre desarrollo sostenible.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 17 de diciembre de 2024 que modifica la norma que regula cómo se organizan y funcionan las Delegaciones de Defensa, que son las oficinas del Ministerio de Defensa presentes en el territorio español. La modificación se hace necesaria para adaptar esa organización a los cambios introducidos por una norma anterior de 2024 que reestructuró el propio Ministerio de Defensa.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al personal militar que trabaja en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, en especial a quienes ocupan o pueden aspirar a ocupar los puestos de gestor de área. También afecta al personal militar en situación de reserva sin destino y al personal militar retirado y a las personas viudas de militares que reciben apoyo social a través de estas oficinas.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce varios ajustes concretos: traslada la dirección y coordinación de las Delegaciones de Defensa a la Subdirección General de Administración Periférica; fija en tres años —prorrogables por otros tres— el nombramiento de delegados, subdelegados y gestores de área; y amplía el perfil de candidatos que pueden ser nombrados gestores de área, permitiendo que no solo los oficiales en servicio activo, sino también los que se encuentran en situación de reserva, puedan acceder a esos puestos, con el fin de facilitar la cobertura de unas plazas que en los últimos años han resultado difíciles de cubrir.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 17 de diciembre de 2024 que autoriza la entrega directa de una subvención de 70.000 euros al Obispado de Plasencia. El dinero proviene del Patrimonio Nacional y tiene como destino el sostenimiento de la comunidad de monjes Paulinos que reside en el monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cuacos de Yuste (Cáceres). Se concede de forma excepcional, sin convocatoria pública, por razones de interés público y social.

¿A quién afecta? Afecta directamente al Obispado de Plasencia, que es el receptor formal de la subvención, y a la comunidad de monjes de la Orden de San Pablo Primer Eremita (Monjes Paulinos) que vive en el monasterio. Indirectamente, afecta al conjunto de ciudadanos en tanto que se destinan fondos públicos del Estado a la conservación de un bien declarado monumento histórico-artístico en 1931 y vinculado al uso y servicio de la Corona.

¿Qué cambia o establece? La norma mantiene una subvención anual que el Patrimonio Nacional viene concediendo al Obispado de Plasencia desde 2011, en virtud de un convenio por el que los monjes ocupan parte del monasterio y atienden los servicios de culto en su iglesia. Dado que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 están prorrogados para 2024 y esa prórroga hace que la subvención pierda su carácter nominativo, el Gobierno recurre al mecanismo excepcional de concesión directa para garantizar que el pago de 70.000 euros se realice igualmente en 2024, sin interrumpir el mantenimiento de la comunidad religiosa y la preservación del patrimonio histórico del monasterio.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 17 de diciembre de 2024 por el Gobierno de España que regula la entrega directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta subvención se concede sin convocatoria pública, de forma excepcional, porque existen razones de interés público, social y económico que lo justifican.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Comunidad Autónoma de Aragón como beneficiaria de los fondos, y de forma indirecta a los habitantes y al tejido económico de la provincia de Teruel. El Estado reconoce que Teruel tiene desigualdades estructurales internas —demográficas y económicas— que no pueden corregirse con los mecanismos generales de compensación territorial, ya que Aragón no recibe el Fondo de Compensación Interterritorial por su nivel de renta.

¿Qué cambia o establece? Autoriza la concesión directa de una subvención con cargo al presupuesto de 2024 del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, destinada a financiar proyectos de inversión que promuevan la actividad económica en la provincia de Teruel, en el marco del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que existe desde 1992. La subvención se formalizará mediante un convenio entre dicho Ministerio y el Gobierno de Aragón, que incluirá las obligaciones de la comunidad autónoma en relación con ese Fondo.

¿Qué es? Es una corrección de errores oficiales detectados en el Real Decreto-ley 8/2024, aprobado el 28 de noviembre de 2024 para hacer frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. No introduce medidas nuevas, sino que suprime tres párrafos de la parte explicativa de aquella norma que se publicaron por error.

¿A quién afecta? Afecta a todas las personas y entidades que consulten o apliquen el Real Decreto-ley 8/2024, en particular a quienes se vieron afectados por la DANA y a los operadores jurídicos (jueces, abogados, procuradores) que trabajen con esa norma, ya que elimina referencias a medidas judiciales y procesales que no debían figurar en el texto publicado.

