Decreto-ley 5/2024, de 24 de junio, por el que se modifica la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Decreto-ley 5/2024, de 24 de junio, es una norma aprobada por el Gobierno de Canarias que modifica la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, sobre cambio climático y transición energética de Canarias. Se aprobó mediante decreto-ley —una fórmula de urgencia con rango de ley— porque el Gobierno consideró que existía una necesidad extraordinaria y urgente de actuar con rapidez, sin esperar al proceso legislativo ordinario. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, así como a las autoridades y organismos que aplican la normativa de cambio climático y transición energética en el archipiélago. También concierne a las administraciones y entidades que participan en los planes y procedimientos regulados por la Ley 6/2022. **¿Qué cambia o establece?** La norma modifica varios artículos concretos de la Ley 6/2022 —entre ellos los artículos 24, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 43, 45, 65 y 78— por dos motivos principales. Primero, para cumplir los compromisos adquiridos en un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, que había cuestionado la constitucionalidad de algunos de esos preceptos. Segundo, para corregir y ajustar el texto de la ley con el fin de mejorar la seguridad jurídica y lograr una mejor adaptación a la legislación estatal sobre cambio climático y transición energética.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética de Canarias fue pionera en el ámbito autonómico al establecer objetivos de descarbonización más ambiciosos que los estatales, pero algunos preceptos generaron conflictos competenciales que derivaron en recurso ante el Tribunal Constitucional. La modificación urgente responde al mecanismo habitual de resolución negociada de estos conflictos —suspender, negociar y modificar—, siguiendo el modelo empleado en Cataluña y País Vasco cuando sus leyes de cambio climático colisionaban con la legislación básica estatal de transición energética de 2021. La alineación con el marco estatal fortalece la seguridad jurídica de las inversiones renovables en un archipiélago con potencial solar y eólico excepcional.