Ley 4/2024, de 15 de mayo, de modificación en materia de incendios forestales de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, en el marco de las modificaciones de la legislación básica estatal.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley del Principado de Asturias que modifica la Ley de Montes y Ordenación Forestal de 2004 para adaptarla a los cambios que el Estado introdujo en su legislación básica sobre incendios forestales mediante decretos de 2022. Su propósito es mejorar la respuesta legal y operativa de Asturias frente a los incendios forestales y ganar en seguridad jurídica. **¿A quién afecta?** Afecta a la administración autonómica asturiana y a las consejerías responsables de materia forestal, prevención de incendios y ordenación del territorio. También afecta a propietarios de montes, personas que realizan actividades en terrenos forestales, quienes hacen quemas agrícolas o uso del fuego en el monte, y a quienes cometan infracciones en esta materia. **¿Qué cambia o establece?** La ley modifica siete artículos concretos. Incorpora al Consejo Forestal la función de conocer e informar los planes anuales de prevención y extinción de incendios. Refuerza las obligaciones de planificación de esos planes anuales, que deberán cubrir todo el territorio, publicarse antes de aplicarse y seguir las directrices estatales. Crea el Índice de Riesgo de Incendio Forestal (IRIF), con valores del 0 al 5, que la administración calculará y publicará cada día. También actualiza las normas sobre el uso del fuego y la quema de rastrojos, y modifica el régimen de sanciones —infracciones muy graves, graves y leves y sus multas económicas— para alinearlo con la nueva regulación.
💬 Contexto ciudadano
Asturias es una de las regiones con mayor recurrencia e intensidad de incendios forestales de España. La modificación de la Ley de Montes actualiza la normativa forestal asturiana para incorporar los cambios del Real Decreto-ley 1/2022 estatal. La creación del Índice de Riesgo de Incendio Forestal (IRIF, de 0 a 5) homologa la métrica asturiana con sistemas similares en uso en Portugal, Francia y la Generalitat de Cataluña, que publica su propia escala diaria de riesgo. La modificación del régimen sancionador es también relevante porque adapta las multas a la nueva realidad de los grandes incendios forestales, donde las sanciones anteriores habían quedado desfasadas frente al coste social y ecológico de los siniestros, que en Asturias incluyen pérdidas de hábitat natural protegido en espacios Natura 2000.