¿Qué cambia o establece? Se eliminan tres párrafos de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 8/2024. El primero hacía referencia al carácter inembargable de las ayudas públicas por la DANA en el ámbito de los procesos judiciales. El segundo y el tercero explicaban la declaración de tramitación preferente de ciertos procedimientos judiciales relacionados con los daños de la DANA y las reglas sobre el reinicio y ampliación de plazos procesales suspendidos. Al suprimirse, esos contenidos quedan fuera del texto oficial de la norma.

¿Qué es? Es la actualización anual de la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos que forma parte del Programa Mundial Antidopaje, aprobada bajo los auspicios de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Esta versión fue aprobada en París el 15 de noviembre de 2024 y entró en vigor el 1 de enero de 2025. Se trata de un estándar internacional obligatorio que se deriva de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de 2005.

¿A quién afecta? Afecta a los deportistas sujetos al Código Mundial Antidopaje, es decir, a quienes participan en competiciones deportivas reguladas por organismos adheridos a dicho Código. También incumbe a federaciones, organizaciones deportivas y autoridades antidopaje que deben aplicar estas prohibiciones tanto dentro como fuera de competición.

¿Qué cambia o establece? La norma fija qué sustancias y métodos están prohibidos, distinguiendo entre los vetados solo en competición y los prohibidos en todo momento. Establece categorías como agentes anabolizantes (esteroides androgénicos, clembuterol, SARMs, entre otros), hormonas peptídicas y factores de crecimiento (EPO, agentes activadores del HIF, etc.), y sustancias sin aprobación terapéutica humana (como el BPC-157 o el DNP). También define conceptos clave como "sustancias específicas", "sustancias de abuso" (cocaína, heroína, MDMA y THC) y el período de competición, que en general comienza a las 23:59 h del día anterior a la prueba.

¿Qué es? Es la resolución mediante la cual el Congreso de los Diputados aprobó y validó el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre de 2024, una norma de urgencia aprobada previamente por el Gobierno. La Constitución exige que el Congreso refrende estos decretos-leyes en un plazo máximo de 30 días, y así lo hizo en su sesión del 12 de diciembre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos, familias, empresas y administraciones de los municipios que sufrieron daños a causa de la DANA ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, especialmente en las zonas más afectadas por las inundaciones y destrozos provocados por ese episodio meteorológico extremo.

¿Qué cambia o establece? El Congreso confirma y mantiene en vigor el Real Decreto-ley 7/2024, que contiene medidas urgentes para articular un Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento en los territorios damnificados por la DANA. Sin esta convalidación, el decreto-ley habría quedado sin efecto. El documento fue firmado por la Presidenta del Congreso, Francina Armengol Socias.

¿Qué es? Es una ley aprobada por el Parlamento de las Illes Balears, a iniciativa del Consell Insular d'Eivissa, que establece medidas excepcionales para controlar la entrada y circulación de vehículos en la isla de Eivissa. Su objetivo es frenar la congestión del territorio insular y garantizar la sostenibilidad medioambiental, económica, social y turística de la isla.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona que quiera llevar un vehículo a la isla de Eivissa, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística. La ley reconoce excepciones para garantizar las necesidades de los residentes, las personas que trabajan en la isla y quienes tienen vinculación con Formentera, dado que el puerto de Eivissa es también la principal vía de acceso y salida hacia esa isla.

¿Qué cambia o establece? Siguiendo el modelo de la Ley 7/2019 para Formentera, la norma habilita al Consell Insular d'Eivissa para imponer restricciones temporales a la entrada y circulación de determinados tipos de vehículos a motor, fijar un número máximo de vehículos de alquiler que pueden entrar en la isla y establecer qué porcentaje de esa flota debe ser eléctrico o no contaminante. También impulsa el transporte público, la movilidad sostenible y la progresiva sustitución por vehículos menos contaminantes. La medida responde a que la entrada anual de vehículos se cuadruplicó entre 2001 y 2022, y a que en julio y agosto de 2023 entraron un 47,5 % más de coches que en los mismos meses de 2019.

