Real Decreto 758/2024, de 30 de julio, por el que se crea el Consejo de la Productividad de España.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 758/2024, de 30 de julio, crea el Consejo de la Productividad de España, un nuevo órgano público encargado de analizar la productividad y la competitividad de la economía española. Su creación responde a una recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2016, que instó a los países de la zona euro a establecer consejos nacionales de productividad. El Consejo actuará con autonomía funcional respecto a los ministerios y organismos que diseñan y aplican las políticas económicas. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las administraciones públicas, ya que los informes y dictámenes del Consejo estarán dirigidos a los distintos niveles de gobierno para orientar sus decisiones de política económica. De forma indirecta, sus análisis y recomendaciones pueden influir en políticas que afectan a trabajadores, empresas y ciudadanos en general, especialmente en ámbitos como el empleo, la inversión, la formación o el impacto de la inteligencia artificial en la economía. **¿Qué cambia o establece?** El decreto regula la composición y funcionamiento del Consejo, que estará formado por una presidencia, una vicepresidencia y catorce vocales, nombrados entre expertos con al menos diez años de experiencia en análisis económico, respetando en la medida de lo posible la presencia equilibrada entre mujeres y hombres. El Consejo elaborará análisis económicos, evaluará políticas públicas con impacto en la productividad y publicará un informe anual. Para reducir el coste para la Administración, se apoyará en los medios logísticos y técnicos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
💬 Contexto ciudadano
La creación del Consejo de la Productividad de España da cumplimiento tardío a la Recomendación del Consejo de la UE de 2016 que instaba a los países de la zona euro a establecer estos organismos. Países como Bélgica, Países Bajos, Francia o Portugal llevan años operando consejos análogos que publican informes anuales de referencia para la política económica. España, al igual que Italia, fue de las últimas grandes economías de la eurozona en formalizar esta estructura. Su importancia reside en que introduce una voz independiente y técnica capaz de evaluar el impacto de políticas públicas en la competitividad, en un contexto en que la brecha de productividad de España respecto a la media europea sigue siendo uno de los principales obstáculos para la convergencia real en renta per cápita.