Real Decreto 759/2024, de 30 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto aprobado el 30 de julio de 2024 que modifica la norma que regula la estructura básica de los ministerios del Gobierno de España. Su objetivo principal es incorporar formalmente la figura del asesor científico dentro de los gabinetes ministeriales, como parte de una estrategia para que las decisiones del Gobierno estén mejor respaldadas por conocimiento científico y evidencia empírica. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ministerios de la Administración General del Estado, y en particular a sus gabinetes, que son los equipos de apoyo directo a los ministros. También afecta a las Unidades de Coordinación de Evaluación de políticas públicas, que podrán incorporar personal con perfil científico o investigador. Indirectamente, influye en investigadores, científicos y personal técnico de organismos públicos de investigación que podrían ocupar estos nuevos puestos. **¿Qué cambia o establece?** La norma establece que en el gabinete de cada ministro deberá existir un puesto específico de asesoramiento científico, ocupado por personal eventual con perfil especializado. Además, permite que las unidades encargadas de evaluar políticas públicas reserven plazas para personal con experiencia científica o investigadora, incluyendo funcionarios de carrera de organismos públicos de investigación. Por último, modifica una norma anterior sobre sedes físicas de entidades públicas para excluir de su aplicación a aquellas creadas en el marco de directivas europeas cuyo plazo de transposición ya había vencido.
💬 Contexto ciudadano
La incorporación de asesores científicos en los gabinetes ministeriales responde a la tendencia internacional del evidence-based policy, formalizada antes en el Reino Unido con su red de Chief Scientific Advisers desde los años sesenta, y en los países nórdicos. En España existía asesoramiento técnico informal pero sin rango ni presencia formal en los equipos ministeriales. El contexto de la pandemia de COVID-19 y las críticas a la distancia entre ciencia y decisión política aceleraron esta reforma. Su trascendencia es que institucionaliza el papel del conocimiento científico en el ciclo de decisión pública, aunque su efectividad dependerá del acceso real de los asesores al proceso deliberativo del ministro y no solo a sus funciones de comunicación o aparición pública.