¿Qué es? El Código IP (Código Internacional de Seguridad para los Buques que Transportan Personal Industrial) es una norma internacional adoptada el 10 de noviembre de 2022 por la Organización Marítima Internacional. Establece requisitos obligatorios de seguridad para los buques que trasladan o alojan a trabajadores del sector industrial mar adentro, como los que operan en plataformas energéticas o instalaciones offshore. Entra en vigor el 1 de julio de 2024 como complemento del Convenio SOLAS (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar).

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 que realizan viajes internacionales transportando personal industrial, es decir, trabajadores embarcados con fines de actividades industriales mar adentro. También se anima a los Estados a aplicarlo a buques más pequeños (menos de 500 GT) y a los que operan solo en aguas nacionales o entre puertos y plataformas offshore, aunque en esos casos de forma voluntaria.

¿Qué cambia o establece? El Código crea por primera vez una norma internacional específica para el transporte y el transbordo de personal industrial, cubriendo aspectos como la estabilidad del buque, las instalaciones de máquinas y eléctricas, la seguridad contra incendios, los dispositivos de salvamento y el manejo de mercancías peligrosas. Introduce también un certificado oficial de seguridad que los buques deben obtener para acreditar su cumplimiento. Responde a una laguna existente en las normas de la OMI, que hasta ahora no abarcaban de forma suficiente los riesgos específicos de estas operaciones en el sector energético offshore.

¿Qué es? Es una resolución aprobada por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) el 10 de noviembre de 2022, que introduce enmiendas al Código ESP 2011. Este código regula cómo deben inspeccionarse los barcos graneleros (que transportan mercancías a granel como grano o mineral) y los petroleros durante sus reconocimientos periódicos obligatorios. Las enmiendas entraron en vigor el 1 de julio de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a los propietarios, operadores y compañías navieras de barcos graneleros y petroleros que naveguen bajo pabellón de los Estados que han suscrito el Convenio SOLAS, así como a las sociedades de clasificación e inspectores encargados de realizar los reconocimientos técnicos de estos buques. También obliga a los gobiernos firmantes del convenio a aplicar las nuevas exigencias en sus flotas.

¿Qué cambia o establece? Las enmiendas endurecen y precisan los requisitos de inspección de los tanques de lastre y los espacios estructurales de estos buques. En concreto: obligan a inspeccionar anualmente los tanques de lastre cuyo revestimiento anticorrosión esté en mal estado o no se haya aplicado desde la construcción; añaden la obligación de examinar los espacios vacíos del doble forro lateral en graneleros de más de 20 años y 150 metros de eslora; y actualizan los informes de evaluación del estado del casco para que reflejen expresamente estas inspecciones anuales por deterioro del revestimiento.

¿Qué es? Es una ley del Parlamento de las Illes Balears que modifica la Ley 9/2017, que regulaba las corridas de toros y la protección de los animales en esa comunidad autónoma. Su punto central es revisar una restricción concreta que esa ley anterior imponía sobre la asistencia a espectáculos taurinos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los menores de 18 años residentes o presentes en las Illes Balears, a quienes la ley anterior prohibía entrar en las plazas de toros cuando se celebraban corridas. También afecta a los organizadores de espectáculos taurinos y, en general, a cualquier ciudadano interesado en asistir a este tipo de festejos en el archipiélago.

¿Qué cambia o establece? La ley elimina o modifica la prohibición del artículo 12 de la Ley 9/2017 que impedía el acceso de menores de 18 años a las plazas de toros durante espectáculos taurinos. El texto justifica este cambio argumentando que dicha prohibición contradice el derecho constitucional de acceso a la cultura (artículo 44 CE), que la tauromaquia está reconocida como patrimonio cultural inmaterial por la ley estatal, y que restringir a un grupo de ciudadanos el acceso a un bien culturalmente protegido no es compatible con el marco competencial establecido entre el Estado y las comunidades autónomas.

¿Qué es? Es una resolución adoptada el 10 de noviembre de 2022 por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional que añade un nuevo Capítulo XV al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS, 1974). Ese capítulo, titulado "Medidas de seguridad para los buques que transportan personal industrial", fue aceptado el 1 de enero de 2024 y entró en vigor el 1 de julio de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a los buques de carga y a las naves de carga de gran velocidad con un arqueo bruto igual o superior a 500 que transporten más de 12 personas clasificadas como "personal industrial", es decir, personas embarcadas para realizar actividades mar adentro en otras instalaciones u otros buques, tales como construcción, mantenimiento, operación o reparación de plataformas de energía renovable, hidrocarburos, acuicultura o minería marina. También afecta a los Estados que son Gobiernos Contratantes del SOLAS, que son quienes deben hacer cumplir las nuevas reglas a los buques bajo su pabellón o autoridad.

