Real Decreto 187/2026, de 11 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
¿Qué dice esta ley?
**Control alimentario más exigente en producción y distribución** Las autoridades alimentarias españolas tendrán nuevas herramientas para inspeccionar productos desde que se producen hasta que llegan a tu mesa. Se actualizan los controles que realiza la Agencia de Información y Control Alimentarios para detectar fraudes, contaminación y riesgos sanitarios con criterios más rigurosos. **Afecta a productores, distribuidores, supermercados y restaurantes** Los que fabrican, transportan o venden alimentos deberán someterse a inspecciones reforzadas. Las cadenas de distribución —desde granjas y fábricas hasta comercios— tendrán mayor seguimiento. También impacta indirectamente al consumidor, pues estos controles buscan que los productos que compres sean más seguros. **Cambios concretos: inspecciones más frecuentes y documentación más exhaustiva** Se especifican nuevos criterios para decidir cuándo inspeccionar y con qué intensidad según el riesgo de cada empresa. Las empresas alimentarias deberán mantener registros más detallados de origen, trazabilidad (quién toca el producto en cada paso) y pruebas de seguridad. Aumentan las verificaciones sorpresa en pequeños distribuidores y puntos de venta. **Entra en vigor desde marzo de 2026** La norma es aplicable a partir de su publicación en marzo de
💬 Contexto ciudadano
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es el organismo que supervisa los contratos agroalimentarios entre productores y grandes distribuidores, garante de la Ley de la Cadena Alimentaria. Esta modificación refuerza sus capacidades de control, respondiendo a las recomendaciones de la Unión Europea de fortalecer la supervisión de las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, reguladas por la Directiva 2019/633. Frente a organismos equivalentes en Francia (FranceAgriMer) o Alemania (Bundeskartellamt), la AICA española tiene menores recursos pero competencias específicas en la supervisión contractual del sector. Para agricultores y ganaderos que negocian contratos con supermercados y industria alimentaria, el refuerzo de los controles debería traducirse en mayor cumplimiento de los plazos de pago y en mejor protección contra cláusulas abusivas.