El Horno

¿Qué es? El Real Decreto 1/2025, aprobado el 7 de enero de 2025, crea el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad. Se trata de un órgano temporal del Gobierno, con rango de Subsecretaría, cuya misión es impulsar y coordinar los actos conmemorativos del 20 de noviembre de 2025, fecha en que se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y del inicio del proceso de transición a la democracia.

¿A quién afecta? Esta norma es de carácter organizativo interno de la Administración General del Estado, por lo que no impone obligaciones ni altera derechos de los ciudadanos. Afecta principalmente a los distintos ministerios, organismos públicos y entidades dependientes del Gobierno, que deberán coordinarse con el Comisionado. También puede implicar colaboración con otras administraciones públicas —autonómicas y locales— en el desarrollo de los actos conmemorativos.

¿Qué cambia o establece? Se crea el Comisionado, con rango de Subsecretaría y dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, junto con una Oficina de apoyo técnico. Sus funciones incluyen elaborar el programa de actos conmemorativos, coordinar a los departamentos ministeriales, hacer seguimiento de las actividades y promover su difusión. Tanto el Comisionado como su Oficina son órganos de carácter estrictamente temporal: dejarán de existir una vez concluyan los actos vinculados al 20 de noviembre de 2025.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 27 de noviembre de 2024, de la Dirección General de la Guardia Civ ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 27 de noviembre de 2024 de la Dirección General de la Guardia Civil establece medidas de seguridad para el almacenamiento de armas de fuego durante el transporte, en cumplimiento del Reglamento de Armas.

2. CONTEXTO La norma se basa en el Real Decreto 137/1993, que regula el transporte y almacenamiento de armas. La presente resolución complementa y desarrolla las disposiciones del Reglamento de Armas, especialmente en lo referente a la seguridad durante el almacenamiento en tránsito. La Dirección General de la Guardia Civil se encarga de establecer estas medidas, con el objetivo de prevenir la pérdida, robo o sustracción de armas durante su transporte.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 27 de noviembre de 2024 de la Dirección General de la Guardia Civil establece medidas de seguridad para el almacenamiento de armas de fuego durante el transporte, en cumplimiento del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, que regula el transporte y almacenamiento de armas. Esta resolución se fundamenta en el artículo 84 del Reglamento de Armas, que otorga a la Dirección General de la Guardia Civil la facultad de establecer medidas de seguridad para evitar la pérdida, robo o sustracción de armas durante el almacenamiento en tránsito, que son distintas a las establecidas en el artículo 83, que prohíbe el almacenamiento fuera de los lugares autorizados.

La resolución establece que las empresas de transporte y seguridad privada que transporten armas de fuego, sus componentes esenciales y cartuchería, deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas. Para ello, se requiere la autorización de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, la cual se obtiene mediante la presentación de una solicitud acompañada de una memoria justificativa de las medidas de seguridad que se pretenden implementar o validar.

En cuanto al almacenamiento en tránsito, la empresa debe disponer de las condiciones necesarias para que la mercancía permanezca en esta situación el tiempo mínimo imprescindible, priorizando el despacho de las armas según el artículo 40.2 del Reglamento de Armas. Además, se deben adoptar las medidas de seguridad establecidas en el artículo 144.1.a) y d) del Reglamento de Armas.

Las empresas que dispongan de establecimientos o locales para transbordos o almacenamientos de armas de fuego, componentes esenciales y cartuchería, deben comunicar previamente estas actividades a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil correspondiente, indicando los datos de contacto de un representante de la empresa.

La resolución derogará todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta norma, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución establece medidas de seguridad para el transporte y almacenamiento en tránsito de armas de fuego, en cumplimiento del Reglamento de Armas. Las empresas deben cumplir con estas medidas y obtener la autorización correspondiente. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Medidas de seguridad durante el transporte y almacenamiento en tránsito ⚠️ Requisito de autorización de la Intervención Central de Armas y Explosivos 📋 Obligación de comunicación previa de actividades de almacenamiento o transbordo ℹ️ Derogación de disposiciones anteriores que contradigan esta norma

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Resolución de 4 de diciembre de 2024, de la Dirección General de la Guardia Civi ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE La Resolución de 4 de diciembre de 2024 establece las medidas de seguridad mínimas que deben cumplir las cajas fuertes o armeros para guardar armas de fuego en domicilios particulares, actualizando las normas vigentes tras la entrada en vigor de la Norma UNE EN 1143-1.

2. CONTEXTO Esta resolución se publica en el marco de la regulación de armas de fuego en España, basada en el Reglamento de armas aprobado por el Real Decreto 137/1993. La norma busca adaptar las exigencias de seguridad a las nuevas normativas internacionales, especialmente la Norma UNE EN 1143-1, que establece estándares técnicos para cajas fuertes y armeros. La Dirección General de la Guardia Civil actualiza las condiciones de seguridad para garantizar la protección de las armas y reducir riesgos.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución de 4 de diciembre de 2024, emitida por la Dirección General de la Guardia Civil, establece las medidas de seguridad mínimas que deben cumplir las cajas fuertes o armeros utilizados para guardar armas de fuego en domicilios particulares. Esta norma se fundamenta en el Reglamento de armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, que establece la obligación general de guardar las armas en lugares seguros, conforme al artículo 144.1.a).

Además, el artículo 100.5.a) y el 133.2.b) del mismo reglamento exigen que las armas de las categorías 2.ª2 y las amparadas con licencia de armas tipo F, que se guarden en domicilios de sus titulares, deben estar en cajas fuertes o armeros autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil. La licencia de armas tipo F, mencionada en el artículo 133, permite la posesión de armas consideradas de concurso, que incluyen armas de las categorías 1.ª, 2.ª2 y 3.ª, con distintas implicaciones en la seguridad ciudadana. Por ello, se establece una proporcionalidad entre el tipo de arma y el nivel de seguridad requerido para su custodia.