¿Qué cambia o establece? El nuevo capítulo crea un marco de seguridad específico para estos buques, distinto al que se aplica a los buques de pasaje ordinarios: el personal industrial no se contará ni tratará como pasajeros. Se exige cumplir el Código IP (Código internacional de seguridad para buques que transportan personal industrial) como norma técnica de referencia. Para los buques construidos a partir del 1 de julio de 2024 la obligación es inmediata; los buques ya existentes que ya estuviesen autorizados a transportar más de 12 personas de este tipo disponen de plazos transitorios vinculados a sus próximas inspecciones periódicas; y los buques existentes que aún no tuviesen esa autorización deben cumplir el capítulo completo y obtener el certificado correspondiente antes de embarcar a más de 12 miembros del personal industrial.

¿Qué es? Es la comunicación oficial de que el Acuerdo entre España y Honduras sobre transporte aéreo, firmado en Tegucigalpa el 30 de octubre de 1992, ha entrado en vigor el 4 de diciembre de 2024, más de treinta años después de su firma.

¿A quién afecta? Afecta a las aerolíneas y operadores de transporte aéreo de España y Honduras, así como a cualquier persona o empresa con intereses en las rutas aéreas entre ambos países.

¿Qué cambia o establece? Confirma que ambos países cumplieron sus trámites legales internos y se notificaron mutuamente mediante canje de notas diplomáticas, lo que activó formalmente el acuerdo. A partir del 4 de diciembre de 2024, el tratado es jurídicamente vinculante para ambos Estados y regula las condiciones del transporte aéreo entre España y Honduras.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que fija las tarifas de referencia (llamadas "costes tipo") para el año 2023, usadas para calcular las ayudas públicas al transporte de mercancías agrarias entre las Islas Canarias y la península (ruta Canarias-Cádiz por mar y Canarias-Madrid por aire), así como entre las propias islas del archipiélago. Estas tarifas se publican cada año y sirven como techo máximo sobre el que se calcula la subvención que puede recibir cada transporte.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas y operadores que transportan por vía marítima o aérea mercancías agrarias (las recogidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la UE, como productos del campo, ganadería o pesca) con origen o destino en las Islas Canarias. También interesa a las administraciones que gestionan y conceden estas compensaciones, ya que los costes tipo determinan el importe máximo que el Estado puede subvencionar por cada envío.

¿Qué cambia o establece? La orden establece las cuantías concretas de los costes tipo aplicables a los transportes realizados durante 2023, desglosadas por tipo de trayecto (interinsular o Canarias-península), por modo de transporte (aéreo o marítimo) y por unidad de carga utilizada (kilogramos, metro lineal, contenedor de 20, 40 o 45 pies). Estas cifras no modifican el sistema de ayudas en sí, sino que actualizan los valores numéricos de referencia conforme a la información recabada de los operadores que operan en esas rutas, cumpliendo así con la obligación anual prevista en el Real Decreto 552/2020.

¿Qué es? Es un decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que modifica la ley que regula el cuerpo de policía autonómica Mossos d'Esquadra. Añade dos disposiciones —una adicional y una transitoria— a esa ley para crear un mecanismo nuevo de incorporación de agentes. Se aprobó el 29 de octubre de 2024 con carácter urgente.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que se hayan presentado a un proceso selectivo de acceso a la escala básica de Mossos d'Esquadra, hayan superado tanto la fase de oposición (exámenes) como el curso de formación en el Instituto de Seguridad Pública, pero que finalmente no hayan obtenido ninguna de las plazas convocadas porque había más aprobados que puestos disponibles.

¿Qué cambia o establece? Permite que las convocatorias de oposición de los Mossos d'Esquadra incluyan una norma por la que, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, esos aspirantes que lo aprobaron todo pero se quedaron sin plaza puedan incorporarse igualmente a la fase de prácticas —en la que ya actúan como agentes de la autoridad— sin tener que esperar a una nueva convocatoria. El objetivo es aumentar con rapidez el número de policías en activo para hacer frente al crecimiento de la delincuencia y de la población, y también aprovechar el dinero público ya invertido en su selección y formación.

