El Horno

¿Qué es? La Ley 5/2024, de 27 de diciembre, es la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2025. Aprobada por el Parlamento de La Rioja, fija los ingresos y gastos públicos de la región para ese ejercicio, con un límite de gasto no financiero de 1.824 millones de euros, un 3,11 % más que en 2024. El presupuesto está diseñado para alcanzar un superávit del 0,1 % de las cuentas públicas.

¿A quién afecta? Afecta a todos los ciudadanos de La Rioja, ya que regula el gasto público regional en servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales. También afecta a empresas y titulares de instalaciones eléctricas, redes de comunicaciones o energías renovables, que quedan sujetos a un nuevo impuesto sobre el impacto visual y medioambiental de dichas instalaciones. Asimismo, tiene efecto sobre contribuyentes en general, al mantenerse las reducciones fiscales aprobadas en 2024.

¿Qué cambia o establece? La ley aprueba las cuentas públicas de La Rioja para 2025, priorizando el gasto en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, agricultura y transporte. Se mantienen las medidas de reducción de impuestos vigentes desde 2024 y se tramita una reducción adicional del impuesto de patrimonio que tendrá efecto en ejercicios futuros. Como novedad destacada, se crea un nuevo impuesto que grava el impacto visual y medioambiental de los elementos de suministro eléctrico, redes de comunicación y energías renovables. El presupuesto también incorpora análisis transversales de impacto de género, objetivos de desarrollo sostenible y lucha contra la despoblación.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, firmada el 13 de enero de 2025, por la que se crea oficialmente una Antena Diplomática española en Ereván, la capital de Armenia.

¿A quién afecta? Afecta a las relaciones entre España y Armenia, y en particular a los ciudadanos, empresas e instituciones de ambos países que necesiten gestionar asuntos diplomáticos, comerciales o consulares entre los dos Estados. También afecta al personal del Ministerio de Asuntos Exteriores que asumirá las funciones de esta nueva oficina.

¿Qué cambia o establece? Crea una nueva oficina diplomática española en Ereván que depende de la Embajada de España en Moscú, no de una embajada propia en Armenia. Esta oficina se denomina formalmente «Persona Encargada de Negocios en Ereván» y se integra en la estructura administrativa de la Embajada de Moscú. Su creación no supone gasto adicional para el Estado: se cubrirá con los medios materiales y humanos ya existentes en el Ministerio. La orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué es? Es una Orden Ministerial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que crea oficialmente una Antena Diplomática en Podgorica, la capital de Montenegro, y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿A quién afecta? Afecta a las relaciones institucionales entre España y Montenegro, y a los ciudadanos españoles o empresas que necesiten gestiones diplomáticas en ese país, quienes contarán con una presencia oficial española en Podgorica.

¿Qué cambia o establece? Crea una nueva oficina diplomática en Podgorica que depende de la Embajada de España en Belgrado (Serbia), no de una embajada propia en Montenegro. Esta oficina tendrá la denominación de "Persona Encargada de Negocios en Podgorica" y se integra administrativamente en la plantilla de la Embajada de Belgrado. Su creación no supone gasto adicional para el Estado, ya que se cubrirá con los medios personales y materiales existentes en el Ministerio.

¿Qué es? La Ley 5/2024, de 19 de diciembre, es una norma aprobada por las Cortes de Aragón que regula y promueve dos formas de producir y consumir energía de manera colectiva o propia: el autoconsumo —es decir, que una empresa o conjunto de personas genere la electricidad que necesita— y las comunidades energéticas, que son agrupaciones de ciudadanos, empresas o entidades locales que comparten energía renovable entre sí. También regula las redes eléctricas cerradas, la integración de instalaciones renovables en el urbanismo y crea un fondo de ayuda para personas con dificultades para pagar la energía.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona, empresa, ayuntamiento o entidad que viva o opere en Aragón y quiera producir su propia energía renovable o unirse a una comunidad energética. También afecta a las empresas distribuidoras de electricidad, a los promotores de proyectos industriales con generación renovable asociada y, de forma especial, a los consumidores vulnerables, que son quienes tienen más dificultades económicas para acceder a la energía.

