Auto de 20 de mayo de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el incidente de ejecución instado por EDP España, SAU de la Sentencia número 255/2022, de 1 de marzo de 2022, en el recurso número 1/690/2017.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Auto del Tribunal Supremo (Sala Tercera) dictado el 20 de mayo de 2024, que resuelve un incidente de ejecución de una sentencia previa de 2022. En concreto, el tribunal constata que la Administración no cumplió correctamente lo ordenado en esa sentencia y actúa para hacerla cumplir. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a EDP España SAU, una comercializadora libre de energía eléctrica, y a la Administración del Estado (Secretaría de Estado de Energía). De fondo, la controversia gira en torno al bono social eléctrico, que es una ayuda para consumidores domésticos vulnerables cuya financiación se reparte entre las comercializadoras. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal estima la reclamación de EDP y anula parcialmente una resolución administrativa de noviembre de 2023 que le había negado los importes que le correspondían. Ordena a la Administración que abone a EDP España SAU 19.620.631,56 euros, que es la cantidad que esta empresa financió del bono social y que no le había sido reintegrada, más los intereses legales desde que realizó los pagos hasta que se produzca la devolución.
💬 Contexto ciudadano
La controversia entre las comercializadoras libres y la Administración sobre la financiación del bono social eléctrico lleva litigando en los tribunales desde que el TJUE estableció en 2017 (asunto C-368/16) que el sistema español de reparto de costes era contrario al derecho europeo, forzando su rediseño. El mecanismo actual distribuye el coste entre comercializadoras según su cuota de mercado, pero su aplicación ha generado controversias recurrentes sobre los cálculos de imputación. El Auto de 2024 obliga a la Administración a abonar 19,6 millones de euros a EDP España más intereses, evidenciando que el sistema de liquidación del bono social sigue generando litigiosidad. La importancia radica en que el bono social protege a más de 1,7 millones de consumidores vulnerables y su financiación tiene repercusión directa en la tarifa eléctrica del conjunto de usuarios.