Resolución de 12 de diciembre de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la resolución mediante la cual el Congreso de los Diputados aprobó y validó el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre de 2024, una norma de urgencia aprobada previamente por el Gobierno. La Constitución exige que el Congreso refrende estos decretos-leyes en un plazo máximo de 30 días, y así lo hizo en su sesión del 12 de diciembre de 2024. **¿A quién afecta?** Afecta a los ciudadanos, familias, empresas y administraciones de los municipios que sufrieron daños a causa de la DANA ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, especialmente en las zonas más afectadas por las inundaciones y destrozos provocados por ese episodio meteorológico extremo. **¿Qué cambia o establece?** El Congreso confirma y mantiene en vigor el Real Decreto-ley 7/2024, que contiene medidas urgentes para articular un Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento en los territorios damnificados por la DANA. Sin esta convalidación, el decreto-ley habría quedado sin efecto. El documento fue firmado por la Presidenta del Congreso, Francina Armengol Socias.
💬 Contexto ciudadano
La convalidación parlamentaria del Real Decreto-ley 7/2024 de respuesta a la DANA por el Congreso de los Diputados es el primer paso formal del control constitucional sobre una de las mayores emergencias climáticas de la historia reciente de España. El artículo 86.2 CE exige que el Congreso se pronuncie sobre los decretos-ley en 30 días, lo que en este caso generó un debate político sobre la suficiencia de las medidas adoptadas y la coordinación entre el Estado y la Generalitat Valenciana. Frente a las respuestas de otros países ante desastres naturales comparables (FEMA en EE. UU., protección civil francesa), la respuesta española fue cuestionada por la ausencia de alertas tempranas. La convalidación garantiza la vigencia del plan de reconstrucción, cuya financiación y ejecución será supervisada por el Tribunal de Cuentas.