El Horno

¿Qué es? Es un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, aprobado el 12 de febrero de 2025, que modifica el Reglamento 1/2005, la norma interna que organiza el funcionamiento de los juzgados en España. En concreto, cambia dos artículos de ese reglamento para regular qué juez actúa cuando surgen situaciones urgentes fuera del horario habitual de los tribunales.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona que se vea involucrada en una situación de urgencia judicial fuera de días u horas hábiles: personas internadas de forma no voluntaria por un trastorno psíquico, menores con problemas de conducta que puedan ingresar en centros de protección, personas cuyo domicilio puede ser objeto de una entrada forzosa para ejecutar medidas de protección de menores, y personas privadas de libertad cuyos derechos requieran atención urgente del juzgado de vigilancia penitenciaria. También afecta a grandes ciudades donde hay muchos casos de delitos leves.

¿Qué cambia o establece? La norma establece que, cuando una solicitud urgente llega fuera del horario de los juzgados competentes, será el juez de guardia de turno en esa circunscripción quien resuelva en su lugar, siempre que el período inhábil se extienda al menos 24 horas más. Esto garantiza que se respeten los plazos legales de 72 horas para ratificar un internamiento psiquiátrico no voluntario y de 24 horas para autorizar una entrada en domicilio por protección de menores. Además, se elimina el límite máximo de juzgados de guardia que pueden juzgar delitos leves de forma inmediata en grandes partidos judiciales, y se actualiza el lenguaje de la norma: se sustituye el término "faltas" por "delitos leves" y "Juntas de Jueces" por "Juntas de Jueces y Juezas".

¿Qué es? Es la ley foral que aprueba oficialmente las Cuentas Generales de Navarra correspondientes al año 2023. Recoge el balance económico y contable de la actividad del Gobierno de Navarra durante ese ejercicio, una vez revisadas por la Cámara de Comptos (el órgano fiscalizador de las cuentas públicas navarras) y debatidas en el Parlamento de Navarra.

¿A quién afecta? Afecta a la Comunidad Foral de Navarra en su conjunto, ya que formaliza legalmente la rendición de cuentas del Gobierno ante el Parlamento y, por extensión, ante la ciudadanía navarra. No impone obligaciones directas a los particulares.

¿Qué cambia o establece? Aprueba con rango de ley las cuentas públicas navarras del ejercicio 2023, tal y como las formuló el Departamento de Economía y Hacienda y las aprobó el Gobierno de Navarra. Su contenido completo se publica en el Portal de Navarra. Entró en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, el 12 de febrero de 2025.

¿Qué es? Es una modificación técnica de dos reales decretos aprobados a finales de 2024 que regulan subvenciones públicas relacionadas con la memoria histórica. Su único cambio es actualizar la referencia presupuestaria del año 2024 al año 2025, para que las ayudas puedan pagarse con cargo a los presupuestos del ejercicio en curso.

¿A quién afecta? Afecta a las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones) y a la Federación Española de Municipios y Provincias que reciben subvenciones para buscar, localizar, exhumar e identificar restos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a entidades, asociaciones y fundaciones que desarrollan actividades de promoción y divulgación de la Memoria Democrática y de reconocimiento moral de esas víctimas.

¿Qué cambia o establece? Cambia únicamente la partida presupuestaria con cargo a la que se financian las subvenciones: donde antes se mencionaba el presupuesto de 2024, ahora se señala el de 2025, lo que permite tramitar las modificaciones presupuestarias necesarias para que los pagos se hagan efectivos este año. En el caso de las subvenciones para actividades de Memoria Democrática, se fija expresamente que el importe total es de 970.000 euros, financiados mediante partidas de nueva creación en el presupuesto de 2025. No se crean nuevas obligaciones ni se modifican los beneficiarios ni las condiciones de las ayudas.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 18 de febrero de 2025 que crea la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado, el órgano consultivo más importante del Gobierno español. Esta comisión se constituye bajo la Presidencia de Honor del Rey y está adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Administración General del Estado y al propio Consejo de Estado, que trabajarán conjuntamente en la organización de los actos conmemorativos. También implica a las comunidades autónomas, a administraciones de otros países, a organismos internacionales y a entidades públicas o privadas que puedan colaborar en la celebración. No impone obligaciones ni afecta a los derechos de los ciudadanos en general.