¿Qué cambia o establece? La ley simplifica los trámites administrativos para instalar paneles solares u otras fuentes renovables destinadas al autoconsumo, incluyendo la posibilidad de construir líneas eléctricas directas mediante una simple declaración responsable. Define y regula las comunidades energéticas —ciudadanas, de renovables y mancomunidades—, fijando sus derechos, obligaciones y formas jurídicas permitidas. Crea el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, destinado a ayudar a consumidores vulnerables con el coste de la energía, e incorpora al ordenamiento aragonés varias directivas europeas sobre autoconsumo y líneas directas, además de agilizar los procedimientos para proyectos industriales de descarbonización y recarga de vehículos eléctricos.

¿Qué es? Es una orden ministerial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que crea oficialmente una Antena Diplomática en Chisináu, la capital de la República de Moldavia. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace pública y efectiva su existencia.

¿A quién afecta? Afecta a las relaciones institucionales entre España y Moldavia, y en la práctica a ciudadanos españoles y moldavos que necesiten gestiones diplomáticas o consulares vinculadas a esos dos países. También afecta al personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que la nueva unidad se nutre de medios y personal ya existentes en la Embajada de España en Bucarest (Rumanía), de la que depende.

¿Qué cambia o establece? Crea una nueva oficina diplomática española en Chisináu, denominada "Persona Encargada de Negocios en Chisináu", que funcionará como unidad administrativa integrada en la Embajada de España en Bucarest. Su puesta en marcha no implica gasto adicional ni nuevas contrataciones: opera con los recursos humanos y materiales que ya tiene el Ministerio. La medida entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

¿Qué es? Es el Manual de Calidad (CIP-QM-01) de la Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Portátiles (C.I.P.), aprobado como Decisión XXXVI-14 en la sesión plenaria del 8 de noviembre de 2022. Este manual describe cómo la C.I.P. organiza y gestiona su propio funcionamiento interno siguiendo los requisitos de la norma internacional de calidad ISO 9001.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la C.I.P. como organización y a los bancos de prueba oficiales de los países signatarios del Convenio de Bruselas de 1969. De forma indirecta, también concierne a fabricantes de armas de fuego portátiles y cartuchos cuyos productos son sometidos a prueba y marcados con los punzones reconocidos por los Estados miembros, así como a los usuarios finales que se benefician de la seguridad que garantiza ese sistema de control.

¿Qué cambia o establece? Establece el sistema de gestión de la calidad (SMQ) de la C.I.P., fijando cómo se planifican, ejecutan, controlan y mejoran sus actividades: desde la gestión del personal y los recursos hasta la forma de tratar no conformidades, realizar auditorías internas y atender las necesidades de los países miembros. No modifica las normas técnicas de prueba de armas, sino que formaliza los procesos internos de la Comisión para asegurar que su trabajo se realiza con rigor, trazabilidad y mejora continua.

¿Qué es? Es una resolución de la Dirección General de Tráfico que establece medidas especiales para regular la circulación en las carreteras interurbanas españolas durante el año 2025. Su objetivo es mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en los periodos en que se esperan grandes desplazamientos de vehículos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg, a los transportistas de mercancías peligrosas, y a los organizadores de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos que se celebren en vías públicas interurbanas. En menor medida, también afecta a cualquier ciudadano que circule por esas vías en las fechas señaladas.

¿Qué cambia o establece? La resolución fija tres tipos de restricciones concretas. Primero, prohíbe autorizar pruebas deportivas o eventos que afecten al tráfico en determinadas fechas y franjas horarias del año, salvo excepciones justificadas. Segundo, prohíbe circular a camiones y conjuntos de vehículos de más de 7.500 kg en ciertos tramos y horarios recogidos en los anexos, con excepciones para transporte de ganado vivo, mercancías perecederas, vehículos de Correos, maquinaria de vialidad invernal y vehículos de auxilio. Tercero, impone a los transportistas de mercancías peligrosas restricciones horarias adicionales y les obliga a seguir itinerarios específicos definidos en la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP), usando siempre las circunvalaciones disponibles y el acceso más próximo al punto de entrega.

¿Qué es? Es una resolución de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco que fija las restricciones especiales de circulación que estarán en vigor durante todo el año 2025 en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Su objetivo es proteger la seguridad vial y garantizar la fluidez del tráfico en los períodos de mayor afluencia de vehículos.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a tres tipos de usuarios de la vía: los vehículos que transportan mercancías peligrosas (los que llevan paneles naranjas), los camiones y conjuntos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada, y los organizadores de pruebas deportivas, marchas ciclistas u otros eventos que ocupen la calzada en vías interurbanas.

