Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, aprueba un nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sustituyendo al anterior que databa de 2014. Este Consejo es el organismo público encargado de velar por el cumplimiento de las normas sobre transparencia y el derecho de acceso a la información pública en España. El nuevo estatuto adapta su régimen jurídico a la legislación administrativa vigente y reorganiza su estructura interna para que pueda cumplir mejor con sus funciones. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la organización y el personal del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De forma indirecta, incide en cualquier ciudadano, entidad o administración pública que se relacione con este organismo, ya sea presentando reclamaciones por denegación de acceso a información pública o sometiéndose a sus funciones de supervisión. Según el propio texto, la norma no impone cargas ni obligaciones adicionales a la ciudadanía en general. **¿Qué cambia o establece?** El nuevo estatuto reorganiza la estructura del Consejo en torno a dos órganos principales: la Presidencia y la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Como principales novedades, transforma la anterior Unidad de Apoyo en una Secretaría General, convierte la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales en una Subdirección General específica para reclamaciones de comunidades autónomas y entidades locales, y crea un Gabinete de apoyo a la Presidencia. Además, consolida su naturaleza jurídica como autoridad administrativa independiente conforme a la Ley 40/2015. El decreto deroga expresamente el estatuto anterior de 2014 y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
💬 Contexto ciudadano
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue creado por la Ley 19/2013, la norma básica de transparencia española. Desde entonces, organizaciones como Transparencia Internacional España habían señalado reiteradamente que el Consejo carecía de los medios y la independencia suficientes para ejercer su función supervisora. El nuevo Estatuto crea una Secretaría General y una Subdirección específica para reclamaciones autonómicas, avanzando en la articulación multinivel que exige la fragmentación competencial del Estado. Comparado con instituciones homólogas como el Information Commissioner's Office británico o la CADA francesa, el Consejo español sigue siendo más débil, pero el nuevo estatuto refuerza su estructura operativa y consolida formalmente su naturaleza como autoridad administrativa independiente.