¿Qué cambia o establece? Crea un nuevo órgano colegiado interministerial encargado de diseñar, planificar y coordinar todos los eventos y actividades que se celebrarán a lo largo de 2026 con motivo de los 500 años de historia del Consejo de Estado, institución fundada en su forma actual en 1526. La Comisión se estructura en varios órganos: una Presidencia (ejercida por el Presidente del Gobierno), una Vicepresidencia (ejercida por el Presidente del Consejo de Estado), un Pleno, un Comité Ejecutivo, un Comisionado y Comités Especializados. Su funcionamiento se financiará con los medios ya disponibles, sin generar gasto adicional.

¿Qué es? Es una sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 17 de diciembre de 2024, que resuelve un recurso judicial presentado contra el Real Decreto 64/2023. Ese real decreto aprobaba el reglamento que regulaba cómo acceder a las profesiones de abogado y procurador en España. El Tribunal ha estimado el recurso y ha ordenado publicar su fallo en el BOE.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a quienes querían acceder a las profesiones de abogacía y procura al amparo de ese reglamento, así como a los colegios profesionales y a la Administración del Estado, que fue la parte condenada en costas. El recurso lo interpuso el Consejo General de Procuradores de España.

¿Qué cambia o establece? El Tribunal Supremo anula por completo el Real Decreto 64/2023 por ser contrario a derecho, lo que significa que ese reglamento deja de tener validez legal. Como consecuencia, las normas de acceso a las profesiones de abogacía y procura que ese reglamento establecía quedan sin efecto, y la Administración debe hacerse cargo de las costas del proceso judicial.

¿Qué es? El Real Decreto 99/2025, de 18 de febrero de 2025, crea la Comisión Interministerial para la preparación y organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030, que se celebrará en España junto con Portugal y Marruecos tras la designación oficial de la FIFA el 11 de diciembre de 2024. Se trata de un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que funcionará con los medios personales y materiales ya existentes en los ministerios participantes, sin generar gasto público adicional.

¿A quién afecta? Afecta directamente a la Administración General del Estado, en concreto a quince ministerios y al Consejo Superior de Deportes, que quedan integrados en esta Comisión. Para los ciudadanos en general, la norma no impone obligaciones ni restringe derechos; su impacto es indirecto, en la medida en que la Comisión coordina las actuaciones públicas en materia de inversiones, infraestructuras, seguridad, turismo y tecnología relacionadas con el evento.

¿Qué cambia o establece? La norma crea y regula la Comisión Interministerial, que estará presidida por el titular del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con representantes de los demás ministerios a nivel de Secretario de Estado o Subsecretario. Su función principal es coordinar y dar seguimiento a todos los compromisos asumidos por el Gobierno para la organización del Mundial. Se reunirá en pleno al menos una vez cada seis meses, podrá crear grupos de trabajo específicos, y se extinguirá automáticamente una vez celebrado el torneo y liquidados sus compromisos económicos.

¿Qué es? El Real Decreto 103/2025, de 18 de febrero, crea la Orden del Mérito a la Seguridad del Ministerio del Interior, una condecoración civil oficial destinada a reconocer públicamente actuaciones excepcionales en favor de la seguridad pública y la seguridad ciudadana que van más allá de lo legalmente exigido.

¿A quién afecta? Puede concederse a cualquier persona física (española o extranjera, incluso a título póstumo), así como a personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. Por tanto, pueden ser destinatarios tanto ciudadanos particulares y funcionarios como organizaciones o empresas que hayan contribuido de forma sobresaliente a la seguridad pública.

¿Qué cambia o establece? Se crea una nueva distinción con dos modalidades: la Cruz (para personas físicas, en tres categorías: Gran Cruz, Cruz de Oro y Cruz de Plata) y la Placa (para personas jurídicas y entidades). Su concesión no lleva aparejada ninguna retribución económica, pero otorga el derecho a exhibir la condecoración o a hacer constar su concesión en documentos institucionales. La norma regula también los méritos exigibles, los órganos competentes para concederla, el procedimiento de concesión, un registro oficial de concesiones y el procedimiento de revocación en caso de que proceda.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 18 de febrero de 2025 que modifica dos normas ya existentes: los estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia (entidad pública que apoya a confesiones religiosas minoritarias en España) y el estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (el organismo que protege a quienes denuncian irregularidades en el sector público).