¿Qué cambia o establece? La resolución prohíbe circular a los vehículos de mercancías peligrosas los domingos y festivos entre las 8:00 y las 24:00 horas, y las vísperas de festivo (que no sean sábado) desde las 16:00 horas. Los camiones pesados de más de 7.500 kg quedan igualmente restringidos en las fechas recogidas en los anexos, que coinciden con festivos, puentes y períodos vacacionales. Además, los vehículos de mercancías peligrosas deben seguir rutas concretas establecidas en la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP). En cuanto a eventos deportivos, no se autorizarán pruebas en vía pública durante las fechas restringidas, salvo excepciones tasadas como competiciones internacionales de la UCI o eventos incluidos en el calendario anual oficial.

¿Qué es? Es el acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga (es decir, se anula y deja sin efecto) el Real Decreto-ley 10/2024, que había creado un gravamen temporal sobre la energía para el año 2025. El Congreso tomó esta decisión el 22 de enero de 2025, en uso de su facultad constitucional de rechazar o derogar decretos-ley del Gobierno.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las empresas del sector energético sobre las que iba a recaer ese gravamen temporal, así como, de forma indirecta, a los ciudadanos y al Estado, que no recibirá los ingresos que dicho impuesto hubiera generado durante 2025.

¿Qué cambia o establece? Deja sin efecto el gravamen temporal energético que el Gobierno había aprobado el 23 de diciembre de 2024. Esto significa que dicho impuesto no se aplicará en ningún momento durante 2025, como si nunca hubiera entrado en vigor. No se establece ninguna medida sustitutiva; simplemente se elimina la norma.

¿Qué es? Es un acuerdo firmado en Madrid el 19 de diciembre de 2024 entre el Ministerio del Interior de España y la Oficina del ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) en España. Su finalidad es formalizar la colaboración entre ambas instituciones para que el ACNUR participe en el procedimiento español de reconocimiento de la protección internacional, tal como prevé la Ley de Asilo de 2009.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las personas que solicitan asilo o protección internacional en España, ya que el ACNUR interviene como garantía en ese procedimiento. También afecta al Ministerio del Interior, que financia la participación del ACNUR, y a la propia Oficina del ACNUR en España, que asume compromisos concretos de actuación.

¿Qué cambia o establece? El acuerdo fija los compromisos concretos para 2024: el ACNUR destinará cinco especialistas en protección internacional al procedimiento de asilo, prestará apoyo en interpretación y traducción, y contratará una consultoría especializada durante diez meses para mejorar el acceso y la calidad del procedimiento. A cambio, el Ministerio del Interior aportará 290.850 euros con cargo al presupuesto de ese ejercicio. El ACNUR deberá justificar documentalmente los gastos en el primer trimestre de 2025 y devolver cualquier remanente no utilizado. Se crea además una Comisión de Seguimiento para supervisar la ejecución del acuerdo.

Delegación de funciones para la reconstrucción tras la DANA

Esta orden ministerial aclara quién tiene la autoridad para tomar decisiones y gestionar los fondos destinados a reparar los daños causados por la DANA de octubre y noviembre de 2024. Se trata de asignar responsabilidades específicas al Comisionado especial, una figura creada para coordinar y agilizar las labores de reconstrucción.

Lo que cambia es que se delegan formalmente competencias del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en este Comisionado especial. Esto significa que él será el encargado de tramitar y aprobar los gastos y proyectos necesarios para la recuperación de las zonas afectadas, asegurando que los recursos lleguen de manera eficiente.

La orden entra en vigor el 22 de enero de 2025, justo después de su publicación. Su objetivo es dar un impulso definitivo a las tareas de reconstrucción, garantizando que los esfuerzos se concentren y se ejecuten con la mayor celeridad posible para ayudar a los municipios damnificados.

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¿Qué es? El Real Decreto 33/2025, de 21 de enero, autoriza la concesión directa de subvenciones públicas a tres organismos profesionales: el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de los Procuradores de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas subvenciones se otorgan de forma directa —sin concurso competitivo— porque la urgencia e imprescindibilidad de los servicios que financian lo justifica conforme a la Ley General de Subvenciones.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a ciudadanos que no tienen recursos económicos suficientes para pagar un abogado o procurador, así como a colectivos especialmente vulnerables como víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, y menores o personas con discapacidad víctimas de determinados delitos graves. También afecta, de forma directa, a los profesionales de la abogacía, la procura y la psicología que prestan estos servicios a través de sus respectivos colegios.

