Orden TRM/59/2025, de 16 de enero, por la que se regula el certificado de conductor para la realización de la actividad de transporte público internacional de mercancías por carretera.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Orden TRM/59/2025 es una norma ministerial que regula el certificado de conductor necesario para realizar transporte público internacional de mercancías por carretera cuando el conductor es ciudadano de un país fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Sustituye a la regulación anterior de 2002 para adaptarla al marco europeo vigente y eliminar trámites administrativos innecesarios. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas españolas que tienen una licencia comunitaria de transporte y contratan o emplean a conductores que son nacionales de países terceros, es decir, que no son ciudadanos de la UE, ni de Islandia, Liechtenstein o Noruega, y que tampoco tienen la condición de residentes de larga duración en la UE. No afecta a conductores que sean ciudadanos europeos o residentes de larga duración reconocidos por la normativa europea. **¿Qué cambia o establece?** La norma limita la obligación de obtener el certificado de conductor únicamente al transporte público internacional de mercancías, eliminando su exigencia para el transporte de viajeros o el transporte privado complementario. Suprime además el requisito de aportar un informe de la Jefatura Provincial de Tráfico sobre la validez del permiso de conducción extranjero, ya que ese control lo realizan directamente las autoridades de tráfico. También establece que la verificación de documentos se hará a través de registros públicos, reduciendo así las cargas administrativas para las empresas.
💬 Contexto ciudadano
La Orden TRM/59/2025 actualiza el régimen del certificado de conductor para el transporte público internacional de mercancías, adaptando la normativa española al Reglamento (CE) 1072/2009 y eliminando requisitos procedimentales obsoletos desde la reforma de 2002. El certificado de conductor, obligatorio para nacionales de terceros países empleados por empresas europeas de transporte, es un instrumento clave en la gestión de la mano de obra del sector logístico, donde la escasez de conductores cualificados ha llevado a la contratación creciente de trabajadores extranjeros. España, como gran potencia del transporte por carretera en la UE, tiene especial interés en la simplificación de estos procedimientos. La norma reduce cargas administrativas para los operadores sin relajar los controles sobre la regularidad migratoria de los conductores extranjeros empleados en el sector.