Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 1/2024, de 17 de abril, es una norma de la Comunidad de Madrid que regula la implantación de la economía circular en la región. La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca usar los recursos de forma eficiente, reducir los residuos y darles una segunda vida mediante el reciclaje y la reutilización, combinando eficiencia económica con sostenibilidad medioambiental. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de la sociedad y la economía de la Comunidad de Madrid: ciudadanos, empresas, administraciones públicas e instituciones educativas. Su aplicación es transversal, lo que significa que alcanza a todos los ámbitos de la vida social y económica de la región, incluyendo la contratación pública, el sistema productivo, la formación profesional y la enseñanza. **¿Qué cambia o establece?** La ley dota a la Comunidad de Madrid de un marco propio para trasladar los principios de la economía circular a su sistema productivo, en línea con la normativa europea y la legislación estatal —en particular la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados—. Establece un modelo incentivador y de colaboración público-privada que pretende alargar la vida útil de los productos, minimizar los residuos, reducir el consumo de materias primas, agua y energía, y fomentar una industria más innovadora, competitiva y generadora de empleo sostenible y de calidad.
💬 Contexto ciudadano
La Comunidad de Madrid aprueba su propia ley de economía circular en desarrollo de la Ley estatal 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que a su vez transponía las Directivas europeas del paquete circular economy de 2018-2019. Cataluña, Aragón y el País Vasco contaban ya con normativa propia en este ámbito. El enfoque madrileño es marcadamente incentivador y colaborativo con el sector privado, evitando obligaciones adicionales a las ya previstas en la norma estatal. La importancia radica en que Madrid, como primera economía regional española y sede de grandes corporaciones y distribuidoras, puede ejercer un efecto palanca importante si sus incentivos logran movilizar inversión privada en reparabilidad, reutilización y reciclaje más allá de los mínimos legales europeos actualmente exigibles.