¿A quién afecta? Afecta principalmente al funcionamiento interno de estas dos entidades públicas. En el caso de la Fundación, afecta a los miembros de su Patronato y a las confesiones religiosas no católicas con acuerdo de cooperación con el Estado o reconocidas de notorio arraigo, que son los potenciales beneficiarios de sus subvenciones. En el caso de la Autoridad del Informante, afecta a la propia organización y a su personal directivo. No impone obligaciones ni cargas nuevas a la ciudadanía en general.

¿Qué cambia o establece? En la Fundación Pluralismo y Convivencia se introducen tres cambios: se actualiza la composición del Patronato para adaptarla a la estructura ministerial actual, se exige que haya representación equilibrada entre mujeres y hombres en ese órgano, se crea una Vicepresidencia Segunda, y se crea un nuevo órgano encargado de proponer y conceder las subvenciones, formado exclusivamente por miembros del Patronato que no pertenezcan ni estén vinculados a las entidades que pueden recibir esas ayudas, con el fin de evitar conflictos de interés. En cuanto a la Autoridad del Informante, se fija oficialmente su sede física y se atribuye expresamente a su Gerencia la función de asesoramiento jurídico interno.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que autoriza la creación y venta de una moneda conmemorativa de colección en plata, emitida en 2025 con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y dedicada a homenajear a la lexicógrafa y bibliotecaria María Moliner.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, encargada de acuñarla y comercializarla, y al Banco de España, que interviene en su puesta en circulación. Para el ciudadano de a pie, es relevante si tiene interés en adquirirla como pieza de colección, ya que puede comprarse al público.

¿Qué cambia o establece? Ordena la acuñación de un máximo de 4.000 monedas de plata de 27 gramos, 40 mm de diámetro y valor facial de 10 euros, con el retrato del Rey Felipe VI en el anverso y una imagen de María Moliner en el reverso. Su precio inicial de venta al público es de 61,98 euros (sin IVA), aunque ese precio puede ajustarse si el valor de la plata en los mercados varía más de un 4%. La emisión debía ponerse en marcha durante el primer trimestre de 2025.

¿Qué es? Es la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2025, aprobada por la Junta General del Principado el 27 de diciembre de 2024. Fija cuánto dinero puede gastar e ingresa el Gobierno regional durante ese ejercicio, y es el principal instrumento con el que la administración autonómica planifica y concreta sus políticas públicas para ese año.

¿A quién afecta? Afecta a toda la ciudadanía residente en Asturias, ya que regula los servicios públicos que reciben —sanidad, educación, vivienda, empleo, etc.—, así como a los organismos, empresas públicas y entidades dependientes del Principado que deben ajustar su actividad y gasto a lo que esta ley autoriza.

¿Qué cambia o establece? Fija un límite de gasto no financiero de 6.091 millones de euros para 2025, un 5,7 % más que el año anterior. Entre las medidas concretas que recoge destacan la integración de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años, la gratuidad de las matrículas universitarias para rentas bajas, actuaciones para reducir las listas de espera sanitarias y garantizar la atención a personas mayores, incentivos a la I+D+i y el empleo, y medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Todo ello dentro de un marco de control del déficit público, con un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB para las comunidades autónomas fijado por el Gobierno central.

¿Qué es? Es una ley del Principado de Asturias que crea una figura jurídica llamada Proyecto de Interés Estratégico (PIER). Su propósito es agilizar y simplificar la tramitación administrativa de grandes proyectos de inversión que se consideren relevantes para la economía y el empleo de la región, especialmente los relacionados con la industria, la descarbonización y la transformación digital.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a empresas y promotores privados —tanto regionales como foráneos o multinacionales— que quieran desarrollar proyectos de inversión en Asturias. También afecta a los ayuntamientos y a las distintas áreas de la Administración autonómica, que deberán coordinarse con la consejería de industria cuando un proyecto reciba la declaración de PIER.

¿Qué cambia o establece? La ley designa a la consejería competente en industria como ventanilla única para tramitar estos proyectos de forma urgente y preferente, reuniendo en un solo cauce todos los permisos y autorizaciones necesarios, y con plazos más cortos que los habituales. Además, los proyectos declarados PIER tendrán acceso inmediato a todos los incentivos económicos y financieros disponibles del Principado. Por último, la ley modifica puntualmente la normativa de ordenación del territorio para facilitar la gestión y regeneración de áreas industriales que sirvan de soporte a estas inversiones.

¿Qué es? Es una corrección de errores de un decreto-ley catalán publicado en el Boletín Oficial del Estado. No cambia el contenido de la norma, solo corrige un fallo en la numeración de dos apartados del artículo 1.3: lo que estaba etiquetado como letras e) y f) pasa a llamarse correctamente f) y g).