¿Qué cambia o establece? La norma fija la financiación pública para el ejercicio presupuestario 2025 de dos servicios concretos: por un lado, la asistencia jurídica gratuita —que incluye asesoramiento, defensa y representación ante los tribunales sin coste para el ciudadano—, gestionada por los colegios de abogados y procuradores; y por otro, la atención psicológica gratuita y confidencial a víctimas de delitos, prestada por psicólogos a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia. Ambos servicios se enmarcan en el mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia para todos.

¿Qué es? Es una ley del Parlamento Vasco que disuelve oficialmente el Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Bilbao. Con su entrada en vigor, este colegio profesional deja de existir como entidad con personalidad jurídica, y su disolución queda inscrita en el registro oficial correspondiente del País Vasco.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los miembros que estaban colegiados en el Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Bilbao en el momento de su disolución, quienes recibirán a partes iguales el patrimonio del colegio tras el proceso de liquidación. En términos generales, también concierne a quienes ejercían la profesión de agente de aduanas bajo el amparo de este colegio.

¿Qué cambia o establece? La ley formaliza la desaparición del colegio, que había perdido su razón de ser tras el Real Decreto 335/2010, el cual eliminó la figura legal del agente de aduanas y suprimió la obligación de estar colegiado para ejercer esa actividad. El propio colegio solicitó su disolución ante la falta de nuevas incorporaciones y la reducción de miembros. La ley ordena repartir el patrimonio entre los colegiados vigentes en el momento de la disolución, y obliga a los liquidadores —nombrados en junta en julio de 2021— a rendir cuentas documentadas ante el Gobierno Vasco.

¿Qué es? La Ley 8/2024, de 20 de diciembre, es la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2025. En ella el Parlamento Vasco aprueba oficialmente los ingresos y gastos previstos para ese ejercicio de toda la administración autonómica vasca, incluyendo los presupuestos del propio Parlamento, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y de la Autoridad Vasca de Protección de Datos.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de la ciudadanía de Euskadi, ya que regula cómo el Gobierno Vasco gestionará los fondos públicos durante 2025. También afecta directamente a todos los organismos, entes, sociedades y fundaciones del sector público autonómico vasco que reciben dotaciones a través de esta ley, así como a la Universidad del País Vasco y a cualquier entidad pública que se cree a lo largo del propio ejercicio 2025.

¿Qué cambia o establece? La ley fija en 15.728.196.000 euros tanto el techo de gasto como el de ingresos de la Administración general de Euskadi para 2025, e incluye 336.128.952 euros en remanentes de tesorería. Asigna dotaciones concretas a organismos autónomos como Lanbide (1.169.616.000 euros) o a entes como Osakidetza (más de 4.100 millones), la Red Ferroviaria Vasca o Radio Televisión Vasca, entre otros. También fija en 401.354.093 euros la aportación a la Universidad del País Vasco, detallando su desglose entre gastos corrientes, contratos-programa, inversiones y complementos retributivos.

¿Qué es? Es una resolución del Servicio de Tráfico de Navarra que fija restricciones especiales de circulación para determinados vehículos durante el año 2025 en la Comunidad Foral de Navarra. Se apoya en la legislación estatal de tráfico y en las competencias que el Estado traspasó a Navarra en esta materia en 2023.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a dos grupos: los organizadores de pruebas deportivas, marchas ciclistas y eventos similares que ocupen vías públicas interurbanas, y a los transportistas que circulen con vehículos que lleven mercancías peligrosas señalizadas con paneles naranja, especialmente si superan los 7.500 kg de masa máxima autorizada.

¿Qué cambia o establece? Por un lado, prohíbe autorizar pruebas deportivas o eventos en vía pública en fechas y horas concretas recogidas en los anexos, con excepciones para eventos internacionales, de relevancia social o tradicional, o que coincidan con procesos electorales. Por otro, prohíbe la circulación de vehículos con mercancías peligrosas en determinados tramos y horarios, y obliga a estos vehículos a seguir rutas específicas recogidas en la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP), usando siempre el recorrido más corto posible por vías convencionales y las circunvalaciones disponibles para evitar el paso por poblaciones.

¿Qué es? Es una circular dictada el 18 de diciembre de 2024 por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que aprueba modelos normalizados para informar sobre las comisiones y gastos que soportan los planes de pensiones. Su objetivo es que esa información se presente siempre de la misma manera y con el mismo nivel de detalle, independientemente de la entidad gestora de que se trate.

