Real Decreto-ley 10/2024, de 23 de diciembre, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto-ley 10/2024, aprobado el 23 de diciembre de 2024, crea un gravamen temporal energético que deberá pagarse durante el año 2025. Se trata de un cobro obligatorio de carácter público dirigido a las grandes empresas del sector energético, y viene a sustituir una prestación similar que ya existía en 2023 y 2024. El Gobierno lo aprobó por vía de urgencia, sin pasar por el trámite parlamentario ordinario, alegando la necesidad de que entrara en vigor antes del 1 de enero de 2025. **¿A quién afecta?** Afecta exclusivamente a un número reducido y muy específico de grandes empresas energéticas: aquellas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene identificadas como «operadores principales» en los sectores energéticos, según una resolución publicada en diciembre de 2023. También pueden verse afectadas empresas que desarrollen en España actividades de producción de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo. Los ciudadanos y las pequeñas o medianas empresas no están sujetos a este gravamen. **¿Qué cambia o establece?** La norma crea el gravamen para 2025 e introduce un incentivo económico para aquellas empresas que realicen inversiones consideradas estratégicas, aplicable a las efectuadas desde el 1 de enero de 2024, siempre que cumplan con la normativa europea sobre ayudas estatales. Además, el Gobierno se compromete expresamente a revisar este gravamen durante 2025 con el objetivo de integrarlo de forma definitiva en el sistema tributario ordinario, por lo que su carácter temporal podría derivar en una figura fiscal permanente en el futuro.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto-ley 10/2024 establece un gravamen temporal sobre las empresas energéticas para 2025, prolongando las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario sobre el sector energético introducidas en 2022 en respuesta a los beneficios extraordinarios derivados de la crisis de precios post-invasión de Ucrania. La vía del decreto-ley garantizó su vigencia antes del inicio del ejercicio, aunque el instrumento fue objeto de debate sobre su constitucionalidad como alternativa al impuesto ordinario sobre beneficios empresariales. El Reglamento (UE) 2022/1854 sobre intervención de emergencia en los mercados de la energía habilitó medidas similares en toda la UE, aunque España extendió su aplicación temporal más allá del marco europeo. El decreto fue derogado por el Congreso de los Diputados en enero de 2025, al no obtener respaldo parlamentario para su convalidación.