Orden PJC/1174/2024, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de octubre de 2024, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para 2024, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una orden ministerial que publica el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fija la cantidad de dinero que el Estado entrega a los ayuntamientos para cubrir los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, con cargo al presupuesto de 2023 prorrogado para 2024. **¿A quién afecta?** Afecta a los ayuntamientos que tienen un Juzgado de Paz en su municipio, pero únicamente en las comunidades autónomas donde la Administración del Estado sigue siendo responsable de estos medios: Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia. Los ayuntamientos del resto de comunidades autónomas quedan excluidos porque esas competencias ya fueron transferidas a sus respectivos gobiernos autonómicos. **¿Qué cambia o establece?** Fija las cuantías anuales que corresponden a cada ayuntamiento según el número de habitantes del municipio, desde 310 € para los de menos de 500 habitantes hasta 2.346 € para los de 7.000 o más. Además, cuando varios municipios pequeños comparten una misma agrupación de secretaría de Juzgado de Paz, cada municipio integrado recibe solo el 50 % de la cantidad que le correspondería por población, y el otro 50 % se suma a la subvención del municipio sede de esa agrupación.
💬 Contexto ciudadano
La financiación estatal de los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz es una de las más antiguas formas de transferencia del Estado a los municipios en materia de justicia. Con los presupuestos de 2023 prorrogados para 2024, el Consejo de Ministros fijó el módulo mediante acuerdo específico en lugar de la habitual previsión presupuestaria directa. La limitación de las ayudas a cinco CCAA —Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia— refleja el distinto grado de transferencias en administración de justicia, ya asumida por el resto de CCAA. Los importes por municipio (310-2.346 €) no se actualizan desde hace años, lo que plantea dudas sobre su suficiencia real para los costes actuales de mantenimiento de los juzgados.