Real Decreto 1138/2024, de 11 de noviembre, por el que se regula el Foro Nacional de Empresas Emergentes.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 1138/2024, de 11 de noviembre, crea y regula el Foro Nacional de Empresas Emergentes, un órgano oficial del Estado en el que participan conjuntamente la Administración Pública, universidades, centros de investigación, asociaciones empresariales y las propias empresas emergentes. Su función es servir de espacio de diálogo y consulta para mejorar las políticas públicas de apoyo al emprendimiento innovador en España. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las empresas emergentes (startups) y a los actores del ecosistema emprendedor español: asociaciones empresariales de ámbito estatal y autonómico, universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y profesionales intermediarios. También concierne a los ministerios implicados, especialmente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, del que depende el Foro. **¿Qué cambia o establece?** La norma da forma legal al Foro previsto en la Ley de empresas emergentes de 2022, definiendo cómo se organiza y funciona. Se estructura en tres niveles: un Pleno de carácter institucional, una Comisión Permanente como órgano ejecutivo y grupos de trabajo para temas concretos. El Foro no supone gasto público adicional y tiene como misión analizar las políticas de apoyo al emprendimiento, detectar necesidades reales de las startups y hacer recomendaciones al Gobierno para que las medidas públicas sean más eficaces.
💬 Contexto ciudadano
Antes del RD 1138/2024, el ecosistema emprendedor carecía de un órgano consultivo nacional que articulara la interlocución entre el sector de startups y la Administración. La Ley de Startups de 2022 marcó el punto de inflexión regulatorio, y este foro es su desarrollo orgánico directo. Otros países europeos como Francia (French Tech), Alemania o los Países Bajos llevan años operando estructuras similares de diálogo público-privado para el sector. Su relevancia estriba en que institucionaliza la participación del ecosistema emprendedor en el diseño de políticas públicas, cerrando la brecha entre la regulación y las necesidades reales de las empresas emergentes de alto crecimiento.