Auto de 9 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rectificar el error material sufrido en la Sentencia de 25 de junio de 2024, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 878/2023.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un auto del Tribunal Supremo dictado el 9 de julio de 2024 que corrige un error material en una sentencia previa del 25 de junio de 2024. No cambia el fondo de lo decidido, sino que rectifica la redacción de uno de los puntos del fallo para que refleje con exactitud lo que la Sala realmente resolvió. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a AVITE (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España) y, en general, a todas las personas que en algún momento fueron reconocidas oficialmente como afectadas por la talidomida por cualquier Administración pública española. También afecta al Estado, como parte demandada en el recurso contra el Real Decreto 574/2023. **¿Qué cambia o establece?** El auto rectifica el primer punto del fallo de la sentencia para precisar que se anulan tres preceptos concretos del Real Decreto 574/2023 —los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2.— únicamente en la parte en que esos artículos se aplican a personas que ya fueron reconocidas en el pasado como afectadas por la talidomida por alguna Administración. Además, desestima una petición de complemento de la sentencia y no impone costas a ninguna de las partes.
💬 Contexto ciudadano
Este auto de aclaración de la sentencia talidomida de 25-jun-2024 precisa los tres artículos concretos que se anulan y el alcance exacto de la anulación —solo respecto a personas con reconocimiento administrativo previo—, evitando así interpretaciones extensivas que pudieran vaciar el RD 574/2023 más allá de lo que el fallo preveía. La rapidez con que el Tribunal emitió el auto —apenas dos semanas después de la sentencia— refleja la urgencia del asunto para los miles de afectados pendientes de resolución. Desde el punto de vista procesal, ilustra la importancia del auto de aclaración como instrumento para dotar de certeza a los fallos judiciales cuando su redacción puede dar lugar a ambigüedades en la ejecución por la Administración.