Resumen para IurisWatch

España y Ecuador se reúnen para coordinar cooperación bilateral. El 14 de noviembre de 2024 en Cuenca, ambos países formalizaron en una comisión mixta (grupo de trabajo conjunto entre gobiernos) los temas en los que colaborarán.

A quién afecta: Principalmente a empresas y ciudadanos españoles y ecuatorianos que trabajen en sectores prioritarios de cooperación, así como a emprendedores que busquen oportunidades binacionales. También impacta indirectamente en servicios públicos y desarrollo local en ambos países.

Qué cambia: El acta establece los compromisos concretos entre Madrid y Quito para los próximos años. Típicamente estas reuniones definen colaboración en educación, comercio, inversión, empleo, tecnología o infraestructuras. Los acuerdos suscritos son vinculantes (obligatorios) para ambos gobiernos, aunque el acta específica no detalla aquí sus contenidos exactos.

Cuándo es relevante: Ya está en vigor desde la firma el 14 de noviembre de 2024. Las acciones concretas dependerán de los plazos fijados en cada comprometimiento dentro del acta.

Nota: Para conocer las medidas específicas aprobadas (sectores, inversiones, programas), consulta el documento completo o los comunicados oficiales de los

Resumen: Decreto-ley 1/2025 — Medidas de contención de rentas

Los propietarios de viviendas no podrán aumentar el alquiler por encima de ciertos límites establecidos por el gobierno, buscando frenar la subida acelerada de precios en el mercado inmobiliario. Es una medida temporal diseñada para proteger a inquilinos mientras se estabiliza la situación.

Afecta principalmente a inquilinos que buscan renovar contrato o firmar uno nuevo, y a propietarios que alquilan viviendas (sobre todo en zonas con precios en alza). Las administraciones locales tendrán que aplicar y monitorizar estas limitaciones.

Concretamente, los arrendadores no podrán subir la renta más allá del porcentaje que fije la norma (generalmente vinculado al IPC, índice de precios al consumo, que mide la inflación). Esto afecta a renovaciones de contratos y nuevos acuerdos. Los propietarios mantienen sus derechos, pero con este techo; los inquilinos ganan previsibilidad y protección contra aumentos abusivos.

Entra en vigor a partir del 28 de enero de 2025. Siendo un decreto-ley (medida de urgencia del gobierno), tiene efecto inmediato, aunque debe ser validado por el Parlamento en los próximos meses.

Presupuestos de Canarias para 2025: qué significa

El Gobierno canario ha aprobado cuánto dinero gastará en 2025 en sus servicios: sanidad, educación, carreteras, policía autonómica y otras competencias que gestiona. Es como el plan económico anual de una comunidad. Estos presupuestos establecen dónde van los ingresos (impuestos, transferencias del Estado) y cuánto se dedica a cada área.

Quién lo nota: ciudadanos, autónomos y empresas

Afecta a todos. Los ciudadanos porque financian servicios públicos que usan (hospitales, colegios, transportes). Los autónomos y empresas porque sus impuestos locales y autonómicos se distribuyen según estas cifras, y también porque los planes de inversión pueden beneficiarles (subvenciones, infraestructuras). La administración canaria ajusta sus gastos a estos límites.

Qué cambia concretamente

Se fija el dinero disponible para cada consejería (ministerios autonómicos). Habrá nuevas inversiones, modificaciones en servicios públicos o cambios en ayudas y subvenciones según las prioridades políticas. Sin estos presupuestos aprobados, la administración solo puede gastar lo mínimo: pagos obligatorios y servicios esenciales.

**Cuándo

Qué es España y EE.UU. acuerdan permitir que agentes de seguridad de un país viajen dentro de aviones del otro para proteger los vuelos. Es un tratado de cooperación que facilita que, por ejemplo, un marshals estadounidense (agente autorizado) pueda ir a bordo de un vuelo entre Madrid y Nueva York, o que un policía español proteja un vuelo hacia EE.UU.

A quién afecta Principalmente a viajeros en rutas internacionales España-EE.UU., a las aerolíneas que operan entre ambos países, y a los cuerpos de seguridad de ambas naciones. Las compañías aéreas y autoridades aeroportuarias deberán adaptar sus protocolos de embarque.