La norma se inspira en la Norma UNE EN 1143-1, que establece medidas de seguridad en cajas fuertes, puertas y cámaras acorazadas. Esta norma, publicada en 1998, fue actualizada por la Dirección General de la Guardia Civil, y con la entrada en vigor de nuevas versiones de la Norma UNE EN 1143-1, se ha procedido a su revisión. La Resolución de 2024 introduce nuevos requisitos técnicos, que incluyen la necesidad de que las cajas fuertes o armeros sean certificados por organismos habilitados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por organismos de los países miembros del Comité Europeo de Certificación (CEN).

La resolución establece que las cajas fuertes o armeros instalados en domicilios particulares para la custodia de armas de fuego serán válidos hasta el final de su vida útil, entendida como el cumplimiento de su finalidad. En caso de enajenación, el nuevo titular deberá cumplir con los requisitos establecidos en la resolución para acreditar la custodia de las armas, salvo lo dispuesto en la Disposición transitoria única.

Esta disposición transitoria permite un período de 30 meses desde la entrada en vigor de una nueva Norma UNE EN 1143-1 para la exigibilidad de la misma, durante el cual se podrán autorizar cajas fuertes o armeros amparados en la norma sustituida.

La Disposición derogatoria única establece que queda derogada la Resolución de 26 de noviembre de 1998, que establecía las medidas de seguridad mínimas para cajas fuertes y armeros, así como cuantas disposiciones se opongan o contradigan lo dispuesto en esta resolución.

Finalmente, la Disposición final única establece que la presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La resolución establece nuevas medidas de seguridad para cajas fuertes y armeros que guardan armas de fuego en domicilios particulares, actualizando las normas tras la entrada en vigor de la Norma UNE EN 1143-1. Se derogó la norma de 1998 y se estableció un periodo transitorio para adaptación. La norma busca garantizar la seguridad y la protección de las armas de fuego.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Nueva normativa de seguridad: Se establecen medidas de seguridad mínimas para cajas fuertes y armeros que guardan armas de fuego en domicilios particulares. ⚠️ Derogación de la norma anterior: La resolución de 1998 queda derogada, dando lugar a una nueva regulación. 📋 Certificación técnica: Las cajas fuertes deben ser certificadas por organismos habilitados por ENAC o CEN. ℹ️ Periodo transitorio: Se establece un plazo de 30 meses para adaptarse a la nueva norma UNE EN 1143-1.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? La Ley 2/2024, de 7 de noviembre, es una norma de la Comunidad Autónoma de Galicia que regula cómo deben gestionarse los recursos naturales de Galicia —energías renovables, minerales y otros— cuando son utilizados por proyectos empresariales. Su objetivo es garantizar que el aprovechamiento de esos recursos beneficie también al territorio y a la ciudadanía gallega, y no solo a quienes invierten en dichos proyectos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas o promotores que quieran desarrollar proyectos que usen recursos naturales de Galicia, especialmente en el ámbito de las energías renovables y la minería. También afecta a los municipios, entidades locales y habitantes del medio rural donde se instalen esos proyectos, ya que son quienes deben recibir parte de los beneficios que la ley pretende garantizar.

¿Qué cambia o establece? La ley crea un marco de obligaciones para que los promotores de proyectos identifiquen y asuman compromisos concretos sobre el impacto social y económico de su actividad en el entorno donde se instalan. Introduce además el concepto de "servicios ecosistémicos" —el valor económico que tiene el medio natural por los bienes que genera, como agua, biodiversidad o captura de CO₂— y establece que los proyectos deben tenerlos en cuenta, promoverlos y compensarlos. Con ello se busca que la riqueza generada revierta en el territorio, contribuya a frenar la despoblación rural y sea compatible con el desarrollo sostenible.

¿Qué es? Es una orden ministerial de diciembre de 2024 que modifica dos anexos técnicos del Real Decreto 502/2022, la norma que regula la pesca en los caladeros nacionales españoles. En concreto, actualiza las tablas que definen las zonas donde se puede pescar con arrastre en el Mediterráneo y las características de las redes de enmalle y enredo que se usan en el Golfo de Cádiz.

¿A quién afecta? Afecta a los pescadores profesionales que faenan en dos zonas: los barcos de arrastre de fondo que operan en el caladero del Mediterráneo, especialmente en el tramo de costa entre el cabo Tortosa y Almenara (zona próxima a las islas Columbretes); y las embarcaciones de pesca artesanal con artes menores —redes de enmalle y enredo— que trabajan en la parte oriental del Golfo de Cádiz, al este del Castillo de San Sebastián, en Cádiz.

¿Qué cambia o establece? Se aclara que la excepción que permitía al arrastre trabajar en fondos de menos de 50 metros en la zona E del Mediterráneo no se aplica al entorno de las islas Columbretes, donde sigue rigiendo la regla general de los 50 metros y la normativa de su reserva marina. Además, se fija que en la parte oriental del Golfo de Cádiz, entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero, las redes de enmalle y enredo deben tener una luz de malla mínima de 115 milímetros para proteger a los peces jóvenes, aunque se establece una excepción para la pesca dirigida específicamente a lenguado y choco o sepia, que podrá seguir usando sus artes habituales.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Decreto-ley 20/2024, de 30 de diciembre, del Consell, de medidas urbanísticas ur ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

1. QUÉ RESUELVE El Decreto-ley 20/2024 establece medidas urbanísticas urgentes para facilitar la reconstrucción tras los daños causados por la DANA.

2. CONTEXTO La DANA, un fenómeno climático extremo, causó graves daños en la Comunitat Valenciana. El Decreto-ley fue aprobado en diciembre de 2024 para acelerar la reconstrucción. Se busca facilitar la gestión urbanística en zonas afectadas.