¿A quién afecta? Afecta directamente a las entidades gestoras de fondos de pensiones, que son las obligadas a elaborar y entregar la información. También afecta a cualquier persona que sea partícipe, partícipe potencial o beneficiaria de un plan de pensiones, tanto de empleo como individual, ya que son quienes recibirán esa información estandarizada.

¿Qué cambia o establece? Hasta ahora, las gestoras informaban sobre comisiones y gastos de forma variable, lo que dificultaba comparar el coste real de distintos planes. La circular obliga a desglosar, con formatos concretos y uniformes, todos los tipos de comisiones —directas e indirectas, de gestión y de depósito— y los demás gastos imputables al plan, tanto en el documento de información general y en el documento de datos fundamentales para el partícipe, como en los informes periódicos trimestrales y semestrales. Así, el ciudadano podrá ver y comparar el coste total que realmente paga en su plan de pensiones frente a otros.

¿Qué es? Es un decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears aprobado el 13 de diciembre de 2024 con carácter urgente, impulsado tras la catástrofe de la DANA de finales de octubre de 2024 que devastó la Comunidad Valenciana. Su objetivo es reforzar la protección de las personas y los bienes frente al riesgo de inundación, completando el marco legal autonómico en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

¿A quién afecta? Afecta a propietarios, promotores y ciudadanos que tengan terrenos, edificaciones o proyectos de construcción ubicados en zonas inundables de las Illes Balears, especialmente en las denominadas zonas de flujo preferente (las de mayor riesgo hídrico), tanto en suelo rústico como en suelo urbano o urbanizable. También afecta a titulares de explotaciones agrarias con construcciones en dichas zonas.

¿Qué cambia o establece? Modifica tres leyes autonómicas. En suelo rústico, prohíbe nuevas viviendas unifamiliares aisladas y equipamientos sensibles en zonas de flujo preferente y áreas inundables de prevención de riesgos. En materia urbanística, restringe la edificación en suelo urbano afectado por inundación e impide reconvertir locales en viviendas si están en zonas de flujo preferente. En el ámbito agrario, excluye expresamente del procedimiento extraordinario de regularización de edificaciones aquellas construcciones situadas en zonas de flujo preferente que no cumplan las limitaciones del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

¿Qué es? Es la ley que aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2025, es decir, el plan oficial que fija cuánto dinero puede gastar y cuánto espera ingresar la Comunidad Foral de Navarra durante ese ejercicio. La aprobó el Parlamento de Navarra y fue promulgada el 26 de diciembre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de instituciones y organismos públicos de Navarra: el Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración foral y sus organismos autónomos, el Consejo de Navarra, las fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina Anticorrupción. De forma indirecta, afecta a toda la ciudadanía navarra, ya que regula los recursos con los que se financian los servicios y políticas públicas de la región.

¿Qué cambia o establece? Fija un gasto e ingreso total consolidado de 6.431.264.947 euros, con un límite de gasto no financiero de 4.781.527.567 euros. Establece las reglas para modificar partidas presupuestarias durante el año, incluyendo la posibilidad de ampliar créditos sin trámites adicionales en casos concretos: pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo o de violencia política, cotizaciones a la Seguridad Social, reducción de listas de espera en el Servicio Navarro de Salud y ejecución del Programa de Inversiones 2025. También regula cómo se gestionan los fondos cofinanciados por la Unión Europea.

¿Qué es? La Ley 8/2024, de 30 de diciembre, es una ley de la Comunitat Valenciana que regula la accesibilidad universal en su territorio. Su objetivo es garantizar que todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad, puedan acceder y utilizar en igualdad de condiciones los espacios, servicios, productos, transportes, edificios y comunicaciones, tanto públicos como privados. La ley prohíbe la discriminación por motivos de accesibilidad y establece obligaciones concretas para que ninguna persona quede excluida por barreras físicas, comunicativas o de cualquier otro tipo.

¿A quién afecta? Afecta a todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana —Generalitat y entidades locales—, así como a empresas, entidades y particulares que gestionen espacios, servicios o productos abiertos al público. También afecta directamente a los ciudadanos con discapacidad o movilidad reducida, que son los principales beneficiarios de sus medidas. Además, alcanza a sectores muy variados: educación, sanidad, transporte, comercio, cultura, turismo, deporte, justicia, empleo y medios de comunicación.

