Ley OrdinariaNacionalvigente

Ley 2/2024, de 11 de julio, de incremento del importe de las plazas y servicios correspondientes a los conciertos sociales de los sectores de menor y reforma.

BOE-A-2024-15574Publicada: 29/07/2024COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** La Ley 2/2024, de 11 de julio, es una norma de la Región de Murcia que sube los precios que la Administración regional paga a las entidades privadas que prestan servicios de atención a menores en situación de desamparo o riesgo, y a jóvenes que cumplen medidas judiciales, a través de los llamados conciertos sociales. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a las organizaciones o entidades que tienen suscritos conciertos sociales con la Comunidad Autónoma de Murcia en los sectores de protección de menores y reforma juvenil. De forma indirecta, repercute en los menores tutelados, en jóvenes extutelados en riesgo de exclusión y en menores con medidas judiciales de internamiento que son atendidos en esos centros y servicios. **¿Qué cambia o establece?** La ley fija, con efecto desde el 1 de enero de 2024, los nuevos importes diarios por plaza o servicio que la Administración abona a las entidades concertadas. Los incrementos oscilan entre el 1,48 % y el 8,39 % según el tipo de plaza o servicio: por ejemplo, las plazas en centros de media/larga estancia pasan a 175,38 €/día (+2,16 %), las de menores con problemas de conducta a 207,57 €/día (+2,31 %), las de internamiento judicial a 264,27 €/día (+1,48 %), y el Servicio de Punto de Encuentro Familiar a 227,61 €/día (+8,39 %). Estos ajustes responden al encarecimiento de los costes desde 2021 y a las mejoras salariales reconocidas en el IV Convenio Colectivo del sector.

💬 Contexto ciudadano

El modelo de conciertos sociales para la atención a menores en situación de desamparo y a jóvenes con medidas judiciales reproduce en el ámbito de los servicios sociales el esquema de la educación concertada. Murcia actualiza los precios por plaza para 2024 con incrementos de entre el 1,48% y el 8,39%, absorbiendo parte del encarecimiento salarial derivado del IV Convenio Colectivo del sector y del aumento general de costes desde 2021. Otras CCAA como Madrid o Cataluña realizan actualizaciones similares de forma periódica. La relevancia es que sin estos ajustes las entidades concertadas sufren déficit operativo, lo que puede comprometer la continuidad de plazas para menores tutelados y jóvenes en conflicto con la justicia penal, colectivos sin alternativa pública suficiente.

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