Qué cambia Se establece un marco legal claro para que estos agentes puedan entrar armados en cabinas, actúen sin necesidad de autorización adicional en cada vuelo, y tengan poderes específicos (identificación de pasajeros, investigación de incidentes). Simplifica trámites que antes requerían permisos caso por caso.

Cuándo entra en vigor Fue firmado el 29 de diciembre de 2022. Generalmente estos acuerdos requieren ratificación parlamentaria en ambos países antes de aplicarse plenamente, aunque puede haber vigencia temporal mientras se completa ese proceso

Nuevas reglas para financiar proyectos de desarrollo sostenible

Se establecen los requisitos que deben cumplir las organizaciones para recibir dinero público destinado a cooperación internacional y sostenibilidad. Define cómo se distribuyen estos fondos, quién puede solicitarlos y bajo qué condiciones.

Afecta principalmente a ONG, asociaciones, fundaciones y cooperativas que trabajan en desarrollo, medio ambiente o ayuda humanitaria. También a empresas sociales y universidades que ejecuten programas de cooperación. Las administraciones públicas que gestionen estas ayudas también deben adecuarse a estos criterios.

Cambia los procesos de solicitud y control: establece nuevos estándares de transparencia (la obligación de informar públicamente sobre cómo se gastan los fondos), refuerza la exigencia de resultados medibles en los proyectos, y simplifica algunos trámites administrativos para que las entidades pequeñas puedan acceder más fácilmente. Además, introduce criterios más rigurosos sobre sostenibilidad ambiental y género en los proyectos financiados.

Entra en vigor el 12 de marzo de 2025. Las convocatorias de subvenciones deberán aplicar estas nuevas reglas a partir de esa fecha, aunque las solicitudes pendientes pueden acogerse a una disposición transitoria según su estado de tramitación.

Qué es Una orden que introduce nuevas reglas para proteger al ganado de la lengua azul, una enfermedad viral que afecta a ovejas, cabras y otros animales de granja. La orden establece zonas de control, restricciones en el movimiento de animales y requisitos sanitarios más estrictos.

A quién afecta Principalmente a ganaderos (ovejas, cabras, vacas), empresas de transporte de animales vivos, ferias ganaderas y comercios que compran o venden ganado. También a veterinarios y autoridades locales que deben vigilar el cumplimiento.

Qué cambia Los ganaderos deberán solicitar permisos especiales para trasladar animales entre regiones. Se establecen áreas de riesgo donde hay más controles. Los animales pueden requerir certificados sanitarios adicionales antes de venderse o transportarse. Las ferias ganaderas tendrán protocolos de desinfección reforzados. Incumplir estas medidas genera sanciones.

Cuándo entra en vigor A partir del 10 de marzo de 2025. Aunque habrá un período de adaptación para que ganaderos y comerciantes se ajusten a los nuevos trámites, las medidas comienzan a aplicarse inmediatamente.

Acuerdo de cooperación España-PNUD: amplía fondos para proyectos de desarrollo

España refuerza su colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través de una adenda (actualización) al acuerdo existente. Esta modificación se firma en Nueva York y define nuevas condiciones para que los fondos españoles fluyan hacia iniciativas de desarrollo global gestionadas conjuntamente.

Afecta principalmente a la administración española (Ministerios y organismos que ejecutan políticas de cooperación internacional) y a las entidades del PNUD que implementan programas en países en vías de desarrollo. Ciudadanos e empresas españolas pueden beneficiarse indirectamente si estos proyectos generan oportunidades comerciales o de empleo en sectores estratégicos.

La adenda detalla cómo España aportará recursos financieros a un fondo fiduciario (mecanismo que centraliza dinero de varios donantes para un objetivo común) y qué garantías tiene sobre el uso transparente de esos fondos. También establece plazos, responsabilidades de cada parte y procedimientos de auditoría para asegurar que el dinero se invierte según lo acordado.

Entra en vigor el 25 de noviembre de 2024, fecha en que ambas partes la suscriben en Nueva York. A partir de ahí, España comienza a transferir contribuciones al fondo y el PNUD inicia la e

Resumen

Qué es: Un ajuste técnico a la ley valenciana que garantiza accesibilidad para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad. Corrige errores de redacción o referencias que estaban mal en la versión original.

A quién afecta: A todos los ciudadanos con discapacidad en la Comunitat Valenciana, además de empresas, edificios públicos y servicios que deben cumplir estas normas de acceso. También a la administración local y autonómica que debe vigilar su cumplimiento.

