Ley 2/2024, de 29 de mayo, de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley del Parlamento de Canarias aprobada el 29 de mayo de 2024 que regula cómo se puede recuperar y reconstruir el territorio de La Palma afectado por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y duró 85 días. La lava destruyó más de 1.200 hectáreas, arrasando viviendas, negocios, infraestructuras y explotaciones agrícolas, y desplazó a numerosas personas de sus hogares y entornos de vida. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas, familias y propietarios cuyos terrenos, viviendas, negocios o explotaciones agropecuarias quedaron sepultados o dañados por las coladas de lava en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. También afecta a las administraciones públicas —Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y ayuntamientos— que deben aplicar y gestionar las medidas previstas. **¿Qué cambia o establece?** La ley define las zonas afectadas por la colada y fija reglas distintas según el grosor de la lava acumulada: en zonas con menos de 10 metros de espesor se permite recuperar y reconstruir bajo ciertas condiciones urbanísticas; en zonas con más de 10 metros el régimen es más restrictivo. Crea además el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma como órgano de seguimiento, e introduce modificaciones en normas anteriores de urgencia para coordinar todas las medidas de reconstrucción ya en marcha.
💬 Contexto ciudadano
La respuesta normativa a catástrofes volcánicas carece de precedente reciente en España; el último episodio comparable fue el Teide (Tenerife), sin coladas destructivas equivalentes. A nivel europeo, Italia dispone de legislación específica para zonas volcánicas activas en el Vesubio y los Campos Flégreos. La ley canaria adopta un enfoque dual: permite la reconstrucción donde la lava es poco profunda y restringe donde el riesgo sería insostenible, combinando el derecho a retornar con la protección frente a nuevos riesgos geológicos. Su importancia radica en crear por primera vez en España un marco legal propio para la recuperación integral de un territorio volcánico devastado, combinando el planeamiento urbanístico de emergencia con la participación de los afectados en un órgano de seguimiento específico.