Conflicto entre órganos constitucionales n.º 192-2026, en relación con el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 11 de noviembre de 2025, de no proceder a la tramitación por el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas números 118 y 148 aprobadas por el Pleno del Senado por las que se incorporan un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, por haber expresado el Gobierno su disconformidad con la tramitación de las
¿Qué dice esta ley?
El Congreso de los Diputados rechazó dos cambios propuestos por el Senado al proyecto de ley sobre movilidad sostenible. Estos cambios buscaban añadir nuevas reglas sobre transporte ecológico y una disposición temporal, pero el Gobierno se opuso a tramitarlos, así que la Mesa del Congreso (grupo de líderes que organiza los trabajos parlamentarios) decidió no procesarlos en el pleno. Este conflicto afecta principalmente a **los ciudadanos interesados en políticas de transporte sostenible** y a las **administraciones locales** que dependen de marcos normativos claros para planificar infraestructuras. También impacta indirectamente a **empresas de movilidad y transporte** que esperan certidumbre regulatoria. Lo que cambia es que esas dos enmiendas nunca se debatirán en el pleno del Congreso. Aunque el Senado las aprobó, el procedimiento se detiene aquí. Esto significa que la ley de movilidad sostenible avanzará sin esas incorporaciones, a menos que este conflicto se resuelva en el Tribunal Constitucional (que es el árbitro en desacuerdos entre instituciones públicas). El conflicto se plantea formalmente el **11 de noviembre de 2025**, cuando la Mesa del Congreso toma esta decisión. La resolución del Tribunal
💬 Contexto ciudadano
El conflicto entre el Congreso y el Senado sobre las enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible ilustra la complejidad del proceso legislativo español cuando el gobierno ejerce su veto a enmiendas parlamentarias, una prerrogativa prevista en la Constitución pero polémicamente aplicada. El artículo 61 bis propuesto y la disposición transitoria cuestionada probablemente introducían medidas de regulación del transporte de plataformas digitales o del transporte público que el Gobierno consideraba contrarias a su política. Esta tensión entre ejecutivo y legislativo en materias de movilidad se produce también en Francia, donde la regulación de las VTC ha generado repetidos conflictos institucionales. La resolución del TC determinará hasta dónde puede el Gobierno interferir en el proceso de enmienda parlamentaria.