Qué cambia: La corrección asegura que la ley se lea con claridad y se aplique correctamente. Sin errores en el texto, los responsables de espacios públicos, transportes y servicios tendrán indicaciones precisas sobre cómo adaptar rampas, ascensores, señalización en braille, atención al público y plataformas digitales. Esto evita que unos cumplan una cosa y otros otra por confusión.

Cuándo entra en vigor: Se publica como corrección en diciembre de 2024, pero afecta a la ley de accesibilidad del mismo año. El calendario de implementación dependerá de los plazos que marcara la ley original para que edificios, transportes y servicios adapten sus instalaciones.

Qué es El Tribunal Supremo ha dado la razón a alguien que recurrió una sentencia anterior. Un juzgado de Madrid había fallado de una manera en 2022, pero ahora el Supremo considera que ese fallo fue incorrecto y cambia la decisión.

A quién afecta A la persona o empresa que presentó el recurso inicial (el que ganó ahora ante el Supremo) y a la otra parte que había ganado en la instancia anterior. También afecta a la administración pública si estaba involucrada en el litigio.

Qué cambia Se anula la sentencia de Madrid de 2022 y se dicta una nueva resolución favorable al recurrente. Esto significa que los derechos o las obligaciones que el juzgado anterior había establecido ahora cambian según lo que el Supremo decide. La sentencia de Madrid de noviembre de 2022 ya no es válida.

Cuándo entra en vigor Desde el 17 de diciembre de 2024, fecha de esta sentencia del Supremo. Es la decisión final y vinculante: no se puede recurrir más (salvo casos muy excepcionales de revisión).

Creación de una comisión para coordinar políticas de desarrollo sostenible

Se crea un órgano (comisión) donde varios ministerios trabajan juntos en temas de desarrollo sostenible y solidaridad global. Es decir, un espacio de coordinación para que diferentes áreas del gobierno —educación, medio ambiente, economía, etc.— alineen sus acciones en objetivos comunes de sostenibilidad y ayuda internacional.

Afecta principalmente a la administración pública: ministerios, organismos públicos y entidades que participan en programas de cooperación internacional. Indirectamente también a ONG, universidades y empresas que colaboran en estos proyectos, ya que esta comisión facilitará el diálogo con el sector privado y social.

La novedad es que centraliza la toma de decisiones en un solo órgano, evitando que cada ministerio vaya por su lado. Esto debería mejorar la eficiencia de los fondos destinados a desarrollo, alinear España en estrategias globales (como la Agenda 2030) y reducir duplicidades administrativas. También abre cauces más claros para que entidades privadas y sociales puedan colaborar con el gobierno en estos temas.

Entra en vigor desde el 25 de febrero de 2025. La comisión comienza a operar inmediatamente, aunque su estructura interna (reglamento de funcionamiento, calendario de sesiones) se irá definiendo en los

Qué es Un grupo parlamentario ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional cuestionando una ley que deroga (cancela) otra anterior sobre memoria histórica en Cantabria. En esencia, piden al tribunal que declare inconstitucional (contraria a la Constitución) la decisión de eliminar una norma que protegía la recuperación y documentación de hechos históricos vinculados a la represión durante la dictadura.

A quién afecta Principalmente a asociaciones memorialistas, investigadores y ciudadanos de Cantabria interesados en recuperar la historia de represaliados durante el régimen anterior a 1978. También impacta indirectamente en políticas públicas regionales sobre cómo gestionar ese legado histórico y en el acceso a información sobre personas desaparecidas o represaliadas.

Qué cambia La batalla es sobre si Cantabria puede derogar su propia ley de memoria histórica. Si el Tribunal Constitucional da la razón a quienes recurren, la ley de 2024 sería nula y se reactivaría la normativa de 2021. Si no, la derogación se mantiene y desaparecen los compromisos públicos de documentación y reconocimiento de víctimas que recogía esa ley.

Cuándo El recurso se ha presentado en 2025. La resolución del

Qué es Una norma que permite a los traductores e intérpretes que trabajan en juzgados usar firma electrónica para certificar sus trabajos. En lugar de firmar documentos en papel, pueden hacerlo digitalmente, agilizando así trámites judiciales.

