Real Decreto 1253/2024, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la protección de las personas migrantes menores de edad no acompañadas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto aprobado el 10 de diciembre de 2024 por el que el Gobierno de España concede directamente una subvención económica a la Comunidad Autónoma de Canarias. Su finalidad es financiar la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos a las islas, sin padre, madre ni tutor. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los menores de edad migrantes no acompañados que llegan a Canarias —más de 5.200 estaban bajo tutela pública en noviembre de 2024—, y a la propia Comunidad Autónoma de Canarias, que es quien recibe y gestiona el dinero. Canarias concentra más del 50 % de todas las llegadas irregulares a España y ha visto cómo el número de estos menores se ha más que duplicado entre 2022 y 2023. **¿Qué cambia o establece?** Establece que el Estado central asume parte de la responsabilidad económica de atender a estos menores, en lugar de dejar esa carga sola a la comunidad autónoma. La subvención se concede de forma directa —sin concurso ni convocatoria pública— por razones de urgencia, interés social y humanitario. Los fondos deben destinarse a garantizar a estos menores derechos básicos como alojamiento, acceso a recursos educativos e integración social, actuando siempre conforme al principio del interés superior del menor reconocido en los tratados internacionales y en la Constitución española.
💬 Contexto ciudadano
El fenómeno de los menores migrantes no acompañados en Canarias constituye una emergencia estructural que desborda la capacidad ordinaria del sistema de protección autonómico. Frente a la regla general de las subvenciones competitivas, la concesión directa a Canarias se justifica por la ausencia de alternativas equivalentes ante una presión migratoria sin parangón en el Estado. Otros países receptores de MENA en el Mediterráneo, como Italia y Grecia, han reclamado igualmente mecanismos de solidaridad intraeuropea que el Pacto de Migración de la UE empieza a articular. Este RD mantiene el flujo financiero estatal hacia una comunidad autónoma que acogía más de 5.200 menores tutelados, cuadruplicando su capacidad habitual de acogida.