Real Decreto 841/2024, de 27 de agosto, de modificación de las funciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Foral de Navarra por el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto aprobado el 27 de agosto de 2024 que modifica un traspaso previo de competencias del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. Corrige el Real Decreto 252/2023, que había sido anulado parcialmente por el Tribunal Supremo mediante dos sentencias dictadas en febrero de 2024. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a la Comunidad Foral de Navarra y a la Administración del Estado, en particular a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que opera en territorio navarro. También tiene consecuencias indirectas para los ciudadanos de Navarra en lo que respecta a qué cuerpo policial vigila y controla el tráfico en sus carreteras. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Supremo declaró ilegal la parte del traspaso de 2023 que pretendía ceder a Navarra las funciones de vigilancia policial del tráfico que venía ejerciendo la Guardia Civil, por considerar que esa competencia no estaba reconocida a Navarra ni en la ley que regula su régimen foral ni en su derecho histórico. Este nuevo Real Decreto acata esas sentencias y ajusta el traspaso, eliminando esas funciones del acuerdo original. De este modo, quedan claramente delimitadas qué competencias en materia de tráfico corresponden a Navarra y cuáles siguen siendo del Estado.
💬 Contexto ciudadano
El régimen foral de Navarra, articulado en la LORAFNA y su Amejoramiento, reconoce a la Comunidad Foral competencias policiales y en materia de tráfico que la distinguen del sistema general autonómico. El Tribunal Supremo anuló parcialmente el decreto de traspaso que asignaba a la Guardia Civil funciones de vigilancia policial en carreteras navarras, por entender que vulneraba la competencia exclusiva foral. El RD 841/2024 reequilibra el cuadro competencial tras la sentencia, redistribuyendo funciones entre la Policía Foral y la Guardia Civil. Este conflicto ilustra la tensión recurrente entre el modelo foral, el Estado y los cuerpos de seguridad del Estado en territorios de régimen especial, tensión sin equivalente en el sistema español ordinario de distribución competencial.