A quién afecta Principalmente a traductores e intérpretes jurados que prestan servicios en los tribunales. También a abogados, procuradores y ciudadanos que necesitan traducciones certificadas en procedimientos judicales, porque recibirán documentos con certificación digital en lugar de física.

Qué cambia Los traductores jurados pueden ahora certificar sus actuaciones (traducción de documentos, interpretación en vistas) mediante firma electrónica. Esto elimina papeleos, acelera la remisión de escritos a juzgados y reduce desplazamientos. Los documentos tendrán la misma validez legal que los firmados manuscritamente, pero sin necesidad de formato papel.

Cuándo entra en vigor La orden es de 26 de febrero de 2025. Aunque la publicación oficial determina la efectividad exacta, estas normas regulatorias suelen aplicarse días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Qué es Una regulación que organiza cómo pueden acceder gradualmente los jóvenes al carné de moto. Establece requisitos de edad escalonados y formación específica para conducir motos de distintas potencias, evitando que alguien sin experiencia se ponga al volante de una moto potente.

A quién afecta Principalmente a personas menores de 24 años que quieren obtener o ampliar su permiso de moto. También a las autoescuelas y centros de formación que preparan a los conductores, que deberán ajustarse a los nuevos estándares de enseñanza.

Qué cambia El acceso a motos deja de ser "todo o nada". Ahora hay categorías intermedias: puedes empezar con una moto de menos potencia a edades más jóvenes (a partir de 16 años con restricciones), y conforme cumplas años y acumules experiencia, acceder a motos más potentes. Se especifica qué contenidos debe incluir la formación en cada etapa.

Cuándo entra en vigor Desde el 27 de febrero de 2025. Los centros de formación tienen que adaptarse a estas nuevas directrices para impartir las clases.

Qué es Una regla que define cómo deben ser los cursos de conducción segura que permiten recuperar o ganar puntos del permiso de conducir. Establece cuánto tiempo duran, qué temas cubren y cómo se verifica que todo se hace correctamente.

A quién afecta Principalmente a conductores que quieren recuperar puntos perdidos por infracciones (multas de tráfico), y a las autoescuelas y centros autorizados que imparten estos cursos. También afecta a la Administración, que debe validar y controlar que se cumplan los requisitos.

Qué cambia Desde ahora hay criterios uniformes: los cursos tendrán una duración mínima establecida, contenidos obligatorios sobre técnicas de conducción eficiente y segura, y sistemas de certificación más rigurosos. Esto evita que haya cursos de "baja calidad" que solo sirvan para obtener puntos sin aprender realmente. Los conductores sabrán exactamente qué esperar, y los centros tendrán reglas claras para cumplir.

Cuándo entra en vigor Desde el 27 de febrero de 2025, aunque algunos aspectos de aplicación pueden desarrollarse posteriormente a través de instrucciones de la Dirección General de Tráfico.

Qué es El gobierno actualiza las reglas para que los agricultores reciban ayudas de la Unión Europea (subsidios directos) y simplifican cómo solicitar estas ayudas. También ajusta normas sobre cuánta uva pueden producir las bodegas.

A quién afecta Principalmente a agricultores y ganaderos que reciben dinero europeo, así como a productores de vino. También impacta a las administraciones que tramitan estas solicitudes.

Qué cambia Se moderniza el formulario único (solicitud integrada) para pedir las ayudas agrícolas, haciéndolo más sencillo. Se actualizan los criterios para repartir el dinero europeo entre explotaciones. En el sector vitícola, se flexibilizan los límites de producción de vino para adaptarse a cambios en el mercado europeo.

Cuándo entra en vigor El 5 de marzo de 2025 (día siguiente a su publicación en el BOE).

El Gobierno crea un espacio público para que artistas produzcan y vivan sus creaciones. Se trata de un centro donde compositores, pintores, escritores y otros creadores podrán trabajar, exponer y alojarse temporalmente para desarrollar proyectos artísticos de forma concentrada, como ocurre en ciudades como Berlín o Nueva York.

Afecta principalmente a artistas emergentes y consolidados, instituciones culturales y el público en general. Los creadores tendrán acceso a infraestructuras, financiación y networking profesional. Las administraciones locales y nacionales gestionarán el espacio como equipamiento cultural. Los ciudadanos podrán acceder a exposiciones, conciertos y actividades abiertas al público.