3. CONTENIDO JURÍDICO El Decreto-ley 20/2024, de 30 de diciembre, del Consell, introduce medidas urbanísticas urgentes para apoyar la reconstrucción tras los daños causados por la DANA. El texto establece que se derogarán las normas que limiten la reconstrucción en áreas afectadas, en tanto no se apruebe una norma específica. En concreto, el artículo 1 establece que se derogarán las normas que limiten la reconstrucción, en tanto no se apruebe una norma específica, según el artículo 1.1. El artículo 2 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 3 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 4 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 5 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 6 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 7 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 8 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 9 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 10 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 11 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 12 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 13 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 14 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 15 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 16 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 17 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 18 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales. El artículo 19 establece que se permitirá la reconstrucción en zonas afectadas sin necesidad de cumplir con los requisitos de uso del suelo previstos en el PGOU, en tanto no se apruebe una norma específica. El artículo 20 establece que se facilitará la tramitación de los trámites urbanísticos necesarios para la reconstrucción, en especial los relacionados con la licencia de obras y la modificación de planes generales.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE El Decreto-ley 20/2024 facilita la reconstrucción tras los daños causados por la DANA mediante medidas urbanísticas urgentes. Estas medidas derogarán normas que limiten la reconstrucción y permitirán la tramitación acelerada de trámites urbanísticos. Su objetivo es garantizar una respuesta rápida y eficiente ante la situación de emergencia.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Derogación de normas limitantes: Se derogarán las normas que limiten la reconstrucción en zonas afectadas. ⚠️ Requisitos de uso del suelo: Se permite la reconstrucción sin cumplir con los requisitos de uso del suelo del PGOU, temporalmente. 📋 Trámites urbanísticos acelerados: Se facilita la tramitación de licencias y modificaciones de planes. ℹ️ Temporalidad: Las medidas son temporales hasta que se apruebe una norma específica.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es un decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears que modifica el reparto de una subvención estatal de 43 millones de euros destinada a financiar el transporte público terrestre completamente gratis (descuento del 100 %) en los abonos y títulos multiviaje durante el año 2023.

¿A quién afecta? Afecta a las administraciones y empresas que gestionan el transporte público colectivo por carretera y ferrocarril en las islas: la Empresa Municipal de Transportes de Palma, el Consorcio de Transportes de Mallorca, Servicios Ferroviarios de Mallorca, y los Consejos Insulares de Ibiza, Menorca y Formentera.

¿Qué cambia o establece? Actualiza las cantidades concretas que recibe cada operador de transporte, porque el reparto original no coincidió con el gasto real justificado: algunos operadores gastaron menos de lo previsto y otros más. Se redistribuyen 405.597,66 euros no justificados hacia quienes acreditaron un gasto mayor, quedando los nuevos importes fijados por ley. Además, se establece que si en el futuro algún operador vuelve a no justificar su asignación, el Consejo de Gobierno podrá redistribuir ese dinero mediante acuerdo.

¿Qué es? Es una orden ministerial española aprobada el 30 de diciembre de 2024 que actualiza la lista de excepciones a la prohibición de usar sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Concretamente, modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013 para incorporar al derecho español una directiva europea de 2024 que regula el uso del cadmio en un tipo específico de tecnología de iluminación y visualización.

¿A quién afecta? Afecta a los fabricantes y productores de aparatos eléctricos y electrónicos que utilizan en sus productos puntos cuánticos con cadmio integrados directamente en chips de LED, tecnología presente en ciertos tipos de pantallas, como pantallas de cristal líquido y micropantallas. No afecta al ciudadano de a pie de forma directa, sino a las empresas del sector electrónico que diseñan o fabrican este tipo de dispositivos en España o que los comercializan aquí.

¿Qué cambia o establece? La norma actualiza dos apartados del anexo de excepciones (los nuevos apartados 39.a y 39.b) relacionados con el uso de cadmio. Por un lado, renueva y precisa la exención que había caducado en octubre de 2019, limitándola únicamente a la configuración técnica denominada "en el chip", que usa menos cadmio y ofrece mayor eficiencia energética. Por otro lado, añade una nueva exención para tecnologías como las micropantallas, donde actualmente no existe una alternativa fiable sin cadmio. En ambos casos, se considera que los beneficios ambientales de permitir este uso concreto superan los posibles efectos negativos del cadmio sobre la salud y el medio ambiente.

¿Qué es? La Ley Foral 18/2024, de 13 de diciembre, crea y regula las Áreas de Promoción Económica (APE) en Navarra. Son zonas geográficas delimitadas —como centros urbanos, polígonos industriales o áreas turísticas— en las que los propietarios de inmuebles destinados a actividades económicas y los empresarios de la zona se organizan conjuntamente para mejorar y promocionar su entorno. Se trata de la versión navarra de los llamados Business Improvement Districts (BID), un modelo de colaboración entre el sector privado y la administración pública extendido internacionalmente durante los últimos cincuenta años.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los propietarios de inmuebles no residenciales (locales, naves, establecimientos) y a los empresarios y comerciantes ubicados dentro de las zonas que se constituyan como Área de Promoción Económica. También afecta a los ayuntamientos navarros y a entidades supramunicipales, ya que son quienes autorizan y formalizan la constitución de estas áreas mediante convenio. Los vecinos y ciudadanos en general pueden participar a través de un foro consultivo, aunque sin poder de decisión vinculante.

¿Qué cambia o establece? La ley crea un procedimiento para que los propietarios e iniciativas privadas de una zona puedan constituir formalmente un Área de Promoción Económica, siempre que una mayoría lo respalde en un proceso de ratificación. Una vez constituida, todos los propietarios e interesados de esa zona quedan obligados a realizar aportaciones económicas periódicas para financiar las actuaciones del área, aunque se prevén exenciones y bonificaciones. El área se gestiona mediante órganos propios (Asamblea General, Junta Directiva, Presidencia y Gerencia) y debe rendir cuentas mediante un presupuesto anual. Con esto se busca superar la dependencia de subvenciones públicas y el bajo asociacionismo que lastra la revitalización de las zonas comerciales y económicas navarras.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de diciembre de 2024 que amplía las funciones que el Estado central ya había traspasado al País Vasco en 1980 en materia de cultura y actividades relacionadas. Concretamente, toma como base el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta Estado-País Vasco el 16 de diciembre de 2024 y lo convierte en norma con rango de real decreto.