¿Qué es? Esta orden ministerial fija los costes de referencia ("costes tipo") que el Estado utiliza para calcular cuánto puede compensar a los transportistas de mercancías entre las Islas Canarias y la península, o entre las propias islas, correspondientes al año 2023. Se trata de un paso administrativo obligatorio dentro del sistema de ayudas al transporte canario, que el Ministerio de Transportes debe realizar cada año según lo establecido en el Real Decreto 147/2019.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas y operadores que transportan mercancías —por vía marítima o aérea— entre las islas del archipiélago canario o entre Canarias y la península (rutas Canarias-Cádiz por mar y Canarias-Madrid por aire), siempre que esas mercancías no estén incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (es decir, no sean productos agrarios sujetos a la política agrícola común).

¿Qué cambia o establece? La orden establece las tarifas concretas en euros que sirven como límite máximo para calcular la compensación pública por cada unidad de transporte utilizada (kilos, metro lineal, contenedor T20, T40 o T45), diferenciando por ruta y por si el producto tiene la consideración de especial (PER) o de región ultraperiférica (RFE). Estas cifras quedan recogidas en un anexo y son las que la administración empleará para determinar el importe máximo subvencionable correspondiente a los transportes realizados durante el año 2023.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que modifica las condiciones de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) que rigen los vuelos entre las islas Baleares. Estas obligaciones son reglas que las aerolíneas deben cumplir para operar esas rutas, garantizando unas condiciones mínimas de servicio a los ciudadanos.

¿A quién afecta? Afecta a las aerolíneas que operan las rutas aéreas entre Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca, y a los pasajeros que las utilizan. De forma especial, afecta a los menores de entre 5 y 11 años que necesiten viajar solos en esas rutas, así como a sus familias, y en general a todos los viajeros respecto a la forma en que se calcula y presenta el precio del billete.

¿Qué cambia o establece? La orden introduce dos cambios concretos. Primero, amplía la definición de "tarifa aérea" para que incluya no solo el precio base, sino también cualquier cargo adicional por servicios necesarios para realizar el vuelo —como facturar una maleta si el pasajero lo solicita—, evitando así que esos costes queden ocultos fuera del precio anunciado. Segundo, obliga a las aerolíneas a ofrecer el servicio de acompañamiento de menores no acompañados (de 5 a 11 años) en esas rutas, y establece que el coste total de ese servicio no podrá superar el valor de la tarifa flexible, que a su vez no puede exceder en más de un 25 % la tarifa de referencia establecida.

¿Qué es? Es una ley de la Región de Murcia que modifica la normativa que regula la empresa pública Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM), concretamente la forma en que se elige su Consejo de Administración. La modificación amplía el número de miembros de ese órgano y recupera el criterio de proporcionalidad parlamentaria para su designación.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Asamblea Regional de Murcia y a los grupos parlamentarios que la componen, que son quienes eligen a los miembros del Consejo de Administración de RTRM. También afecta a los propios miembros de dicho Consejo y, de forma indirecta, a los ciudadanos de la Región de Murcia como destinatarios del servicio público de radiotelevisión regional.

¿Qué cambia o establece? La ley amplía de nueve a once el número de miembros del Consejo de Administración de RTRM y establece expresamente que su elección se hará en proporción a la representación parlamentaria de cada grupo, con el fin de que ningún grupo quede sin representación en el órgano. Los nueve miembros ya elegidos para la legislatura en curso continúan en sus cargos, y los dos nuevos puestos deben cubrirse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley, que es el mismo día de su publicación oficial.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 10 de diciembre de 2024 que crea el Comité Organizador de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, un evento internacional previsto para 2025 en Vitoria-Gasteiz. Este comité queda adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y se constituye como un órgano colegiado interministerial encargado de coordinar la organización del evento.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las administraciones públicas implicadas en la organización de la Cumbre: la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. También incorpora a representantes de la sociedad civil a través del Foro de Gobierno Abierto y del Foro Regular de Euskadi. La norma no impone obligaciones ni cargas a la ciudadanía en general.

