Sentencia de 3 de octubre de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 755/2023 contra el Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, por el que se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la publicación oficial del fallo de una sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) dictada el 3 de octubre de 2024, por la que se anula completamente el Real Decreto 667/2023, de 18 de julio. **¿A quién afecta?** Afecta a la Administración General del Estado, que promovió ese Real Decreto, y a todos los organismos y actores que participaban o debían participar en la Comisión Interministerial creada por dicha norma. También interesa a empresas del sector de la construcción, representadas por la Confederación Nacional de la Construcción, que fue quien impugnó el decreto y ganó el pleito. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Supremo da la razón a la Confederación Nacional de la Construcción y declara nulo de pleno derecho el Real Decreto 667/2023. Eso significa que la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública queda suprimida y sin efecto legal desde la publicación de esta sentencia en el BOE, como si dicho Real Decreto nunca hubiera existido.
💬 Contexto ciudadano
La Comisión Interministerial para el desarrollo de las cláusulas sociales en la contratación pública fue creada en 2023 para reforzar los criterios de responsabilidad social, en línea con la Directiva de Contratación Pública de 2014 (DIR 2014/24/UE) y la Estrategia Social Europea. Su anulación total por el Tribunal Supremo, a instancias de la Confederación Nacional de la Construcción, cuestiona la viabilidad de crear organismos interministeriales de este tipo sin la debida cobertura legal y respeto a los principios de organización administrativa. El fallo obliga al Gobierno a replantear el marco normativo de las cláusulas sociales en la contratación pública, ámbito en que España partía de una posición avanzada respecto a la media europea.