Real Decreto 1057/2024, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un reglamento aprobado por el Gobierno el 15 de octubre de 2024 que regula en un único texto la organización, el personal y el funcionamiento de la Abogacía General del Estado, que es el órgano encargado de dar asistencia jurídica —asesoramiento legal y representación en juicios— al Estado y a las instituciones públicas españolas. Sustituye y unifica varias normas anteriores que estaban dispersas en distintos reales decretos. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Abogacía General del Estado y a los Abogados del Estado: sus cargos directivos, su estructura interna y la forma en que organizan su trabajo. De manera indirecta, afecta a todos los ministerios, organismos públicos y entidades de la Administración General del Estado que reciben asesoramiento jurídico o representación legal por parte de estos abogados. **¿Qué cambia o establece?** Consolida en un solo reglamento las reglas de organización y las de funcionamiento jurídico (tanto la función de asesoramiento como la de defensa en juicios) que antes estaban en normas separadas. Entre las novedades concretas, refuerza la figura del Abogado o Abogada General del Estado para que se centre en los asuntos más importantes, crea Direcciones Generales especializadas en lo consultivo y en lo contencioso, y amplía el modelo de "Departamentos" especializados por materia jurídica, de modo que el mismo equipo pueda llevar un mismo asunto ante todos los tribunales por los que pase, mejorando así la eficacia en la defensa del Estado.
💬 Contexto ciudadano
La Abogacía General del Estado es el órgano de asistencia jurídica al Estado más antiguo y extenso de Europa, con representación en todas las Administraciones y Tribunales españoles. Su reglamento anterior estaba disperso en múltiples normas parciales que no respondían a la estructura actual del cuerpo ni a la creciente complejidad del contencioso-administrativo. La consolidación en un único texto y la creación de Departamentos especializados que siguen un asunto ante todos los tribunales por los que pase mejora la eficacia defensiva del Estado, siguiendo el modelo de los Solicitors General anglosajones o el Conseil d'État francés. Su importancia reside en que el Abogado del Estado es la última línea de defensa jurídica frente a impugnaciones que pueden suponer miles de millones en indemnizaciones o anular políticas públicas.