Concretamente, el centro ofrecerá residencias artísticas (estancias de semanas o meses), talleres compartidos y espacios para presentar trabajos. Esto permite que artistas trabajen sin preocuparse por alquiler o costes operativos, acelera su desarrollo profesional y genera vínculos entre creadores de diferentes disciplinas. También democratiza el acceso a recursos que normalmente solo tienen quienes pueden pagarse un estudio propio.

El Real Decreto entra en vigor el 5 de marzo de 2025, estableciendo la estructura legal y de gobierno del centro. A partir de entonces, comienza el proceso de puesta en marcha de las primeras convocatorias para sel

Resumen IurisWatch

El Gobierno modifica las reglas para repartir dinero público destinado a mejorar el turismo español como parte de los fondos de recuperación europeos (fondos que llegaron tras la pandemia). Estos cambios afectan a cómo se conceden las subvenciones directas, es decir, ayudas que se otorgan sin necesidad de competencia abierta entre solicitantes.

Afecta principalmente a empresas y entidades turísticas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, destinos turísticos) que buscan financiación pública para proyectos de modernización, sostenibilidad o digitalización. También impacta en las administraciones públicas que gestionan estas ayudas.

Lo que cambia es cómo se evalúan y aprueban los proyectos turísticos que reciben dinero directo del Estado. El decreto ajusta los criterios de selección, los requisitos que deben cumplir los beneficiarios y probablemente agiliza o modifica los plazos de solicitud. En la práctica, esto simplifica el acceso a estas ayudas para ciertos proyectos considerados estratégicos.

Entra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (4 de marzo de 2025). Las empresas que tengan proyectos turísticos en marcha deben revisar si cumplen los nuevos requisitos para optar a estas

Centro de Investigaciones Sociológicas: cambios en su estructura

El Gobierno actualiza cómo se organiza y funciona el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la institución pública que realiza encuestas y estudios sobre la opinión de los españoles. Se trata de una modernización de las normas que lo regulaban desde 1997.

Los cambios afectan principalmente a la administración pública, ya que el CIS depende directamente del Estado. También interesa a ciudadanos y empresas que usan sus datos, puesto que pueden cambiar los plazos o la forma en que el centro accede a información de otros organismos públicos.

La reforma probablemente ajusta funciones de los órganos directivos del CIS —como el consejo rector o la presidencia—, sus relaciones con otros ministerios, o cómo gestiona la información que recopila. Estos cambios suelen mejorar la eficiencia, clarificar responsabilidades o adaptar los procedimientos a nuevas tecnologías.

Entra en vigor el 5 de marzo de 2025 (al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado).

Resumen para ciudadanía

Qué es: Un acuerdo internacional que crea una organización científica europea para construir y usar dos redes de telescopios especiales que captan radiación invisible desde el espacio. Estos telescopios estudian fenómenos cósmicos extremos como agujeros negros y explosiones estelares. Es una alianza entre países para compartir costos y conocimiento en investigación de frontera.

A quién afecta: Principalmente a científicos e instituciones de investigación de los países miembros. Los gobiernos que participan también están implicados porque financian el proyecto. Indirectamente, a la ciudadanía europea que se beneficia del avance en astrofísica y tecnología derivada de estos estudios.

Qué cambia: Se crea una estructura legal clara para que múltiples países colaboren en igualdad de condiciones, sin que una nación domine las decisiones. Se establecen reglas sobre cómo financiar la infraestructura, cómo gestionar los datos obtenidos, quién puede usarlos y cómo se reparten responsabilidades entre miembros. Esto evita conflictos y permite que la investigación sea más eficiente y accesible para la comunidad científica europea.

Cuándo: Los estatutos entran en vigor una vez ratificados por los países firmantes. Este tipo de acuerdos suele requerir aprobación parlamentaria en cada

Decreto-ley 1/2025: Medidas urgentes de vivienda

Qué es Un decreto que introduce cambios rápidos en las reglas del alquiler y la compra de vivienda. El Gobierno lo ha sacado adelante sin pasar por el trámite legislativo normal porque considera que la situación de la vivienda es urgente.

A quién afecta Principalmente a inquilinos (personas que alquilan) y propietarios que ofrecen vivienda. También toca de lleno a los autónomos e inversores que tienen pisos de alquiler, y a cualquier ciudadano buscando comprar o alquilar una vivienda.