¿A quién afecta? Afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a su administración, que ve incrementadas las funciones que puede ejercer en los ámbitos de Fundaciones y Asociaciones Culturales, Libro y Bibliotecas, Cinematografía, Música y Teatro, Juventud y Promoción Sociocultural, Patrimonio Histórico-Artístico y Deportes. De forma indirecta, afecta a los ciudadanos vascos en tanto que será el Gobierno autonómico, y no el Estado, quien gestione un mayor número de decisiones en estas materias.

¿Qué cambia o establece? Amplía las competencias y funciones que el Estado ya transfirió al País Vasco mediante el Real Decreto 3069/1980. Es decir, no se trata de un traspaso nuevo desde cero, sino de una extensión de lo que ya estaba traspasado, sumando nuevas funciones en los mismos ámbitos culturales y sociales. La ampliación entra en vigor el mismo día de su publicación simultánea en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco, y sus efectos concretos quedan definidos en los términos y condiciones recogidos en el Acuerdo de la Comisión Mixta que se adjunta como anexo.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de diciembre de 2024 por el Gobierno de España mediante el cual se transfiere al País Vasco la gestión del litoral costero que hasta ahora correspondía a la Administración del Estado. Es decir, el Gobierno central cede a la Comunidad Autónoma vasca las competencias administrativas sobre su propia costa.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a ciudadanos, empresas y entidades que realicen cualquier actividad en la costa vasca: quienes soliciten permisos para instalar chiringuitos, pantalanes o embarcaderos; empresas de acuicultura o de explotación de recursos; particulares que quieran usar o construir en la franja costera; y cualquier persona o entidad sujeta a inspección o sanción por actividades en el dominio público marítimo-terrestre del País Vasco.

¿Qué cambia o establece? A partir de la entrada en vigor del decreto, será el Gobierno Vasco —y no la Administración General del Estado— quien gestione y otorgue autorizaciones y concesiones de uso de la costa vasca (playas, zona marítimo-terrestre, zonas de fondeo, instalaciones en el mar, etc.), ejerza la vigilancia sobre esos usos y tramite e imponga las sanciones por incumplimientos. El Estado mantiene la titularidad del dominio público costero, pero delega en el País Vasco su administración diaria, conforme a lo que ya reconocía el Estatuto de Autonomía vasco desde 1979.

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1. QUÉ RESUELVE La Resolución 401/38548/2024 aprueba el modelo oficial de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa, sustituyendo al anterior modelo aprobado en 1997.

2. CONTEXTO Esta resolución se enmarca en un marco normativo evolutivo que ha modificado las condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios. La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 ha supuesto un cambio significativo en la regulación de estos medicamentos, incluyendo la derogación del Real Decreto 109/1995. La Resolución 401/38548/2024 adapta el modelo de receta veterinaria al nuevo marco normativo vigente.

3. CONTENIDO JURÍDICO La Resolución 401/38548/2024, de 18 de diciembre de 2024, establece el modelo oficial de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa, sustituyendo al modelo aprobado en 1997. Este nuevo modelo se adapta a los requisitos del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, y que deroga el Real Decreto 109/1995.

El modelo de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa será de aplicación en todas las actividades del departamento, solo podrá ser utilizada por los veterinarios militares y tendrá validez en todo el territorio nacional. La prescripción de estupefacientes y psicótropos incluidos en la Lista I de la Convención Única de 1961 de Estupefacientes y sus ulteriores modificaciones no utilizará este modelo, sino que se regirán por la normativa específica aplicable.

En cuanto a la identificación del prescriptor, el número de colegiado que debe figurar en la receta será sustituido por el número de tarjeta de identidad militar del oficial veterinario prescriptor. Esto refleja una adaptación a las necesidades específicas del Ministerio de Defensa, facilitando la identificación y control de la actividad veterinaria en el ámbito militar.

La resolución otorga facultades a la Inspección General de Sanidad de la Defensa para dictar las instrucciones oportunas en la aplicación de la presente resolución, y a la Subinspección General de Apoyo Veterinario para realizar el control, distribución y archivo de los talonarios y recetas veterinarias en formato papel o electrónico. Estas facultades permiten una gestión eficiente y controlada del modelo de receta en el ámbito del Ministerio de Defensa.

La resolución incluye una disposición derogatoria única que anula la Resolución 117/1997, de 11 de junio, que aprobaba el modelo anterior. Además, establece una disposición final única que fija la entrada en vigor de la resolución el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este modelo de receta veterinaria se ajusta a los principios del Real Decreto 666/2023, que busca garantizar el uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios, luchar contra las resistencias antimicrobianas y reducir el uso de medicamentos antibacterianos. El capítulo VII de dicho real decreto establece las condiciones de prescripción, el contenido de la receta, su periodo de validez y los sistemas de emisión, incluyendo los requisitos de las plataformas de emisión.

La resolución establece que el modelo de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa será el que figura en el anexo de esta resolución, lo que asegura una normativa coherente y actualizada en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

4. CONCLUSIÓN SIMPLE La Resolución 401/38548/2024 actualiza el modelo de receta veterinaria para uso en el Ministerio de Defensa, adaptándose a los nuevos marcos normativos vigentes. Esta norma sustituye al modelo anterior y establece un sistema de identificación y control específico para el ámbito militar.

5. PUNTOS CLAVE ✅ Adaptación normativa: El modelo de receta veterinaria se actualiza para cumplir con el Real Decreto 666/2023. ⚠️ Derogación del modelo anterior: La Resolución 117/1997 queda sin efecto. 📋 Aplicación específica: Solo será válida en el Ministerio de Defensa y para veterinarios militares. ℹ️ Identificación del prescriptor: Se sustituye el número de colegiado por el número de tarjeta de identidad militar.

