Ley 2/2024, de 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la ley que crea la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA (CACVSA), una nueva empresa pública que prestará los servicios de radio, televisión y contenidos multimedia de titularidad pública en la Comunitat Valenciana. Nace para adaptar los medios públicos valencianos al entorno digital actual, donde la audiencia consume contenidos a través de múltiples pantallas y plataformas, y no solo frente al televisor tradicional. **¿A quién afecta?** Afecta a toda la ciudadanía valenciana como destinataria del servicio público audiovisual. También afecta al personal que trabajaba en las entidades anteriores —la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació—, que quedan disueltas e integradas en la nueva empresa. Igualmente afecta a Les Corts Valencianes, que ejercen el control parlamentario sobre la corporación, y a los municipios, que tienen representación en su Consejo de Administración. **¿Qué cambia o establece?** Sustituye la estructura anterior de dos entidades separadas por una única empresa pública, con el fin de agilizar la gestión. Fija cómo se elige y funciona el Consejo de Administración, nombrado por Les Corts, y regula las figuras del Director General y del Consejo de Informativos. Establece que la programación debe respetar el pluralismo, promover el valenciano y garantizar el acceso en períodos electorales. También crea una plataforma audiovisual valenciana para distribuir contenidos en el entorno digital, y regula la financiación, el presupuesto y el control económico de la corporación.
💬 Contexto ciudadano
La Comunitat Valenciana cerró À Punt en 2019, tras la supresión de RTVV en 2013. La nueva Corporació Audiovisual (CACVSA) nace con un diseño institucional que intenta evitar los errores del pasado: una sola entidad en lugar de dos, control parlamentario reforzado y mandato explícito de promover el valenciano y el pluralismo informativo. El modelo comparado más próximo es la CCMA catalana o la CRTVG gallega. La ley incorpora también la obligación de desarrollar una plataforma digital propia para la distribución de contenidos, en línea con la estrategia de televisiones públicas europeas como ARD o France Télévisions de no depender exclusivamente de plataformas privadas, preservando así el servicio público audiovisual en el entorno digital fragmentado actual.