¿Qué cambia o establece? La ley introduce obligaciones de accesibilidad en ámbitos muy concretos: las páginas web y aplicaciones móviles públicas deberán ser accesibles, los edificios nuevos y existentes tendrán que cumplir condiciones de accesibilidad con ajustes razonables, el transporte público y los taxis deberán adaptarse, y los centros educativos, sanitarios, culturales y deportivos habrán de garantizar el acceso a todas las personas. Se regulan también la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, las playas urbanas accesibles, los planes de emergencia inclusivos y la formación en accesibilidad en los planes de estudio. Las administraciones deberán elaborar planes de promoción y garantía de la accesibilidad, y se establecen medidas de control, fomento y acción positiva para asegurar el cumplimiento efectivo de la norma.

¿Qué es? La Ley 1/2025, de 8 de enero, crea el Fondo Agrario y Ganadero de Cataluña, un fondo de financiación complementario a los programas europeos y autonómicos ya existentes de apoyo al campo. Se nutre de una parte de los ingresos del impuesto que gravan las instalaciones nucleares de producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica. Su objetivo es dotar al sector agrario y ganadero catalán de más recursos económicos de los que hasta ahora recibía.

¿A quién afecta? Afecta a las personas y empresas titulares de explotaciones agrarias y ganaderas en Cataluña. De forma especial, se dirige a los jóvenes que quieran incorporarse al sector, así como a las comunidades de regantes de zonas de riego de iniciativa privada que habían quedado fuera del programa de desarrollo rural vigente para el período 2023-2027.

¿Qué cambia o establece? La ley crea el Fondo y fija que una parte de sus recursos se destine a aumentar los porcentajes de ayuda en inversiones para mejorar la competitividad de las explotaciones y para reducir su impacto en el cambio climático, por encima de los niveles actuales y hasta los máximos que permiten los reglamentos europeos. También obliga a incluir financiación específica para las comunidades de regantes que quedaron excluidas del plan vigente. Además, reserva una parte del Fondo para incentivar que los titulares de explotaciones cedan su negocio a jóvenes agricultores, facilitando así el relevo generacional en el campo catalán.

¿Qué es? La Orden CLT/7/2025, de 14 de enero, crea oficialmente el Archivo Histórico Provincial de Madrid. Se trata de un centro público dependiente del Estado que reunirá, conservará y difundirá la documentación generada por los órganos de la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad de Madrid. Su creación responde a una demanda histórica reclamada desde 2009 por la Asamblea de Madrid, ya que la capital era la única gran provincia española sin este tipo de archivo.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a investigadores, ciudadanos y organismos públicos que necesiten acceder a documentación histórica generada por el Estado en Madrid. También afecta al Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad de Madrid, que quedará integrado en el nuevo archivo. De forma más amplia, afecta a la propia Administración General del Estado, que deberá canalizar hacia este centro la documentación de carácter histórico producida por sus dependencias en la región.

¿Qué cambia o establece? La norma crea formalmente el Archivo Histórico Provincial de Madrid, equiparando así a la capital con el resto de provincias españolas que ya cuentan con este tipo de institución. Con ello se cubre el vacío legal existente desde el Decreto de 1931, que ordenó la creación de archivos históricos provinciales en toda España pero dejó fuera a Madrid por la presencia de otros grandes archivos estatales. El nuevo archivo asumirá las funciones de archivo intermedio e histórico para la Administración periférica del Estado en Madrid, permitiendo la transferencia regular de documentos históricos y garantizando su conservación y acceso público.

¿Qué es? Es la ley que fija los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2025. Aprobada por el Parlamento de Cantabria el 23 de diciembre de 2024, recoge la totalidad de los ingresos y gastos previstos para ese ejercicio, incluyendo los de los organismos y entidades que dependen del Gobierno autonómico. Su elaboración corresponde al Gobierno y su aprobación al Parlamento, según establece el Estatuto de Autonomía de Cantabria.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de la ciudadanía de Cantabria, ya que regula cómo se recaudan y distribuyen los recursos públicos autonómicos. De forma más directa, tiene impacto en quienes utilizan servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo y la vivienda; en jóvenes y familias que buscan acceso a vivienda en alquiler; en pymes y autónomos; y en el mundo rural y el sector empresarial e industrial de la comunidad.