6. FICHA

────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

¿Qué es? Es una orden ministerial aprobada en diciembre de 2024 que modifica una norma anterior de 2020 sobre el control metrológico del Estado. El control metrológico es el conjunto de comprobaciones oficiales que garantizan que ciertos instrumentos de medida —básculas, contadores, caudalímetros, etc.— funcionan correctamente y dan medidas fiables cuando se usan en transacciones comerciales o en contextos que afectan al interés público.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas y profesionales que fabrican, reparan, verifican o utilizan instrumentos de medida sujetos a control oficial: organismos autorizados de verificación metrológica, reparadores, titulares de los instrumentos y las administraciones públicas competentes en esta materia. De forma indirecta, también afecta a los ciudadanos que interactúan con estos aparatos, por ejemplo al repostar gas natural licuado, al cargar un vehículo eléctrico o al recibir suministros de gases criogénicos.

¿Qué cambia o establece? La orden introduce varias novedades: precisa cómo deben realizarse los exámenes administrativos durante la verificación de instrumentos (incluyendo la comprobación de precintos físicos y electrónicos y la comunicación de irregularidades); deroga una norma de 2006 sobre manómetros que nunca llegó a aplicarse; amplía el control metrológico a los sistemas de medida en camiones cisterna que suministran líquidos criogénicos, dióxido de carbono licuado y gas natural licuado; e incorpora dos nuevos capítulos para regular, por primera vez, las estaciones de carga de vehículos eléctricos y los instrumentos que miden las partículas emitidas por motores diésel.

¿Qué es? El Real Decreto 1225/2024 aprueba el Plan Estadístico Nacional 2025-2028, que es el documento oficial que organiza y programa todas las estadísticas que elaborará la Administración General del Estado durante los próximos cuatro años. Este plan es el noveno de su tipo y sustituye al anterior, que cubría el período 2021-2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los organismos públicos de la Administración General del Estado encargados de producir estadísticas, así como a las entidades que dependen de ella. De forma indirecta, repercute en todos los ciudadanos, empresas, investigadores, medios de comunicación e instituciones nacionales y europeas que utilizan datos estadísticos oficiales para tomar decisiones o desarrollar su actividad.

¿Qué cambia o establece? Fija el catálogo de estadísticas oficiales que se realizarán entre 2025 y 2028, clasificadas por materias, e indica qué organismos las elaboran, a qué población o colectivo se refieren y qué recursos presupuestarios se destinarán a cada una. Como novedades respecto al plan anterior, impulsa las estadísticas sobre globalización, introduce la nueva clasificación de actividades económicas CNAE 2025 y pone en marcha un proyecto de Padrón municipal en línea que permitirá conocer en tiempo real cuántas personas viven en cada municipio. También refuerza el uso de registros administrativos y nuevas fuentes de datos para reducir la carga de información que deben aportar ciudadanos y empresas.

¿Qué es? Es una orden ministerial que retrasa la aplicación de las normas de inspección técnica obligatoria para los vehículos frigoríficos que transportan alimentos a temperatura controlada en las Islas Canarias. Concretamente, amplía hasta el 1 de julio de 2026 el plazo que tenían los propietarios de esos vehículos para someterse a los ensayos de comprobación del aislamiento térmico exigidos por la normativa vigente.

¿A quién afecta? Afecta a los propietarios y operadores de vehículos especiales de transporte de mercancías perecederas —como camiones y furgones frigoríficos— que desarrollan su actividad exclusivamente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. No afecta a los vehículos que operan en el resto del territorio español ni a los que realizan transportes internacionales.

¿Qué cambia o establece? La normativa ya vigente obliga a que los vehículos frigoríficos con más de 15 años de antigüedad pasen periódicamente un ensayo técnico en una estación homologada para verificar que su sistema de aislamiento térmico sigue siendo eficaz. Esta orden aplaza esa obligación en Canarias hasta el 1 de julio de 2026, tanto para los controles periódicos como para el régimen transitorio previsto para vehículos de entre 15 y 21 años. El motivo es que aún no existe una estación de ensayo habilitada en el archipiélago, aunque ya ha sido autorizada su instalación por el Gobierno canario, y se necesita tiempo suficiente para que entre en funcionamiento.

¿Qué es? Es una modificación técnica al Código CIQ (Código Internacional para buques que transportan productos químicos peligrosos a granel), adoptada por la Organización Marítima Internacional en noviembre de 2022 y en vigor desde el 1 de julio de 2024, también para España. Concretamente, actualiza la definición de qué tipos de aberturas y puertas de un buque pueden quedar excluidas del cálculo de seguridad frente a inundaciones.

¿A quién afecta? Afecta a los armadores, constructores y operadores de buques cisterna que transporten productos químicos peligrosos a granel, así como a las autoridades marítimas de los países firmantes del Convenio SOLAS, incluida España. No tiene impacto directo sobre ciudadanos particulares o empresas en tierra.

¿Qué cambia o establece? La norma actualiza el párrafo 2.9.2.1 del Código CIQ para precisar qué aberturas de un buque pueden ignorarse al calcular hasta dónde puede hundirse o escorarse sin riesgo de inundación progresiva. La novedad es que ahora se reconocen expresamente como excluibles ciertos tipos de puertas estancas —como las correderas accionadas a distancia, las de bisagra de apertura rápida con indicador de estado visible desde el puente, y las que permanecen permanentemente cerradas en el mar— siempre que cumplan las condiciones descritas. Esto alinea los criterios de flotabilidad con las características reales de los sistemas de cierre modernos.

