Ley OrdinariaNacionalvigente

Ley 1/2024, de 8 de noviembre, de Derogación de la Ley de Cantabria 8/2021, de 17 de noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.

BOE-A-2024-24767Publicada: 28/11/2024COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una ley aprobada por el Parlamento de Cantabria el 8 de noviembre de 2024 que deroga —es decir, elimina y deja sin efecto— la Ley de Cantabria 8/2021, de 17 de noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Su único propósito es anular por completo esa norma anterior. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ciudadanos de Cantabria y a las instituciones de la Comunidad Autónoma que estaban obligadas a aplicar la ley derogada. En particular, afecta a las víctimas de la violencia política de la II República, la Guerra Civil y la Dictadura reconocidas en aquella norma, así como a los órganos y comisiones que dicha ley había creado o previsto crear. **¿Qué cambia o establece?** Al derogar la ley de 2021, desaparecen todos los mecanismos que esta establecía: la Comisión de la Verdad (después llamada Comisión de la Memoria), que elaboraba un relato histórico oficial con capacidad sancionadora; la obligación de que las instituciones consignasen cada año partidas presupuestarias para proyectos de memoria; y la nueva asignatura escolar sobre estos contenidos. El preámbulo justifica la derogación argumentando que la ley anterior se aprobó sin consenso político, trataba de forma desigual a las víctimas según el bando que las reprimió —dejando fuera, por ejemplo, a los fallecidos en el asalto al buque-prisión Alfonso Pérez en 1936— y restringía libertades como la de investigación histórica. La nueva ley no establece ningún marco alternativo de memoria histórica; únicamente suprime el anterior.

💬 Contexto ciudadano

La derogación de la Ley de Memoria Histórica cántabra de 2021 se produjo tras el cambio de mayoría parlamentaria en las elecciones de mayo de 2023, siguiendo el mismo patrón observado en Castilla y León y otros territorios gobernados por el PP. Esto sitúa a España en un escenario de doble velocidad en derechos de las víctimas del franquismo: mientras la Ley de Memoria Democrática estatal de 2022 mantiene su vigencia, las leyes autonómicas complementarias están siendo derogadas en varias CCAA. A diferencia de las leyes de memoria histórica de Alemania o Francia —de carácter federal o nacional sin derogación autonómica posible—, el modelo español de legislación concurrente permite estas divergencias territoriales que generan desigualdades entre víctimas según su comunidad de residencia.

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