¿A quién afecta? Afecta principalmente a quienes aplican o interpretan el Decreto-ley 11/2024 en su versión oficial: administraciones públicas, entidades de derecho público, sociedades participadas por la Generalitat de Cataluña y la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR). Para el ciudadano común, el impacto es indirecto.

¿Qué cambia o establece? No se modifica ningún derecho ni obligación. El único cambio es formal: los dos apartados afectados reciben la letra correcta dentro del artículo. El contenido sigue siendo el mismo: uno autoriza al Gobierno a avalar operaciones financieras de entidades públicas y sociedades de la Generalitat, y el otro permite a la AGAUR avalar préstamos de estudiantes universitarios para pagar la matrícula, con un límite máximo de 4.000.000 de euros.

¿Qué es? Es una corrección oficial de errores de la Dirección General de Tráfico sobre una resolución anterior (de 20 de enero de 2025) que regulaba el tráfico en carreteras españolas durante 2025.

¿A quién afecta? Afecta a los conductores que circulen por carreteras de Asturias en las fechas indicadas, especialmente en zonas con restricciones de tráfico por alta concentración de vehículos, eventos deportivos u otros acontecimientos especiales.

¿Qué cambia o establece? Corrige dos errores en la tabla del anexo VIII de la resolución original: elimina por completo el período "12 al 30 de abril" que figuraba para Asturias, y amplía el período "1 y 4 de mayo" para que pase a ser "1 a 4 de mayo" (es decir, los cuatro días seguidos del 1 al 4 de mayo, no solo dos días sueltos).

¿Qué es? Es una Orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa por la que el Estado español autoriza la fabricación y venta de tres monedas conmemorativas de colección dedicadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estas monedas no están pensadas para usarse como dinero en el día a día, sino para coleccionistas, y serán acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a coleccionistas y personas interesadas en numismática que quieran adquirir estas piezas. También afecta a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la encargada de producirlas y comercializarlas por cuenta del Estado.

¿Qué cambia o establece? La orden establece la emisión, durante el primer trimestre de 2025, de tres monedas de colección: una de oro de 400 euros (máximo 800 piezas), una de oro de 100 euros (máximo 1.500 piezas) y una de plata de 10 euros (máximo 6.000 piezas). Cada una lleva en el anverso el retrato del Rey Felipe VI y en el reverso imágenes relacionadas con el fútbol y el logotipo del torneo. Se permite además que hasta cinco ejemplares de cada moneda pasen a los fondos del Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

¿Qué es? Es una orden ministerial que actualiza las tarifas que pagan las aeronaves por usar los servicios de navegación aérea en ruta gestionados por Eurocontrol dentro del espacio aéreo español, con efectos desde el 1 de enero de 2025. También modifica el tipo de interés que se aplica cuando esas tarifas se pagan fuera de plazo. La orden se limita a trasladar al ordenamiento jurídico español las decisiones ya adoptadas por la Comisión Ampliada de Eurocontrol en noviembre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las compañías aéreas y operadores de aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo español —las regiones de información de vuelo (FIR/UIR) de Barcelona, Madrid y Canarias—, ya que son quienes pagan estas tarifas por el uso de los servicios de control y navegación en ruta. También afecta a ENAIRE (la entidad pública que gestiona la navegación aérea en España), a la que se le encomienda formalmente el pago de la cuota anual que corresponde a España como país miembro de Eurocontrol.

¿Qué cambia o establece? Fija las nuevas tarifas unitarias de base para 2025: 66,31 euros por unidad de servicio en las FIR/UIR de Barcelona y Madrid, y 51,89 euros en la de Canarias. Asimismo, actualiza el tipo de interés aplicable por mora en el pago. Como novedad respecto a años anteriores, incorpora una disposición adicional que delega formalmente en ENAIRE el pago de la cuota española a Eurocontrol, con carácter indefinido, para simplificar la gestión administrativa y garantizar la correcta deducibilidad fiscal de ese gasto.

