Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 271/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña «PRECAT20».

¿Qué dice esta ley?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que d ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. **QUÉ RESUELVE** El Tribunal Supremo rechaza la falta de competencia y estima el recurso contra el Real Decreto 210/2018, pero declara nulo un artículo específico del mismo y sus objetivos vinculados. 2. **CONTEXTO** La sentencia fue dictada en el marco de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa SIG de RAEE y Pilas, S.L. contra el Real Decreto 210/2018, que aprobaba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña «PRECAT20». La empresa cuestionaba la competencia del Estado para aprobar dicho programa y la legalidad de su contenido. 3. **CONTENIDO JURÍDICO** La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de julio de 2020, resuelve en primer lugar rechazar la falta de competencia planteada por la parte recurrente. La Sala considera que el Estado tiene competencia para aprobar programas de prevención y gestión de residuos, incluso en el ámbito de las Comunidades Autónomas, siempre que se respeten los principios constitucionales y las normas vigentes. En segundo lugar, la Sala declara nulo de pleno derecho el artículo 6.3.º5.ª a) y b) del Real Decreto 210/2018, así como los objetivos vinculados a dicho precepto, específicamente los señalados en la Norma 14, apartados 6b-1 a 6 y 23 del PRECAT20. La nulidad se fundamenta en la violación de los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación, así como en la falta de adecuación de los objetivos a los fines previstos en la normativa vigente. La Sala considera que dichos objetivos no cumplen con los requisitos de claridad, especificidad y coherencia con el marco jurídico aplicable. En tercer lugar, la Sala impone las costas del recurso a las Administraciones demandadas, limitándose a lo establecido en el último fundamento. La sentencia se notifica a las partes y se inscribe en la colección legislativa, sin que se admita recurso contra ella. La decisión refleja un control judicial de la legalidad de las normas generales, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y a los principios constitucionales. La Sala destaca la importancia de que las normas administrativas sean claras, precisas y compatibles con el marco jurídico general, especialmente en materia de residuos y gestión de recursos, donde la coordinación entre distintas administraciones y la protección del medio ambiente son aspectos clave. La nulidad del artículo 6.3.º5.ª a) y b) del Real Decreto 210/2018 implica que dichas disposiciones no pueden aplicarse, lo que afecta directamente a los objetivos y medidas previstas en el PRECAT20. La Sala reafirma, en consecuencia, el control judicial de la legalidad de las normas generales, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos y la coherencia del sistema jurídico español. 4. **CONCLUSIÓN SIMPLE** El Tribunal Supremo rechaza la falta de competencia del Estado en el ámbito de los residuos y declara nulo un artículo del Real Decreto 210/2018. La sentencia establece que el contenido de dicho artículo viola principios constitucionales y no cumple con los requisitos de claridad y coherencia. Las costas del recurso se imponen a las Administraciones demandadas. 5. **PUNTOS CLAVE** ✅ **Rechazo de la falta de competencia**: El Tribunal Supremo considera que el Estado tiene competencia para aprobar programas de gestión de residuos. ⚠️ **Nulidad de artículo 6.3.º5.ª a) y b)**: La Sala declara nulo un precepto del Real Decreto 210/2018 por violar principios constitucionales. 📋 **Costas impuestas a las Administraciones**: Las costas del recurso se asignan a las Administraciones demandadas. ℹ️ **Control judicial de la legalidad**: La sentencia refleja el control judicial de la legalidad de las normas generales. 6. **FICHA** - **Jurisdicción**: Nacional - **Fuente**: Sentencia del Tribunal Supremo - **Tipo**: Sentencia - **Fecha**: 27 de julio de 2020 - **Materias**: Derecho administrativo, gestión de residuos, competencia estatal, nulidad de normas - **Relevancia**: ALTA ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. 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