Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley aprobada en octubre de 2024 que busca mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades graves e incurables de evolución rápida. Nació del acuerdo entre varios grupos parlamentarios y a partir de una propuesta de la confederación de entidades de personas con ELA. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas que padecen enfermedades sin tratamiento curativo, con poco tiempo de supervivencia desde el diagnóstico, que avanzan rápidamente hacia una situación de gran dependencia y que requieren cuidados complejos tanto sanitarios como sociales. La ELA es el ejemplo central, pero la ley se extiende a otros procesos con características similares. También afecta a las personas cuidadoras de quienes se encuentran en situación de dependencia de grado III. **¿Qué cambia o establece?** La ley agiliza los trámites administrativos para que estas personas obtengan más rápidamente el reconocimiento oficial de su grado de discapacidad y de dependencia, dado que la progresión de su enfermedad no permite esperar los plazos habituales. Crea procedimientos de urgencia tanto para valorar la discapacidad como para revisar el grado de dependencia y el plan individual de atención. Además, mejora la protección de las personas cuidadoras, impulsa su acceso al empleo y establece que los equipos que realizan estas valoraciones cuenten con más recursos y especialización.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta ley, los pacientes con ELA y enfermedades similares debían esperar los mismos plazos administrativos que cualquier otro ciudadano para obtener el reconocimiento de discapacidad y dependencia, lo que en muchos casos superaba la esperanza de vida desde el diagnóstico. Varios países europeos ya tenían procedimientos acelerados: Francia (ALD), Alemania (Pflegegrad acelerado) o el Reino Unido (DLA fast-track). La ley española adopta el principio de urgencia procedimental para estos casos y refuerza la protección de los cuidadores, un colectivo que asume un coste económico y de salud desproporcionado sin reconocimiento laboral suficiente. Su aprobación por unanimidad parlamentaria refleja el amplio consenso social generado por el activismo de las asociaciones de afectados.