¿Qué es? Es un decreto-ley aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya el 17 de diciembre de 2024 ante la situación de prórroga presupuestaria para 2025, ya que no se han aprobado nuevos presupuestos. Al no poder incluirse estas medidas en una ley de presupuestos, el Gobierno las adopta de forma urgente mediante este instrumento legislativo excepcional.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad económica que reciben prestaciones sociales vinculadas al indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), como la renta garantizada de ciudadanía, complementos de pensiones no contributivas, ayudas para el mantenimiento del hogar, prestaciones para jóvenes tutelados y extutelados, y servicios sociales con copago. En conjunto, cubre a más de 250.000 personas beneficiarias. También afecta a entidades del sector público catalán que necesitan financiación, y a determinado personal de la Administración de la Generalitat.

¿Qué cambia o establece? La norma hace tres cosas principales. Primero, autoriza al sector público catalán a endeudarse, otorgar avales y garantías para cubrir necesidades financieras inaplazables durante 2025. Segundo, sube el IRSC un 3 % con efectos desde enero de 2025, lo que incrementa la cuantía de las prestaciones sociales ligadas a ese indicador para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las personas beneficiarias. Tercero, establece que no se podrán reclamar las deudas pendientes por cobros indebidos de la renta garantizada de ciudadanía o del complemento al ingreso mínimo vital cuando el importe no supere el 50 % de la cuantía mensual del IRSC, evitando así agravar la situación de quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.

¿Qué es? El Real Decreto 72/2025 aprueba el Programa Anual de Estadística para el año 2025, que es el plan de trabajo concreto que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros organismos públicos durante ese año. Este programa forma parte del Plan Estadístico Nacional 2025-2028 y detalla qué estadísticas oficiales se van a elaborar, con qué objetivos y de qué manera.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los organismos de la Administración General del Estado encargados de producir estadísticas oficiales, así como a las empresas, hogares y personas que puedan ser requeridas para proporcionar datos. Indirectamente, sus resultados sirven a instituciones, empresas, investigadores, medios de comunicación y cualquier ciudadano que utilice estadísticas públicas para tomar decisiones o informarse.

¿Qué cambia o establece? Establece las actuaciones estadísticas concretas que el Estado llevará a cabo en 2025, incluyendo novedades como el impulso a un espacio de datos llamado DataStat para mejorar el intercambio de información entre organismos, el desarrollo de un Padrón municipal en línea, la adaptación a la nueva clasificación de actividades económicas CNAE 2025, y un mayor uso de registros administrativos y grandes bases de datos privadas para elaborar estadísticas con menor carga sobre los ciudadanos. También incorpora las estadísticas que España está obligada a producir por exigencia de la normativa de la Unión Europea.

¿Qué es? Es una orden ministerial que modifica una norma de 2015 sobre la formación obligatoria del personal que trabaja con animales en laboratorios e investigación científica, incluida la docencia. La modificación actualiza cómo se acredita y se renueva esa formación, y adapta el procedimiento administrativo a la ley vigente.

¿A quién afecta? Afecta a las personas que manejan, crían o suministran animales destinados a experimentación u otros fines científicos y docentes, y que por ello deben acreditar una capacitación reconocida oficialmente. También afecta a las comunidades autónomas, que son las autoridades encargadas de reconocer y comprobar esa capacitación.

¿Qué cambia o establece? Los principales cambios son tres. Primero, una persona puede acreditar el mantenimiento de su formación ante la comunidad autónoma donde trabaje o resida, aunque haya sido otra comunidad autónoma la que le otorgó la capacitación inicial. Segundo, los diplomas de los cursos de formación reconocidos por una comunidad autónoma tendrán validez en todo el territorio nacional, y esa comunidad deberá comunicar los cursos reconocidos al Ministerio en un plazo de tres meses. Tercero, se amplían las actividades válidas para demostrar que se mantiene la formación continua, incluyendo cursos, seminarios, ponencias, talleres, estancias en centros de investigación, publicaciones científicas o la pertenencia a comités relacionados con la experimentación animal.

¿Qué es? Es una corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales del País Vasco para 2025. Se detectó un error tipográfico en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado y se publica esta resolución para corregirlo oficialmente.

¿A quién afecta? Afecta a quienes aplican o interpretan la Ley 8/2024 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, especialmente a las administraciones y entidades que gestionan subvenciones con bases reguladoras de vigencia indefinida.

¿Qué cambia o establece? Corrige un único dato en la Disposición final segunda de la ley: donde el texto decía que se modificaba el "apartado 2" de la disposición final primera, debe decir "apartado 1". Solo cambia ese número; el resto del contenido de la ley permanece igual.