¿Qué cambia o establece? El presupuesto para 2025 es expansivo y destina más recursos a sanidad —incluyendo el proyecto de protonterapia— y educación, especialmente para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Incrementa el gasto en vivienda social y alquiler asequible, refuerza la política de investigación, desarrollo e innovación, y contempla inversiones estratégicas como el desarrollo industrial del Llano de la Pasiega y la nueva sede del MUPAC. Al mismo tiempo, se ajusta a la regla de gasto europea, que limita el crecimiento del gasto no financiero al 3,2 %, y mantiene el objetivo de reducir la deuda pública autonómica.

¿Qué es? El Real Decreto 10/2025, aprobado el 14 de enero de 2025, establece la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas, llamada CNAE-2025. Esta clasificación es un listado oficial y ordenado de todas las actividades económicas que existen, agrupadas en categorías, y sustituye a la anterior CNAE-2009, que llevaba en vigor desde el 1 de enero de 2009.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las autoridades estadísticas del Estado, en especial al Instituto Nacional de Estadística (INE), que debe usarla para elaborar estadísticas oficiales. También afecta a empresas, entidades financieras, administraciones públicas y cualquier operador del mercado, ya que la clasificación se utiliza no solo para estadísticas sino también en registros y trámites administrativos.

¿Qué cambia o establece? Actualiza la clasificación de actividades económicas para reflejar los cambios producidos desde 2009 por la globalización, la digitalización, los avances tecnológicos y la mayor atención al medio ambiente. Fija la estructura de la nueva clasificación, regula su uso en la elaboración de estadísticas oficiales del Estado, y encarga al INE facilitar su aplicación mediante notas explicativas y directrices. Además, se alinea con la clasificación europea (NACE Rev. 2.1) y con la clasificación internacional de Naciones Unidas (CIIU Rev.5), garantizando que los datos españoles sean comparables a nivel europeo e internacional.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la creación y venta de una moneda conmemorativa de plata dedicada al Equipo Olímpico Español que participará en los Juegos de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026. La moneda tiene un valor facial de 10 euros y está acuñada en plata de alta pureza (925 milésimas). Su fabricación corre a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas y al público en general interesado en adquirir la moneda, ya que no está destinada a usarse como dinero en circulación ordinaria. También concierne a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que la produce y comercializa, y al Banco de España, que interviene en el proceso de puesta en circulación formal.

¿Qué cambia o establece? Establece que se acuñarán como máximo 6.000 piezas durante el primer trimestre de 2025, con un precio inicial de venta al público de 61,98 euros (sin IVA). La moneda es circular, pesa 27 gramos y mide 40 mm de diámetro; en su anverso figura el retrato del Rey Felipe VI y en el reverso un deportista de snowboard junto al logotipo del Comité Olímpico Español. La norma también prevé que el precio pueda revisarse si el valor de la plata en los mercados varía más de un cuatro por ciento.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza al Estado español a emitir nueva Deuda Pública durante el año 2025 y hasta enero de 2026. En términos sencillos, da el visto bueno formal para que el Estado pueda pedir dinero prestado —a través de bonos, letras del tesoro y otros instrumentos financieros— con el fin de cubrir sus gastos o gestionar su tesorería.

¿A quién afecta? Afecta directamente al Estado y a los organismos encargados de gestionar su financiación, en particular a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y al Banco de España, que actúa como agente financiero. De forma indirecta, afecta a cualquier persona o entidad —inversores particulares, fondos, empresas públicas— que compre o posea deuda pública española, ya que la norma regula las condiciones bajo las que esos títulos se emiten, subastan y reembolsan.

¿Qué cambia o establece? La orden establece las reglas concretas para emitir deuda en 2025: cómo se formalizan y representan los títulos, cuándo se emiten y amortizan, y cómo funciona el sistema de subastas (tipos de ofertas, resolución, publicación de resultados y cálculo de intereses). Dado que España lleva dos años prorrogando los Presupuestos de 2023 por falta de aprobación de nuevos, se mantiene el mismo límite de endeudamiento autorizado en aquella ley. Además, incorpora a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) como entidad autorizada a presentar peticiones de compra no competitivas, y deroga la orden equivalente del año anterior.

¿Qué es? Es un acuerdo entre los gobiernos de Canadá y España, formalizado mediante un intercambio de notas diplomáticas en Madrid el 20 de diciembre de 2024, por el que ambos países acuerdan aplicar el Estatuto de Fuerzas de la OTAN (SOFA) a un grupo concreto de militares canadienses y sus familiares destinados en España.