¿Qué cambia o establece? Crea formalmente el Comité Organizador como órgano de coordinación entre todas las administraciones y actores involucrados en la Cumbre, cuya presidencia recae en la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El comité funcionará con los medios y recursos ya existentes en dicho ministerio, sin generar nuevos gastos ni cargas administrativas. Su objetivo es garantizar la correcta celebración de la Cumbre, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, representantes públicos y de la sociedad civil de todo el mundo para promover valores como la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

¿Qué es? Es una modificación del reglamento que regula las condiciones laborales de los investigadores predoctorales en formación (los doctorandos contratados mientras realizan su tesis). El Gobierno actualiza ese reglamento para adaptarlo a los cambios que introdujo la Ley de la Ciencia de 2022.

¿A quién afecta? Afecta al personal investigador predoctoral en formación, es decir, a las personas que tienen un contrato predoctoral para hacer el doctorado en universidades, organismos públicos de investigación y otras entidades públicas o privadas reconocidas por la Ley de la Ciencia. También afecta a las instituciones que los contratan.

¿Qué cambia o establece? Se reconocen varios derechos nuevos: al terminar el contrato, el investigador tiene derecho a una indemnización equivalente a la de cualquier contrato temporal (aplicable también a contratos que ya estaban en vigor en 2022); el contrato puede prorrogarse hasta doce meses tras obtener el doctorado para una etapa de orientación posdoctoral; los permisos por maternidad, paternidad, cuidado de familiares, baja por incapacidad o situaciones de violencia de género interrumpen o prorrogan el cómputo del contrato, sin penalizar al investigador; se eliminan trámites de autorización previa cuando el contrato se financia íntegramente con fondos externos o convocatorias públicas competitivas; y las administraciones deben aplicar mecanismos para eliminar sesgos de género en la selección. Además, las empresas que usen este tipo de contrato tienen derecho a bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 10 de diciembre de 2024 que establece un nuevo Estatuto para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), sustituyendo al que estaba vigente desde 2007. Su objetivo es adaptar el funcionamiento y la misión de esta agencia pública a los cambios que ha experimentado el mundo en las últimas dos décadas.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la AECID como institución y a quienes trabajan en ella. De forma más amplia, tiene consecuencias para los países socios con los que España colabora en materia de desarrollo, así como para organizaciones, empresas y entidades que participan o pueden participar en proyectos de cooperación internacional financiados o gestionados por España.

¿Qué cambia o establece? El nuevo Estatuto actualiza el marco de actuación de la AECID para dar respuesta a retos globales que no existían o eran menores en 2007: la crisis climática, el avance tecnológico, los flujos migratorios, las desigualdades crecientes y las tensiones geopolíticas. Se alinea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y amplía los instrumentos de cooperación más allá de la ayuda y la cooperación técnica tradicionales, incorporando la cooperación financiera y la colaboración con el sector privado. También apuesta por relaciones más horizontales con los países socios, basadas en el diálogo y objetivos compartidos, alejándose del modelo clásico donante-receptor.

¿Qué es? El Real Decreto 1138/2024, de 11 de noviembre, crea y regula el Foro Nacional de Empresas Emergentes, un órgano oficial del Estado en el que participan conjuntamente la Administración Pública, universidades, centros de investigación, asociaciones empresariales y las propias empresas emergentes. Su función es servir de espacio de diálogo y consulta para mejorar las políticas públicas de apoyo al emprendimiento innovador en España.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas emergentes (startups) y a los actores del ecosistema emprendedor español: asociaciones empresariales de ámbito estatal y autonómico, universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y profesionales intermediarios. También concierne a los ministerios implicados, especialmente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, del que depende el Foro.

¿Qué cambia o establece? La norma da forma legal al Foro previsto en la Ley de empresas emergentes de 2022, definiendo cómo se organiza y funciona. Se estructura en tres niveles: un Pleno de carácter institucional, una Comisión Permanente como órgano ejecutivo y grupos de trabajo para temas concretos. El Foro no supone gasto público adicional y tiene como misión analizar las políticas de apoyo al emprendimiento, detectar necesidades reales de las startups y hacer recomendaciones al Gobierno para que las medidas públicas sean más eficaces.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 10 de diciembre de 2024 por el que el Gobierno de España concede directamente una subvención económica a la Comunidad Autónoma de Canarias. Su finalidad es financiar la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos a las islas, sin padre, madre ni tutor.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los menores de edad migrantes no acompañados que llegan a Canarias —más de 5.200 estaban bajo tutela pública en noviembre de 2024—, y a la propia Comunidad Autónoma de Canarias, que es quien recibe y gestiona el dinero. Canarias concentra más del 50 % de todas las llegadas irregulares a España y ha visto cómo el número de estos menores se ha más que duplicado entre 2022 y 2023.

