Real Decreto-leyNacionalvigente

Recurso de Inconstitucionalidad nº 6523-2011, contra la disposición final primera del Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

BOE-A-2012-1133Publicada: 25/01/2012TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Qué dice esta ley?

**Impugnación de una ley sobre embargos y aguas** Este texto informa sobre la admisión a trámite de un recurso presentado por Las Cortes Valencianas ante el Tribunal Constitucional. El recurso cuestiona una parte específica de un Real Decreto-ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil. El objetivo de esta modificación era, por un lado, facilitar la aplicación de un convenio internacional sobre el embargo de buques y, por otro, regular las competencias de las comunidades autónomas en la vigilancia y protección de las aguas públicas. Lo que cambia concretamente es que se está revisando la legalidad de una norma que afecta tanto a procedimientos judiciales relacionados con la marina mercante internacional como a la gestión de los recursos hídricos en el ámbito autonómico. El recurso busca determinar si la disposición impugnada respeta la Constitución Española, especialmente en lo referente a las competencias que se otorgan o modifican a las comunidades autónomas. La fecha de entrada en vigor de la disposición recurrida ya se produjo con la publicación del Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto. Sin embargo, la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, con fecha de 13 de enero de 2012, significa que su validez y aplicación están ahora bajo escrutinio judicial. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

💬 Contexto ciudadano

Este asunto surge a raíz de un recurso de inconstitucionalidad presentado por Las Cortes Valencianas contra una disposición específica del Real Decreto-ley 12/2011. Dicha disposición buscaba adaptar la legislación española a un convenio internacional sobre embargo de buques y, a su vez, clarificar competencias autonómicas en materia de dominio público hidráulico. La impugnación pone de manifiesto la tensión entre la legislación estatal y las competencias regionales, un debate recurrente en España. A diferencia de otras comunidades que podrían haber asumido o no estas competencias, Valencia ha optado por la vía judicial para cuestionar la norma. La decisión del Tribunal Constitucional es crucial, ya que sentará un precedente sobre cómo se distribuyen y ejercen estas competencias, afectando potencialmente a la uniformidad o diversidad en la aplicación de normativas clave. ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026. El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

Comparte:🦋 Bluesky𝕏 Twitterin LinkedIn

¿Esta ley afecta a tu empresa o clientes?

Consulta el articulado completo con jurisprudencia del Tribunal Supremo, doctrina DGT y resoluciones TEAC en Atlas Iuris.

Explorar Atlas Iuris →