Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobada por las Cortes de Castilla y León. Viene a sustituir a la anterior Ley 12/2002 y establece un nuevo marco legal para el conocimiento, protección, conservación, difusión y gestión del patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma, en ejercicio de las competencias propias que le reconoce su Estatuto de Autonomía. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León, así como a los titulares de bienes integrantes del patrimonio cultural, sean personas físicas, jurídicas, entidades públicas o privadas. También vincula directamente a los poderes públicos de la Comunidad, a quienes la ley encomienda la obligación de salvaguardar, enriquecer y difundir dichos bienes, garantizando además la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura. **¿Qué cambia o establece?** La ley amplía el concepto de patrimonio cultural más allá de lo estrictamente artístico, histórico o monumental, incorporando el patrimonio inmaterial —usos, expresiones, conocimientos y técnicas reconocidos por las comunidades como parte de su herencia cultural— en línea con convenios y textos internacionales vigentes. Frente al modelo anterior, apuesta por una gestión integral, sostenible y participativa, en la que la ciudadanía tiene un papel activo junto a los poderes públicos. Asimismo, concibe el patrimonio cultural no solo como legado del pasado, sino como un recurso con valor educativo, social y económico capaz de generar desarrollo y cohesión en Castilla y León.
💬 Contexto ciudadano
Castilla y León actualiza su legislación patrimonial veintidós años después de la Ley 12/2002, adaptándola al Convenio de Faro del Consejo de Europa (2005), que reconoce el derecho de las comunidades a relacionarse activamente con su herencia cultural, y a la Convención UNESCO de 2003 sobre Patrimonio Inmaterial. El cambio conceptual más relevante es la incorporación del patrimonio inmaterial como categoría plena, reconociendo legalmente tradiciones, oficios y expresiones culturales vivas junto a los monumentos. Andalucía, Cataluña y el País Vasco ya habían incorporado el patrimonio inmaterial a sus leyes autonómicas. La importancia de la norma castellano-leonesa radica en la extraordinaria densidad patrimonial de la comunidad (la mayor de España en Bienes de Interés Cultural) y en el uso del patrimonio como eje de desarrollo económico en un contexto de despoblación rural severa.