¿Qué cambia o establece? Establece que el Estado central asume parte de la responsabilidad económica de atender a estos menores, en lugar de dejar esa carga sola a la comunidad autónoma. La subvención se concede de forma directa —sin concurso ni convocatoria pública— por razones de urgencia, interés social y humanitario. Los fondos deben destinarse a garantizar a estos menores derechos básicos como alojamiento, acceso a recursos educativos e integración social, actuando siempre conforme al principio del interés superior del menor reconocido en los tratados internacionales y en la Constitución española.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 10 de diciembre de 2024 por el Gobierno de España que autoriza al Ministerio de Industria y Turismo a conceder subvenciones directamente —sin convocatoria pública abierta— a una serie de entidades del sector turístico durante el año presupuestario 2024. Esta forma de concesión directa está permitida por la Ley General de Subvenciones cuando existen razones de interés público, social o económico que la justifican.

¿A quién afecta? Afecta a once entidades sin ánimo de lucro o asociaciones con trayectoria acreditada en el sector turístico español, que recibirán estas ayudas: el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, la Asociación Saborea España, ACEVIN (ciudades vitivinícolas), la Asociación de Ecoturismo en España, Los Pueblos Más Bonitos de España, Spain Film Commission, la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), responsable del programa Banderas Azules.

¿Qué cambia o establece? El decreto formaliza y regula la entrega directa de subvenciones públicas a estas entidades para que puedan destinar más recursos a iniciativas que mejoren la sostenibilidad, la calidad, la innovación y la competitividad del turismo español. Entre los fines concretos que se impulsan figuran la desestacionalización turística, la promoción del turismo cultural, gastronómico, de naturaleza, cinematográfico y de golf, así como la mejora ambiental de playas y la difusión de sistemas de calidad en empresas del sector.

¿Qué es? Es un acuerdo administrativo firmado en Banjul el 29 de enero de 2024 entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (MAUC). Por medio de este acuerdo, la Delegación de la Unión Europea en Gambia cede a España el uso de una parte de sus instalaciones de oficina en ese país africano.

¿A quién afecta? Afecta directamente a ambas instituciones firmantes: al SEAE, como titular del espacio, y al MAUC de España, como usuario. En la práctica, concierne al personal diplomático y consular español que desarrollará su actividad en Gambia desde esas oficinas compartidas, sin impacto directo sobre los ciudadanos españoles en general.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo asigna a España una oficina de aproximadamente 181 m² (el 12,33 % del total arrendado por la Delegación de la UE) en el edificio situado en 74, Atlantic Road, Banjul. España pagará mensualmente 2.316 euros por ese espacio, que incluye alquiler, seguridad, limpieza, suministros, mantenimiento e internet, más una plaza de aparcamiento. España deberá aportar su propio equipamiento informático y contratar por su cuenta los servicios de telefonía y vehículos. Los pagos se realizarán semestralmente mediante notas de adeudo en un plazo de 30 días desde su recepción.

¿Qué es? Es una modificación (adenda) a un acuerdo administrativo firmado en 2021 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), por el que España utiliza parte de las instalaciones de la Delegación de la Unión Europea en Myanmar (Rangún) para alojar una oficina propia.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a las dos instituciones firmantes: el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y el Servicio Europeo de Acción Exterior. No genera obligaciones ni derechos directos para los ciudadanos.

¿Qué cambia o establece? La adenda actualiza varios aspectos del acuerdo original: amplía el espacio cedido a España a tres despachos y una sala de servidores en la planta 21 del edificio Kantharyar Centre (75,3 m² de uso exclusivo, equivalente al 7,59 % de la superficie total); fija el pago mensual en 7.347,87 euros, que incluye alquiler, seguridad, limpieza, suministros y una cuota de gestión de 127 euros; actualiza los datos bancarios para los pagos; sustituye la referencia a una normativa de seguridad del SEAE por su versión vigente de 2023; y establece que la adenda tiene efectos desde el 15 de julio de 2024, con una vigencia de cuatro años prorrogables salvo que alguna de las partes la cancele con noventa días de antelación.