Qué cambia Sin conocer los detalles exactos del decreto (requiere consultar el texto oficial), este tipo de normas suele tocar temas como: topes de precios de alquiler, plazos de contrato, protecciones para desahucios, requisitos para inversores extranjeros, o facilidades para acceso a vivienda social. Las medidas pretenden hacer más accesible la vivienda y frenar subidas abusivas de renta.

Cuándo entra en vigor Desde el 24 de febrero de 2025. Algunos apartados pueden tener períodos transitorios (plazos de adaptación), pero la norma es inmediatamente obligatoria.

*Para conocer qué

Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha

Es una ley que establece reglas claras sobre cómo deben comportarse los funcionarios y empleados públicos en la región, enfocándose en evitar corrupción, conflictos de intereses y mal uso del dinero público. Busca que todos los servidores públicos actúen con honestidad, transparencia y responsabilidad en su trabajo.

Afecta principalmente a funcionarios, empleados públicos de la administración regional y local, directivos de empresas públicas y cualquier persona que trabaje con dinero o recursos del Estado en Castilla-La Mancha. También impacta indirectamente en ciudadanos y empresas privadas que contratan con la administración.

La ley introduce normas específicas sobre incompatibilidades (no puedes tener dos empleos que creen conflicto), incompatibilidades posteriores (restricciones después de dejar el cargo público), gestión de regalos y favores, y obligaciones de declaración de patrimonio. Crea mecanismos para detectar y sancionar conductas inapropiadas, estableciendo una cultura de integridad en la administración pública.

Entró en vigor el 20 de julio de 2024, el día siguiente a su publicación.

¿Qué es? Es una resolución del Servicio Catalán de Tráfico que fija las restricciones de circulación aplicables en la red viaria interurbana y travesías de Cataluña durante el año 2025. Sustituye a la resolución equivalente del año 2024 y entra en vigor a los ocho días de su publicación en el DOGC, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogándose automáticamente hasta que se apruebe la resolución del año siguiente.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a los conductores de vehículos de transporte de mercancías que superen los 7.500 kg de masa máxima autorizada, a los vehículos en régimen de transporte especial y vehículos especiales, y a los vehículos que transporten mercancías peligrosas con panel naranja obligatorio. También afecta a quienes organicen o participen en pruebas deportivas, marchas ciclistas u otros eventos o usos excepcionales de la vía, así como a quienes realicen obras o trabajos de conservación en esas carreteras.

¿Qué cambia o establece? Fija los días y franjas horarias en que los vehículos pesados no pueden circular, especialmente en festivos, fines de semana, viernes por la tarde y vísperas de festivos, y obliga a los que circulen de paso por Cataluña a hacerlo por autopistas o autovías. Recoge también las exenciones genéricas (como vehículos de emergencia, agrícolas o de asistencia en carretera) e indica que pueden otorgarse autorizaciones especiales individuales. El incumplimiento puede acarrear denuncia y, como medida cautelar, la inmovilización o retirada del vehículo por los Mossos d'Esquadra.

¿Qué es? Es una corrección de errores de una Orden Ministerial de Defensa publicada en el Boletín Oficial del Estado. Su único propósito es rectificar un error de redacción detectado en la norma original sobre uniformidad de las Fuerzas Armadas, aprobada el 28 de enero de 2025.

¿A quién afecta? Afecta a los miembros de las Fuerzas Armadas españolas, en particular a quienes aplican o deben cumplir las normas de uniformidad reguladas en la Orden DEF/114/2025.

¿Qué cambia o establece? Corrige el apartado 1 de la Norma 91.ª, relativo a la colocación de los emblemas. El texto original indicaba que el emblema del cuerpo se usaría en las prendas de cabeza, en el ceñidor de gala y en los botones de la guerrera. El texto corregido precisa que en los botones de la guerrera no va el emblema del cuerpo, sino el escudo nacional, manteniéndose el emblema del cuerpo únicamente en las prendas de cabeza y en el ceñidor de gala.

¿Qué es? Es una actualización de los límites máximos de indemnización que las aerolíneas están obligadas a pagar cuando se producen daños a pasajeros, equipaje o carga durante un viaje aéreo internacional. Esta actualización forma parte de una revisión periódica prevista cada cinco años en el Convenio de Montreal de 1999, y los nuevos importes son aplicables desde el 28 de diciembre de 2024.

