Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, aprueba el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), un organismo público creado por la Ley 2/2023 para proteger a las personas que denuncian irregularidades o corrupción en organizaciones públicas o privadas. Este estatuto regula cómo se organiza, cómo funciona y cuáles son las reglas internas de ese organismo. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las personas que denuncian infracciones legales o conductas corruptas en su entorno laboral —los llamados "informantes"— y que pueden acudir a esta Autoridad para recibir protección y asesoramiento. También afecta a las administraciones públicas y entidades privadas, que quedan sujetas a la supervisión y posible potestad sancionadora de este organismo. **¿Qué cambia o establece?** El Real Decreto pone en marcha la estructura interna de la A.A.I.: fija sus órganos de gobierno (una Presidencia y una Comisión Consultiva), sus departamentos operativos (uno para proteger al informante y gestionar las comunicaciones, otro para instruir expedientes sancionadores) y sus normas de personal, presupuesto y funcionamiento. La Autoridad actuará con total independencia del Gobierno y de cualquier organización pública o privada, sin que nadie pueda darle instrucciones, y tendrá entre sus funciones gestionar el canal externo de denuncias, asesorar al Gobierno y sancionar a quienes vulneren los derechos de los informantes.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 2/2023 de protección de informantes transpuso con retraso la Directiva (UE) 2019/1937 (Whistleblowers), que obligaba a los Estados miembros a crear canales de denuncia con garantías de protección al denunciante. España fue uno de los últimos países de la UE en transponerla, generando una infracción del plazo comunitario. La A.A.I. se modela parcialmente según las autoridades de protección de informantes de Francia (Défenseur des droits) e Irlanda (PIDA), aunque con mayor autonomía institucional. Su importancia reside en que por primera vez España cuenta con un organismo específico y plenamente independiente para gestionar denuncias de corrupción en el sector público y privado, cerrando una laguna que había permitido que el temor a represalias silenciara a numerosos potenciales informantes.