Real Decreto 957/2024, de 24 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Organización Marítima Internacional para la celebración del Evento Paralelo del Día Marítimo Mundial de 2024.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este Real Decreto aprueba una subvención directa del Gobierno de España a la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas especializado en transporte marítimo. La subvención se concede de forma excepcional, sin convocatoria pública, al amparo de la Ley General de Subvenciones, y se financia con fondos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Organización Marítima Internacional como beneficiaria de la subvención. Para el ciudadano común no genera obligaciones ni cambia derechos. Su impacto es indirecto: repercute en la imagen y posicionamiento internacional de España en el ámbito del transporte marítimo. **¿Qué cambia o establece?** Establece que España financiará los gastos de viaje y alojamiento del personal de la OMI para celebrar en territorio español el Evento Paralelo del Día Marítimo Mundial de 2024, cuyo lema es «Navegar en el futuro: la seguridad, lo primero». Este evento estaba inicialmente previsto en Rusia, pero el Consejo de la OMI canceló esa sede tras la invasión de Ucrania. España ofreció su candidatura y fue aceptada. La norma también ordena iniciar la modificación presupuestaria necesaria para habilitar los fondos correspondientes.
💬 Contexto ciudadano
La Organización Marítima Internacional organiza anualmente el Día Marítimo Mundial y su Evento Paralelo en un Estado miembro distinto de la sede londinense. La exclusión de Rusia del sistema internacional de transporte marítimo tras la invasión de Ucrania dejó vacante la sede del evento paralelo 2024, que España asumió voluntariamente. El RD 957/2024 financia la organización del evento, que convoca a ministros de Transporte y autoridades portuarias de más de 170 países. España es la cuarta flota mercante de la UE, con intereses estratégicos en la gobernanza marítima global —seguridad de la navegación, emisiones del sector, digitalización portuaria—. La asunción de este coste organizativo adicional refuerza la influencia española en la OMI y es coherente con el papel de Puertos del Estado en la red de puertos europeos de referencia.