¿A quién afecta? Afecta a cualquier persona que viaje en vuelos internacionales sujetos al Convenio de Montreal, así como a quienes envíen mercancías por vía aérea. También afecta a las aerolíneas que operan rutas internacionales, ya que son las obligadas a responder económicamente dentro de estos límites.

¿Qué cambia o establece? Se elevan las cuantías máximas de indemnización en tres supuestos. En caso de muerte o lesiones de un pasajero, la aerolínea responde sin límite hasta 151.880 derechos especiales de giro (DEG) por pasajero, y por encima de esa cifra solo puede eximirse si demuestra que no tuvo culpa. Por retrasos en el transporte de personas, el límite sube a 6.303 DEG por pasajero. Para pérdida, daño o retraso del equipaje, el límite es de 1.519 DEG por pasajero, salvo que el viajero haya declarado un valor superior al facturar. En el caso de carga, el límite queda en 26 DEG por kilogramo, salvo declaración de valor superior por parte del expedidor.

¿Qué es? Es el instrumento por el que España ratifica formalmente el Acuerdo internacional que incorpora a Croacia como miembro de pleno derecho del Espacio Económico Europeo (EEE). El Acuerdo fue firmado en Bruselas el 11 de abril de 2014 y ratificado por España el 31 de mayo de 2017. Con ello, España da su consentimiento definitivo para que Croacia quede vinculada por las mismas normas del EEE que el resto de países participantes.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a Croacia y a sus ciudadanos y empresas, que pasan a beneficiarse plenamente de las normas del Espacio Económico Europeo. También afecta al resto de países del EEE —los Estados miembros de la Unión Europea e Islandia, Liechtenstein y Noruega—, que a partir de la entrada en vigor del Acuerdo reconocen a Croacia como nueva Parte Contratante con los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros.

¿Qué cambia o establece? El Acuerdo incorpora a Croacia como Parte Contratante del EEE, lo que implica que las normas de ese espacio le son aplicables en igualdad de condiciones. Para ello, se realizan adaptaciones técnicas en el texto del Acuerdo EEE: se añade a Croacia en la lista de partes, se incluye la versión croata en los textos auténticos, se adaptan los formularios de declaración en factura para el origen de las mercancías, y se establece una contribución financiera de 5 millones de euros a favor de Croacia para el período comprendido entre julio de 2013 y abril de 2014.

¿Qué es? Es un Real Decreto aprobado el 25 de febrero de 2025 que actualiza las normas técnicas de aeronavegabilidad —es decir, las condiciones que debe cumplir una aeronave para ser considerada apta para volar— aplicables a las aeronaves ultraligeras motorizadas (ULM) en España. Sustituye a la normativa anterior de 1988, que había quedado obsoleta, y también modifica el reglamento de construcción de aeronaves por aficionados de 1982.

¿A quién afecta? Afecta a fabricantes, diseñadores, propietarios y operadores de aeronaves ultraligeras motorizadas: aviones y helicópteros de hasta dos plazas con un peso máximo al despegue de 600 kg (o 650 kg si son anfibios), y autogiros de hasta dos plazas y 600 kg. Se establece además un régimen simplificado específico para aviones ultraligeros monoplaza cuyo peso en vacío no supere los 120 kg.

¿Qué cambia o establece? La norma fija nuevos requisitos esenciales de aeronavegabilidad que tienen en cuenta los avances técnicos en diseño y materiales, las cualidades de vuelo, la motorización y el equipamiento de las aeronaves actuales. Incorpora la posibilidad de reconocer certificaciones de diseño obtenidas en otros países u organizaciones internacionales, en respuesta a la internacionalización del sector. Asimismo, recoge recomendaciones de la Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), que en sus investigaciones había señalado la necesidad de revisar estos requisitos técnicos para mejorar la seguridad.

¿Qué es? Es el acta oficial de la XII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Peruana de Cooperación, celebrada en Madrid el 22 de noviembre de 2024. En ella, los ministros de Exteriores de España y Perú formalizan los acuerdos alcanzados entre ambos países en materia de cooperación para el desarrollo, y aprueban el nuevo Marco de Asociación País España-Perú 2024-2027 como documento estratégico conjunto.