¿Qué es? Es una orden del Ministerio de Defensa, aprobada el 28 de enero de 2025, que establece las normas que regulan los uniformes militares en España. Sustituye y deroga la normativa anterior de 2016, actualizando de forma completa las reglas sobre qué prendas componen cada uniforme, cómo deben usarse y qué emblemas, distintivos y condecoraciones pueden llevarse sobre él.

¿A quién afecta? Afecta a todos los miembros de las Fuerzas Armadas españolas: personal del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, así como a los cuerpos comunes. También incluye al personal del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, a la Unidad Militar de Emergencias (UME), al personal femenino en estado de gestación, al Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas y a los reservistas voluntarios.

¿Qué cambia o establece? La norma introduce varias novedades concretas: el uniforme de trabajo del Ejército de Tierra y los cuerpos comunes pasa a color negro; el color oficial del uniforme del Ejército del Aire y del Espacio cambia de «gris aviación» a «azul aviación»; se permite al personal femenino usar indistintamente falda o pantalón, y gorra de plato o gorro femenino según el uniforme; se aclara la colocación de emblemas y distintivos sobre el uniforme; se incorporan nuevos distintivos como los de nacionalidad, valor reconocido o la placa de doctor; y se elimina la expresión «Armada Española» de la prenda de cabeza de la Marinería, que pasa a llamarse simplemente «Armada».

¿Qué es? Es una corrección de errores de la Ley Foral 19/2024, de 26 de diciembre, que contiene los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2025. Se publicó originalmente en el Boletín Oficial del Estado el 17 de enero de 2025 y esta rectificación subsana un dato incorrecto que contenía.

¿A quién afecta? Afecta de forma directa al Ayuntamiento de Mendavia, que es el destinatario de una transferencia de fondos recogida en el anexo III de dicha ley presupuestaria. En términos más amplios, afecta a la correcta identificación contable y administrativa de esa partida dentro de los presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra.

¿Qué cambia o establece? Corrige únicamente un código numérico de identificación de una partida presupuestaria en el anexo III. El código erróneo era el 458104 y el correcto es el 458105. El resto del contenido de esa partida no cambia: sigue siendo una transferencia de un millón de euros al Ayuntamiento de Mendavia destinada a financiar una subestación eléctrica STR y su infraestructura complementaria en el polígono industrial del municipio.

¿Qué es? Es la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2025, aprobada el 27 de diciembre de 2024. Establece el plan de ingresos y gastos de la Xunta para ese año, con un techo de gasto no financiero de 13.954 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la comunidad. Su elaboración se enmarca en el retorno a las reglas fiscales de la Unión Europea, que exigen controlar el déficit y la deuda pública.

¿A quién afecta? Afecta al conjunto de la ciudadanía gallega, en particular a quienes utilizan los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales y vivienda. También afecta a empresas, investigadores y personas en situación de dependencia o vulnerabilidad social, así como a emigrantes gallegos y sus descendientes que deseen retornar. En general, regula cómo el Gobierno autonómico recauda y gasta el dinero público durante 2025.

¿Qué cambia o establece? Los presupuestos aumentan la inversión en sanidad un 4,1 % y en educación un 4,9 %, con mejoras en infraestructuras hospitalarias y escolares, digitalización y formación profesional. Se refuerzan los recursos para dependencia, inclusión social y protección de la infancia, y se prevé una inversión histórica en I+D+i. Asimismo, se impulsa la competitividad empresarial mediante digitalización e internacionalización, y se incluyen medidas frente al reto demográfico, como el apoyo al retorno de emigrantes. Todo ello manteniendo el equilibrio presupuestario, recuperado en 2024 por primera vez en dieciséis años.

¿Qué es? Es la nueva ley que regula la estadística pública de Galicia, aprobada el 27 de diciembre de 2024. Sustituye a la anterior Ley 9/1988, de 19 de julio, que llevaba más de tres décadas en vigor. Su objetivo es actualizar el marco normativo que rige cómo se producen, organizan y difunden los datos estadísticos oficiales en la Comunidad Autónoma gallega, adaptándolo a la experiencia acumulada, a las nuevas tecnologías y a la normativa europea vigente.

¿A quién afecta? Afecta principalmente al sistema estadístico de la Xunta de Galicia, compuesto por el Instituto Gallego de Estadística, los órganos estadísticos sectoriales y el Consejo Gallego de Estadística. También afecta a todas las administraciones públicas, empresas y ciudadanía que participen en operaciones estadísticas, ya sea aportando datos o siendo objeto de encuestas, así como a quienes utilizan la información estadística oficial para tomar decisiones o ejercer sus derechos.