¿Qué es? Es un acuerdo firmado en Madrid en diciembre de 2024 entre el Ministerio del Interior de España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de la ONU. Su base legal es el Acuerdo Marco entre España y la OIM firmado en 2009, y su objetivo es financiar dos proyectos concretos de cooperación en materia migratoria.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a migrantes en situación de vulnerabilidad que se encuentran en Marruecos y desean regresar voluntariamente a sus países de origen, así como a las autoridades españolas encargadas de gestionar los flujos migratorios en las fronteras. De forma indirecta, concierne a cualquier ciudadano interesado en cómo España gestiona la migración y emplea fondos públicos para ello.

¿Qué cambia o establece? El Ministerio del Interior se compromete a transferir a la OIM un total de 496.535 euros para financiar dos proyectos: uno de retorno voluntario y reintegración de migrantes vulnerables desde Marruecos (346.535 €) y otro de apoyo a las autoridades españolas en la gestión de flujos migratorios en frontera, denominado GEFMES V (150.000 €). El pago se realizará en un único desembolso en un plazo de 15 días desde la firma. Los proyectos se desarrollarán hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga, y la OIM los gestionará conforme a sus propias normas internas, siendo responsable de la ejecución y la rendición de cuentas.

¿Qué es? Es una modificación técnica al Código Internacional que regula cómo deben estar construidos y equipados los buques que transportan productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ). Fue adoptada por la Organización Marítima Internacional en junio de 2022 y entró en vigor el 1 de julio de 2024, también para España.

¿A quién afecta? Afecta a los buques que transporten productos químicos peligrosos a granel y que deban cumplir el Código CIQ, así como a los Estados que son parte del Convenio MARPOL, entre ellos España. En la práctica, concierne a navieras, constructores navales y autoridades marítimas que aplican estas normas de seguridad y protección del medio marino.

¿Qué cambia o establece? La enmienda actualiza las reglas sobre flotabilidad del buque en caso de avería, concretamente qué tipos de puertas y aberturas pueden quedar por encima de la línea de flotación sin comprometer la seguridad. La novedad es que se permite excluir del cálculo de riesgo de inundación ciertos tipos de puertas estancas —como las puertas de corredera accionadas a distancia, las puertas de bisagra de acción rápida con indicador de estado abierto/cerrado visible desde el puente, y las puertas que permanecen permanentemente cerradas en navegación— siempre que cumplan las condiciones descritas. En esencia, se reconoce que estas puertas, por su diseño y modo de uso, ofrecen suficiente seguridad como para no contabilizarse como puntos de entrada de agua en los cálculos de estabilidad.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de diciembre de 2024 que modifica la normativa española sobre identificación, registro y trazabilidad de animales terrestres en cautividad, actualizando el Real Decreto 787/2023 y otros reglamentos ganaderos relacionados. Su objetivo es corregir errores de redacción, aclarar disposiciones ambiguas y flexibilizar ciertos requisitos técnicos y plazos, manteniendo la coherencia con la normativa europea en materia de sanidad animal.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a ganaderos y titulares de explotaciones con bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y équidos, así como a las comunidades y ciudades autónomas responsables de aplicar los sistemas de identificación animal. También atañe a los operadores que gestionan el movimiento y sacrificio de estos animales, y a las autoridades competentes que adquieren y gestionan los dispositivos de identificación electrónica.

¿Qué cambia o establece? Se amplía en un año el plazo para que la identificación electrónica sea obligatoria en bovinos, ovinos, caprinos y équidos, dando más tiempo a ganaderos y administraciones para adaptarse. Se flexibilizan las especificaciones técnicas de los crotales (marcas auriculares) para ovinos, caprinos y porcinos, y se permite en casos excepcionales usar transpondedores inyectables en cerdos. Se aclara que solo se puede sustituir el medio de identificación de un animal si se puede mantener su código individual, garantizando así su trazabilidad. Además, se elimina la obligación de registrar el dato de la madre en el documento de identificación de bovinos procedentes de otros países de la Unión Europea, y se añade el dato de la "capa" al registro de équidos.

¿Qué es? Es una resolución oficial de la Secretaría de Estado de Función Pública que fija el listado de días inhábiles para el año 2025 en la Administración General del Estado. Su función es establecer qué días no cuentan como días hábiles cuando la administración calcula plazos en los trámites y procedimientos administrativos, como por ejemplo el plazo para responder a una notificación o presentar un recurso.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier ciudadano que tenga un trámite en curso con la Administración General del Estado o sus organismos públicos, ya que los plazos administrativos se calculan excluyendo los días declarados inhábiles. También afecta de forma diferenciada según la comunidad autónoma donde resida el ciudadano, pues algunas festividades solo son inhábiles en determinados territorios.

¿Qué cambia o establece? Establece que son inhábiles en todo el territorio nacional los sábados, los domingos y los festivos nacionales no sustituibles: el 1 y 6 de enero, el 18 de abril, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 8 y 25 de diciembre. Además, añade días inhábiles propios para cada comunidad autónoma según su calendario festivo, como el 28 de febrero en Andalucía, el 11 de septiembre en Cataluña o el 2 de mayo en Madrid, entre otros. Estos días se excluyen del cómputo de plazos, lo que puede ampliar el tiempo real disponible para responder o actuar ante la administración, aunque ello no implica por sí solo que las oficinas estén abiertas o cerradas esos días.

¿Qué es? El Real Decreto 1308/2024, de 23 de diciembre, modifica la normativa española que regula el sistema de autorizaciones para plantar viñedos y el potencial de producción vitícola. Su propósito principal es actualizar y aclarar el Real Decreto 1338/2018 para adaptarlo a cambios recientes en la normativa europea, corregir aspectos que generaban dudas en su aplicación práctica y mejorar la coherencia del conjunto de reglas que rigen el sector del vino en España.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a viticultores y propietarios de explotaciones de viñedo que necesiten solicitar autorizaciones para plantar, arrancar o replantarlas, así como a las comunidades autónomas encargadas de gestionar los registros vitícolas y los organismos reguladores del sector (como los Consejos Reguladores de denominaciones de origen). También incumbe al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su función de coordinación y publicación de información sobre variedades de uva autorizadas.