¿A quién afecta? Afecta a los miembros de las Fuerzas Aéreas Canadienses (RCAF) que componen el denominado STTC Det, actualmente dos militares y sus respectivos familiares, destinados en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Getafe (Madrid). También se aplica a los militares que los sustituyan en rotaciones futuras y a sus familias, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de diciembre de 2030, o hasta que el proyecto concluya.

¿Qué cambia o establece? España acepta que estos militares canadienses y sus familias queden amparados por el Acuerdo SOFA de la OTAN de 1951 mientras permanezcan en territorio español para trabajar en el Proyecto de Capacidad Estratégica de Transporte de Reabastecimiento (STTC), que se desarrolla en colaboración con Airbus. Esto les otorga un estatuto jurídico especial equiparable al de fuerzas aliadas en misión. Queda expresamente excluida la aplicación del Protocolo de París de 1952, al no desarrollarse la misión dentro de una sede militar internacional.

¿Qué es? Es una corrección de un error tipográfico detectado en el título de una resolución del Tribunal de Cuentas publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2024. No modifica el contenido de la norma, solo corrige una expresión mal escrita en su encabezado.

¿A quién afecta? Afecta formalmente a las Comunidades Autónomas que no tienen su propio órgano autonómico de control externo y que están obligadas a rendir sus cuentas al Tribunal de Cuentas por vía telemática a partir del ejercicio 2024.

¿Qué cambia o establece? Únicamente corrige una expresión en el título de la resolución original: donde se leía "Cuentas Generales de las Comunidades Autónomas" debe leerse "cuentas de las Comunidades Autónomas". No altera ninguna obligación, plazo ni procedimiento establecido en la instrucción que regula dicha rendición telemática de cuentas.

¿Qué es? Es un Real Decreto firmado por el Rey Felipe VI el 29 de octubre de 2024 mediante el cual se concede el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a Su Majestad la Reina Doña Sofía de Grecia.

¿A quién afecta? Afecta exclusivamente a Su Majestad la Reina Doña Sofía, madre del Rey Felipe VI, quien es la destinataria de esta distinción honorífica.

¿Qué cambia o establece? Establece la concesión formal del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a la Reina Doña Sofía, como reconocimiento público a su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona. El decreto fue oído por el Consejo de Ministros y refrendado, por suplencia, por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

¿Qué es? La Ley 7/2024, de 23 de diciembre, es la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025. Es la norma que aprueba las cuentas públicas de la Junta de Andalucía para ese ejercicio, fijando cuánto dinero puede gastar e ingresar la administración autonómica y sus organismos dependientes durante el año 2025.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de la ciudadanía andaluza, ya que regula la actividad económica y financiera de toda la administración de la Junta de Andalucía: sus consejerías, agencias, organismos públicos, sociedades mercantiles, universidades públicas, entidades locales que reciben transferencias, y al personal empleado público de la administración autonómica en materia de retribuciones y empleo.

¿Qué cambia o establece? La ley aprueba los estados de gastos e ingresos de la Junta para 2025, fija las retribuciones del personal público andaluz, regula la gestión y el control del gasto, establece normas sobre subvenciones, operaciones de endeudamiento y avales, actualiza determinadas tasas, y fija las reglas de financiación de entidades como universidades, centros concertados y entes del sector público andaluz. También regula las relaciones financieras con las entidades locales y establece los mecanismos de información y rendición de cuentas al Parlamento de Andalucía.

¿Qué es? Es una Orden Ministerial aprobada el 23 de diciembre de 2024 que crea y regula dos órganos internos de contratación dentro del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa: la Junta de contratación y la Mesa única de contratación. Su aprobación responde a la reorganización de los ministerios llevada a cabo en 2023 y 2024, que hizo necesario adaptar los órganos encargados de gestionar las compras y contratos públicos a la nueva estructura ministerial.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y, de forma transitoria, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, mientras este último no cuente con sus propios órganos de contratación. En la práctica, incumbe a los funcionarios y unidades administrativas de estos ministerios que tramitan expedientes de contratación pública, no directamente a los ciudadanos particulares.

¿Qué cambia o establece? La orden suprime los órganos de contratación creados por la anterior Orden ETD/379/2021 y los sustituye por una Junta de contratación y una Mesa única de contratación permanente, pensada para agilizar los trámites. Establece además cuatro regímenes transitorios para los contratos que ya estaban en curso antes de su entrada en vigor, indicando qué órgano debe continuar gestionando cada expediente según el ministerio al que pertenezca y la fase en que se encuentre, de modo que ningún procedimiento quede sin responsable asignado durante el cambio.