¿Qué cambia o establece? La ley moderniza la organización y el funcionamiento de la estadística pública gallega, incorporando las nuevas fuentes de datos y las tecnologías de la información. Introduce expresamente la perspectiva de género y de edad en la producción estadística, en línea con la legislación autonómica de igualdad e impulso demográfico. Refuerza además los principios de calidad, transparencia y accesibilidad de los datos, adaptando el sistema a los estándares europeos —incluido el Código de conducta del Sistema Estadístico Europeo— y a la normativa de protección de datos personales, que permite el tratamiento de datos con fines estadísticos bajo condiciones específicas de licitud.

¿Qué es? Es una resolución adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) el 15 de diciembre de 2010, mediante la cual se aprueba la Decimocuarta Revisión General de Cuotas y una reforma de la estructura de gobierno interno del FMI. Su contenido fue sometido a los países miembros para su aceptación formal.

¿A quién afecta? Afecta a todos los países miembros del FMI, ya que regula las aportaciones económicas (cuotas) que cada uno debe realizar al Fondo y la forma en que están representados dentro de su órgano de dirección. De manera especial, busca proteger la voz y participación de los países más pobres y aumentar el peso relativo de las economías emergentes y en desarrollo.

¿Qué cambia o establece? Se aumentan las cuotas económicas que los países miembros aportan al FMI, condicionando ese aumento a que los países lo acepten por escrito y lo paguen íntegramente. Además, se aprueba una enmienda al Convenio Constitutivo del FMI para que el Directorio Ejecutivo pase a estar formado únicamente por directores elegidos —eliminando los directores designados— y para que los directores elegidos por siete o más países puedan nombrar dos suplentes en lugar de uno. También se encarga revisar la fórmula de cálculo de cuotas antes de 2013 y concluir la siguiente revisión general antes de 2014.

¿Qué es? Es una decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que regula los llamados "Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos": un mecanismo por el que ciertos países o instituciones oficiales se comprometen a prestar dinero al FMI cuando este lo necesite para hacer frente a crisis en el sistema monetario internacional. Solo se activa cuando los recursos ordinarios del FMI, basados en las cuotas de sus miembros, no son suficientes.

¿A quién afecta? Afecta a los países miembros del FMI y a determinadas instituciones oficiales (como bancos centrales) que firman un acuerdo de crédito con el Fondo y pasan a ser "participantes". También regula de forma específica la situación de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, a la que se reconoce como institución participante con condiciones particulares sobre la moneda en que presta y las circunstancias en que puede eximirse de atender peticiones de fondos.

¿Qué cambia o establece? La decisión fija las reglas detalladas de funcionamiento de estos acuerdos: cómo se calcula el importe máximo que cada participante se compromete a aportar, en qué moneda se realizan los préstamos, cómo puede incorporarse un nuevo participante (con el consentimiento del Fondo y del 80 % del total comprometido), y cómo la entrada de nuevos participantes reduce proporcionalmente los compromisos de los ya existentes, sin que ninguno pueda quedar por debajo de un mínimo fijado en el anexo de la propia norma.

¿Qué es? El Real Decreto 71/2025, de 4 de febrero, modifica la norma que regula las subvenciones públicas destinadas a financiar programas de formación para profesionales del mundo rural. Se trata de la cuarta modificación de las bases reguladoras originales aprobadas en 2019, y su objetivo es mejorar la claridad, la gestión y la seguridad jurídica en el otorgamiento de estas ayudas.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las entidades —asociaciones, organizaciones agrarias, fundaciones u otras instituciones— que solicitan estas subvenciones para impartir programas de formación dirigidos a profesionales del sector agroalimentario y rural, incluyendo jóvenes que se incorporan al sector. De forma indirecta, también afecta a los propios agricultores, ganaderos y demás trabajadores del medio rural que participan como alumnos en dichos programas.

¿Qué cambia o establece? La modificación introduce varios cambios concretos en el funcionamiento de las ayudas. Las actividades en aula virtual dejan de contar para determinar si un programa es "plurirregional", aunque se siguen incentivando con mayor puntuación. Se exige guardar grabación de las sesiones virtuales y se aclara qué alumnos pueden computarse como participantes efectivos. En materia de gestión, se elimina la obligación de presentar justificante de exención de IVA, se permite subcontratar servicios y recibir anticipos sin necesidad de aval, y se simplifica el cálculo de la ayuda a pagar. Por último, se actualiza la norma para adaptarla al reglamento europeo vigente sobre ayudas de mínimis en el sector agrícola.