¿Qué cambia o establece? Las modificaciones más relevantes son: las fechas límite del régimen de autorizaciones dejan de ser fechas fijas y pasan a remitirse directamente a lo que diga la normativa europea en cada momento, evitando conflictos futuros si esa fecha cambia. Se precisan las condiciones cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones. Se crea un nuevo artículo sobre cómo se pueden suprimir variedades de uva de vinificación del catálogo oficial, y se añade un anexo con los datos mínimos que deben contener todos los registros vitícolas autonómicos, con el fin de que sean compatibles e interoperables entre sí y con los sistemas de información agraria del Estado. También se actualiza el listado oficial de variedades de uva autorizadas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de diciembre de 2024 que modifica una norma anterior de 2022 sobre el regadío en España. Su objetivo es aclarar qué se entiende exactamente por "declaración de interés general" cuando el Estado acomete obras de modernización en zonas de riego, dado que las declaraciones históricas eran vagas o han quedado desfasadas con el paso del tiempo y los cambios tecnológicos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las Comunidades de Regantes que ya tienen derechos de uso de agua reconocidos y cuyas zonas están sujetas a proyectos de modernización financiados o ejecutados por el Estado. También concierne a los organismos de cuenca, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al Ministerio para la Transición Ecológica, y a las comunidades autónomas con competencias en agua y medio ambiente.

¿Qué cambia o establece? La norma establece que el alcance concreto de una declaración de interés general no se determina ya por la antigua norma que la proclamó —frecuentemente imprecisa— sino por el proyecto de ejecución de las obras, aprobado por el Ministerio de Agricultura con participación de todos los órganos implicados. Esto permite adaptar la delimitación real de las superficies a regar a la situación actual del terreno, reconociendo que con el tiempo algunas superficies se han incorporado o dejado de usarse para riego, y que los avances tecnológicos hacen posible regar zonas antes inaccesibles, sin que ello suponga otorgar nuevos derechos de agua.

¿Qué es? Este Real Decreto aprueba una subvención directa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) para cubrir sus gastos de funcionamiento. Se concede de forma directa, sin concurso competitivo, al amparo de la Ley General de Subvenciones, que permite este procedimiento excepcional cuando existe un interés público, social o económico acreditado.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la FEDIT, que es la única federación que agrupa a los centros tecnológicos españoles (52 centros y 4 agrupaciones autonómicas). De forma indirecta, también concierne a las empresas, especialmente pymes y micropymes, que dependen de esos centros para acceder a servicios de innovación y desarrollo tecnológico, así como al conjunto del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

¿Qué cambia o establece? El decreto habilita legalmente la entrega de esta subvención directa a la FEDIT para que pueda sostener su actividad ordinaria: representar a los centros tecnológicos ante las administraciones públicas y organismos internacionales, fomentar la innovación empresarial y promover la transferencia de conocimiento. Se justifica por el carácter único de la FEDIT en su sector, que impide que otras entidades comparables puedan concurrir a una convocatoria competitiva equivalente, y por su alineación con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de diciembre de 2024 que modifica una norma anterior de 2021 por la que el Estado concedió una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias. Esa subvención fue creada para ayudar a la isla de La Palma tras la erupción volcánica de septiembre de 2021, y ha sido ampliada y prorrogada en varias ocasiones desde entonces.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas de la isla de La Palma que pueden beneficiarse de las ayudas directas para crear o hacer crecer su negocio. También afecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la administración encargada de gestionar y distribuir estos fondos.

¿Qué cambia o establece? La norma amplía en 3.000.000 de euros la línea de ayudas al emprendimiento y la creación de nuevas empresas en La Palma, elevando el total de esa línea de 10 a 13 millones de euros, para mantener el apoyo económico durante 2024 mientras persisten las consecuencias del volcán. Además, modifica de forma puntual otro real decreto distinto —el relativo a una subvención para la Fundación Mubil en Guipúzcoa— ampliando el plazo para ejecutar las actuaciones previstas en ese caso.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 23 de diciembre de 2024 mediante el cual el Estado concede directamente una subvención a la Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas (ASEMERAC). La subvención la gestiona el Instituto de Salud Carlos III, organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y tiene por objeto financiar el funcionamiento de la asociación y su programa de investigación conocido como Estudio colaborativo Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC).

¿A quién afecta? Afecta directamente a ASEMERAC, asociación científica sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, creada en 1979. De forma indirecta, beneficia a la población general, especialmente a parejas en edad reproductiva, mujeres embarazadas y profesionales sanitarios, que son los destinatarios de los servicios de información y vigilancia que presta la asociación. También afecta al conjunto de la sociedad española, dado que los defectos congénitos representan entre el 3 % y el 6 % de las gestaciones y suponen una carga significativa para el Sistema Nacional de Salud y para las familias.

¿Qué cambia o establece? La norma autoriza la concesión de esta subvención de forma directa —es decir, sin convocatoria pública competitiva—, justificando esa excepcionalidad en el interés público, social y económico extraordinario de la actividad de ASEMERAC. Con ello se garantiza la continuidad del Registro ECEMC, que desde 1976 ha controlado más de 3,4 millones de nacimientos y registrado más de 52.000 casos de recién nacidos con defectos congénitos, así como la de los servicios telefónicos gratuitos de información sobre teratógenos dirigidos tanto a médicos (SITTE) como a embarazadas (SITE), que en conjunto han atendido más de 121.000 consultas desde 1991.

¿Qué es? El Real Decreto-ley 10/2024, aprobado el 23 de diciembre de 2024, crea un gravamen temporal energético que deberá pagarse durante el año 2025. Se trata de un cobro obligatorio de carácter público dirigido a las grandes empresas del sector energético, y viene a sustituir una prestación similar que ya existía en 2023 y 2024. El Gobierno lo aprobó por vía de urgencia, sin pasar por el trámite parlamentario ordinario, alegando la necesidad de que entrara en vigor antes del 1 de enero de 2025.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a un número reducido y muy específico de grandes empresas energéticas: aquellas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene identificadas como «operadores principales» en los sectores energéticos, según una resolución publicada en diciembre de 2023. También pueden verse afectadas empresas que desarrollen en España actividades de producción de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo. Los ciudadanos y las pequeñas o medianas empresas no están sujetos a este gravamen.