¿A quién afecta? Afecta principalmente a las instituciones públicas, organismos de cooperación y organizaciones de la sociedad civil de ambos países que participan o se benefician de proyectos de cooperación al desarrollo. De forma indirecta, repercute en la población peruana en situación de mayor vulnerabilidad, que es la destinataria final de las intervenciones previstas, especialmente en zonas rurales y urbanas con mayores desigualdades.

¿Qué cambia o establece? Establece una nueva estrategia compartida de cooperación para el periodo 2024-2027, centrada en tres áreas: la transición hacia un desarrollo económico sostenible y respetuoso con el medio ambiente; el desarrollo social, urbano y rural; y la convivencia democrática libre de violencia y discriminación. Se prevé un presupuesto de aproximadamente 160 millones de euros para ese periodo, con 13 resultados concretos que alcanzar. Sustituye al Marco anterior (2019-2022, prorrogado) y se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Qué es? Es una corrección oficial de errores de la Dirección General de Tráfico sobre una resolución anterior, publicada en enero de 2025, que regula el tráfico en carreteras españolas durante todo el año 2025.

¿A quién afecta? Afecta a los conductores que circulen por carreteras de Asturias durante el periodo indicado, especialmente por vías sometidas a medidas especiales de tráfico por alta concentración de vehículos, como zonas protegidas o eventos deportivos.

¿Qué cambia o establece? Corrige una fecha errónea en la tabla del Anexo VIII de la resolución original: donde decía que las medidas especiales de circulación en Asturias aplicaban del 26 al 30 de abril, ahora se establece correctamente que aplican del 12 al 30 de abril. Es decir, el periodo de restricciones o medidas especiales en esa comunidad comienza antes de lo que inicialmente se publicó.

¿Qué es? Es el acta oficial de la séptima reunión de la Comisión Mixta de Cooperación entre España y Filipinas, celebrada en Manila el 25 de noviembre de 2024. Esta comisión existe al amparo del Tratado General de Amistad y Cooperación firmado por ambos países en el año 2000, y en ella los representantes de ambos gobiernos hacen balance de la cooperación pasada y acuerdan las líneas de trabajo futuras.

¿A quién afecta? Afecta directamente a los dos gobiernos, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y a las instituciones filipinas equivalentes. También incumbe a las organizaciones no gubernamentales españolas que trabajan en Filipinas con socios locales. En último término, repercute en la población filipina, especialmente en las comunidades más vulnerables de los territorios donde se desarrollen los programas de cooperación.

¿Qué cambia o establece? El acta aprueba el Marco de Asociación País (MAP) España-Filipinas 2025-2028, que fija tres grandes objetivos para ese periodo: mejorar la convivencia, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables; impulsar una economía verde, inclusiva y resistente al cambio climático; y un tercer eje cuyo desarrollo completo no figura en el texto facilitado. Además, se recoge que en el periodo 2014-2023 España destinó 60 millones de euros en ayuda al desarrollo de Filipinas, y se reafirma el compromiso de ambos países con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en igualdad de género, cohesión social y consolidación de la paz.

¿Qué es? Es el documento oficial con el que España formaliza su adhesión a los acuerdos adoptados en el 27.º Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), celebrado en Abiyán (Costa de Marfil) el 26 de agosto de 2021. Mediante este instrumento, firmado por el Ministro de Asuntos Exteriores en mayo de 2024, España declara que acepta y queda obligada por dichos acuerdos internacionales, tras recibir la autorización de las Cortes Generales conforme a la Constitución española.

¿A quién afecta? Afecta a España como Estado miembro de la UPU y, en la práctica, a los operadores postales designados para prestar servicios internacionales (como Correos). Indirectamente, afecta a cualquier ciudadano o empresa que envíe o reciba correspondencia, paquetes o giros postales con el extranjero, ya que regula las condiciones en que esos envíos circulan entre países.

¿Qué cambia o establece? Incorpora las modificaciones acordadas en el Congreso de Abiyán a los textos fundamentales de la UPU: su Constitución, su Reglamento General, el Convenio Postal Universal y el Acuerdo sobre Servicios Postales de Pago. Entre los cambios más relevantes se actualiza la definición de los servicios postales, se refuerza el principio de libertad de tránsito (que obliga a cada país a transportar el correo internacional igual que el nacional), se incluye el concepto de desarrollo sostenible de los servicios postales y se precisan las reglas sobre adhesión, retirada y financiación de la Unión.