Ley 8/2024, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2025.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 8/2024, de 20 de diciembre, es la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2025. En ella el Parlamento Vasco aprueba oficialmente los ingresos y gastos previstos para ese ejercicio de toda la administración autonómica vasca, incluyendo los presupuestos del propio Parlamento, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y de la Autoridad Vasca de Protección de Datos. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de la ciudadanía de Euskadi, ya que regula cómo el Gobierno Vasco gestionará los fondos públicos durante 2025. También afecta directamente a todos los organismos, entes, sociedades y fundaciones del sector público autonómico vasco que reciben dotaciones a través de esta ley, así como a la Universidad del País Vasco y a cualquier entidad pública que se cree a lo largo del propio ejercicio 2025. **¿Qué cambia o establece?** La ley fija en 15.728.196.000 euros tanto el techo de gasto como el de ingresos de la Administración general de Euskadi para 2025, e incluye 336.128.952 euros en remanentes de tesorería. Asigna dotaciones concretas a organismos autónomos como Lanbide (1.169.616.000 euros) o a entes como Osakidetza (más de 4.100 millones), la Red Ferroviaria Vasca o Radio Televisión Vasca, entre otros. También fija en 401.354.093 euros la aportación a la Universidad del País Vasco, detallando su desglose entre gastos corrientes, contratos-programa, inversiones y complementos retributivos.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 8/2024 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2025 establece un techo de gasto de 15.728 millones de euros para la administración vasca, consolidando una de las haciendas autonómicas más solventes de España gracias al sistema de Concierto Económico. A diferencia de las CCAA de régimen común, Euskadi recauda directamente la mayor parte de los tributos y transfiere al Estado un cupo por los servicios no transferidos, lo que le proporciona mayor autonomía presupuestaria. Las partidas más significativas corresponden a Osakidetza (más de 4.100 millones), educación y la aportación universitaria (401 millones). La ley refleja las prioridades del Gobierno vasco: cohesión social, transición energética y refuerzo del bilingüismo en el sistema educativo durante la legislatura en curso.