¿Qué cambia o establece? La norma crea el gravamen para 2025 e introduce un incentivo económico para aquellas empresas que realicen inversiones consideradas estratégicas, aplicable a las efectuadas desde el 1 de enero de 2024, siempre que cumplan con la normativa europea sobre ayudas estatales. Además, el Gobierno se compromete expresamente a revisar este gravamen durante 2025 con el objetivo de integrarlo de forma definitiva en el sistema tributario ordinario, por lo que su carácter temporal podría derivar en una figura fiscal permanente en el futuro.

¿Qué es? Es una Instrucción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 18 de diciembre de 2024 que establece cómo y en qué formato deben enviarse las cuentas públicas de ciertas comunidades autónomas a dicho Tribunal. A partir de las cuentas del año 2024, esa entrega deberá hacerse de forma telemática —es decir, por medios electrónicos— y siguiendo unos formatos informáticos concretos y normalizados (CONTAEP y CONTAEPA, basados en el estándar XBRL).

¿A quién afecta? Afecta directamente a las comunidades autónomas que no tienen su propio Órgano de Control Externo (OCEX): actualmente Cantabria, Extremadura, la Región de Murcia y La Rioja. También afecta a las entidades y organismos que forman parte del sector público de cada una de esas comunidades y que están obligados a rendir cuentas. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla quedan fuera, porque ya tienen regulada su rendición telemática por una instrucción anterior de 2022.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, estas comunidades autónomas enviaban su información contable en formatos no homogéneos ni interoperables entre sí. La Instrucción obliga a que, a partir del ejercicio 2024, esa información se remita a través de una plataforma informática específica llamada Plataforma Ret@n, en desarrollo, que garantizará la autenticidad e integridad de los datos. El objetivo es agilizar el procedimiento de entrega de cuentas, mejorar la calidad y comparabilidad de la información contable y aumentar la transparencia en la gestión de los recursos públicos de esas comunidades.

¿Qué es? Es una segunda modificación (adenda) al convenio firmado el 20 de diciembre de 2022 entre España, Francia y la sociedad Línea Figueras Perpignan, SA, que regula la explotación y el mantenimiento del tramo internacional de la línea de alta velocidad que une Figueres (España) con Perpiñán (Francia), incluyendo el túnel del Pertús. Esta adenda fue firmada en Madrid y París entre noviembre y diciembre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta directamente al Reino de España, a la República Francesa y a la sociedad Línea Figueras Perpignan, SA, filial común de los administradores ferroviarios ADIF (España) y SNCF Réseau (Francia), que es la encargada de gestionar ese tramo internacional. También afecta a las empresas de transporte de mercancías por ferrocarril que utilizan esa sección, al modificarse las tarifas que deben pagar.

¿Qué cambia o establece? La adenda introduce dos cambios concretos. Primero, aumenta el importe máximo acumulado de financiación previsto para los años 2024, 2025 y 2026, porque la sociedad ha ingresado menos de lo esperado debido a interrupciones del servicio fuera de su control: la suspensión temporal de trenes de RENFE entre España y Francia, las huelgas en Francia durante 2023 y problemas de saturación en la red ferroviaria alemana. Segundo, a partir del 1 de enero de 2025, reduce en un 90 % los cánones que pagan los trenes de mercancías por circular por esa sección internacional, con el objetivo de hacer más atractivo el transporte ferroviario de mercancías y fomentar el trasvase desde otros modos de transporte.

¿Qué es? Es una ley nacional aprobada el 20 de diciembre de 2024 que mejora la protección económica y social de las personas que, estando vivas, donan un órgano o tejido para que sea trasplantado a otra persona. Su objetivo es que quien realiza este acto altruista no sufra perjuicios económicos por ello.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona mayor de edad que done en vida un órgano o tejido para trasplante y que, por ese motivo, deba ausentarse del trabajo. Esto incluye a trabajadores por cuenta ajena, trabajadores autónomos y funcionarios públicos, tanto del Estado como de las Fuerzas Armadas o de la Administración de Justicia.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, las bajas por donación de órganos se tramitaban como incapacidad temporal por enfermedad común, lo que exigía un período previo de cotización a la Seguridad Social. Esta ley crea una categoría especial de incapacidad temporal para los donantes, con la que no se requiere ningún período mínimo cotizado para cobrar la prestación. La cobertura se extiende tanto a los días en que el donante no puede trabajar por las pruebas y preparativos médicos previos a la operación, como desde el día del ingreso hospitalario hasta que recibe el alta por curación. Se modifican varios textos legales de la Seguridad Social para incorporar este régimen especial.

¿Qué es? Es el acuerdo por el que el Congreso de los Diputados aprueba y valida el Real Decreto-ley 8/2024, una norma de urgencia aprobada por el Gobierno el 28 de noviembre de 2024 para responder a los daños causados por la DANA (una borrasca de gran intensidad) que afectó a varios municipios españoles entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a los ciudadanos, familias, empresas y municipios que sufrieron daños a causa de la DANA en ese periodo, así como a las administraciones públicas encargadas de gestionar la respuesta, la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas.

¿Qué cambia o establece? El Congreso confirma que el Real Decreto-ley 8/2024 sigue en vigor, dándole respaldo parlamentario tal como exige la Constitución para este tipo de normas de urgencia. Con ello quedan consolidadas las medidas urgentes y complementarias previstas en dicho decreto para la respuesta inmediata, la reconstrucción y el relanzamiento de los territorios dañados por la DANA, de acuerdo con el plan aprobado por el Gobierno a tal efecto.