¿Qué es? Es una instrucción de la Junta Electoral Central, aprobada el 30 de enero de 2025, que actualiza y aclara el procedimiento que debe seguirse cuando queda vacante un cargo representativo local (concejal, alcalde pedáneo, consejero comarcal u otros). Sustituye instrucciones anteriores de 1991 y 2003, con el objetivo de corregir problemas prácticos detectados y garantizar que los candidatos electos puedan acceder de forma real y efectiva a sus cargos.

¿A quién afecta? Afecta a los concejales y otros cargos representativos locales, a los candidatos que figuren en listas electorales como posibles sustitutos, a los ayuntamientos y otras corporaciones locales (diputaciones, entidades comarcales), y a las Juntas Electorales de Zona y Central. También puede afectar a partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores cuando se agota la lista de candidatos disponibles.

¿Qué cambia o establece? La instrucción regula paso a paso cómo cubrir una vacante: el pleno del ayuntamiento debe tomar conocimiento formal del cese, tras lo cual la Junta Electoral expide la credencial al siguiente candidato de la lista. Precisa que una renuncia solo es irrevocable una vez que el pleno la conoce formalmente, y que quien sea llamado a cubrir una vacante solo puede rechazarla mediante escrito firmado y comparecencia personal ante el secretario municipal (o medios electrónicos equivalentes si hay causas excepcionales). Establece también procedimientos especiales cuando se agotan las listas de candidatos —con publicación en boletín oficial y plazo para denunciar irregularidades— y para municipios de menos de 250 habitantes. Si la corporación no actúa en diez días, el partido afectado puede acudir directamente a la Junta Electoral para desbloquear el proceso.

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¿Qué es? La Orden TRM/72/2025 modifica el anexo III de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que es la lista oficial de códigos con los que se clasifican las mercancías que pasan por los puertos españoles de interés general. Esa clasificación sirve para calcular la tasa (precio) que se cobra por usar las instalaciones portuarias.

¿A quién afecta? Afecta a las autoridades portuarias y a las empresas o personas que importan o exportan mercancías a través de los puertos españoles de interés general, especialmente aquellas que mueven productos como baterías eléctricas, paneles solares, componentes electrónicos y vehículos eléctricos o híbridos.

¿Qué cambia o establece? La norma actualiza los códigos con los que se identifican ciertas mercancías en esa lista, para adaptarlos a la nueva nomenclatura aduanera común de la Unión Europea, que fue revisada por la Comisión Europea en 2022 y 2023. Los códigos antiguos desaparecen y son sustituidos por otros nuevos o integrados en códigos ya existentes, sin que esto suponga ningún cambio en el importe de las tasas que pagan los usuarios. Además, se crean subcódigos más detallados para mejorar las estadísticas que llevan las autoridades portuarias sobre el tipo de mercancías que se mueven por los puertos.

¿Qué es? La Ley 5/2024, de 27 de diciembre, es la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2025. Aprobada por el Parlamento de La Rioja, fija los ingresos y gastos públicos de la región para ese ejercicio, con un límite de gasto no financiero de 1.824 millones de euros, un 3,11 % más que en 2024. El presupuesto está diseñado para alcanzar un superávit del 0,1 % de las cuentas públicas.

¿A quién afecta? Afecta a todos los ciudadanos de La Rioja, ya que regula el gasto público regional en servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales. También afecta a empresas y titulares de instalaciones eléctricas, redes de comunicaciones o energías renovables, que quedan sujetos a un nuevo impuesto sobre el impacto visual y medioambiental de dichas instalaciones. Asimismo, tiene efecto sobre contribuyentes en general, al mantenerse las reducciones fiscales aprobadas en 2024.

¿Qué cambia o establece? La ley aprueba las cuentas públicas de La Rioja para 2025, priorizando el gasto en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, agricultura y transporte. Se mantienen las medidas de reducción de impuestos vigentes desde 2024 y se tramita una reducción adicional del impuesto de patrimonio que tendrá efecto en ejercicios futuros. Como novedad destacada, se crea un nuevo impuesto que grava el impacto visual y medioambiental de los elementos de suministro eléctrico, redes de comunicación y energías renovables. El presupuesto también incorpora análisis transversales de impacto de género, objetivos de desarrollo sostenible y lucha contra la despoblación.