Sentencia de 25 de junio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 776/2023 contra el Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, por el que se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de junio de 2024, que resuelve un recurso judicial interpuesto por el sindicato Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 667/2023, que creó la Comisión Interministerial para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. **¿A quién afecta?** Afecta a los sindicatos y organizaciones que participan o aspiran a participar en la Comisión Interministerial creada por ese Real Decreto, en particular a aquellos que no tienen reconocida la condición de "más representativos a nivel estatal". **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal estima parcialmente el recurso y anula la expresión "más representativas a nivel estatal" del artículo 3.1.e).14.º del Real Decreto 667/2023. Esto significa que el criterio de representatividad estatal que se exigía para formar parte de la Comisión queda sin efecto legal, al declararse contrario a Derecho. El resto del Real Decreto permanece vigente.
💬 Contexto ciudadano
La sentencia anula la restricción que limitaba la participación en la Comisión Interministerial de Cláusulas Sociales a sindicatos más representativos a nivel estatal, criterio que favorece estructuralmente a CCOO y UGT frente a sindicatos con implantación sectorial o autonómica significativa como USO o ELA. El Tribunal Supremo sigue la línea del TJUE, que ha cuestionado en varias ocasiones la concentración excesiva de derechos sindicales cuando discrimina a organizaciones con representatividad real en sectores específicos. La importancia práctica es que la Comisión deberá reformarse para incluir una representación sindical más amplia en la elaboración de criterios de adjudicación social en la contratación pública, sector que mueve más de 200.000 millones de euros anuales y donde las cláusulas sociales determinan las condiciones laborales de miles de trabajadores subcontratados.